Sentencia SL4236-2014/42201 de abril 2 de 2014 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4236-2014

Radicación 42201

Acta 11

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil catorce.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del señor ÁLVARO DAVID POSADA NÚÑEZ contra la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 15 de mayo de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que promovió en contra de AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A., AVIANCA.

I. ANTECEDENTES

Para los fines que interesan al recurso extraordinario de casación, conviene destacar que el señor Álvaro David Posada Núñez presentó demanda ordinaria laboral en contra de Aerovías Nacionales de Colombia S.A., con el fin de obtener el pago de la indemnización plena de perjuicios consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por los daños que le produjo el accidente de trabajo que sufrió el 2 de diciembre de 1986. En proceso separado, que fue acumulado con este, pidió también la reliquidación de la cesantía, primas, vacaciones, subsidios de transporte, intereses de cesantía, retroactivo de cesantía, primas de vacaciones, navidad y técnica, bonificación por antigüedad, auxilio de alimentación, pensión de jubilación convencional a partir del 1º de marzo de 1990, indemnización moratoria e indexación.

Señaló, para tales efectos, que estuvo vinculado con la sociedad demandada por medio de un contrato de trabajo, desde el 1º de marzo de 1960; que en el ejercicio de sus labores, en la sección de correo, había desarrollado un cuadro de “... enfermedades lumbalgicas”, que se acentuaron gradualmente hasta llegar a una “hernia discal” y “contracturas musculares”; que a través de un concepto de medicina laboral se había recomendado un cambio de sus tareas, que no fue cumplido por la demandada; que el 2 de diciembre de 1986 sufrió un accidente de trabajo al recibir un fuerte golpe en la cadera; que su empleador no había adoptado las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes, además de que, a pesar de conocer su estado de salud, lo había obligado a laborar en circunstancias contrarias a las recomendaciones médicas y que ponían en peligro su integridad; que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció una indemnización por invalidez permanente parcial de origen profesional el 18 de agosto de 1992; que el 31 de marzo de 1998 solicitó una nueva evaluación a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que determinó que tenía una disminución de la capacidad laboral de 53.30% de origen profesional, por lo que el Instituto de Seguros Sociales le otorgó una pensión de invalidez a través de la Resolución 2 de 1999; que la pensión de jubilación no le había sido concedida desde cuando cumplió los requisitos; y que sus prestaciones sociales no habían sido liquidadas y pagadas de acuerdo con los términos establecidos en la convención colectiva de trabajo.

La sociedad convocada al proceso se opuso a la prosperidad de las pretensiones del actor. Admitió como ciertos los hechos relacionados con la existencia de la relación laboral, el reconocimiento de la pensión de invalidez por el Instituto de Seguros Sociales y la ocurrencia del accidente de trabajo, pero aclaró que había sido reportado oportunamente y había respondido a un evento fortuito. Frente a los demás hechos, expresó que no eran ciertos o que no le constaban. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, pago, compensación y prescripción.

Tramitada la primera instancia, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla profirió fallo el 29 de agosto de 2006, por medio del cual declaró probada la excepción de prescripción respecto de las pretensiones de reliquidación de prestaciones sociales legales y extralegales e indemnización plena de perjuicios, y absolvió de las restantes súplicas. De igual forma, en sentencia complementaria del 13 de octubre de 2006, declaró prescritas las reclamaciones de reajuste de cesantía, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por antigüedad, prima técnica y auxilio de alimentación, y absolvió respecto del pago de pensión de jubilación.

II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través de la sentencia del 15 de mayo de 2009, modificó la decisión recurrida, para declarar prescritas únicamente las reclamaciones sobre reliquidación de prestaciones sociales y extralegales y absolver a la demandada de las restantes pretensiones incoadas en su contra.

El Tribunal estimó que el objetivo de la apelación “... gravita en la declaración de prescripción que fue decretada por el juez de primera instancia, sobre la acción de reclamación de los derechos prestacionales contenidos en las pretensiones de la demanda, y sobre la acción de reclamación de la indemnización plena consagrada en el artículo 216 CST”.

Dicho ello, se detuvo en primer lugar en el tema de la prescripción de los derechos a la reliquidación de prestaciones sociales legales y extralegales y, para tal efecto, destacó que la relación laboral se había terminado el 26 de diciembre de 1996, mientras que la demanda se había presentado el 17 de marzo de 2000, por lo que se había superado el término de prescripción establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Aclaró, igualmente, que el escrito obrante a folio 324 no podía servir como medio para validar la interrupción de la prescripción, pues si bien contenía una reclamación del trabajador, no existía constancia de que hubiera sido radicado ante la sociedad demandada. Por lo anterior, consideró pertinente confirmar la decisión apelada en este punto.

En torno a la pretensión de indemnización plena de perjuicios, precisó que si bien era cierto que el accidente de trabajo se había producido el 2 de diciembre de 1986, la jurisprudencia de esta Corporación tenía definido que el término de prescripción debía comenzar a contarse a partir del momento en el que se realizaba la calificación de la incapacidad por las autoridades médicas competentes, en este caso, desde el 3 de septiembre de 1998, cuando el actor había sido evaluado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez. En ese sentido, luego de resaltar que la demanda se había presentado el 17 de marzo de 2001, concluyó que la prescripción no había afectado esta prestación y debía analizarse su procedencia.

Dilucidado lo anterior, reprodujo el texto del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y advirtió que “... es obligación del trabajador, a fin de que se declare y se condene lo pretendido a través de esta demanda, demostrar el accidente de trabajo, que el mismo ocurrió por culpa del patrono, la existencia de los perjuicios ocasionados en su humanidad y el valor de esto”.

Expresó a continuación:

De acuerdo a los derroteros de la jurisprudencia de la Corte, entra el despacho a precisar si dentro del presente proceso, a través de las pruebas que se allegaron, existió culpa del patrono en el accidente de trabajo; así como la existencia de los perjuicios y el valor de estos.

A folio 9 del informativo, reposa informe patronal del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 2 de diciembre de 1986.

En el mismo aparece consignado por el señor ÁLVARO POSADA NÚÑEZ, la manera como ocurrió el percance:

“En la entrada de la sección del correo aéreo, al colocar el carro del remolque cargado de sacos de correo, el cual tropezó con una tapa de alcantarilla y la lanza me dio en la cadera. Estaba en reemplazo al coordinador quien estaba comiendo en esos momentos”.

De igual forma manifestó que el motivo del accidente fue un caso fortuito presentado.

La parte demandante, para probar la culpa patronal en la ocurrencia del accidente, allegó las declaraciones de las señoras VILMA CERA MARTÍNEZ y CARMEN ESCORCIA (fls. 85 y 86).

La señora CERA MARTÍNEZ manifiesta en su testimonio conocer al demandante por cuanto laboraron juntos en la sociedad demandada. Indicó además que las labores del actor eran las de llevar sacos de una sección a otra. Y que desde el mes de julio de 1997 presentó lesiones.

Por su parte la señora CARMEN ESCORCIA expresó que las labores del actor fueron las de auxiliar de operaciones, por lo que le correspondía abrir los correos, clasificarlos y despacharlos; de igual manera dijo que frecuentemente presentaba dolencias en las rodillas y en columna, por lo que era incapacitado.

No obstante, estas declaraciones no refieren absolutamente nada, la manera como (sic) ocurrieron los hechos que tuvieron como consecuencia el accidente del señor POSADA NÚÑEZ.

Tampoco existe certeza de que estas señoras hayan sido testigos presenciales del accidente padecido por el actor el día 2 de diciembre del año 1986; ya que dentro de la declaración vertida por el señor JOSÉ DOMINGO SOLANO IGUARÁN, este manifestó que las labores ejercidas por las señoras VILMA CERA y CARMEN ESCORCIA eran ejecutadas en espacio físico diferente al del señor ÁLVARO POSADA NÚÑEZ, es decir que las señoras CERA MARTÍNEZ y ESCORCIA, no tenían la posibilidad de ver, desde sus respectivos sitios de trabajo, lo que realizaba el actor.

Por lo que los testimonios, con los que la parte demandante pretende probar la culpa del patronal en el accidente de trabajo, al no tener conocimiento directo de los hechos debatidos; no permiten establecer culpa de la empresa en el referido accidente.

No obra prueba alguna en el plenario, que permita endilgarle a la empresa demandada, culpa en el accidente ocurrido el 2 de diciembre de 1986; por el contrario, el actor confiesa que el siniestro ocurrió debido a un caso fortuito.

(...).

En el sub lite, la parte demandante no allegó al proceso prueba alguna tendiente a demostrar la culpa patronal en el accidente de trabajo, lo cual era prueba de su incumbencia, tal como lo exige el artículo 206 (sic) del Código Sustantivo del Trabajo por lo tanto, como no justificó los supuestos fácticos de los hechos y pretensiones que con esta demanda perseguía, habrá de absolverse a la demandada AVIANCA S.A., pero por esta razón.

III. EL RECURSO DE CASACIÓN

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. Pretende el recurrente que se case la sentencia recurrida y que, en sede de instancia, se revoque la decisión emitida por el juzgador de primer grado y se disponga el pago de la indemnización plena de perjuicios.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser analizado por la Corte.

IV. CARGO ÚNICO

Acusa la infracción indirecta del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo “... como consecuencia de la valoración probatoria y de haber incurrido en error de hecho, por no apreciar correctamente las pruebas y dejar de apreciar otras”.

Para fundamentar su acusación, el censor alega que el Tribunal apreció de manera errónea el informe del accidente de trabajo, ya que se limitó a analizar el aparte que correspondía al motivo del siniestro, sin tener en cuenta la certeza que arrojaba respecto de la culpa que tuvo el empleador. Agrega que dicho documento tenía fundamento legal, estaba suscrito por el trabajador, por testigos y por un funcionario de la empresa, además de que permitía establecer que “... el carro de remolque cargado de sacos era jalado de manera manual por el demandante y que este le dio en la cadera, lo cual concuerda con las demás pruebas testimoniales y con el Dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Esta prueba nos indica que el trabajador le tocaba hacer esfuerzos por encima de su capacidad física y con peligro para su integridad”.

Indica que el Tribunal tampoco apreció de manera correcta las declaraciones de las señoras VILMA CERA MARTÍNEZ y CARMEN ESCORCIA, que eran espontáneas y daban cuenta de que la empresa no había adoptado las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores encargados del correo, por lo que, ante la falta de maquinarias adecuadas, tenían que realizar sus labores manualmente y arriesgar constantemente su integridad. Añade que el testimonio del señor ORLANDO DÍAZ ROBLES no fue valorado y que ello impidió que el ad quem tuviera certeza de la existencia de medidas de seguridad en la empresa.

Sostiene, de otro lado, que el oficio del Jefe de Medicina Laboral que recomendó un cambio de los oficios del trabajador no fue tenido en cuenta por el Tribunal, a pesar de ser relevante, pues acreditaba las especiales condiciones de salud en las que se encontraba y “... las circunstancias de sobre esfuerzo o movimientos de inclinación que le tocaba hacer dentro de su labor”. Debido a ello, arguye, el Tribunal no pudo determinar “... las circunstancias de sobre esfuerzo y manipulación manual de artículos con riesgo para la integridad...”, ni “... demostrar los perjuicios que le ocasionó la empresa demandada al no cambiar de puesto al trabajador y permitir que pese a las circunstancias de incapacidad siguiera deteriorando su estado físico”.

Finalmente, aduce que el Tribunal tampoco valoró la historia clínica del demandante y que, por ello, no pudo establecer los perjuicios y “daños a la vida” que le fueron ocasionados por la sociedad demandada.

V. LA RÉPLICA

Advierte que el cargo contiene numerosos defectos técnicos que conllevan a su rechazo, pues no incluye una proposición jurídica en la que se precisen las normas quebrantadas por el Tribunal y la modalidad en la que se dio la infracción; no se señalan los presuntos errores de hecho que contiene la sentencia y se acude a pruebas no calificadas en casación.

Subraya que, de cualquier manera, el Tribunal no incurrió en infracción alguna, pues si bien se demostró la existencia de un accidente de trabajo, nunca se logró acreditar que hubiera sido por culpa de la empresa, ni el valor de los perjuicios morales y materiales eventualmente ocasionados.

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Aunque algunas de las objeciones técnicas planteadas por la réplica son infundadas, el cargo sí adolece de varios defectos que comprometen su prosperidad.

1. En primer término, no es cierto que el cargo carezca de proposición jurídica, puesto que, a pesar de que no se estructura un capítulo concreto para ello, el censor denuncia la violación indirecta del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que cumple con la carga de denunciar la violación de alguna norma legal sustancial de alcance nacional “... que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”.

2. En torno a la modalidad de la violación, si bien es cierto que no se especifica en el cargo, la Corte puede entender que es la de aplicación indebida, que es la que ha sido aceptada por la jurisprudencia en el ataque orientado por la vía indirecta, bajo el entendido de que la existencia de un error de hecho o de derecho puede dar lugar a que no se aplique la norma que correspondía al caso.

3. Lo que sí no resulta excusable del cargo es no señalar de manera específica los yerros fácticos en los que habría incurrido presuntamente el Tribunal; no explicar las razones por las cuales dichas falencias tendrían las condiciones características de un error de hecho protuberante y manifiesto; no enseñar cuáles habrían sido los raciocinios que propiciaron una incorreción de esa naturaleza, ni cuál fue su incidencia en la confección de la decisión recurrida.

Tal omisión, por sí sola, compromete la prosperidad del cargo, pues uno de los elementos esenciales de un ataque encaminado por la vía indirecta, es precisamente señalar de manera puntual las equivocaciones fácticas que habría cometido el Tribunal en el momento de construir sus reflexiones, para que la Corte pueda tener un panorama claro y lógico de los fundamentos del recurso de casación. Sin dicho presupuesto, cualquier elucubración sobre los hechos y las pruebas del proceso se convierte en un alegato de instancia, que no resulta admisible en casación, debido a sus especiales propósitos.

Ahora bien, si por amplitud la Corte examinara los reclamos del censor en torno a las pruebas calificadas que menciona, encontraría que el Tribunal no incurrió en error evidente al determinar que no se habían demostrado los elementos configurativos de la culpa patronal en el accidente de trabajo.

En efecto, en el informe de accidente de trabajo (fl. 9) se deja constancia de que tal suceso ocurrió “... AL COLOCAR EL CARRO DE REMOLQUE CARGADO DE CORREO, ESTE TROPEZÓ CON LA TAPA DE LA ALCANTARILLA Y LA LANZA DEL MISMO ME GOLPEÓ FUERTEMENTE POR LA CADERA”. Adicionalmente, contrario a los propósitos de la censura, se describe claramente como causa del accidente “CASO FORTUITO”.

Al margen de tales informaciones, en el citado documento no existe algún otro elemento que permita inferir cuáles eran las medidas específicas de seguridad que debía atender la empresa en el ejercicio de las labores del correo y si fueron dejadas de observar de una manera negligente, que pusiera en riesgo la salud y la integridad del trabajador, como se denuncia en el cargo.

En el oficio del Instituto de Seguros Sociales obrante a folio 8 se solicita al Jefe de Correos de Avianca un “... cambio de oficio” al demandante, “... en un cargo en el cual no tenga que efectuar sobreesfuerzos o movimientos de inclinación hacia adelante, que agraven el proceso lumbálgico del afiliado en mención”. De dicho documento, efectivamente, se puede evidenciar que el actor tenía unas especiales condiciones de salud que ameritaban cuidado en el ejercicio de sus labores. No obstante, por sí solo, no dice nada frente a los elementos que extrañó el Tribunal en su decisión, relacionados con que la demandada, a sabiendas y de manera descuidada, hubiera contrariado las recomendaciones médicas y hubiera expuesto al trabajador a sufrir lesiones mayores a las que ya tenía, o que hubiera tenido culpa comprobada en el accidente de trabajo ocurrido el 2 de diciembre de 1986, por no haberle suministrado elementos de seguridad adecuados y suficientes.

La historia clínica del demandante demuestra efectivamente que padecía, entre otras, una “lumbalgia crónica” y cuadros depresivos severos, pero no acreditan que la demandada hubiera sido indiferente a sus especiales condiciones de salud y lo hubiera sometido a condiciones de trabajo contrarias a su integridad. Mucho menos acreditan dichos documentos, que la entidad hubiera tenido la responsabilidad por el hecho ocurrido 2 de diciembre de 1986, por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes.

Las declaraciones de VILMA CERA MARTÍNEZ, CARMEN ESCORCIA y ORLANDO DÍAZ ROBLES no son prueba calificada en casación, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Sala, solo es posible analizar el estudio que de ellas realizó el Tribunal, cuando se comprueba algún error derivado de la observación de una prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular, lo que, como ya se dejó sentado, no acontece en el caso bajo análisis.

Vale decir, por último, que el censor no atacó una de las premisas centrales de la decisión del Tribunal por virtud de la cual “... el actor confiesa que el siniestro ocurrió debido a un caso fortuito...”, que, por sí sola, mantiene las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia.

Así las cosas, se repite, el Tribunal no incurrió en algún error protuberante y manifiesto, al concluir que no se habían acreditado los elementos de la culpa patronal en el accidente de trabajo.

El cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 3.150.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 15 de mayo de 2009 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ÁLVARO DAVID POSADA NÚÑEZ contra AEROVÍAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A., AVIANCA.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 3.150.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.