Sentencia SL4039-2017/72729 de marzo 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4039-2017

Rad.: 72729

Acta 10

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil diecisiete

Resuelve la Corte el recurso de anulación interpuesto por el apoderado judicial del Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. (Metro-Caribe S.A.), contra el laudo de 18 de septiembre de 2015, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo existente entre la empresa recurrente y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios del Transporte de Colombia - SNTT Subdirectiva Seccional Barranquilla.

Extractos «III. Recurso de Anulación

El laudo fue recurrido por ambas partes. Esta Corporación, mediante auto de 14 de octubre de 2015, declaró desierto el recurso de anulación interpuesto por el sindicato, por no haber sido sustentado en término. En auto de 2 de diciembre de ese año, dispuso la devolución del expediente al Tribunal de Arbitramento para que se pronunciara sobre el recurso interpuesto por la empresa, a lo cual procedieron los arbitradores en auto de 14 de junio de 2016, concediéndolo.

Así las cosas, se procede entonces, a resolver el recurso de anulación propuesto por la empresa.

Formula la recurrente una pretensión principal, y otras subsidiarias, así:

Pide el censor, en forma principal, la anulación total del laudo, por dos razones, a saber:

1. Se violó el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política al no habérsele notificado a Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A. por parte del Ministerio del Trabajo acto administrativo en el que se haya convocado un Tribunal de Arbitramento Obligatorio en el que hiciera parte tal sociedad, y a pesar de ello, se instaló dicho tribunal y se profirió laudo arbitral.

2. Desde antes del 13 de Septiembre de 2013 y a la fecha no existe ningún trabajador de Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A. que esté afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios del Transporte de Colombia SNTT, habiéndose extinguido el conflicto colectivo entre la empresa y sus trabajadores por sustracción de materia desde antes de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento que dice el laudo fue convocado mediante Resolución 00003257 de 13 de Septiembre de 2013, y por tanto en ausencia de conflicto colectivo, los árbitros carecían de competencia para proferir el laudo arbitral del 18 de Septiembre de 2015.

Argumenta el censor respecto del primer punto, que el Ministerio de Trabajo, mediante Resolución 003257 de 13 de septiembre de 2013, ordenó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento Obligatorio para resolver el presente conflicto colectivo; sin embargo, dicho acto administrativo no le fue notificado a la empresa, por lo que las actuaciones o decisiones proferidas con posterioridad a esa fecha como designación de árbitros, instalación del Tribunal, pruebas y el mismo laudo son nulas, por violación del debido proceso consagrado en el artículo 29 superior. Cita sobre el tema de la obligatoriedad de la notificación de los actos administrativos, las sentencias de la Corte Constitucional CC T-1082112 y CC T-404114.

Referente al segundo aspecto, señala que el Tribunal de Arbitramento no tenía competencia para proferir el laudo, por terminación anormal del conflicto colectivo, porque desde antes de dictarse la Resolución 003257 de 13 de septiembre de 2013, que dispuso la convocatoria del Tribunal, y hasta la fecha de interposición del recurso, ninguno de los trabajadores de la empresa se encuentra afiliado al sindicato SNTT. Así se certificó ante Notario por parte de la Coordinadora de Talento Humano de la empresa, el 28 de septiembre de 2015, documento que se anexa al recurso.

Aduce que “El hecho que todos los trabajadores de una empresa que se encontraban afiliados al sindicato que inició un conflicto colectivo mediante la presentación de un pliego de peticiones, decidan en el trámite de dicho conflicto retirarse de dicho sindicato antes de que el conflicto se hubiera solucionado definitivamente por las vías normales, como lo constituye la expedición de un laudo arbitral, genera una terminación anormal del conflicto colectivo al no existir receptores de las normas de un eventual laudo arbitral”.

Por último, se remite a las sentencias de esta Sala CSJ SL, 2 sep. 2004, rad. 20766 y CSJ SL, 30 jul. 2007, rad. 32094, sobre terminación anormal del conflicto colectivo por retiro del pliego de peticiones, antes de su definición.

IV. Consideraciones de la Corte

El primer punto de inconformidad del recurrente, incluido en las pretensiones principales del recurso, se refiere a la supuesta falta de notificación por parte del Ministerio de Trabajo de la Resolución 003257 de 13 de septiembre de 2013, que ordenó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento Obligatorio para resolver el presente conflicto colectivo, lo que habría viciado de nulidad las actuaciones surtidas posteriormente, incluyendo el propio laudo.

Al respecto debe precisar la Corte, que sus facultades en el ámbito del recurso extraordinario de anulación tal como se sintetizó recientemente en la Sentencia CSJ SL3303-2016, están circunscritas de conformidad con el artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a verificar la regularidad del laudo arbitral en los aspectos recurridos, y el veredicto anulatorio será viable en los eventos en que el tribunal al dictarlo: a) extralimitó el objeto para el cual se le convocó; b) afectó derechos o facultades reconocidos a las partes por la Constitución, las leyes o por normas convencionales; y c) cuando la decisión que debe ser adoptada en equidad, resulte abiertamente inequitativa o impacte la proporcionalidad como principios rectores de la actuación arbitral.

En el anterior orden de ideas, quedan por fuera de las competencias de la Corte en este recurso, aspectos como los propuestos por la empresa recurrente, relativos al control sobre los trámites surtidos por el Ministerio del Trabajo al convocar el tribunal de arbitramento obligatorio, incluyendo la publicidad de los actos que emita en ejercicio de sus funciones, por ser materias cuya solución entraña la intervención de autoridades distintas.

En la citada Sentencia CSJ SL3303-2016, precisó la Corporación:

La Corte Suprema de Justicia desde antaño ha enseñado que esta Sala y los árbitros no tienen la facultad de estudiar la legalidad y validez de las actuaciones surtidas en el desarrollo de un conflicto colectivo de estirpe económica previas a la instalación del Tribunal de arbitramento, toda vez que su cuestionamiento debió hacerse ante el propio Ministerio de la Protección Social; al igual que para someter a un examen de tales características los <actos administrativos> emanados de esa autoridad de trabajo que fueron expedidos en el curso del procedimiento legal de solución del diferendo colectivo de trabajo, cuyo control de legalidad está en cabeza de la jurisdicción especializada.

En lo concerniente a este último tópico, en sentencia de 30 de julio de 1998 Radicación 11.261, reiterada, entre otras, en decisiones de 31 de marzo de 2004 y 17 de octubre de 2008, radicaciones 23.556 y 36.147, respectivamente y, más recientemente en el fallo de anulación del 29 de noviembre de 2011 radicado 49862, esta Sala sostuvo su incompetencia para pronunciarse acerca de vicios e irregularidades que se pudieron cometer en el trámite del conflicto colectivo de trabajo. En esa oportunidad, así razonó:

(…)

‘El artículo 143 del Código Procesal del Trabajo es claro al fijar la competencia que se tiene dentro del trámite del denominado por la ley recurso de homologación, y que se reduce a verificar ‘la regularidad del laudo’; control sobre el fallo arbitral que actualmente permite a la Corte, en cuanto sustituyó en sus funciones al extinguido Tribunal Supremo del Trabajo, declararlo exequible, ‘confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó’ (se subraya), o anularlo si se extralimitó al proferirlo.

‘Por ser claro el sentido de la ley, en obedecimiento a la regla de interpretación establecida en el artículo 27 del Código Civil, no debe desatenderse su tenor literal a pretexto de consultar un supuesto sentido recóndito, dado que no hay ninguna expresión oscura que deba ser interpretada recurriendo a una intención o espíritu diferente al sentido que resulta de la literalidad de la norma.

‘Es por ello que no le compete a la Corte indagar si corresponden o no a la verdad los asertos que hace la recurrente de haber sido equivocadamente adoptado el pliego de peticiones, o indebidos la convocatoria del tribunal de arbitramento y el nombramiento del árbitro designado por la organización sindical, sin que ello implique, desde luego, negar la vigencia de las normas relativas a la integración y constitución de esta clase de tribunales.

‘Lo que en verdad ocurre, y para esta Sala no existe la menor duda sobre el punto de derecho, es que la competencia para conocer de la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo está exclusivamente asignada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sólo de manera excepcional le ha sido atribuida a la Corte Suprema de Justicia el juzgamiento de actos administrativos.

En lo que atañe a la extinción del conflicto colectivo, por no existir en la empresa trabajador alguno afiliado al sindicato involucrado en el mismo, se ha de señalar que tal como se observa en las actas de instalación de la mesa de negociaciones, la de cierre y prórroga y las de finalización de la etapa de arreglo directo (fls. 12 a 16), en el Grupo Empresarial Metro Caribe S.A., al iniciarse el conflicto colectivo la empresa contaba con trabajadores afiliados al sindicato SNTT; y la certificación a que alude el recurso, expedida por la Coordinadora de Talento Humano del Grupo Empresarial Metro Caribe S.A., donde se informa que “no existen afiliaciones sindicales de nuestros trabajadores al Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicio del Transporte de Colombia - SNTT Subdirectiva Barranquilla”, fue expedida el 18 de septiembre de 2015, y recibida por la Secretaría del Tribunal de Arbitramento el 22 de septiembre siguiente, es decir con posterioridad a la expedición del laudo.

Además, dicho certificado no tiene fuerza de convicción en cuanto proviene de la misma parte interesada, sin que su contenido halle respaldo probatorio en otros medios obrantes en la actuación.

Y de todas maneras, para efectos de la expedición del laudo, no es relevante la existencia en ese momento de trabajadores afiliados a la organización sindical que inició y promovió el conflicto colectivo de trabajo, en la empresa involucrada.

La recurrente de manera subsidiaria pidió la nulidad de varios artículos del laudo, por inequitativos, previa exposición de su difícil situación financiera, donde precisa que es un empresa dedicada al transporte masivo de pasajeros, que funge como operadora de Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla (Transmetro). Que inició actividades el 10 de julio de 2010, en virtud de un contrato con los operadores del sistema, pero los ingresos recibidos han sido mucho menores a lo esperado, según la oferta económica presentada en la licitación pública, casi en un 50%, llegando a pérdidas netas desde el inicio de la operación hasta el 30 de junio de 2015 de más de $16.000.000.000. Por esa razón los socios tuvieron que capitalizar la compañía, para poder seguir con las operaciones y la estructura organizacional.

A pesar de esa inyección de capital, la empresa tuvo que acogerse a un proceso de reorganización de conformidad con la Ley 1116 de 2006, para el pago de proveedores, y firmar, el 16 de septiembre de 2013, un acuerdo marco con las entidades financieras respecto de sus obligaciones crediticias.

El acuerdo de reorganización se encuentra en estado de ejecución y su vigencia va desde el 21 de mayo de 2014 hasta el 1º de julio de 2025. Así las cosas, dada la precaria situación financiera de la compañía, cualquier imposición económica través del laudo de 18 de septiembre de 2015, “no sólo agravaría tal situación financiera sino que además resulta manifiestamente inequitativa”.

Las siguientes son las cláusulas que se acusan en concreto:

“ART. 4º—Contratación colectiva de trabajo y estabilidad laboral.

a) En el pliego de peticiones se impetró:

“ART. 4º—Contratación colectiva de trabajo y estabilidad laboral.

1. Modalidades de contratación colectiva de trabajadores: A partir de la vigencia de la convención que se suscriba, las Empresas U.T. Sistur Transurbano, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., podrá vincular en adelante a quienes han de ser sus trabajadores mediante las Modalidades de Contrato de trabajo contempladas en la Ley en particular siguiendo los siguientes parámetros:

a) El vínculo laboral de los trabajadores contratados por las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A. y los que se vinculen hacia el futuro, será bajo la modalidad de contrato de trabajo a Término Indefinido y tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, y la materia del trabajo.

b) Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A. podrá contratar personal para labores de carácter ocasional o transitorio de acuerdo a sus necesidades. La empleadora dará estricto cumplimiento al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.

2. Estabilidad Laboral: Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., mantendrá la estabilidad en el trabajo a todos los trabajadores, en consecuencia sólo podrá dar por terminado los contratos de trabajo por justa causa debidamente comprobada y con el cumplimiento pleno de los procedimientos legales, convencionales y reglamentarios. En el evento de pretermitir los términos del presente artículo, el afectado podrá iniciar la acción de reintegro con el consecuente pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes de la seguridad social.

“PAR. 1º—La Empresa Reintegrará a los Trabajadores que al momento de la fundación del sindicato Sintramasivo fueron despedidos pagándole las prestaciones sociales, salarios y aportes a la seguridad social dejadas de pagar hasta la fecha de su reintegro.

“PAR. 2º—En los casos que la autoridad competente autorice un despido colectivo de trabajadores a las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., los trabajadores afectados con la medida, se les deberá indemnizar en los siguientes términos:

1. Cuando el trabajador tenga de Uno (1) a Cinco (5) años de servicio, el equivalente a Cuarenta y Cinco (45) días de salario por cada año de servicio.

2. Cuando el trabajador tenga de Seis (6) a Diez (10) años de servicio, el equivalente a Sesenta (60) días de salario por cada año de servicio.

3. Cuando el trabajador tenga de Once (11) a Quince (15) años el equivalente a Setenta y Cinco (75) días de salario por cada año de servicio.

4. Cuando el trabajador tenga de Dieciséis (16) a Veinte (20) años de servicio, el equivalente a Noventa (90) días de salario por cada año de servicio.

5. Cuando el trabajador tenga de Veintiuno (21) a Veinticinco (25) años de servicio, el equivalente a Ciento Cinco (105) días de salario por cada año de servicio.

6. Cuando el trabajador tenga de Veintiséis o más años de servicio, el equivalente a Ciento Veinte (120) días de salario por cada año de servicio.

b) Decisión del Tribunal

Así quedó redactado el citado artículo en la parte resolutiva del Laudo Arbitral:

“ART. 4º—Contratación colectiva de trabajo y estabilidad laboral.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; podrá hacer uso de las diferentes formas de contratación laboral que establece la ley, para vincular a los trabajadores que a bien considere.

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; para dar por terminado el contrato de trabajo debe mediar justa causa de despido la cual debe ser comprobada, y con el cumplimiento de los procedimientos legales, convencionales y reglamentarios.

En caso de despidos unilaterales y sin justa causa de trabajadores con contrato a término indefinido, la empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; estará obligada a cancelarles una indemnización conforme a la que se establece a continuación:

1. Cuarenta (40) días de salarios cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicio no mayor a un año (1).

2. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo se le pagarán treinta (30) días adicionales de salario sobre los cuarenta (40) básicos del numeral 1o, por cada uno de los años de servicio subsiguiente al primero y proporcionalmente por fracción.

c) Argumentos del recurrente

Expone el censor que el inciso segundo del artículo cuarto del laudo tiene una redacción oscura, que permite varias interpretaciones sobre el verdadero alcance, que quisieron los árbitros darle a la disposición. Si se entendiera de su texto, que la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador sólo puede materializarse cuando exista justa causa de despido comprobada, se estaría restringiendo la posibilidad de Metro-Caribe S.A., de despedir sin justa causa con pago de indemnización, no obstante que la misma ley lo autoriza en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.

Agrega que aunque pudiera inferirse de la tabla indemnizatoria consignada en el inciso siguiente, que la intención de los arbitradores no fue la de restringir a la empresa, la posibilidad de dar por terminados los contratos de trabajo sin que medie justa causa, lo cierto es que dicha tabla sólo aplica para los despidos unilaterales y sin justa causa de los contratos a término indefinido.

En cuanto a la tabla indemnizatoria, dijo el impugnante que resultaba manifiestamente inequitativa teniendo en cuenta la difícil situación financiera de la empresa, porque el incremento fue exagerado en relación con lo previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, en porcentajes del 33,33% e incluso del 100% para el caso de los trabajadores con ingresos superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo demás, en la forma como quedó redactada la previsión, se trataría de un asunto no previsto en el pliego de peticiones, donde se solicitó una tabla indemnizatoria especial para los eventos en que la autoridad competente autorizara despidos colectivos y no para cualquier situación de terminación unilateral y sin justa causa, de contratos de trabajo a término indefinido, como quedó consignado en el laudo.

V. Consideraciones de la Corte.

No presenta reparos el impugnante frente al inciso primero de esta cláusula, que por lo demás, simplemente remite a la ley para efectos de la contratación laboral dentro de la empresa, por lo que la previsión permanece incólume.

En cuanto al resto de la cláusula, se ha de precisar que le asiste razón al censor, en cuanto los árbitros no tienen la potestad de restringir la facultad legal reconocida al empleador, de dar por terminado el contrato de trabajo sin que medie justa causa y con el pago de una indemnización. En efecto, es el legislador quien otorga al empresario dicha posibilidad y consagra las consecuencias en caso de una terminación ilegal e injusta del contrato de trabajo; solamente las partes, de común acuerdo, podrían pactar el derecho a una estabilidad y las consecuencias de la afectación de tal prerrogativa.

En torno a este puntual aspecto, la Sala en sentencia de anulación SL 5693-2014, 26 feb. 2014, rad. 60417, en la cual reiteró las decisiones CSJ SL, 12 dic. 2012 rad. 55340 y 13 mayo 2008 rad. 34622, precisó:

La Sala acoge en su integridad los argumentos que esgrime el recurrente, en el sentido de la falta de competencia de los árbitros para disponer que el empleador debe reintegrar a los trabajadores despedidos sin que exista justa causa, pues los efectos de una decisión de esa naturaleza desborda el marco de sus facultades, por ser la misma ley la que define cuáles son las consecuencias de una terminación ilegal e injusta del contrato de trabajo, salvo que las partes de común acuerdo decidan consagrar el derecho a la estabilidad laboral.

Si bien es cierto que la permanencia en el empleo, cuando la conducta del asalariado se ajusta en un todo a las normas que regulan la disciplina y el orden en el interior de la empresa, constituye un derecho de profundo contenido social, tal prerrogativa debe emanar bien de la misma ley, como en efecto aparece consagrado para determinados eventos, o de norma convencional pactada entre empleador y trabajador, cuya controversia debe definirla el juez laboral.

Por lo demás, la previsión del tribunal de arbitramento resulta contradictora, lo que la torna en ambigua y de difícil interpretación, en cuanto en el inciso cuarto se establece una tabla indemnizatoria para los casos de despido unilateral y sin justa causa, aspecto en el que adicionalmente, los árbitros excedieron su competencia, porque la solicitud del pliego de peticiones iba encaminada a aquellos eventos en que la autoridad competente autorizara un despido colectivo de trabajadores, situación distinta a la reglada por los árbitros en el precepto acusado.

Por las razones precedentes, se anularán los incisos segundo y tercero, numerales 1º y 2º, del artículo 4º del laudo acusado.

“ART. 5º—Jornada laboral, descansos obligatorios, horario de trabajo y rotación del personal.

a) En el pliego se imploró:

“ART. 5º—Jornada laboral, descansos obligatorios, horario de trabajo y rotación del personal.

1. Jornada Laboral: La jornada laboral ordinaria en las Empresas U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., será de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas a la semana.

“PAR.—Las ocho (8) horas diarias de trabajo a que se refiere el presente numeral deberán cumplirse en dos turnos. Los domingos y festivos serán de 8 horas continuas.

2. Descansos obligatorios: Las empresas concederá el descanso obligatorio a sus Trabajadores en una duración mínima de veintiséis (sic) (24) horas.

“PAR.—Cuando la empleadora requiera del trabajo en días dominicales y festivos, esta remunerará al trabajador que labore con un recargo del cien por ciento (100%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas y sin perjuicio de la remuneración ordinaria que hubiere percibido el trabajador por haber laborado durante la semana y concederá un día de descanso compensatorio a que tiene derecho el trabajador en la semana siguiente. En todo caso para efectos de programación de la labor en días dominicales y festivos, la empresa deberá publicar en cartelera el listado de los trabajadores y notificar personalmente a los mismos con una anticipación no inferior a tres (3) días hábiles.

3. Horario de trabajo: a. programa de trabajo del conductor. La Empresa solo podrá programar al trabajador a su servicio en una jornada máxima de diez (10) horas diarias, entendiéndose que las Dos (2) horas que el trabajador labora diariamente por encima de la jornada ordinaria, serán remuneradas como trabajo suplementario de Horas Extras y con el recargo nocturno señalado por la ley.

La hora de inicio de la jornada ordinaria se contabilizará a partir de la hora que se asigne al trabajador para recibir el vehículo ylo (sic) la que le señalen para presentarse en su sitio de trabajo.

“PAR. 1º—Conducción de vehículos sin discriminación. Los Trabajadores operadores en igualdad de condiciones y sin ninguna discriminación conducirán los vehículos de las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., salvo que el conductor no cumpla con la totalidad de los requisitos para conducir cualquiera de las tipologías de vehículos.

El operador de vehículos será exonerado por concepto de infracciones que le aplique la dirección de tránsito y transporte (circulación y tránsito), siempre y cuando se hayan causado porque el vehículo presenta un deficiente estado por: fallas tecno mecánicas, eléctricas, de rodamiento y demás que el vehículo requiere para su óptimo funcionamiento, incluida toda la documentación y revisiones exigidas por la normatividad vigente. de igual manera, la Empresa se compromete a pagar las infracciones de tránsito que se le impongan al operador como causa y consecuencia de las labores que ejecuta a su servicio.

“PAR. 2º—Las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., rotará semanalmente a los operadores en las horas de inicio de la Jornada laboral en las diferentes Tablas, aplicando en un orden ascendente o descendente dentro de la tipología del vehículo, con el fin de facilitarle a los trabajadores hacer la jornada de trabajo en igualdad de condiciones

“PAR. 3º—Solo se harán excepciones de rotación con el personal por motivos de restricciones laborales originadas en discapacidad, seguridad, enfermedades de origen común, profesional o accidentes de trabajo, estudio, cumplimiento de misiones sindicales, etc. y que lo ameriten según sea el caso y el cargo.

b) La cláusula en mención quedó redactada así, en la parte resolutiva del laudo:

“ART. 5º—Jornada laboral, descansos obligatorios, horario de trabajo y rotación del personal

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La jornada laboral ordinaria en la empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; será de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) a la semana. En caso tal que el trabajador labore por encima de las ocho (8) horas diarias estas no podrán superar dos (2) horas adicionales, las cuales se remunerarán como trabajo suplementario de horas extras y en caso tal de que sean nocturnas se remunerarán conforme a la ley.

Para efectos de programación de turnos la empresa deberá publicar en cartelera el listado de los trabajadores con una anticipación no inferior a tres (3) días hábiles.

La empresa concederá el descanso obligatorio a sus trabajadores en una duración mínima de veinticuatro (24) horas.

Cuando la empresa requiera del trabajo en días dominicales y festivos esta remunerara (sic) al trabajador que labore con el recargo establecido por ley.

La hora de inicio de la jornada ordinaria del trabajador será la que fije la empresa para el respectivo turno, la cual se verificará con el medio que para tal efecto la empresa utilice.

El operador de vehículo será exonerado por concepto de infracciones que le aplique las autoridades de tránsito siempre y cuando se hayan causado porque el vehículo presente un deficiente estado por: falla técnico-mecánica, eléctrica, de rodamiento y demás que el vehículo requiera para su óptimo rodamiento, incluida todas las documentaciones y revisiones exigidas por la normatividad vigente.

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; estará en la obligación de rotar a los trabajadores por motivo de restricciones laborales originadas en discapacidad, seguridad, enfermedades de origen común, profesionales o accidente de trabajo; y que lo ameriten según el caso y el cargo, todo lo cual deberá ser probado.

b) Argumentos de la censura:

Alega el recurrente que el artículo debe ser anulado en su totalidad, porque no es de competencia de los árbitros la fijación de la jornada laboral de los trabajadores.

Señaló específicamente que con lo dispuesto en el inciso primero de la cláusula acusada, se restringe a la empresa la facultad que le da la ley de establecer jornadas distintas, como las reguladas en los artículos 51 de la Ley 789 de 2002, que modificó el literal c) del artículo 161 del CST; las jornadas flexibles del artículo 51 de la Ley 789 de 2002; el trabajo por turnos del artículo 165 del CST, y el trabajo sin solución de continuidad consagrado en el artículo 166 de CST, modificado por el artículo 3º del Decreto 13 de 1967 que permite el límite máximo de horas de trabajo del artículo 161, en 56 horas semanales.

El Tribunal también excedió su competencia al imponer a la empresa, para efectos de programación de turnos, la publicación en cartelera del listado de trabajadores con una anticipación no inferior a tres días hábiles, pues dicha carga no la impone la ley, y restringe la facultad que le asiste de programar turnos de trabajo de acuerdo con las necesidades inmediatas, lo que afecta la capacidad de dirección del empresario.

Añade que no es competencia de los árbitros señalar la duración de los descansos obligatorios, o consagrar la forma de remuneración del trabajo en domingo y festivos, ni tampoco imponer rotaciones de personal por las razones expuestas en el inciso final de la cláusula, pues estos temas son de la órbita de la ley. Igualmente está regulado por las normas de tránsito, lo relativo a las multas por infracciones en ese campo, sin que el Tribunal de Arbitramento pueda determinar si un trabajador deba ser exonerado de su pago. Cita en apoyo de sus argumentaciones la sentencia de esta Sala CSJ SL719-2013.

VI. Consideraciones de la Corte.

Referente a las decisiones de los arbitradores sobre fijación de la jornada laboral, establecimiento de turnos, descansos obligatorios y rotación de personal, estima la Sala que se traducen en una limitación a las facultades reconocidas al empleador por la ley y la Constitución, para la gestión y organización de la empresa, enmarcadas dentro del poder subordinante, y que le impediría la planeación de su actividad de conformidad con las necesidades del servicio. Por lo tanto se trata de campos no susceptibles de regulación por los árbitros, sino reservado a las partes quienes podrían disponer sobre el punto en la convención colectiva.

Sobre el tema resulta oportuno citar la Sentencia CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867, reiterada en la CSJ SL17138-2015, donde señaló la Corporación:

‘Aun cuando los turnos de trabajo y de descanso que dispuso el Tribunal de Arbitramento como parte de la jornada laboral de los trabajadores beneficiados con el Laudo Arbitral atacado, contenidos en el artículo 7º de su resolutiva, hicieron parte del pliego de peticiones de la agremiación sindical, sin que hubieran sido solucionados en la etapa de arreglo directo, lo cual, en principio, daría lugar a pensar que debieron ser parte del estudio y decisión por parte del tribunal de arbitramento al tenor de lo dispuesto por el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cierto es que, por la materia de que tratan, escapan a su competencia, pues desconocen el poder subordinante del empleador, en virtud del cual es a éste a quien compete el direccionamiento y administración de su empresa y, como tal, la fijación de la jornada laboral de sus servidores y el uso del ius variandi, con los límites que respecto de éstos aspectos del contrato de trabajo marcan la ley y la jurisprudencia y, obviamente, las estipulaciones que se pacten en el contrato de trabajo, la convención colectiva de trabajo o cualquiera otro acto jurídico de tal naturaleza, que permita superar los derechos mínimos de los trabajadores.

‘En términos similares a los anotados, esta Sala de casación, en sentencia de 22 de julio de 2009 (Rad. 36926), expresó:

‘No pueden imponérsele al empleador a través de fallo arbitral, cargas que impliquen coartar su libertad de dirección y organización de la empresa, pues la implementación del sistema de turnos o de jornadas ordinarias de los trabajadores, es un aspecto de su resorte exclusivo, siempre y cuando no desconozca lo regulado por la Ley, con relación a la jornada máxima establecida para cada caso.

‘También, la restricción en el cambio del sistema de turnos a jornada ordinaria, limita la posibilidad jurídica que tiene el empleador de imponer reglamentos, determinar el modo, tiempo y cantidad de trabajo, derivada del elemento de la continuada subordinación y dependencia del trabajador, cuya limitante sólo está prevista cuando se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador, conforme lo establece el artículo 23 del C.S. del T.’.

Por lo dicho, se anulará la cláusula quinta del laudo acusado.

“ART. 6º—Aspectos disciplinarios y reclamos.

a) La aspiración del sindicato se consignó, así:

“ART. 6º—Aspectos disciplinarios y reclamos.

1. Comité laboral de reclamos: Las empresas, U.T. Sistur Transurbano, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., a través del señor Gerente convocará al I Comité Laboral de Reclamos por lo menos una (1) vez al mes y dentro de los primeros cinco (5) días y cuando por razones de urgencia se requiera. El Comité estará integrado por dos (2) representantes designados por la empresa con sus respectivos suplentes y por dos (2) representantes designados por la organización sindical con sus respectivos suplentes. El Comité tendrá como finalidad resolver los problemas laborales que se presenten entre los trabajadores y la empresa y conocer en segunda instancia de las sanciones disciplinarias impuestas a los trabajadores sindicalizados y beneficiarios de la convención. De lo decidido se levantará y firmará un acta de compromiso y cumplimiento, con copia remitida al Ministerio Trabajo. Las reuniones que por razones de urgencia se requieran serán convocadas por el sindicato o la empleadora.

Procedimiento sanciones y despidos: Cuando se presuma que un trabajador incurrió en una falta de las contempladas en la ley, contrato de trabajo o reglamento interno y que puedan traer como resultado la sanción o la terminación del contrato de trabajo, la Empresa notificará personalmente los cargos y las pruebas que obren en su contra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la presunta falta y lo citará a diligencias de descargos a la cual deberá estar asistido por dos (2) representantes del sindicato al cual pertenezca. Dentro de la diligencia que se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a las fecha de citación el trabajador formulará sus descargos y presentará las pruebas necesarias para su defensa las cuales se practicaran en un término máximo e improrrogable de diez (10) días, seguidamente se tomará la decisión definitiva mediante escrito debidamente motivado, el cual debe ser notificado personalmente al trabajador dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del término de práctica de pruebas. En contra de la decisión proceden los recursos de reposición y apelación ante el Comité Laboral del Reclamos, los cuales se interpondrán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación

La sanción o despido que se imponga al trabajador pretermitiendo los procedimientos señalados en el presente artículo o que se efectuare sin justa causa, no producirá ningún efecto y el trabajador estará facultado para iniciar las acciones de reintegro o restitución de derechos con el consecuente pago de los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social.

“PAR.—La Diligencia de descargos se llevará para todos sus efectos legales, dentro de la jornada laboral del trabajador inculpado.

3. Caducidad de sanciones: Cada seis (6) meses caducará la sanción y por lo mismo no se tendrán en cuenta para efectos de otros procesos disciplinarios, por lo tanto deberán ser descargadas las sanciones de la hoja de vida del trabajador.

4. Multas: Por ningún motivo la empresa impondrá sanciones pecuniarias contra el salario del operador por infracciones al Reglamento Interno de Trabajo Toda sanción debidamente impuesta se pagará en tiempo.

“PAR.—De igual forma la empresa no podrá implementar sistemas de bonificaciones o premios en dinero por cumplimiento o buena conducta de sus operadores si estos estímulos no se encuentran incluidos dentro del factor salarial.

b) Así quedó redactada la cláusula en mención, en la parte resolutiva del laudo:

“ART. 6º—Aspectos disciplinarios y reclamos.

Los árbitros por decisión mayoritaria deciden frente a este petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; creará un comité laboral el cual estará integrado así: tres (3) representantes de la empresa, uno (1) de los trabajadores no sindicalizados y uno (1) de los trabajadores sindicalizados. Este comité se reunirá por lo menos una (1) vez al mes, en el cual se trate de concertar las diferencias que se presenten en la relación obrero - patronal. De toda reunión se levantará la respectiva acta.

Cuando se presuma que un trabajador incurrió en una falta contemplada en la ley, contrato de trabajo o reglamento interno y que puedan traer como resultado la sanción o la terminación del contrato de trabajo, la empresa notificará personalmente los cargos y las pruebas que obren en su contra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la presunta falta y lo citará a diligencia de descargos a la cual deberá estar asistido por dos (2) representantes del sindicato al cual pertenezca. Dentro de la diligencia que se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la citación el trabajador formulará sus descargos y presentarán o solicitará las pruebas para su defensa las cuales se practicaran en un término máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, seguidamente se tomará la decisión definitiva mediante escrito debidamente motivado el cual se le notificará al trabajador dentro de los tres (3) días hábiles a la decisión por el medio más expedito. Las anteriores diligencias se llevarán a cabo dentro de la jornada laboral.

Las sanciones disciplinarias prescribirán en un término de seis (6) meses.

c) Argumentos del recurrente

Alega el censor que lo relacionado con el Comité Laboral de Reclamos está regulado exclusivamente por la ley; manifestó que al haber incluido el Tribunal de Arbitramento, como miembro de dicho comité a un trabajador no sindicalizado, excedió su competencia pues ese precepto se traduce en la aplicación de una cláusula del laudo a trabajadores no sindicalizados, en contravía de lo dispuesto en los artículos 470 y siguientes del CST. Además, esa petición no fue hecha en el pliego. Se refirió luego a la sentencia de esta Sala CSJ SL719-2013, ya citada.

En cuanto al segundo inciso de este artículo sexto, expuso el recurrente que restringe la facultad que tienen los empleadores de determinar el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias, máxime que la ley contempla dicho trámite con garantía de los derechos de defensa y del debido proceso, y sólo las partes podrían modificar el procedimiento legal. Adicionalmente, el laudo extiende el trámite a los despidos por justa causa, lo que no está previsto por el legislador, y se constituye en un límite a la capacidad de dirección de su negocio que se reconoce al empresario.

Asevera que resulta inequitativo que se imponga al empleador la obligación de iniciar un procedimiento, tomando como punto de partida “la fecha en que ocurrió la presunta falta”, por cuanto puede suceder que ocurrida una falta, el empleador no se entere en la fecha en que sucedió el hecho, sino con posterioridad, por lo que la previsión del Tribunal de Arbitramento haría nugatoria en muchos casos la posibilidad de imponer una sanción. Esas mismas razones son extensivas al segundo inciso del artículo sexto acusado, por lo que impetra igualmente su anulación.

En cuanto al término de prescripción de las sanciones disciplinarias, aduce que es facultad legal y por lo tanto, el tema escapa a la decisión de los árbitros.

VII. Consideraciones de la Corte

Como lo señaló la Corporación en Sentencia CSJ SL8693-2014, reiterada en la CSJ SL12506-2016, los aspectos relacionados con la creación, organización y garantías de la comisión estatuaria de reclamos están previstos en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo; en consecuencia, se trata de una materia regulada por la ley, la cual ha concedido a las organizaciones sindicales amplias facultades en lo atinente a la designación de los miembros que la integran, por lo que los árbitros excedieron sus facultades al ocuparse de la materia en el laudo acusado.

En la última de las decisiones citadas, precisó la Corte:

El manejo y regulación de esta clase de comisiones no puede ser impuesto por los arbitradores a la empleadora, ni a los trabajadores, pues ello implica restringir el derecho decisorio que la ley y la Constitución les otorga.

Naturalmente, las partes pueden pactar reglas sobre el tema en la convención colectiva, pero producto del consenso (autocomposición); lo que está vedado entonces, es que sean impuestas vía laudo arbitral (heterocomposición).

Incluso la Corte Constitucional en Sentencia CC C-797/00 al pronunciarse sobre la inexequibilidad parcial del numeral 1º del artículo 374 del CST, sostuvo respecto a la designación de los integrantes, entre otras, de las comisiones de reclamos permanentes o transitorias que “Determinar quiénes deben representar a la organización sindical es asunto que concierne exclusivamente a ésta en ejercicio de la libertad de que es titular”.

En el anterior orden de ideas, se anulará el inciso primero de la cláusula sexta.

Frente a la disposición relativa a que “la empresa notificará personalmente los cargos y las pruebas que obren en su contra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la presunta falta”, no hay lugar a su anulación, sino que advierte la Sala que debe entenderse que los tres días hábiles que tiene la empresa, para notificar los cargos y las pruebas, se contarán a partir del día siguiente al que la empresa tenga conocimiento de la ocurrencia de la presunta falta, por ser más equitativo para el empleador.

Por último, desbordaron los árbitros sus facultades en este caso, al fijar la prescripción de 6 meses para las sanciones disciplinarias, por cuanto el tema de la prescripción es de competencia de la ley, y los preceptos que determinan los términos para que opere dicho fenómeno jurídico son de orden público y no pueden ser modificados en un laudo arbitral.

En consecuencia, se anulará el inciso final del artículo 6º del laudo.

“ART. 7º—Asesoría jurídica por accidente de tránsito.

a) La solicitud se redactó de la siguiente manera:

“ART. 7º—Asesoría jurídica por accidente de tránsito.

Las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., reconocerá como accidente de trabajo los accidentes de tránsito ocurridos en las actividades propias de la jornada laboral, desplazamiento a los sitios de parqueo, terminales de los Vehículos y demás lugares necesarios para la prestación del servicio, siempre y cuando no se haya causado por embriaguez debidamente comprobada. El Trabajador Operador de vehículo que sufra un accidente de tránsito deberá informar la ocurrencia del accidente a la empresa a través de cualquier medio, el Operador del vehículo deberá permanecer en el lugar del accidente, excepto cuando peligre su integridad personal, evento en el cual deberá presentarse dentro de la hora y media siguiente a la ocurrencia del mismo ante las autoridades de tránsito y transporte, en cumplimiento de los requisitos y trámites exigidos por la Ley. En la presente circunstancia la empresa asignará de manera inmediata un profesional del derecho experto en la materia para la asistencia jurídica del trabajador

En el caso que el Operador del vehículo sea detenido por la autoridad competente, La Empresa le prestara la respectiva asesoría a través de un profesional del Derecho hasta la finalización definitiva del proceso con el fin de garantizar el derecho de defensa, el debido proceso y la defensa jurídica de los intereses de las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A. La empresa pagara (sic) al trabajador el Salario Básico diario correspondiente durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, siempre que no supere un término máximo de seis (6) meses, cuando por cualquier circunstancia el trabajador sea absuelto por la Justicia Ordinaria, la empresa reinstalará al trabajador en sus labores normales al servicio de la Empresa.

“PAR.—El trabajador operador no será obligado a pagar u (sic) autorizar deducción alguna de sus salarios, prestaciones sociales y demás ingresos legales y extralegales, con el fin de cubrir los gastos que se ocasionen a los vehículos con ocasión y causa directa de accidente en desarrollo de las actividades laborales.

b) Así se entronizó el beneficio, en la parte resolutiva del laudo:

“ART. 7º—Asesoría jurídica por accidente de tránsito.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; reconocerá como accidente de trabajo los accidentes de tránsito ocurridos en las actividades propias de las jornadas laborales, desplazamientos a los sitios de parqueo, terminales de los vehículos y de más (sic) lugares necesarios para la prestación del servicio, siempre y cuando no se hayan causado por embriaguez debidamente comprobada. El trabajador operador de vehículo que sufra un accidente de tránsito deberá informa (sic) la ocurrencia del accidente a la empresa a través de cualquier medio, el operador deberá permanecer en el lugar del accidente, excepto cuando peligre su integridad personal, evento en el cual deberá presentarse dentro del término de la distancia a la ocurrencia del mismo ante las autoridades competentes. En la presente circunstancia la empresa asignará de manera inmediata un abogado para la asistencia jurídica del trabajador.

En caso que el operador del vehículo sea detenido por autoridad, la empresa le prestará la respectiva asesoría y representación judicial a través de un abogado hasta la finalización del proceso. La empresa pagará al trabajador el salario básico diario correspondiente durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, siempre que no supere un término máximo de seis (6) meses. Cuando por cualquier circunstancia el trabajador sea absuelto por la justicia la empresa reinstalará al trabajador a sus labores normales al servicio de la empresa.

c) Argumentos del recurrente

Afirma el censor que los árbitros rebasaron su competencia, pues es a la ley a la que le corresponde definir qué eventos constituyen accidente de trabajo. Añade que con esa decisión arbitral, se les está imponiendo a las administradoras de riesgos profesionales una calificación sobre el origen del hecho, en un laudo arbitral del cual no son parte, siendo ellas quienes en últimas responden por las prestaciones asistenciales y económicas, en tratándose de riesgos profesionales.

Se refiere después el impugnante a la decisión de la Corte Constitucional, sin indicar radicado, que declaró inexequible la definición de accidente de trabajo contenida en el Decreto 1295 de 1994, donde la alta corporación consideró que ese tema era del resorte del legislador. Dice que el artículo 3º de la Ley 1562 de 2012, definió el concepto, y a esa regulación deben someterse empleadores y trabajadores.

Expone que sería inequitativo que la empresa tuviera que asumir prestaciones derivadas de un accidente laboral, cuando esos eventos deben ser cubiertos por la respectiva administradora de riesgos profesionales, a la cual el empleador hace los aportes para subrogarse en el riesgo. Cita las sentencias de esta sala CSJ SL, dic. 2012, rad. 55501 y CSJ SL, 8693-2014, está última relativa a la inequidad de las cláusulas ambiguas, defecto del cual en su sentir sufre el artículo acusado.

Tampoco le compete al Tribunal de Arbitramento regular la obligación de permanencia o no, de un trabajador en el sitio de ocurrencia del accidente de tránsito del cual es protagonista, porque es un asunto de reglado por las normas de tránsito y por disposiciones penales sobre la materia.

Asevera que las responsabilidades penales son de carácter personal, por ende, el sujeto activo de la conducta debe enfrentar las consecuencias derivadas de su acto y asumir jurídicamente su defensa. Siendo así las cosas, no se le puede imponer al empleador el pago de estipendios profesionales por concepto de servicios de un abogado, “aún si el accidente del cual se deriva la detención del trabajador ocurre en ejecución de actividades laborales”. Si una persona no tiene capacidad económica para designar un defensor frente a una detención hecha por autoridad, es deber del Estado, de conformidad con la Ley 906 de 2004, asignarle un defensor público, por lo que el Tribunal de Arbitramento no puede trasladarle a la empresa esa carga estatal, máxime en este caso en que la recurrente se encuentra en una delicada situación financiera.

De la misma manera los árbitros se extralimitaron en sus funciones, al determinar que en caso de detención por autoridad de un operador del vehículo incurso en un accidente de tránsito, la empresa debía pagarle salario básico diario en las condiciones y por el término previsto en la cláusula, pues la ley determina la causales de suspensión de los contratos de trabajo en los artículos 51 y 53 del CST, sin que los arbitradores puedan desconocer el efecto de esa figura jurídica, ni imponer al empleador el pago de salarios en contravía de lo dispuesto por el legislador, y en ausencia de prestación de servicios, “lo que además es inequitativo por las circunstancias financieras de la empresa”.

En cuanto a la reinstalación en el empleo dispuesta en el inciso final del artículo acusado, cuando el trabajador sea absuelto, es inequitativa porque impone una consecuencia general para todos los casos, cuando la ley excepcionalmente prevé el reintegro para aquellos eventos en que el trabajador tenga 10 o más años de servicios continuos al 1º de enero de 1991, en los términos del parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que subrogó el artículo 64 del CST.

VIII. Consideraciones de la Corte

Le asiste razón al recurrente, en el sentido de que no es competencia de los árbitros la calificación de un determinado siniestro como accidente de trabajo, por comportar una situación netamente jurídica, en cuanto es la ley la que define los supuestos para que se configure el accidente de origen laboral; y la respectiva calificación sobre el origen del hecho deben hacerla de conformidad con esas pautas, las respectivas juntas calificadores o las autoridades judiciales al dirimir las controversias.

Como lo señaló la Corte en Sentencia CSJ SL, 13 mayo 2008, rad. 34622, “el origen del infortunio, incidirá necesariamente en la determinación de la entidad llamada a cubrir las distintas prestaciones que ampara el sistema; produciendo de ese modo, efectos el laudo arbitral frente a terceros que no han intervenido en el conflicto”.

En ese orden de ideas, se anulará parcialmente el inciso primero de la cláusula séptima en cuanto dispuso: “La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; reconocerá como accidente de trabajo los accidentes de tránsito ocurridos en las actividades propias de las jornadas laborales, desplazamientos a los sitios de parqueo, terminales de los vehículos y de más (sic) lugares necesarios para la prestación del servicio, siempre y cuando no se hayan causado por embriaguez debidamente comprobada”.

En cuanto a las obligaciones impuestas al trabajador (conductor del vehículo), en el evento de presentarse un accidente de tránsito, como son las de permanecer en el lugar del siniestro hasta cuando hagan presencia las autoridades de tránsito, salvo que peligre su integridad personal, y de información a la empresa y a las autoridades de tránsito en los supuestos allí contemplados, no encuentra reparos la Sala, por cuanto son previsiones que entran en la órbita de la competencia de los árbitros e incluso van en beneficio de la compañía por ser de su interés, ser enterada de los percances que sufran sus trabajadores y que involucren vehículos de su compañía o afiliados a ella.

En lo referente a la asesoría jurídica que debe prestar la empresa cuando los operadores de los vehículos estén involucrados en accidentes de tránsito, no encuentra la Sala que sea manifiestamente inequitativa. Por lo demás, esta Corporación ha sostenido, que cuando las actividades cumplidas por el trabajador involucran una situación riesgosa para terceros, la responsabilidad civil de la empresa puede verse comprometida por los hechos de su servidor o dependiente, de manera que también a ella interesa que la asistencia profesional pertinente a su trabajador sea inmediata y efectiva.

En sentencia de anulación CSJ SL, 15 jul. 2008, rad. 35927, reiterada en la CSJ SL13303-2016, precisó la Sala lo siguiente:

Por último se observa que la obligación impuesta a la empresa de prestar la asesoría jurídica necesaria en las etapas de instrucción y juicio en el evento de que alguno de sus trabajadores se vea involucrado en procesos penales o policivos por incidentes relacionados con la protección de la propiedad, los bienes o las personas bajo su custodia no genera un elevado costo para la empresa pues el número de trabajadores que protege la disposición arbitral es mínimo; además que importa a la empresa la prestación de una asesoría competente a sus trabajadores implicados en los hechos a que se refiere la disposición arbitral, toda vez que la responsabilidad penal de sus servidores en hechos punibles relacionados con la prestación de sus servicios puede comprometer su responsabilidad civil extracontractual en los términos de los artículos 2349 y 2356 del Código Civil y obviamente la contractual. Todo esto teniendo en cuenta su condición de empresa de vigilancia que implica una actividad riesgosa, dadas las diferentes contingencias que pueda enfrentar ante los usuarios que demandan sus servicios.

En consecuencia, no se anulará la previsión.

Frente al inciso final del artículo séptimo que dice: En caso que el operador del vehículo sea detenido por autoridad, la empresa le prestará la respectiva asesoría y representación judicial a través de un abogado hasta la finalización del proceso. La empresa pagará al trabajador el salario básico diario correspondiente durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, siempre que no supere un término máximo de seis (6) meses. Cuando por cualquier circunstancia el trabajador sea absuelto por la justicia la empresa reinstalará al trabajador a sus labores normales al servicio de la empresa, estima la Corte que es ambiguo porque no se precisan las causas de la detención, para que la empresa tenga la obligación de prestar asesoría y representación judicial y pagar salarios, pues por la generalidad de la redacción pudiera entenderse que es por cualquier hecho punible, incluso ajeno al servicio, lo que hace la disposición manifiestamente inequitativa. Por lo demás, los arbitradores no tienen facultades para disponer el reintegro, por ser una prerrogativa de las partes que de manera consensuada pueden incluirlo vía convención colectiva.

Como ha precisado la jurisprudencia de la Sala, las cláusulas ambiguas e indeterminadas son contrarias a los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad que los árbitros deben seguir al momento de laudar sobre un determinado tema.

Sobre la importancia de que las cláusulas del laudo arbitral sean lo suficientemente claras, se pronunció la Corte en Sentencia CSJ SL, 28 feb. 2012, rad. 49867 reiterada en la Sentencia CSJ SL8693-2014 y recientemente en las providencias CSJ SL8896-2015 y CSJ SL17654-2015, en las que respecto a cláusulas ambiguas e indeterminadas, adoctrinó:

La textura de la disposición luce tan genérica e indeterminada que para nada facilita precisar las particulares circunstancias de su aplicación. Así, cualquier lectura que se haga sobre quiénes deben ser los destinatarios de la aludida bonificación no resultaría manifiestamente equivocada (trabajadores sindicalizados, trabajadores no sindicalizados, personal vinculado, jefes de familia, trabajadores con hijos, trabajadores estudiantes, trabajadores con hijos estudiantes, trabajadores con hijos menores estudiantes, etc.), como tampoco la que se dé sobre los tiempos de su aplicación (por todo el año, cada año, semestral, trimestral, mensual, por calendarios escolares, etc.), e inclusive sobre conceptos como la modalidad escolar (regular o formal, informal, presencial, semipresencial, no presencial, superior, media, elemental, preescolar, universitaria, técnica, tecnológica, etc.). Por ende, la evidente ambigüedad e indeterminación de la disposición atacada, que contraria (sic) el sentido de la equidad debida a las relaciones laborales subordinadas, imponen su anulación.

Se anulará el inciso segundo del artículo séptimo.

“ART. 8º—Cuota de pago por seguridad social.

a) La organización sindical imploró:

“ART. 8º—Cuota de pago por seguridad social.

Pago de incapacidades médicas. Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., liquidara (sic) y pagará todas las Incapacidades a sus trabajadores de manera directa y su pago será el 100% del Salario Ingreso Base de Cotización (I.B.L).

“PAR.—Las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., se compromete a que en el evento en que alguno de sus trabajadores haya sido pensionado como consecuencia de la perdida (sic) de la capacidad laboral en porcentaje superior al 50% por cualquier causa, en caso de ser rehabilitado vinculará al trabajador en un cargo igual o similar categoría y remuneración salarial al que desempeñaba en el momento de producirse la pérdida de su capacidad laboral.

b) Así quedó redactada la cláusula anterior en la parte resolutiva del laudo:

“ART. 8º—Cuota de pago por seguridad social.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; pagará directamente a sus trabajadores la (sic) incapacidades y efectuará el recobro al Sistema Integral de Seguridad Social, ya sea a salud, pensión o riesgo laboral.

En el evento que un trabajador pierda su capacidad laboral en un cincuenta por ciento (50%) o más, y como causa de esto obtenga su pensión de invalidez; pero posteriormente si dentro de los dos (2) años siguientes recupera su capacidad laboral por debajo del cincuenta por ciento (50%), la empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; reintegrará al trabajador a un cargo igual o similar al que venía ejerciendo, teniendo en cuenta las recomendaciones que efectúe el médico laboral. En este evento la empresa no estará obligada a pagar salario ni prestaciones sociales dejadas de percibir durante el período que el trabajador estuvo gozando de su pensión de invalidez.

Argumentos del recurrente

Expone que la legislación de seguridad social, entre otros, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, definen la forma de pago de las incapacidades, las reglas de liquidación, el procedimiento para su recobro, las entidades que deben reconocer las incapacidades de acuerdo con su origen, etc., por lo que los árbitros invadieron la órbita del legislador sin tener competencia para esos efectos.

En el segundo inciso de la cláusula, el Tribunal de Arbitramento igualmente extralimitó sus facultades, al establecer una acción de reintegro para aquellos trabajadores a quienes se les terminó el contrato de trabajo por reconocimiento de la pensión de invalidez, cuando recuperen su capacidad laboral, es decir, en los eventos en que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral disminuya a menos del 50%. Hizo referencia a las sentencias de esta Sala CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501 y CSJ SL, 26 feb. 2014, rad. 59713.

IX. Consideraciones de la Corte

La línea jurisprudencial de la Sala en forma general se orienta a reconocer facultades a los árbitros para conceder beneficios a los trabajadores sindicalizados o que se beneficien de la convención, que superen los mínimos establecidos en la ley, lo que incluye el ámbito de la seguridad social, siempre y cuando en sus decisiones respeten el marco competencial delimitado por el objeto del arbitramento, los temas reservados a las partes, y normas imperativas de orden público.

Referente a los aspectos que tocan con la seguridad social, se han restringido las facultades del tribunal de arbitramento: (i) de conformidad con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, no podrá establecer condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones; (ii) deberá abstenerse de introducir previsiones que introduzcan alteraciones o desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, como pueden ser la sustracción, traslado o reasignación de obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley, modificación del monto y porcentaje de las cotizaciones; y (iii) no le es dable imponer al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema, por ejemplo, servicios del Plan Obligatorio de Salud. (CSJ SL8157-2016).

En lo relacionado específicamente con temas de la seguridad social en salud, precisó la Sala en Sentencia CSJ SL3269-2016, lo siguiente:

Se equivoca el recurrente al afirmar, sin ulteriores reflexiones, que los árbitros no pueden crear obligaciones en materia de seguridad social.

Es imperioso recordar que la superación de los beneficios consagrados en la ley o en instrumentos convencionales preexistentes, puede darse en dos vías. Por un lado, mediante la creación de nuevos derechos (superación por creación) y por otro a través de la complementación o adición de los ya existentes (superación por adición). Así, esta Corporación, en sentencia de anulación CSJ SL13016-2015, refiriéndose a las facultades de los arbitradores señaló que para decidir en equidad éstos “pueden pronunciarse con respecto a cualesquiera mejoras que superen los mínimos previstos en la ley, bien sea mediante la creación de nuevos beneficios o la complementación de los ya existentes”.

De otra parte, ha estimado la Sala que el ejercicio de la justicia arbitral encuentra un límite en (i) los acuerdos logrados por las partes en las etapas de arreglo directo; (ii) el respeto de los derechos o facultades del empleador y los trabajadores reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes; y (iii) la observancia del orden jurídico estatuido, y dentro de éste, la equidad como principio general del derecho (CSJ SL17703-2015).

[…]Ahora, si bien la Sala ha aceptado la posibilidad de que los árbitros emitan decisiones encaminadas a lograr mejoras en los derechos de los trabajadores, incluidos aquellos relacionados con los sistemas de protección social, también ha considerado que dicha atribución tiene límites.

Estos límites, indudablemente ligados con el respeto al orden público preestablecido, tienen que ver con la no alteración o el desquiciamiento de la estructura, organización y funcionamiento del sistema de seguridad social.

[…] No es ajeno para la Corte que en la Sentencia CSJ SL, 4 dic. 2012, rad. 55501 se señaló que los árbitros no pueden crear pagos adicionales por incapacidades en la medida que son las partes involucradas en el conflicto las llamadas a convenir libremente ese aspecto; sin embargo, tal postura, como puede advertirse en el anterior recuento, ha ido evolucionando a través de diferentes sentencias emitidas respecto al tema.

Por ello, hoy en día, existe una jurisprudencia consolidada que acepta la posibilidad de los árbitros de pronunciarse y conceder prestaciones adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social, respetando, eso sí, las normas imperativas de orden público.

De lo anterior se deriva, que en el caso de las incapacidades, se ha reconocido la posibilidad que tienen los árbitros de imponer el pago de las diferencias dinerarias que no cubren la EPS o las ARL, de modo que el trabajador no vea disminuido el monto de sus ingresos, en razón de su imposibilidad para trabajar por afectaciones de su salud, porque esas fórmulas comportan una superación de los derechos mínimos previstos en la legislación y su previsión normativa está lejos de vulnerar el orden jurídico social.

Sin embargo, como se precisó en la Sentencia CSJ SL3269-2016, los tribunales de arbitramento no pueden imponer al empleador “cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema”, de tal forma que se conviertan en un instrumento de desplazamiento de las entidades obligadas por ley a satisfacer determinadas obligaciones prestacionales, o en un mecanismo de reasignación de las mismas contrariando la articulación del sistema general de seguridad social.

Máxime que con el fin de liberarse de ciertas cargas asistenciales y económicas, el empleador contribuye mediante un aporte monetario a esos entes especializados a fin de que garanticen la cobertura y protección del trabajador ante la ocurrencia de los riesgos asegurados.

Frente a la disposición de los árbitros en este caso, en que se obliga al empleador a pagar las incapacidadesya sea a salud, pensión o riesgo laboral y luego realizar el recobro al sistema de seguridad social, debe precisar la Corte que la previsión altera las relaciones obligacionales de los sujetos de la seguridad social, tal como están previstas en la ley, pues en principio es el afiliado o beneficiario quien en el caso de las prestaciones económicas funge como acreedor frente a las entidades de seguridad social. Cabe recordar, que la Corporación en sentencias CSJ SL13016-2015 y CSJ SL2034-2016, señaló que en virtud de la investidura que les es otorgada a los árbitros en el seno de la negociación colectiva, tienen facultades en materia de seguridad social en salud, para incrementar o complementar los mínimos que superen la ley, pero sin que ello afecte la estructura y el funcionamiento mismo del sistema.

Cosa diferente es que las partes de común acuerdo hagan un pacto semejante, respetando eso sí las limitaciones constitucionales y legales, o que el empleador haga los pagos voluntariamente para no perjudicar al trabajador y luego realice los recobros; sin embargo no son obligaciones que puedan imponerse vía laudo arbitral.

En lo que atañe al inciso segundo de la cláusula, referente al reintegro de aquellos trabajadores que fueron pensionados por invalidez y luego recuperaron la capacidad laboral, se ha de precisar de una parte, que el reintegro no está dentro de la órbita de facultades de los arbitradores en los conflictos colectivos, y de la otra, que en realidad, esa persona de cara a la empresa es un tercero, pues ya no tiene contrato de trabajo vigente con ella, por lo tanto, no tendrían competencia los árbitros para imponer a la empresa una obligación de tal tenor, que desborda la finalidad del laudo que gira en torno a la definición de las condiciones que han de regir los contratos de trabajo.

En la Sentencia CSJ SL, 12 dic. 2012, rad. 55340, indicó la Corporación:

… sobre el tema del reintegro, la Corte ha dicho de manera inveterada que el mismo está fuera del ámbito de competencia de los árbitros, como lo dijo en sentencia de anulación del 13 de mayo de 2008, Radicación 34622, en los siguientes términos:

‘La Sala acoge en su integridad los argumentos que esgrime el recurrente, en el sentido de la falta de competencia de los árbitros para disponer que el empleador debe reintegrar a los trabajadores despedidos sin que exista justa causa, pues los efectos de una decisión de esa naturaleza desborda el marco de sus facultades, por ser la misma ley la que define cuáles son las consecuencias de una terminación ilegal e injusta del contrato de trabajo, salvo que las partes de común acuerdo decidan consagrar el derecho a la estabilidad laboral.

Si bien es cierto que la permanencia en el empleo, cuando la conducta del asalariado se ajusta en un todo a las normas que regulan la disciplina y el orden en el interior de la empresa, constituye un derecho de profundo contenido social, tal prerrogativa debe emanar bien de la misma ley, como en efecto aparece consagrado para determinados eventos, o de norma convencional pactada entre empleador y trabajador, cuya controversia debe definirla el juez laboral’.

Se anulará la cláusula octava.

“ART. 9º—Permisos remunerados.

a) En el pliego se incluyó la petición en los siguientes términos:

ART. 9º—Permisos remunerados.

Las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., reconocerá (sic) a sus trabajadores los siguientes permisos remunerados:

1. Por calamidad doméstica debidamente comprobada Ocho (8) días hábiles, cuando esta se presente dentro del área metropolitana de Barranquilla y Diez (10) días hábiles, cuando la misma tenga lugar fuera de esta jurisdicción. La calamidad se presenta:

1.1. Cuando un componente del grupo familiar hasta Tercer Grado de Consanguinidad, Segundo de Afinidad y Primero civil padece una enfermedad grave y cuando sea internado en un centro clínico-hospitalario, por muerte, desapariciones o secuestros.

1.2. Cuando un componente del grupo familiar hasta primer Grado de Consanguinidad, Primero de Afinidad y Primero civil sufre inundaciones o desastres naturales, incendios o un accidente.

1.3. Cuando un componente del grupo familiar de Primer grado de consanguinidad y primero de afinidad es víctima de un delito en contra de su patrimonio.

2. Siete (7) días hábiles por maternidad de la Esposa o Compañera permanente debidamente inscrita.

3.Diez (10) días de permiso a quien contraiga matrimonio en Colombia.

4.Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., reconocerá (sic) a los Sindicatos, por cada año de vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo, 500 días de permiso remunerado para ocuparlos en los siguientes eventos: funciones propias de la Organización Sindical, Seminarios. Talleres, Simposios, Foros. Cursos Cooperativos, Reuniones de Junta Directiva, Asambleas de Delegados de carácter Local, Departamental o Nacional, etc.; que convoquen las Organizaciones Sindicales de Primero, Segundo o Tercer Grado, las Cajas de Compensación, la Superintendencia de Subsidio. Para hacer uso de estos Permisos se remitirá comunicación a la Empresa donde se especificará la cantidad de días y el número de trabajadores de la Empresa ylo Directivos de la Organización Sindical que harán uso del permiso sindical.

“PAR. 1º—Para los permisos previstos en los numerales 1º y 2º el Trabajador informará a la empresa a través de cualquier medio, personalmente o a través de un tercero dentro de un término prudencial y en el evento contemplado en el numeral 3o, el trabajador dará aviso a la empresa, por lo menos con dos (2) días hábiles de anticipación al disfrute del permiso.

“PAR. 2º—El disfrute de los permisos previstos en el numeral 4º se hará de manera autónoma por la organización sindical de acuerdo a sus necesidades, en particular para el ejercicio del derecho de asociación, libertad sindical y en cumplimiento de su gestión. Con tal propósito se dará aviso al empleador por lo menos con dos (2) días calendario de anticipación.

5. Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., programará (sic) la jornada de trabajo diaria en el mismo Turno y Horario, bien sea en la mañana o en la tarde a los integrantes de la Junta Directiva de la Organización Sindical incluida la comisión de Reclamos, para que desarrollen todas las tareas que deben realizar en cumplimiento de la gestión sindical y sus funciones.

6. Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., otorgará (sic) permiso a los miembros principales y suplentes de la Comisión Negociadora, desde el día de la presentación del pliego de peticiones hasta el día que finalice el Conflicto Colectivo de Trabajo.

La cláusula quedó redactada en los siguientes términos:

“ART. 9º—Permisos remunerados.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; otorgará los siguientes permisos remunerados:

1. Por calamidad doméstica debidamente comprobada hasta un máximo de cinco (5) días hábiles.

2. Por permiso sindical: Para la junta directiva y para la comisión estatutaria de reclamo del sindicato cuatro (4) horas para todos sus miembros cada quince (15) días, para que efectúen sus reuniones; para capacitación y demás actividades sindicales tendrán derecho a ocho (8) días hábiles al año para tres (3) miembros del sindicato y para los miembros de la comisión negociadora del pliego de peticiones en un máximo de cuatro (4) integrantes, desde el día del inicio de la etapa de arreglo directo hasta la finalización del conflicto colectivo laboral.

Los anteriores permisos deberán solicitarse por escrito con tres (3) días hábiles de anticipación, a excepción el de calamidad domestica (sic) el cual podrá concederse en forma inmediata.

b) Argumentos del recurrente

Pide la anulación total de la cláusula, pues asevera que la concesión de los permisos para la Junta Directiva del Sindicato y la Comisión Estatutaria de Reclamos, en la cantidad establecida por los árbitros, y sin limitar el número de miembros que pueden disfrutarlos al mismo tiempo, resulta inequitativa y puede perjudicar el correcto funcionamiento de la empresa.

X. Consideraciones de la Corte

Referente al tema de los permisos sindicales, se ha de precisar que la jurisprudencia de la Corte tradicionalmente ha reconocido la facultad de los árbitros para regularlos, y desde la sentencia de anulación CSJ SL, 28 oct. 2009, rad. 40534, con carácter remunerado, siempre y cuando se concedan dentro de un marco de racionalidad y proporcionalidad, y con el objeto específico de atender responsabilidades y funciones propias al ejercicio del derecho de asociación y libertad sindical. Adicionalmente, dichos permisos serán viables si son justificados, y mientras no afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa y no tengan el carácter de permanentes.

En la sentencia citada, reiterada entre otras en las sentencias CSJ SL17654-2015 y CSJ SL9347-2016, señaló la Corporación lo siguiente:

Aun cuando la Sala, de tiempo atrás y por mayoría, ha venido considerando que el Tribunal de arbitramento, no puede imponer al empleador que conceda permisos o licencias remuneradas a los miembros de la organización sindical, tal criterio ahora se rectifica, pues al reexaminar el tema encuentra la Corte, que ello puede ser viable, cuando tal decisión se muestra razonable y proporcionada, y en el evento único de que tales permisos procedan para atender las responsabilidades inherentes al ejercicio del derecho fundamental de asociación y libertad sindical.

No obstante, para que ello proceda, dentro de los varios aspectos a tener en cuenta por el Tribunal de arbitramento, entre otros, advirtiendo que cada caso en particular deberá examinarse, es menester que su concesión no afecte el normal desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento, que no sean de carácter permanente, que tengan plena justificación, que sea sólo para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical y, que esa decisión resista un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, así como que el permiso sea racional y equitativo.

De conformidad con lo anterior, los permisos sindicales remunerados concedidos a la junta directiva y la comisión estatutaria de reclamo del sindicato de 4 horas para todos sus miembros cada 15 días, para que efectúen sus reuniones; así como 8 días hábiles al año para 3 miembros del sindicato para capacitación y demás actividades sindicales; y para los miembros de la comisión negociadora del pliego de peticiones en un máximo de 4 integrantes, desde el día del inicio de la etapa de arreglo directo hasta la finalización del conflicto colectivo laboral, está dentro de la órbita de facultades de los componedores; fueron delimitados en el tiempo, es decir, no se otorgaron de manera permanente, y no resultan desproporcionados o manifiestamente inequitativos, sin que la recurrente haya especificado de qué manera puede verse afectado el normal funcionamiento de la empresa.

En ese orden de ideas, no hay lugar a la anulación de la cláusula novena.

“ART. 10.—Cursos o capacitación dictados por el SENA

a) En el pliego de peticiones se consignó:

“ART. 10.—Cursos o capacitación dictados por el SENA

Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., acreditará (sic) el número de cupos que le sean asignados por el SENA para la realización de cursos de capacitación para sus trabajadores según la especialidad del curso y la actividad respectiva.

“PAR. 1º—Procesos de competencia laboral: Las Empresas facilitaran los medios y los recursos económicos necesarios para que los trabajadores de acuerdo a su cargo y especialidad sean acreditados por el SENA con la Certificación de Competencia Laboral. En tales eventos el conductor recibirá como salario el correspondiente al de disponibilidad y el trabajador de administración el correspondiente al salario básico, siempre que tales cursos se realicen en jornadas que ocupen días laborales completos.

“PAR. 2º—Cuando los hijos de los trabajadores se hayan inscrito y obtenido el cupo de aprendizaje en el SENA, la Empresa otorgará el patrocinio del contrato de aprendizaje, siempre y cuando no se encuentren agotados los cupos asignados por el SENA a la Empresa.

b) La decisión del Tribunal quedó así:

“ART. 10.—Cursos o capacitación dictados por el SENA

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; facilitará cursos de capacitación a sus trabajadores en el desempeño de sus funciones.

c) Argumentos del recurrente:

Solicita decretar la anulación del artículo, al estimar que si se armoniza el contenido de la cláusula con su título, podría entenderse que los arbitradores limitaron a la empleadora la facultad de determinar si capacita o no directamente a sus trabajadores, y la posibilidad de escoger a quien le entrega la misión, imponiéndole que lo haga a través del SENA, lo cual atenta contra sus facultades legales.

XI. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón al censor porque los árbitros no limitaron las opciones de capacitación a cargo del empleador a que tengan que ser realizadas a través del SENA; por el contrario, se salvaguardaron las facultades del empleador en la materia, quien tendrá que cumplir con esa obligación de formación en los términos de los artículos 53 y 54 de la Constitución Política y con arreglo a ley.

Se mantendrá la cláusula décima.

“ART. 11.—Folletos de la convención colectiva

a) El pliego contiene la súplica, en la siguiente forma:

“ART. 11.—Folletos de la convención colectiva.

Las Empresas harán editar en buen material y presentación Cuatrocientos (400) folletos de la Convención colectiva de trabajo, los cuales serán entregados a la organización sindical dentro de los Treinta (30) días siguientes a la firma.

b) El Tribunal dispuso:

“ART. 11.—Folletos de la convención colectiva.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A., hará editar en buen material y presentación cincuenta (50) folletos que contengan el presente laudo arbitral, los cuales serán entregados a la organización sindical dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la ejecutoria del señalado laudo.

c) Argumentos del recurrente:

Manifiesta que la cláusula se torna inocua y sin ningún efecto práctico, por cuanto la empresa no cuenta con trabajadores afiliados al sindicato SNTT, por lo que debe ser anulada por sustracción de materia.

XII. Consideraciones de la Corte

Las decisiones que toman los árbitros en el marco del conflicto colectivo del trabajo, por tratarse de aspectos de contenido económico, se enmarcan dentro de criterios de equidad; por lo tanto, la facultad de la Corte para corregir desvíos en la actividad arbitral está legitimada en aquellos casos en que la previsión aparezca como manifiestamente inequitativa, o desvirtuada de manera evidente por los elementos probatorios acreditados en el curso de la actuación.

En fallo de anulación CSJ SL, 27 ago. 2008, rad. 36653, razonó la Sala:

Siendo la equidad el sustento jurídico de un fallo arbitral, sólo en casos excepcionalísimos al estudiar el recurso de anulación, es posible que la Corte pueda confrontar el criterio de equidad con el de ellos y por tal razón jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de anular un laudo cuya inequidad resulte manifiesta.

En esa perspectiva la previsión de los árbitros al disponer la publicación del laudo arbitral en cincuenta folletos de buen material y presentación, además de estar razonablemente justificada en la necesidad de dar a conocer los derechos y las obligaciones de quienes se benefician de él, y promover la adhesión de nuevos miembros, el número de copias que se autorizó no se encuentra desproporcionado o inequitativo, en relación con la capacidad económica de la empresa.

Por lo demás, como se explicó al resolver las pretensiones principales, la certificación expedida por la Coordinadora de Talento Humano del Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A., donde se informa que “no existen afiliaciones sindicales de nuestros trabajadores al Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicio del Transporte de Colombia - SNTT Subdirectiva Barranquilla”, fue expedida el 18 de septiembre de 2015, y recibida por la Secretaría del Tribunal de Arbitramento el 22 de septiembre siguiente, de manera que no podía tener efectos frente al laudo arbitral que fue proferido el 18 de septiembre de ese año.

Se mantendrá la cláusula décimo primera del laudo.

“ART. 13.—Oficina y cartelera.

a) La petición se introdujo en estos términos:

“ART. 13.—Oficina y cartelera.

A partir de la vigencia de la presente Convención el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios del Transporte de Colombia ‘SNTT Subdirectiva Barranquilla’ y el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Transporte Masivo de Pasajeros ‘Sintramasivo contará con una oficina en las instalaciones del Portal de Soledad, dotada con todos los implementos (escritorio, sillas, computador, impresora, internet, grapadora, saca grapas y demás implementos a utilizar en la oficina) y cartelera con vidrio de 1,50 por un 1,00 metro en todas las sedes de la empresa con fines de publicidad sindical.

b) Así quedó redactada la previsión, en la parte resolutiva del laudo:

“ART. 13.—Oficina y cartelera.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; facilitará un espacio adecuado dentro de sus instalaciones para que el sindicato pueda custodiar sus archivos y demás documentos, sitio este que funcionará como oficina de la organización. A costo de la empresa se instalarán unas carteleras en las diferentes sedes o portales para que el sindicato efectúe sus publicaciones con respeto y decoro, y bajo su absoluta responsabilidad.

c) Argumentos de la censura:

Esgrime que la obligación impuesta por los arbitradores de ceder un espacio en sus instalaciones, para que un tercero —el sindicato—, lo destine como oficina, constituye una intromisión y afectación del derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 58 de la Constitución Política.

De la misma manera, debe anularse lo previsto en relación con las carteleras, porque ello implica para el empleador ceder espacios físicos de su propiedad, lo cual sólo puede ser producto de un acuerdo entre las partes, y no una imposición de los árbitros. Referente a las carteleras, que deben ser ubicadas en los “Portales”, no es viable porque esos lugares “no son de propiedad de la empresa y mal hacen los árbitros en involucrar en el laudo a terceros”.

XIII. Consideraciones

La jurisprudencia de la Corte ha sostenido que los tribunales de arbitramento pueden permitir al sindicato la utilización de espacios físicos al interior de la empresa, con el fin de ejercer actividades informativas como la fijación de carteleras, sin que ello se traduzca en una transgresión ilegítima al derecho a la propiedad privada, cuando la medida resulte razonable, proporcional, adecuada al fin perseguido, y no afecte derechos del empleador. Esos mismos principios rigen para la cesión de un espacio adecuado y razonable que pueda ser utilizado como oficina y archivo del sindicato, sin que se afecten los intereses de la empresa.

En Sentencia CSJ SL5887-2016, sostuvo la Sala:

La presunta transgresión del derecho a la propiedad privada argüida por el recurrente, en cuanto el tribunal de arbitramento autorizó la publicación de carteleras en las instalaciones de la empresa, no tiene asidero. Uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho en la Constitución de 1991 es la prioridad del interés general sobre el interés privado, en cuya virtud las preferencias y los derechos de los sujetos individualmente considerados deben equilibrarse y armonizarse con los de la colectividad y promover su pleno desarrollo. Es esta dirección, el art. 58 de la C.P. prevé que ‘la propiedad es una función social que implica obligaciones’.

Así, el derecho de propiedad del empresario y el ejercicio de su libertad económica debe consolidarse con otros bienes jurídicamente relevantes, como la protección al trabajo y las distintas figuras previstas en la Constitución y la ley para su defensa, promoción y protección.

Por ello, el empleador no puede disponer, sin límite alguno, de su capital y oponerlo para restringir el ejercicio de otros derechos constitucionales colectivos enteramente compatibles con su derecho individual. Tal es el caso de la libertad de expresión consustancial a las organizaciones sindicales, que les permite a estos grupos transmitir tranquilamente su pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, en aras de promocionar la libre asociación sindical, la concertación, la defensa de los intereses comunes de sus miembros y, en general, de desarrollar todas las actividades inherentes a su objeto.

Por lo anterior, la decisión del tribunal de arbitramento de destinar un espacio al interior de la empresa para que el sindicato pueda publicar carteleras relacionadas con su actividad ‘libre de agravios u ofensas’, si bien comporta stricto sensu una restricción al derecho de propiedad del empleador, dicha limitación se encuentra justificada, en la medida que se entroniza con la función social que debe cumplir el capital, además de ser proporcional al fin que persigue y no lesionar otros derechos subjetivos del empresario.

Se mantendrá la cláusula décima tercera.

“ART. 14.—Salario básico.

a) La aspiración del sindicato se introdujo de la siguiente manera:

“ART. 14.—Salario básico.

A partir de la vigencia de la presente convención colectiva de trabajo Las Empresas. U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., reconocerá a sus trabajadores un Salario Básico Mensual equivalente a dos y medio (2,5) Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“PAR. 1º—Las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., pagarán a sus trabajadores el Bono de alimentación por valor de un Salario Mínimo Legal Vigente, el cual no será objeto de descuentos.

“PAR. 2º—Las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., pagará a sus trabajadores las prestaciones sociales, permisos remunerados, vacaciones e incapacidades tomando como salario base de liquidación la estipulada en este artículo y deberá incluir todos los factores salariales reconocidos en la ley y en la presente Convención Colectiva de Trabajo.

Así quedó redactada la cláusula en mención, en la parte resolutiva del laudo:

“ART. 14—Salario básico.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; pagará a sus trabajadores un auxilio de alimentación por la jornada laboral que cumplan la suma de tres mil quinientos pesos ($3.500) diarios.

La empresa para efecto de la liquidación de prestaciones sociales, permisos remunerados e incapacidades tomará como salario el establecido en la Ley.

c) Argumentos de la censura

Expone que ante la difícil situación económica de la empresa, la carga impuesta de pagar a cada trabajador la suma de $3.500. Diarios es insostenible y afectaría gravemente sus finanzas, por lo que resulta inequitativa.

Agregó que lo concedido por los árbitros resulta superior a lo pedido en el pliego, toda vez que allí se impetró un bono de alimentación equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, que se entiende se pagaría por una sola vez durante la convención colectiva, al no haberse solicitado en forma periódica. En consecuencia, en la cláusula acusada “los árbitros fallaron ultra petita desbordando sus facultades lo que implica que deba anularse”.

Sumado a lo anterior, el segundo inciso invade la órbita de la ley laboral y de las normas de seguridad social, al regular la forma cómo se deben liquidar los rubros allí mencionados.

“ART. 16.—Servicio de transporte o auxilio en dinero.

a) La organización sindical formuló la petición con los siguientes alcances:

“ART. 16.—Servicio de transporte o auxilio en dinero.

Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., suministrarán el servicio de transporte a los trabajadores que deban iniciar su labor antes de las 6:00 a.m., de igual manera a los trabajadores terminen después de las 8:30 p.m., de acuerdo al turno laboral asignado por las Empresas. En el caso que las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A. no suministren el servicio de transporte en los términos fijados reconoceré (sic) a cada trabajador como auxilio un valor equivalente a un día de salario mínimo legal vigente por cada día laborado.

b) Los árbitros estipularon el beneficio con los siguientes contornos:

“ART. 16.—Servicio de transporte o auxilio en dinero.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; pagará a sus trabajadores que programe en turnos antes de 6:00 a.m. y a los que entreguen el turno después de 9:00 p.m. por día, un auxilio equivalente a siete mil pesos ($7.000) diarios por el tiempo que dure el turno.

b)(sic) Argumentos del recurrente.

Esgrime el censor que la carga impuesta en este artículo, de pagar a cada trabajador $7.000, diarios, es insostenible dada la difícil situación económica por la que atraviesa la empresa, por lo que la disposición resulta manifiestamente inequitativa.

XIV. Consideraciones de la Corte

En cuanto a los auxilios de alimentación de $3.500, diarios; y el de transporte por $7.000, diarios a los trabajadores que se programen en turnos antes de 6:00 a.m. y a los que entreguen el turno después de 9:00 p.m. reconocidos en el laudo, deberán mantenerse por ser un tema de orden económico, que mejora las condiciones de los trabajadores y se encuentra dentro de los beneficios que los árbitros pueden conceder actuando en equidad.

Cabe recordar en cuanto a lo alegado por el recurrente, que los árbitros al momento de decidir sobre una determinada prerrogativa deben ponderar no solo los intereses de los trabajadores, sino también las condiciones financieras de la empresa de tal forma que no se comprometa la existencia misma de las fuentes de empleo; sin embargo, el argumento de la crisis económica no puede ser blandido de manera genérica, y no puede valer para negar cualquier conquista al trabajador, siendo menester ponderar en cada caso, si la prerrogativa concedida aún en situaciones financieras difíciles es o no viable. Y en este evento se encuentra que los auxilios cuestionados tienen respaldo en la equidad, y no se demostró en específico por parte de la empresa que fuera insostenible financieramente, teniendo en cuenta el escaso número de trabajadores beneficiarios.

Es de recordar también, que los árbitros no están compelidos a conceder las pretensiones planteadas en los pliegos de peticiones de manera exacta a como son solicitadas por los trabajadores, sino que sin desbordar el marco de referencia que delimita la naturaleza misma del pedimento, pueden acondicionarlos a las circunstancias vigentes en la empresa y racionalizar su otorgamiento de manera que se cumpla con la finalidad para la cual son instituidos los beneficios.

En Sentencia CSJ SL, 12 dic. 2012, rad. 55340, precisó la Corporación:

Al analizar los aspectos concretos del laudo que el sindicato cuestiona, hay que empezar por decir que es cierto que los árbitros tienen la obligación de pronunciarse sobre todos los puntos del pliego de peticiones que no fueron motivo de arreglo directo entre las partes, pero ello no significa que deba acceder a los mismos tal como fueron propuestos, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte.

En cuanto al inciso final de la cláusula décima cuarta, lo único que hizo el laudo fue remitir a la ley, para efectos del salario base de liquidación de prestaciones sociales, pero sin que se haya pronunciado sobre el carácter salarial del auxilio de alimentación, que se definirá de conformidad con los artículos 127 y 128 del CST.

Por lo visto no prospera la crítica que hace la sociedad recurrente a las cláusulas décima cuarta y décima sexta, por lo que no serán anuladas.

“ART. 15.—Primas extralegales y auxilios.

a) En el pliego estos beneficios se pidieron con la siguiente configuración:

“ART. 15.—Primas extralegales y auxilios.

Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., reconocerá y pagará (sic) a todos sus trabajadores (as) las siguientes primas extra legales y auxilios:

1. Prima extralegal semestral: En los meses de Junio y Diciembre de cada año, una suma o valor equivalente a Quince (15) días de Salario mínimo Legal Vigente, dinero que le será entregado a cada Trabajador (a) con el pago de la Prima Legal.

2. Prima extralegal de vacaciones: Recibirá por este concepto una suma o valor equivalente a Treinta (30) días de Salario mínimo Legal Vigente, dinero que le será entregado a cada Trabajador (a) cuando salga a disfrutar sus vacaciones de Ley.

3. Prima de antigüedad: Recibirá por este concepto una suma o valor en dinero que serán cancelados los primeros cinco (5) días del mes de diciembre al cumplimiento de cada año de antigüedad con base en el siguiente factor de liquidación:

3.1. De Uno (1) a Diez (10) años, el equivalente a Uno punto Cinco (1.5) días de Salario mínimo Legal Vigente, por cada año de servicio acumulativo a ella.

3.2. De Once (11) a Veinte (20) años el equivalente a Dos (2) días de Salario mínimo Legal Vigente, por cada año de servicio acumulativo a ella.

3.3. De Veintiuno o más años el equivalente a Dos punto Cinco (2.5) días de Salario mínimo Legal Vigente, por cada año de servicio acumulativo a ella.

4. Auxilio por muerte de trabajador: A la muerte del trabajador (a) previa presentación del registro civil de defunción, la Empresa pagará a la cónyuge o compañera, a falta de estas a los hijos, a falta de hijos a los padres y a falta de padres a los hermanos del fallecido, una suma o valor equivalente a Dos (2) Salarios Mínimos Legal Vigente. Dinero que le será entregado dentro de los Cinco (5) días siguientes de haber presentado la documentación requerida para tal fin.

5. Auxilio por muerte de familiares: Por muerte de padres, hijos, esposa o compañera permanente del trabajador debidamente inscrita en la Empresa, pagará previa presentación del respectivo registro civil de defunción, la empresa pagará al trabajador una suma o valor equivalente a Quince (15) días de Salario mínimo Legal Vigente. Dinero que le será entregado dentro de los Cinco días siguientes de haber presentado la documentación requerida para tal fin.

6. Auxilio de maternidad: Por maternidad de la esposa o compañera permanente del trabajador, debidamente inscrita en la Empresa, esta pagará al trabajador una suma o valor equivalente a quince (15) días de Salario mínimo Legal Vigente.

7. Auxilio de gafas: Este auxilio se reconocerá a los trabajadores que tengan un (1) año de servicio en la Empresa y será por una suma o valor equivalente a Quince (15) días de Salario mínimo Legal Vigente, siempre que las gafas hayan sido formuladas por los médicos de las, EPS a la cual se encuentre Afiliado o por el de la empresa, cada vez que le sean formuladas no siendo antes de un año.

8. Auxilio de educación para los hijos de los trabajadores: La Empresa Transmetro S.A., reconocerá y pagará a cada uno de los hijos de los trabajadores beneficiarios de esta convención que estén cursando estudios de preescolar y primaria, un auxilio equivalente a diez (10) días de salario mínimo legal vigente, a los que estén cursando estudios de secundaria un auxilio equivalente a veinte (20) días de salario mínimo legal vigente por una sola vez al año y a los que estén cursando estudios Universitarios un auxilio equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente por cada semestre cursado, los cuales serán destinados exclusivamente para compra de textos escolares, uniformes y matrícula. Esta suma de dinero será cancelada directamente al trabajador (a) en el mes de febrero o según sea el calendado escolar, previa presentación del certificado de matrícula expedido por el respectivo Centro educativo.

b) Decisión del Tribunal

“ART. 15.—Primas extralegales y auxilios.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; pagará a sus trabajadores una prima extralegal en el mes de diciembre consistente en diez (10) días de salario mínimo mensual legal vigente. Prima extralegal que se cancelará en el mismo término de la prima legal.

La empresa pagará como auxilio dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes al cónyuge o compañera, a falta de esta a los hijos; a falta de los hijos a los padres y a falta de padre a los hermanos del trabajador fallecido. Para lo cual deberán presentar a la empresa el certificado de defunción y los documentos que acrediten el parentesco. En caso de presentarse reclamaciones diversas de familiares acerca de este auxilio deberá ser la justicia laboral ordinaria la encargada de dirimirlo.

La empresa pagará por auxilio de maternidad al trabajador la suma de quince (15) días de salarios mínimo mensuales legales vigentes, para lo cual deberá presentar certificado de nacido vivo y registro civil de nacimiento.

La empresa entregará un auxilio de gafas a sus trabajadores que los requieran por la suma de setenta mil pesos ($70.000) por una sola vez durante la vigencia del presente laudo arbitral, para lo cual deberá presentarse la fórmula de la EPS o del médico de la empresa debidamente tramitada.

La empresa entregará un auxilio educativo al trabajador que tenga hijos estudiando, equivalente a quince (15) días de salarios mínimo mensuales legales vigentes, por cada año de vigencia del presente laudo arbitral, para lo cual deberá acreditar con certificados idóneos expedido por la respectiva entidad educativa acreditada sobre la calidad de los hijos estudiantes.

Argumentos del recurrente.

Expone que dada la difícil situación financiera de la compañía, imponerle cargas económicas como las dispuestas en esta cláusula, afectan gravemente sus cuentas, hasta el punto de verse abocada incluso al incumplimiento de sus obligaciones laborales, en detrimento de los propios trabajadores.

Respecto al auxilio para gafas, dice en concreto que la seguridad social a través del plan obligatorio de salud, cubre el suministro de lentes (art. 59 numeral 1º de la Resolución 552 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social).

En cuanto al auxilio por muerte del trabajador, se encuentra cubierto por el sistema integral de seguridad social, al consagrar el auxilio funerario por muerte del afiliado (art. 51 de la Ley 100 de 1993, artículo 16 de la Ley 776 de 2002).

En cuanto a los auxilios educativos, los empleadores asumen una carga económica alta con el pago de parafiscales, entre ellos a las Cajas de Compensación Familiar que reconocen auxilios educativos para los hijos de los trabajadores afiliados.

XV. Consideraciones de la Corte.

En relación a las alegaciones del censor sobre su difícil situación financiera, la Corte se remite a lo expresado con ocasión de los auxilios de alimentación y transporte.

En lo que atañe en concreto a los auxilios previstos en esta cláusula y que cuya acusación fue sustentada, se ha de señalar que ninguna objeción le merece a la Sala la decisión que adoptó el Tribunal en torno al auxilio para la adquisición de lentes, porque: (i) es un asunto de contenido económico no dirimido en la etapa de arreglo directo, no obstante que fue un punto previsto en el pliego de peticiones; (ii) es de competencia del tribunal de arbitramento imponer ese tipo de cargas; y (iii) no se observa una inequidad manifiesta o una afectación económica grave a la empresa, pues no se pierda de vista que “ por una sola vez durante la vigencia del presente laudo arbitral” y que la empresa dijo que no tenía trabajadores afiliados al sindicato.

El tema bajo estudio, fue objeto de análisis por esta Sala de la Corte en sentencia de anulación CSJ SL17739-2015, del 29 de jul. 2015, rad. 62858, en los siguientes términos:

Conforme a la Resolución 5261 del 5 de agosto de 1994 del Ministerio de Salud, por medio del cual se estableció el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud, conocido comúnmente como Mapipos, hoy regulado por la Resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013, el plan obligatorio de salud, en el régimen contributivo, cubre el suministro de lentes a los afectados de la visión, pero no las monturas ni lentes de contacto; así mismo suministra aparatos ortopédicos tales como muletas y estructuras de soporte para caminar, pero excluyendo los zapatos ortopédicos, plantillas, sillas de rueda, medias con gradientes de presión o de descanso, corsés, fajas y todo lo demás que no estén expresamente autorizados.

De manera que el régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud, solo cubre los lentes para la visión, y algunos aparatos ortopédicos, siendo a cargo de los afiliados los otros elementos en caso de que llegare a necesitarlos.

En la situación que nos ocupa, se debe recordar que de tiempo atrás la Corte viene reiterando, por ejemplo en la Sentencia CSJ SL, 7 jul. 2005, rad. 27131, que los Tribunales de Arbitramento cuentan con facultades para decidir e imponer este tipo de beneficios en el laudo arbitral, pues con ello no se afectan garantías de orden constitucional o legal a favor del empleador.

El recurrente se duele del reconocimiento que hizo el Tribunal del beneficio de auxilios educativos, por estar a cargo de las cajas de compensación familiar.

Al respecto de ha de señalar que la afiliación de los trabajadores a las cajas de compensación familiar no es un acto de liberalidad del empleador sino una obligación legal, y el hecho de que ellas reconozcan subsidios y ayudas educativas dirigidas a los hijos de los trabajadores en escolaridad, en desarrollo de lo previsto en el artículo 5º de la Ley 21 de 1982, no excluye el auxilio aquí reconocido que simplemente es una mejora al mínimo legal respecto de esas prestaciones, que es precisamente una de las finalidades de la negociación colectiva.

Por lo demás, las cajas de compensación otorgan un subsidio educativo anualmente, pero en condiciones muy distintas al auxilio reconocido en el laudo, pues se entrega a los beneficiarios de los afiliados que tengan derecho según los rangos de salario, que estén cursando educación básica primaria y media secundaria, hasta grado 11 y que estén entre los 6 y los 18 años, y que debe ser utilizado en elementos escolares y no es canjeable en dinero en efectivo.

Con relación al auxilio por muerte, la Sala en sentencia de anulación CSJ SL15705-2015, del 7 de oct. 2015, rad. 71314, explicó que el objeto del auxilio funerario de la Ley 100 de 1993 y el auxilio por fallecimiento es diverso. En efecto, mientras que el auxilio funerario se entrega a cualquier persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, el auxilio por fallecimiento consagrado en el laudo se establece en favor del cónyuge o compañera, a falta de esta a los hijos; a falta de los hijos a los padres y a falta de padre a los hermanos del trabajador fallecido, cuando quiera que el trabajador fallezca. Dicho en otros términos, el primero se establece en favor de un sujeto indeterminado —quien demuestre haber cubierto los gastos de exequias de un pensionado o afiliado— y el segundo en favor de los beneficiarios del trabajador. De otro lado, el auxilio funerario intenta compensar económicamente los gastos de entierro en que incurre una persona a raíz de la muerte de un pensionado o afiliado al sistema, en cambio el auxilio por fallecimiento es una suma económica que se entrega en este caso, a los beneficiarios con el objeto de mitigar los efectos nocivos que puede generar para el grupo familiar la ausencia del trabajador y las rentas que proporcionaba con su trabajo.

Lo anterior evidencia que resulta infundado el ataque, por lo que no se anulará la cláusula décima quinta.

“ART. 17.—Dotaciones.

a) El sindicato elevó el ruego con la siguiente redacción:

“ART. 17.—Dotaciones.

1. Vestido y calzado: Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., deberá suministrar cada tres (3) meses y en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor de excelente calidad y para tal fin se convocará a la organización sindical para que escoja de entre por los menos tres muestrarios presentados por empresa y sindicato, la respectiva dotación

2. Dotación adicional para el personal de transito: Las Empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., a partir de la firma de la Convención, dotará al personal de trabajadores como implementos de trabajo Un (1) impermeable. Además al personal de Trabajadores que cumplen la función de Despachadores lo dotará con los siguientes implementos que son necesarios para cumplir eficazmente su labor, un (1) reloj, lapiceros, lápices, borradores, correctores y una tabla para soporte de las planillas.

b) La prerrogativa se entronizó en el laudo con el siguiente contenido:

“ART. 17.—Dotaciones.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; entregará a sus trabajadores cada cuatro (4) meses al año en forma gratuita un (1) par de calzado y un (1) uniforme, según la labor para la cual fue contratado, entendiéndose que esta dotación debe ser de excelente calidad.

c) Argumentos del recurrente

Precisa el impugnante que este tema de las dotaciones está previsto en la ley y sus decretos reglamentarios, concretamente el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, por lo que los árbitros carecían de competencia para pronunciarse sobre este beneficio.

Alude a la Sentencia CSJ SL, 26 feb. 2014, rad. 59713 y aduce que la expresión “de excelente calidad” es oscura, en cuanto es subjetiva y admite diversas interpretaciones, convirtiéndose en una posible fuente de conflictos.

Añade que la cláusula es inequitativa dada la complicada situación económica de la empresa, porque amplía la garantía a todos los trabajadores, sin tener en cuenta el límite de la ley atinente a los ingresos del trabajador, a su tiempo de servicios en la compañía e incluso la necesidad de la dotación (arts. 230, 232 y 233 CST, modificados por la Ley 11 de 1984).

XVII. Consideraciones de la Corte

No encuentra la Corte que sea inequitativa o escape a las facultades de los arbitradores, la previsión del laudo que dispone ampliar el beneficio de calzado y uniforme a los trabajadores amparados por la convención colectiva de trabajo, sin el límite salarial ni exigencia de tiempo mínimo de prestación de servicios, establecidos en los artículos 7º y siguientes de la Ley 11 de 1984, pues precisamente es de la esencia misma del conflicto colectivo, que los trabajadores obtengan prerrogativas que superen el mínimo de derechos establecidos en la ley laboral.

En cuanto al requisito relativo a que los elementos que se entreguen al trabajador sean de excelente calidad, no es ambiguo, en cuanto existen parámetros objetivos en el mercado para garantizar que un determinado producto cumpla las especificaciones que le son propias y aquellas acordes con las necesidades de la actividad que desempeña el trabajador.

Por lo tanto, se mantendrá la cláusula décima séptima.

“ART. 18.—Fondo para capacitación y recreación.

a) En el pliego se incluyó la solicitud, así:

“ART. 18.—Fondo para capacitación y recreación.

La empresa Transmetro S.A., constituirá un fondo con un presupuesto anual de Diez Millones de Pesos ($10.000.000) que se invertirán en la capacitación y en los eventos deportivos que se realicen a todos los trabajadores.

“PAR.—Para su funcionamiento, manejos y distribución del presupuesto en cada una de las actividades a realizar, se constituirá una Junta Directiva conformado (sic) por: Tres (3) representantes de la empresa y Tres (3) representantes de la Organización Sindical, los eventos deportivos y de recreación en los que se hace referencia son tales como: Bolo, Tejo, Billar, fútbol, caminatas etc., se deben de desarrollar por lo menos un evento por cada disciplina semestralmente, salvo las caminatas que se deben realizar como mínimo una vez al mes.

“PAR. 1º—Las empresas, U.T. Sistur Transurbanos, G.E. Metrocaribe y Transmetro S.A., entregará cada año en el mes de diciembre una suma igual a los Veinte Millones de Pesos ($20.000.000) al Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios del Transporte de Colombia ‘SNTT’ Subdirectiva Barranquilla y el Sindicato de Trabajadores y Empleados del Transporte Masivo de Pasajeros ‘Sintramasivo’, que se destinará en actividades recreativas y deportivas para la familia de los trabajadores.

b) Así quedó redactada la cláusula anterior, en la parte resolutiva del laudo:

“ART. 18.—Fondo para capacitación y recreación.

Los árbitros por unanimidad deciden frente a este artículo petitorio lo siguiente:

La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. Metro-Caribe S.A.; deberá programar actividades de recreación cultura y deporte para sus trabajadores en forma gratuita.

c) Alegaciones del recurrente

Solicita la anulación de este artículo porque va en contravía de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 50 de 1990, al extender esa clase de actividades a todos los trabajadores de la empresa, afectando la jornada laboral. Se refiere el censor a la sentencia de esta Corporación CSJ SL, 26 feb. 2014, rad. 59713, y asevera que conceder el beneficio sin la observancia de los requisitos referentes a la organización de tales actividades, a que se refiere el artículo 21 recién citado, resulta una carga inequitativa en la complicada situación financiera de la empresa.

XVIII. Consideraciones de la Corte

Las actividades de recreación, cultura y deporte en la empresa están reguladas por el artículo 21 de la Ley 50 de 1990 y el Decreto reglamentario 1127 de 1991; y en la forma como fue redacta la cláusula acusada, no surge que se contraríen esos preceptos, ni se afecten derechos de las partes, pues de ella se deriva que tales actividades deberán programarse dentro del marco trazado en dicha normatividad.

No se anulará la cláusula décima octava.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Anular los incisos segundo y tercero, numerales 1º y 2º, del artículo cuarto; el artículo quinto; los incisos primero y tercero del artículo sexto; el inciso segundo del artículo séptimo; el artículo octavo; de la parte resolutiva del laudo de 18 de septiembre de 2015, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto colectivo existente entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama y Servicios —del Transporte de Colombia— SNTT Subdirectiva Seccional Barranquilla y el Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. (Metro-Caribe S.A.), por las razones expuestas en la parte considerativa.

2. Anular parcialmente el inciso primero de la cláusula séptima en cuanto dispuso: “La empresa Grupo Empresarial Metro-Caribe S.A. G.E. (Metro Caribe S.A.); reconocerá como accidente de trabajo los accidentes de tránsito ocurridos en las actividades propias de las jornadas laborales, desplazamientos a los sitios de parqueo, terminales de los vehículos y de más (sic) lugares necesarios para la prestación del servicio, siempre y cuando no se hayan causado por embriaguez debidamente comprobada”.

3. Declarar exequibles los demás artículos del laudo acusado.

Cópiese, notifíquese, publíquese y envíese el expediente al Ministerio del Trabajo, para lo de su cargo».