Sentencia SL426-2013 julio 10 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 426-2013

Radicación 41619

Acta 20

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., diez de julio de dos mil trece.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Walter de Jesús Díaz Valencia, contra la sentencia de 19 de febrero de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que el recurrente le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

Antecedentes

El demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, liquidada como lo dispone el Decreto 758 de 1990, incluidas las mesadas adicionales y el aumento anual conforme al índice de precios al consumidor, más los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o la indexación de los valores a su favor y las costas del proceso.

Adujo que estuvo afiliado al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte; fue calificado por medicina laboral de dicha entidad con una pérdida de capacidad laboral de origen común del 60.40%, estructurada el 3 de diciembre de 2005; solicitó a la demandada la pensión de invalidez, pero se le negó por no acreditar aportes dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; que cotizó 843 semanas al ISS, de las cuales la mayoría fueron acreditadas antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; como consecuencia de lo anterior, tenía más de 300 que lo hacen beneficiario de la pensión de invalidez, según el Decreto 758 de 1990.

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones, aceptó la afiliación del demandante a esa entidad, el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral dictaminada, su fecha de estructuración, su origen, así como la negativa a reconocerle la pensión de invalidez; adujo en su defensa, que el actor no reúne los requisitos exigidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 1º de la Ley 860 de 2003, y que resulta improcedente aplicar el Decreto 758 de 1990, por cuanto aquellas eran las normas vigentes para cuando se estructuró la invalidez. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, compensación y buena fe (folios 22 a 24).

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, por sentencia de 27 de junio de 2008, condenó a la entidad demandada a pagar la pensión de invalidez de origen común al demandante, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 3 de diciembre de 2005, más los incrementos anuales y mesadas adicionales; señaló que el retroactivo pensional adeudado asciende a la suma de $ 15.300.376,oo; impuso los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y las costas (folio 28 a 34).

Sentencia del tribunal

Por apelación de la demandada, el ad quem, mediante providencia del 19 de febrero de 2009, revocó la que fue objeto de alzada, y en su lugar, absolvió de todas las pretensiones; las costas de primera instancia las impuso a la parte actora y en la alzada se abstuvo de fijarlas (folios 42 a 52).

Precisó que no se discutió que el actor fue calificado mediante dictamen médico laboral del ISS con el 60.40% de pérdida de capacidad laboral, estructurada el 3 de diciembre de 2005 (folio 9 a 10), así como la solicitud que hizo a la demandada de la pensión de invalidez y su negativa por no reunir los requisitos de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificado éste último por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, toda vez que el afiliado cotizó en forma ininterrumpida 843 semanas, de las cuales ninguna fue acreditada dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Dijo no entender el argumento de primera instancia para aplicar el artículo 6º del Decreto 758 de 1990, de conformidad con el principio de la condición más beneficiosa, cuando no existe duda que la normatividad que gobierna el asunto es el 1º de la Ley 860 de 2003, vigente al momento de estructurarse la invalidez. Que el demandante no cotizó ninguna semana en los 3 años anteriores a la fecha en que se le calificó como inválido, a pesar de haber hecho aportes durante 843 semanas entre la fecha en que cumplió los 20 años de edad y la de la estructuración.

Concluyó, que lo anterior se confirma con la historia laboral que obra a folio 13 a 15, toda vez que el actor no acreditó aportes desde el 3 de diciembre de 2002 hasta el 3 de diciembre de 2005, es decir, en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez (folio 14) y tampoco satisfizo la fidelidad al sistema que equivale a 306,02 semanas cotizadas del 30 de junio de 1976 al 3 de diciembre de 2005, por cuanto, de aquella información se deduce que el asegurado cotizó 213.4282 semanas, es decir, un número inferior al establecido por el Instituto de Seguros Sociales en el acto administrativo que le negó la prestación, en donde indicó que Díaz Valencia cotizó un total de 843 semanas. Dedujo en consecuencia, que al ser inferior esa cifra, forzoso resultaba concluir que no cumplió la densidad mínima de semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez.

El recurso de casación

Fue propuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte; pretende que se case totalmente la sentencia del Tribunal, para que en instancia, confirme la de primer grado, proveyendo sobre costas como corresponda.

Con fundamento en la causal primera de casación formuló dos cargos que fueron replicados.

Cargo primero

Textualmente lo planteó así: “por la vía indirecta, acuso aplicación indebida (violación de medio) de los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 66 y 66ª del C. de P. L.S.S., a consecuencia de lo cual se aplicó indebidamente el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, y se infringieron directamente los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990) y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Artículos 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional”. Señaló como errores evidentes de hecho en que incurrió el Tribunal, los siguientes:

“1.- Dar por demostrado, sin estarlo, que el apoderado del ISS, en la sustentación del recurso de apelación cuestionó cosa distinta de la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, la estructuración de la invalidez y los intereses moratorios.

“2.- No dar por demostrado, contra la evidencia, que el apoderado del seguro social, en la sustentación de la apelación, no cuestionó la aplicación al sub lite del principio de la condición más beneficiosa, que fue el fundamento de la decisión de primera instancia”.

Denunció como causante de tales desaciertos fácticos, el memorial que sustenta el recurso de apelación (folios 36 y 37); en la demostración, luego de transcribir el texto de los artículos 29 de la Constitución Política, 66 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, advierte que el ejercicio de los medios de impugnación implica una carga procesal para el recurrente, que consiste en expresar los motivos de inconformidad con la decisión que se controvierte, a fin de que esos argumentos le sirvan de derrotero al sentenciador de alzada para fijar el marco de la litis en la instancia; que la lectura del escrito con el que se sustentó el recurso de alzada, permite colegir que limitó su inconformidad única y exclusivamente al asunto de la invalidez de la historia laboral, pero no rebatió la tesis medular del Juzgado de serle aplicable al caso el principio de la condición más beneficiosa.

Aseguró que en tal virtud, al limitarse el recurso a ese específico punto, la competencia del Tribunal quedaba reducida a estudiar el mismo, por lo que no le era dable abordar el tema de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y que fue el aspecto central de la decisión de primera instancia; en su apoyo extractó algunos apartes de la sentencia de casación del 15 de enero de 2001, radicación 15001, reiterada el 20 de noviembre de 2007, radicado 30030, en la que se analizó el aspecto relacionado con la sustentación del recurso de apelación y la competencia del Tribunal.

La réplica

Manifiesta que la demanda adolece de errores técnicos que conducen a su desestimación, en cuanto advierte que el alcance de la impugnación es deficiente, ya que “no dice qué debe hacerse respecto de la condena en costas impuestas por el Tribunal y tampoco se manifiesta de manera expresa cómo se deben resolver las pretensiones de la demanda con que se da inicio al proceso”; que en el cargo dirigido por la vía indirecta, se involucran cuestionamientos de índole jurídica que riñen con la senda de ataque seleccionada, y en cuanto al fondo, destaca que el Tribunal no incurrió en ninguno de los yerros endilgados ya que no es cierto que en el recurso de apelación el ISS hubiera limitado su inconformidad a la invalidez derivada de la historia laboral, pues aduce que la alzada se fundamentó en negar la aplicación de la condición más beneficiosa, para lo cual transcribe algunos apartes de la sustentación del recurso.

Se considera

Ninguna razón le asiste al opositor respecto de las objeciones técnicas que le hace a la demanda, pues contrario a lo que allí se esgrime, el censor cumple las exigencias que gobiernan este recurso extraordinario. En efecto, el alcance de la impugnación aparece adecuadamente formulado, en tanto contiene no solo la solicitud de lo que debe hacer la Corte en sede de casación, sino también para la instancia; de igual forma, los cargos se presentan de una manera adecuada, y con sujeción a las reglas que le son propias a cada una de las vías de ataque.

La Sala observa que el Tribunal no incurrió en ninguno de los desaciertos fácticos que relaciona el recurrente, pues al examinar el escrito con el que la parte demandada sustentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, visible a folios 36 y 37, pieza procesal que se denuncia por su equivocada valoración, claramente se observa que contrario a lo que esgrime el impugnante, el Instituto de Seguros Sociales objetó la aplicación que hizo el a quo del principio de la condición más beneficiosa para otorgar la pensión de invalidez al accionante; textualmente indicó: “con todo respeto, la entidad accionada no comparte la decisión, pues considera que siendo la pérdida de la capacidad laboral, cuando no se debe al desgaste natural propio de la edad, es un hecho contingente, que puede suceder o no suceder, por lo tanto en caso de presentarse debe estarse a las normas vigentes a la fecha de la estructuración de la invalidez, para establecer si en ese momento se cumplen o no los presupuestos legales, sin que sea dable acudir al análisis comparativo de normas ya derogadas años atrás, no siendo procedente por lo tanto para dirimir un asunto de tal naturaleza, por ese exclusivo aspecto temporal, acudir a la consideración del principio de la condición más beneficiosa”.

De ese modo, aunque el apelante también aludió al tema de la pérdida de la capacidad laboral, expresamente señaló que el caso debía dirimirse con sujeción a las normas vigentes para cuando se estructuró la invalidez, a fin de poder establecer si se cumplían o no los presupuestos legales, y descartó la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Por tanto, el sentenciador de alzada no transgredió el principio de la consonancia establecido en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues tal como se dejó visto, el tema relacionado con la aplicación de la condición más beneficiosa que sirvió de soporte al a quo para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, sí fue objeto de reproche en la alzada y, en consecuencia, esa circunstancia habilitaba al Tribunal para estudiar la apelación desde esa óptica.

El cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia impugnada: “por la vía directa, aplicación indebida del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, e infracción directa de los artículos 6 y 25 del acuerdo 049 de 1990 (aprobado por Decreto 0758 de 1990), en relación con los artículos 1, 2, 3, 7, 11, 40, 141 y 142 ibídem, todo dentro del marco del artículo 48 de la C.N”.

Plantea que de cara a los principios de la condición más beneficiosa y progresividad que inspiran e irradian el Sistema de Seguridad Social, en eventos como el presente, es dable inaplicar las nuevas disposiciones y acudir a las precedentes, siempre que resulten más desventajosas para el afiliado frente a las que regulaba el régimen anterior, esto es, que sean más favorables; que cuando el Tribunal asumió que la norma a tener en cuenta es la Ley 860 de 2003, la aplicó indebidamente, ya que conforme a los citados principios, debió acudir a lo dispuesto en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, que regulan el caso debatido, tal como lo concluyó la Corte en la sentencia del 17 de junio de 2008, radicación 32681, cuyos apartes pertinentes transcribe; agrega que es claro que el demandante cumple los requisitos previstos en dicho Acuerdo, por lo que le asiste el derecho a la pensión de invalidez reclamada, ya que las semanas de cotización superan las mínimas exigidas para acceder a una pensión de vejez en el régimen de prima media y que, por ende, debe serlo también para obtener el derecho a la pensión de invalidez pretendida.

La réplica

Aduce que no es posible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, pues la condición básica y lógica para otorgar la pensión reclamada, es el acaecimiento de la situación de invalidez del asegurado, condición que se surtió en vigencia de la Ley 860 de 2003; que la estructuración de la invalidez se presentó el 3 de diciembre de 2005, la norma aplicable es la mencionada, y advierte que el principio de la norma más favorable supone la coexistencia de dos o más preceptos vigentes que regulen una misma materia, y que por tanto, sean susceptibles de ser aplicados para su solución, lo cual no ocurre en este caso, por cuanto el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, en lo relativo a la pensión de invalidez fueron derogados por la Ley 860 de 2003.

Se considera

Debe precisar la Corte que conforme a la vía directa no existe discusión en torno a que al actor se le dictaminó una pérdida de su capacidad laboral de origen común del 60.40%, estructurada el 3 de diciembre de 2005 y que cotizó en forma ininterrumpida un total de 843 semanas, de las cuales ninguna fue acreditada dentro de los 3 años anteriores a la estructuración.

Lo que pretende la censura es que se apliquen los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, conforme con el principio de la condición más beneficiosa, para que de esa forma pueda accederse al reconocimiento de la pensión de invalidez reclamada por el demandante, en tanto cumple los requisitos establecidos en dichas normativas, ya que se superan las semanas mínimas que allí se exigen.

La pensión de invalidez que reclama el actor no resulta procedente en virtud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya que al haberse estructurado el estado invalidante de aquel en vigencia de la Ley 860 de 2003, esa circunstancia impide que pueda acudirse a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues conforme lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la Corte en diferentes sentencias, entre las cuales se rememora la del 2 de octubre de 2012, radicación 42623, en las que se reiteraron otras en ese mismo sentido “... no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho...”.

Ahora bien, en nada variaría la situación del demandante si se aplicara para resolver la presente controversia, lo dispuesto en el original artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que es la norma que antecede a la Ley 860 de 2003, en aplicación del mencionado principio de la condición más beneficiosa, pues además de no ser cotizante activo, tampoco satisface la exigencia de las 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior cuando se estructuró la invalidez, y en consecuencia, no podría acceder a la prestación económica incoada con fundamento en el citado precepto.

Por lo visto, este cargo tampoco prospera.

Las costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de febrero de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por Walter de Jesús Díaz Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas en el recurso de casación a cargo del recurrente. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.000.000,oo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy del Pilar Cuello Calderón—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.