Sentencia SL4031-2017 de marzo 15 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4031-2017

Radicación: 44796

Acta 9

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Bogotá, D.C., quince de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

IX. Consideraciones

El recurso extraordinario pone a consideración de la Corte, el tema de la aplicación de la condición más beneficiosa tratándose de la pensión de invalidez, con el ingrediente de que para completar el número de semanas exigido en el régimen anterior, esto es, el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, es dable sumar el tiempo de servicio público no cotizado al ISS.

Lo primero que debe destacar la corporación, es que la normativa que en principio resulta aplicable para definir el derecho a la prestación económica pretendida, es el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en tanto estaba vigente para el momento en que se estructuró la invalidez del demandante, esto es el 18 de febrero de 1997, pues ese ha sido el criterio que de tiempo atrás ha fijado la Corte en perspectiva de determinar la norma que gobierna la prestación económica objeto de reclamo, para lo cual pueden consultarse, entre otras, la Sentencia CSJ SL797–2013, 13 de noviembre de 2013, radicación 42648, en la que se reiteró la SL, 30 de abril de 2013, radicación 45815. No obstante lo anterior, es perfectamente viable acudir al artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, para efectos de determinar si le asiste al actor el derecho a la pensión de invalidez reclamada.

Sobre la aplicación de la mencionada condición más beneficiosa, tratándose de pensiones de invalidez, cuando se estructura la misma en vigencia de la Ley 100 de 1993, esta corporación ha sostenido desde la sentencia de la CSJ SL, 5 de julio de 2005, radicación 24280, que es inadmisible aceptar que el asegurado que sufragó un abundante número de semanas, quede privado de la prestación por no contar con las 26 semanas requeridas en el nuevo régimen, en la medida que dentro del antiguo tenga consolidado el amparo, por tener 300 semanas cotizadas en cualquier tiempo antes de la entrada en vigor de la citada Ley 100, lo cual no pude ser desconocido, pues resultaría el sistema ineficaz y sin sentido práctico o dinámico, máxime que «la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Ac. 49/90, que en la L. 100/93), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le dé a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte», postura que se mantiene invariable y que ha sido reiterada en varias ocasiones, entre ellas en las sentencias de la CSJ SL8251-2014, 25 de junio de 2014, radicación 44827, y más recientemente en la SL12018-2016, 27 de julio de 2016, radicación 65746, y en la SL14091-2016, 7 de septiembre de 2016, radicación 47310.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se observa lo siguiente:

Vista la motivación de la sentencia impugnada, para el tribunal el demandado Instituto de Seguros Sociales no es el responsable de asumir el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del actor, por cuanto antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, solo cotizó a esa entidad de seguridad social que administra el régimen de prima media, un total de 56,7143 semanas para el riesgo de pensión, y por tanto la normativa aplicable es la que rige al momento en que se estructuró la invalidez, valga decir, los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, cuyos requisitos no reúne el accionante, en la medida que habiendo dejado de cotizar, no aportó ninguna semana en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se produjo el estado de invalidez (feb. 18/97), sin que se satisfaga las 26 semanas exigidas en tales preceptos legales para obtener dicha prestación.

Por su parte, la censura persigue que se determine jurídicamente, que el ad quem se equivocó en el ordenamiento legal aplicable al asunto a juzgar en materia de pensión de invalidez, ya que sostiene que para poder condenar al accionado Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento de la prestación y a la codemandada Universidad de Antioquia al valor del bono pensional que corresponda, debió por virtud del principio de la favorabilidad en la modalidad de la <condición más beneficiosa>, acoger la normativa anterior contenida en los artículos 6º y 20 del Acuerdo del ISS 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, pues aceptar lo contrario rompería los principios de la seguridad social de eficiencia, universalidad y solidaridad, quedando desprotegido el demandante que es de la tercera edad y tiene una debilidad manifiesta. Agregó, que a la luz del artículo 13 literal f y 272 de la Ley 100 de 1993, sí procede la suma de semanas cotizadas al ISS (56,7143), con el tiempo de servicio público no aportado a esa entidad de seguridad social (734,86 semanas), que en su decir totaliza el equivalente a 791,5743 semanas, valga decir, más de 300 semanas cotizadas antes del 1º de abril de 1994, que le otorga el derecho al reconocimiento de la prestación pensional implorada.

Para resolver la acusación, dado el sendero escogido por la censura, debe ponerse de presente, que no es objeto de controversia entre las partes, los siguientes supuestos fácticos:

(i) Que al actor mediante dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez de Antioquia, emitido el 9 de mayo de 2009, se le estableció una pérdida de capacidad laboral del 69.89%, con fecha de estructuración 18 de febrero de 1997, cuando estaba en vigor el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original; (ii) Que en vigencia del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, y antes de regir la Ley 100 de 1993, el accionante había cotizado al ISS apenas 56.7143 semanas; (iii) Que al momento de la estructuración del estado de invalidez, el demandante no se encontraba cotizando, ni había efectuado aportes dentro del año inmediatamente anterior; (iv) Que el promotor del proceso hasta el 11 de mayo de 1988, cuando dejó de trabajar en la Universidad de Antioquia, acumuló un total de 734,86 semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS.

Pues bien, el tribunal en ningún momento negó la pensión de invalidez del actor por razón de la condición más beneficiosa, pues no la desconoció, ya que lo que encontró fue que las semanas cotizadas al ISS para el riesgo de pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que lo fueron solo 56.7143, eran insuficientes para conceder el derecho, respecto de lo cual no hay ninguna equivocación. Del mismo modo, el ad quem sostuvo que por lo precedente, era del caso acudir a la norma aplicable que se encontraba en vigor para el 18 de febrero de 1997, cuando se estructuró la invalidez del accionante, o sea el artículo 39 de la citada ley en su versión original, pero que al verificar sus requisitos tampoco se reunía la densidad de semanas exigidas que lo son 26 en el año inmediatamente anterior al estado de invalidez, por la sencilla razón que en ese lapso cotizó 0 semanas, y frente a ello la Sala tampoco encuentra ningún reparo.

De suerte que, si el demandante hubiera cotizado al Instituto de Seguros Sociales como mínimo 300 semanas antes de que entrara en vigor la aludida Ley 100 de 1993, no habría duda que para resolver su situación pensional en cuanto a su invalidez, se le aplicaría la llamada condición más beneficiosa que reclama la censura, lo que no resulta procedente como quiera que tan solo cotizó 56.71 semanas.

Así las cosas, en este estado procesal la discusión en casación, queda reducida al otro punto de inconformidad del recurrente, esto es, si es posible sumar el tiempo de servicio público no cotizado al ISS que equivale a 734.86 semanas, para completar las 300 semanas que a la luz del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990 le otorgue el derecho al demandante a la pensión de invalidez.

Al respecto debe decirse, que la Sala no desconoce que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, que regula la pensión de invalidez en el régimen solidario de prima media con prestación definida, prevé que «Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley», y que el parágrafo 1º literal b) del citado artículo 33 ibídem permite tener en cuenta «El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados», así mismo que el artículo 13 literal f ídem dispone que «Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el tiempo de servicio».

Sin embargo, ello es aplicable en relación con una pensión de invalidez que se reconozca con sujeción a la Ley 100 de 1993 o sistema de seguridad social integral, pues fue solo a partir de su expedición que se consagró la posibilidad de la suma de semanas por tiempo de servicios en el sector público, para efectos de otorgar una prestación pensional, para el caso del régimen de prima media.

Lo que significa, que cuando se trata de pensiones concedidas con amparo en el régimen anterior conforme a los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales, esto es, por virtud de los requisitos consagrados en el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, que exige ser invalido permanente total o absoluto o gran invalido, y haber «cotizado» efectivamente para el seguro de IVM 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 300 semanas en cualquier época con antelación a la invalidez, así sea con aplicación del principio de la condición más beneficiosa, la verdad es que, no es dable tomar en cuenta tiempo de servicios del sector público, por no permitirlo esa reglamentación del ISS.

Ciertamente es criterio de esta corporación que bajo la normativa anterior, Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 49 de 1990, resulta improcedente acumular cotizaciones con tiempo de servicios, pues los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales en el régimen de prima media con prestación definida, no contemplan tal posibilidad y ello solo vino a ser factible con la expedición de la Ley 100 de 1993, lógicamente con el cumplimiento de los presupuestos del artículo 39 ibídem, que como quedó visto, se remite en este punto al artículo 33 de ese mismo estatuto.

En cuanto a esta precisa temática, conviene traer a colación lo dicho por la Sala en asuntos en que no se admite la sumatoria de tiempos de servicios públicos no cotizados al ISS, que si bien en esa oportunidad se trataba de la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, sus directrices y enseñanzas son plenamente aplicables al caso de la pensión de invalidez cuyo reconocimiento se solicita bajo la misma normativa. En sentencia de la CSJ, SL16810-2016, 26 de octubre de 2016, radicación 49596, se puntualizó:

(…) tampoco pudo incurrir el sentenciador de alzada en ninguna equivocación, en torno a la imposibilidad de sumar tiempos de servicios en el sector público no cotizados al ISS con semanas efectivamente cotizadas a dicha entidad de seguridad, respecto de quien no se discute su condición de beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como la demandante, para efectos de acceder a la pensión de vejez de que trata el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues tal inviabilidad jurídica, tiene asidero en la jurisprudencia que sobre el tema ha producido la Sala, pues no se limita al fallo de casación citado en el proveído gravado con el recurso extraordinario, sino que se ha desarrollado en decenas de pronunciamientos posteriores, como son las sentencias CSJ SL 16104-2014-CSJ SL 16086-2015 y CSJ SL 11241-2016.

Y en la Sentencia de la CSJ SL1073-2017, 25 de enero de 2017, radicación 44979, en torno a lo señalado en el literal f del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en un caso de pensión de vejez, se precisó: «A la luz de estos razonamientos, salta a la vista el error interpretativo del tribunal, ya que, tanto el literal f) del artículo 13 como el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que habilitan la suma de tiempos laborados en el sector oficial no cotizados al ISS, se refieren a la pensión de vejez del sistema de seguridad social integral» y no a la pensión de vejez del Acuerdo 49 de 1990 artículo 12.

De ahí que, se concluye que las 56,7143 semanas cotizadas por el accionante al Instituto de Seguros Sociales, son insuficientes para el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común a la luz del mencionado artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, que se insiste no permite la suma de semanas por tiempo de servicios al sector público no cotizado al ISS, quien en definitiva no es el responsable de reconocer la pensión implorada, tal como lo infirió el fallador de alzada.

Por último, cabe agregar, que el recurrente si bien incluyó en la proposición jurídica de ambos cargos, la denuncia de los artículos 131 de la Ley 100 de 1993 y 4º del Decreto 2337 de 1996, que sirvieron de soporte al tribunal para considerar que la codemandada Universidad de Antioquia tampoco era la llamada a otorgar la pensión de invalidez a favor del demandante, no desarrolló en la sustentación ninguna argumentación tendiente a derruir la aplicación e interpretación que de tales disposiciones legales se hizo en la sentencia impugnada, y por consiguiente los razonamientos que llevaron a la segunda instancia a concluir que a tal accionada también se le debía absolver, quedan incólumes.

Por todo lo expresado, el tribunal no cometió ninguno de los yerros jurídicos endilgados por la censura y por ende los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante y a favor de las opositoras, por cuanto la acusación no tuvo éxito, y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario que instauró ÁLVARO JUSTINIANO SANÍN POSADA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sustituido procesalmente por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, y la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»