Sentencia SL4099-2017/34785 de marzo 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL4099-2017

Rad.:34785 Acta 10

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil diecisiete

Extractos: «IV. Recursos de Casación

Fueron interpuestos por los apoderados de Amparo Valencia de Guerrero y La Nación – Ministerio de la Protección Social, Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia –, concedidos por el Tribunal y admitidos por la Corte, de manera que se procede a su resolución, comenzando con el primero de los mencionados.

V. Recurso de casación de Amparo Valencia de Guerrero. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó que la pensión de sobrevivientes debía ser pagada a la señora Lourdes María Jiménez Conrado, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y absuelva de las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, oportunamente replicados y que pasan a ser examinados en el orden en el que fueron planteados.

La Corte integrará los tres primeros cargos, tanto para describir sus soportes como para su resolución, teniendo en cuenta que se encaminan por la vía directa, denuncian la violación de las mismas normas y se soportan en idénticos argumentos.

VI. Cargos primero, segundo y tercero.

Acusan la sentencia recurrida de violar directamente, por interpretación errónea, el primero, por aplicación indebida, el segundo, y por infracción directa, el tercero, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1, 2, 11, 14, 46, 48, 74 y 141 de la misma Ley 100 de 1993, 7 y 9 del Decreto 1889 de 1994, 1 de la Ley 33 de 1973, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1989, 1, parágrafo 1, de la Ley 12 de 1975, 3 de la Ley 71 de 1988, 42, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional, Ley 153 de 1887 y, como violación medio, los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En desarrollo de la acusación, que es idéntica en los tres cargos, el censor reproduce las consideraciones de la decisión del Tribunal y afirma que está de acuerdo con las premisas fácticas allí sentadas y, específicamente, con que la señora Amparo Valencia de Guerrero era la “…legítima esposa…” del causante y que la señora Lourdes María Jiménez Conrado era la que convivía con el mismo.

En esa dirección, precisa que la razón de su discrepancia está dada en que el Tribunal no entendió el verdadero sentido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en tanto dicha norma, si bien consagra la posibilidad de que la compañera permanente adquiera la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, si reúne los tiempos mínimos de convivencia, lo cierto es que el cónyuge supérstite mantiene el derecho de manera preferente, por dos razones que la misma norma reconoce:

[…] en primer lugar, el literal a) le sigue otorgando el derecho preferencial porque si se examina cuidadosamente la disposición, el cónyuge tiene la prioridad y, solo en su defecto, surge la vocación secundaria del compañero o compañera permanente. Tal es el genuino significado de la conjunción disyuntiva que sitúa el derecho de éstos como subsidiario o alternativo. Y no es menos cierto que, en el inciso siguiente, tanto al cónyuge como a la compañera o compañero permanente supérstite se exige la demostración tanto de hacer vida marital al momento de adquirir el derecho a la pensión por parte del causante, como la prueba de haber convivido con éste durante los dos últimos años continuos anteriores al fallecimiento del mismo.

Sin embargo, en la parte final del inciso transcrito y que me permití subrayar, el legislador establece una salvedad consistente en que el requisito de hacer vida marital al momento de adquirir el derecho y de convivencia continua durante los dos últimos años anteriores al fallecimiento del causante desaparecen por haber procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido. (Resaltado original).

Bajo dichos presupuestos, indica que, en la medida en que la norma le da un derecho preferente a la cónyuge sobre la compañera permanente, además de que la exime de demostrar la convivencia si ha procreado hijos con el fallecido, resultaba evidente que en este caso la señora Amparo Valencia de Guerrero mantuvo intacta su vocación para recibir la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su esposo, José Guerrero Núñez.

Arguye también que no es cierto que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 hubiera situado en un plano total de igualdad a cónyuges y compañeros o compañeras permanentes, en tanto la norma establece una “…conjunción disyuntiva que denota separación y alternación…”, de manera que la cónyuge legítima, con vínculo jurídico vigente y habiendo procreado hijos con el causante, “…no tenía que hacer vida marital ni convivir con éste durante los dos últimos años anteriores a su fallecimiento, para permanecer con su vocación y el derecho a obtener la pensión de sobrevivientes…” Agrega que ese entendimiento de la norma se acopla a lo establecido en disposiciones anteriores, como el artículo 3 de la Ley 71 de 1988, que le otorgaba un derecho preferencial a la cónyuge y que no fue expresamente derogado, además de que no desconoce el nuevo concepto de familia de la Constitución Política de 1991, pues, a partir del mismo, no es dable menospreciar,

[…] el concepto constitucional de la familia del matrimonio legítimo como si desapareciera del orden jurídico, ni el derecho del cónyuge a quien, sin su culpa comprobada, no le es permitido hacer vida marital o convivir con su pareja porque ha llegado otra o ha sido sustituida por el cónyuge. Esta situación no puede entenderse como ignorada por el constituyente pues entraría en contradicción con su propio concepto de familia y, en lugar de protegerla, la menoscabaría y desampararía. Si no hay hijo o hijos procreados entre los cónyuges es plenamente válido el derecho de la compañera o compañero cuando, además, demuestre la vida marital y convivencia en la forma exigida por el artículo 47.

A partir de los anteriores raciocinios, insiste en que el Tribunal desatendió los alcances y efectos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, de manera que su decisión debe ser casada, para que la señora Amparo Valencia de Guerrero permanezca como única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

VII. Réplica

El apoderado de la señora Lourdes María Jiménez Conrado presenta oposición a todos los cargos y alega que no están enunciados de manera técnica y se reducen a reproducir, una y otra vez, los mismos argumentos, que en todo caso no desvirtúan la legalidad de la decisión atacada, que está cimentada sobre el concepto constitucional de familia y la jurisprudencia desarrollada por esta corporación en torno al tema.

El apoderado de la entidad demandada también se opone de manera conjunta a todos los cargos y aduce que en los mismos se incluyen medios nuevos en casación, que impiden su prosperidad.

VIII. Consideraciones

En los tres cargos es posible identificar un reproche jurídico concreto y técnicamente estructurado en contra de la decisión del Tribunal, por haber malentendido las reglas derivadas del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, para definir los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, que fue lo que, en esencia, se discutió en el curso del proceso. En ese sentido, no le asiste razón a los opositores en sus objeciones técnicas.

En lo fundamental, el censor construye su acusación contra la decisión del Tribunal sobre dos premisas jurídicas, derivadas de lo que, en su sentir, constituye el recto entendimiento del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, a saber: i) existe un derecho preferente de la cónyuge sobre la compañera permanente, para acceder a la pensión de sobrevivientes, si se mantiene el vínculo matrimonial vigente y aun si no se demuestra convivencia; ii) y, en el caso de que se hubieran procreado hijos en cualquier tiempo, la cónyuge esta excusada de demostrar la convivencia hasta el momento de la muerte.

En torno al primero de los mencionados supuestos, contrario a lo que aduce la censura, esta sala de la Corte ha sido consistente en adoctrinar que, en el marco del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, cuya aplicación a este asunto no se discute, el parámetro esencial para determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es la convivencia efectiva, real y material entre la pareja, y no tanto la naturaleza jurídica del vínculo que se tenga, de manera que, prima facie, no existe una preferencia de la cónyuge supérstite sobre la compañera permanente, por el solo hecho de mantener el vínculo matrimonial vigente, sino que siempre debe acreditarse el requisito de la convivencia, entendida como la que,

[…] se puede predicar de quienes además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante al auxilio mutuo —elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 del CC—, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales… (CSJ SL, 31 en. 2007, rad. 29601, reiterada en CSJ SL5640-2015).

En ese sentido, la Corte ha precisado que tanto al cónyuge como al compañero permanente les es exigible el presupuesto de la convivencia efectiva, real y material, por el término establecido en la ley, por lo que no basta con la sola demostración del vínculo matrimonial, para tener la condición de beneficiario. En la sentencia CSJ SL, 10 may. 2005, rad. 24445, reiterada en CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 42792, CSJ SL460-2013 y CSJ SL13544-2014, entre otras, la Corte explicó su orientación, que se corresponde en un todo con las reflexiones del Tribunal:

Ciertamente se es cónyuge por virtud del matrimonio, pero no basta con la formalidad solemne de su celebración para conformar el grupo familiar protegido por la seguridad social. Esta calidad sólo se puede predicar de quienes, además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo elemento esencial del matrimonio según el artículo 113 del C.C.- entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales.

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer que el cónyuge o compañero permanente supérstite son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, los equipara en razón a la condición que les es común para ser beneficiarios: ser miembros del grupo familiar. No significa ello que se desconozca la trascendencia de la formalización del vínculo en otros ámbitos, como para la filiación en el derecho de familia, o para quien lo asume como deber religioso por su valor sacramental, sino que se trata de darle una justa estimación a la vivencia familiar dentro de las instituciones de la seguridad social, en especial la de la pensión de sobrevivientes, que como expresión de solidaridad social no difiere en lo esencial del socorro a las viudas y los huérfanos ante las carencias surgidas por la muerte del esposo y padre; es obvio que el amparo que ha motivado, desde siglos atrás, estas que fueron una de las primeras manifestaciones de la seguridad social, es la protección del grupo familiar que en razón de la muerte de su esposo o padre, o hijo, hubiesen perdido su apoyo y sostén cotidiano, pero no para quien esa muerte no es causa de necesidad, por tratarse de la titularidad formal de cónyuge vaciada de asistencia mutua.

La preponderancia del elemento formal en la constitución de la familia, como mecanismo concebido por el legislador de siglos anteriores para proteger la unidad familiar, por fuerza de la evolución social, ha venido cediendo espacio a favor del concepto de familia forjado en la realidad de la solidaridad cotidiana. Primero en el ámbito de la seguridad social, el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 mandaba tener por viuda a la mujer [incluso a las mujeres] con quien el asegurado haya hecho vida marital; luego en el campo del derecho civil, la ley 54 de 1990 protege a familia constituida por la comunidad de vida permanente y singular; y en 1991, el artículo 42 del ordenamiento superior extiende el reconocimiento constitucional a la familia que se integre bajo ‘la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla’.

En la Constitución de 1991 se amplió el hasta entonces restringido concepto de familia para proteger, ahora sí en un absoluto plano de igualdad, no sólo a aquélla conformada por vínculos jurídico, sino también a la surgida de vínculos urdidos en la vida y realidad diarias, trasladando, así, el elemento fundacional de la familia, de la naturaleza jurídica del vínculo a la voluntad libre y permanente de conformarla.

Al respecto también se pueden ver las sentencias CSJ SL, 2 mar. 1999, rad. 11245 y CSJ SL, 14 jun. 2011, rad. 31605, en la que se reafirmó aquella visión del concepto de familia que reivindicó el Tribunal, según la cual “…la Constitución Política de Colombia de 1991 dio un enfoque esencialmente distinto al concepto de familia, de suerte que merece la misma protección del Estado la procedente de un vínculo jurídico y la que ha tenido origen en lazos naturales.” y se ratificó que el parámetro a tener en cuenta por el juez laboral era,

[…] la convivencia -entendida como la comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado […]

Lo anterior no obsta para precisar que la Sala ha sostenido que la cónyuge sí tiene un derecho preferencial a recibir la pensión de sobrevivientes, en aplicación del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, pero cuando demuestra la convivencia por el término legal y se enfrenta a hipótesis de convivencia simultánea con una compañera permanente hasta el momento de la muerte, que no es la situación que encontró demostrada el Tribunal en este asunto. (Ver CSJ SL11921-2014, CSJ SL13235-2014, CSJ SL13273-2016, CSJ SL13450-2016 y CSJ SL140782016, entre muchas otras).

Así las cosas, se repite, no es cierto que la señora Amparo Valencia de Guerrero, por el solo hecho de mantener su vínculo matrimonial vigente, tuviera un derecho preferente sobre la pensión de sobrevivientes, pues, como lo dejó sentado el Tribunal y no se discute en los cargos, en su caso, no estaba demostrada la “…comunidad de vida de los cónyuges…” y, por el contrario, estaba separada de hecho de su esposo hacía más de 27 años.

Ahora bien, al censor tampoco le asiste razón en el segundo de sus planteamientos, pues esta sala de la Corte, también de manera reiterada y pacífica, ha sostenido que la procreación de hijos no suple el requisito de la convivencia efectiva en el momento de la muerte, sino que excusa el término mínimo de dos años continuos con anterioridad a ese suceso, si se da dentro del mismo lapso y no en cualquier tiempo. En la sentencia CSJ SL, 8 feb. 2002, rad. 16600, reiterada en CSJ SL, 27 de octubre de 2010, rad. 35362, la Corte expresó al respecto:

Ahora bien, ya sin ninguna incidencia en la decisión y sólo con miras a hacer las correcciones doctrinarias pertinentes, es bueno señalar lo siguiente: El recurrente enrostra al Tribunal haber interpretado erróneamente el artículo 9º del Decreto 1889 al considerar que en tal precepto se dispuso que el hecho de procrear hijos puede suplir el término de convivencia señalado en las disposiciones legales para acceder a la pensión de sobrevivientes; reparo en el que le asiste plena razón porque dicho precepto legal en modo alguno hace ese tipo de regulación.

Sobre ese tema la Sala se pronunció en el fallo atrás transcrito, a propósito de fijar el alcance del artículo 47 de la Ley 100, y allí asentó que uno de los requisitos para acceder la esposa o la compañera permanente a la pensión de sobrevivientes es “haber convivido con el pensionado no menos de dos años continuos con anterioridad a su muerte, requisito éste que puede suplirse con el de haber procreado uno a más hijos con él”.

En ese orden de ideas, es claro que ya frente al citado artículo 47 erró el sentenciador de segunda instancia, por cuanto el requisito de procrear hijos no suple la falta convivencia al momento de la muerte sino el de la convivencia continua durante los dos años anteriores a la muerte.

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que la censura no discute las premisas fácticas relativas a que quien convivió con el pensionado fallecido por el término de ley fue la señora Lourdes María Jiménez Conrado y que la señora Amparo Valencia de Guerrero estaba separa del mismo hacía más de 27 años, sumado a que reconoció “…haberse alejado de su consorte debido a su vida “disoluta”“, el Tribunal no incurrió en error jurídico alguno al asignarle la pensión de sobrevivientes a la compañera permanente, quien había demostrado la convivencia real y efectiva exigida legalmente, al momento de la muerte del pensionado.

Los cargos son infundados.

IX. Cuarto cargo

Se estructura de la siguiente manera:

Acuso la sentencia de violar indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1, 2-b, 11, 14, 46, 48, 74 y 141 de la misma Ley 100 de 1993, 7 y 9 del Decreto 1889 de 1994, 1 de la Ley 33 de 1973, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1989, 1, parágrafo 1 de la Ley 12 de 1975, 3 de la Ley 71 de 1988, 42, 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional, Ley 153 de 1887 y, como violación medio, los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Dice que el Tribunal incurrió en el error de hecho de “…no dar por demostrado, siendo ostensible, que entre los cónyuges legítimos, señora Amparo Valencia de Guerrero y José Guerrero Núñez procrearon, no solo uno, sino varios hijos”.

Agrega que dicha infracción se produjo por la falta de apreciación de los registros civiles de nacimiento de Mónica Marina, Carlos Alberto y José Manuel Guerrero Valencia; la orden de elaboración de carné a Carlos Guerrero Valencia; la constancia expedida por la empresa Puertos de Colombia sobre la inscripción de la señora Amparo Valencia y sus hijos como esposa e hijos del causante; las declaraciones extraproceso de folios 636 a 638; y la solicitud del fallecido para que se les expidiera carnés de servicio médico.

En desarrollo de la acusación, el censor reproduce, una vez más, las consideraciones de la decisión del Tribunal y alega que dicha corporación desconoció las pruebas que daban cuenta de la procreación de hijos entre Amparo Valencia y el pensionado fallecido.

Sostiene, asimismo, que si el Tribunal hubiera advertido ese hecho, habría aplicado en forma correcta el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y, repite, para tales fines, las consideraciones de los tres primeros cargos, en cuanto a que la cónyuge tiene un derecho preferente respecto de la pensión de sobrevivientes y está exenta de demostrar la convivencia hasta el momento de la muerte, si ha procreado hijos.

X. Consideraciones

En realidad el Tribunal nada dijo en torno a que el pensionado fallecido y la señora Amparo Valencia de Guerrero habían procreado hijos.

No obstante, esa situación es absolutamente intrascendente, pues, como se explicó en la resolución de los tres primeros cargos, con ello no se suplía el requisito de la convivencia de la cónyuge con el pensionado fallecido en el momento de la muerte, que fue uno de los presupuestos que se extrañó en la sentencia gravada. Por tal razón, el Tribunal no pudo haber incurrido en los errores de hecho que le achaca la censura y, como consecuencia, el cargo es infundado.

XI. Recurso de casación de la nación – Ministerio de la Protección Social. Alcance de la impugnación.  

Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto confirmó la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión de sobrevivientes, para que, en sede de instancia, modifique la decisión de primer grado y ordene la cancelación de la prestación solo a partir de la ejecutoria del fallo.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser examinado por la Sala.

XII. Cargo Único

Acusa al Tribunal de haber incurrido en una violación, por la vía indirecta, por aplicación indebida, de los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993, 768, 947 y 1634 del Código Civil y 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

Alega que el Tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada FONCOLPUERTOS actuó con buena fe exenta de culpa.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la entidad demandada reconoció la prestación a la persona que figuraba registrada en la entidad como beneficiaria del pensionado.

3. No dar por demostrado, estándolo que la demandada FONCOLPUERTOS tuvo soporte suficiente para haber reconocido la pensión a la señora Amparo Valencia de Guerrero.

Precisa, además, que tales yerros fueron el producto de la errónea valoración de la resolución de reconocimiento de la pensión; la respuesta al oficio 3125 de 2005, librado por el juzgado; el censo nacional de pensionados y beneficiarios; la carta suscrita por el señor José Antonio Guerrero Núñez de folio 1136; el carné de beneficiario de folio 1137; y la certificación de que la señora Amparo Valencia estaba inscrita como cónyuge, en la hoja de vida del pensionado fallecido.

En desarrollo de la acusación, la recurrente aduce que la entidad reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora Amparo Valencia de Guerrero con un sustento probatorio sólido y no de manera temeraria, pues estaba inscrita como cónyuge y beneficiaria del trabajador en todos los documentos que tuvo a su disposición.

Subraya, en ese sentido, que en la resolución de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se tuvo por acreditada la condición de cónyuge supérstite de la señora Amparo Valencia de Guerrero, además de que existían otros documentos que permitían deducir que ella era la única beneficiaria, como los que se mencionan como indebidamente apreciados, de manera que la entidad actuó con buena fe exenta de culpa y si la jurisdicción determinó que era otra la beneficiaria, “…no puede la empleadora perder los dineros ya cancelados durante todos estos años a la señora Valencia, ya que con las pruebas antes estudiadas, es evidente que se incurrió en conducta de buena fe exenta de culpa, la cual es creadora de derecho.”

XIII. Réplica

El apoderado de la señora Lourdes María Jiménez Conrado arguye que, a pesar de que presentó solicitud de pensión de sobrevivientes oportunamente, la entidad demandada se negó a responder y prefirió reconocer la prestación a quien no tenía derecho a ella, de manera que sometió a la verdadera acreedora de la prestación a la escasez económica durante más de 14 años y, por lo mismo, su conducta no puede ser calificada de buena fe, más cuando su decisión es totalmente contraria a las reglas y principios de la Constitución Política que protegen a la familia y que destacó el Tribunal.

El apoderado de Amparo Valencia no presentó oposición al cargo.

XIV. Consideraciones

Para rechazar los argumentos del recurso de apelación de la entidad demandada, el Tribunal hizo suyas las consideraciones del juzgador de primer grado y concluyó que Foncolpuertos podía repetir contra la persona a la que le había pagado la pensión y que “…no es viable que la parte demandante sufra y asuma las falencias de terceros, menos aún, restarle valor al derecho suficientemente demostrado de sustituir en la pensión a su compañero permanente desde la fecha de fallecimiento.”

De allí que la censura parte de un supuesto falso, al decir que el Tribunal determinó que la entidad demandada debía perder los dineros ya cancelados, pues lo que advirtió fue que la administración debía perseguirlos, repitiendo contra la persona a la que le había pagado. Tampoco controvierte la censura la inferencia con arreglo a la cual la demandante no podía sufrir las consecuencias de la conducta de la entidad demandada, pues había reclamado a tiempo su pensión de sobrevivientes, acreditando su condición de compañera permanente y la convivencia por el término establecido legalmente.

Además de lo anterior, a pesar de que las pruebas calificadas que menciona la censura puedan dar cuenta de que la señora Amparo Valencia de Guerrero tenía la condición de cónyuge, inscrita en los registros de la entidad demandada, que es lo que se reclama en el cargo, lo cierto es que, como lo determinó el juzgador de primer grado, cuyas consideraciones hizo suyas el Tribunal, a partir de documentos como los de folios 306 y 311 a 313, radicados pocos meses después del fallecimiento del pensionado, se podía determinar que la señora Lourdes María Jiménez Conrado también reclamó la pensión administrativamente y aportó pruebas de su convivencia con el pensionado, no obstante lo cual la entidad actuó de manera “ligera”, al no acudir a la potestad que le confería la ley de dejar en suspenso el reconocimiento de la pensión hasta tanto la justicia ordinaria definiera quién tenía mejor derecho a ella.

Por lo mismo, pese a advertir la existencia de otro posible beneficiario, con pruebas plausibles que soportaban su reclamo, la entidad mantuvo su decisión de reconocer la pensión a la cónyuge, de manera que no es cierto que hubiera actuado con buena fe exenta de culpa y, en esa medida, la conclusión jurídicamente razonable no era otra diferente a la del Tribunal, de que la conducta de la administración no podía afectar el derecho de la verdadera beneficiaria y era su responsabilidad perseguir los dineros que pagó sin que hubiera causa para ello.

Como consecuencia, el cargo es infundado.

Las costas del recurso extraordinario de casación estarán a cargo de las demandadas y a favor de la demandante. Se estiman las agencias en derecho en la suma de siete millones de pesos ($7.000.000.oo), en un 50% para cada una, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el 26 de junio de 2007, por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Lourdes María Jiménez Conrado contra la señora Amparo Valencia de Guerrero y la nación, Ministerio de La Protección Social – grupo interno de trabajo para la gestión del pasivo social de puertos de Colombia –.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».