Sentencia SL4514-2017/46487 de marzo 22 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4514-2017

Radicación 46487

Acta 10

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Castillo Cadena

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Jaime Alonso Rodas Arguelles, contra la sentencia proferida por Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en descongestión, el 30 de noviembre de 2009, dentro del proceso ordinario promovido por el recurrente contra la Cooperativa Colanta Ltda.

I. Antecedentes

Jaime Alonso Rodas Arguelles demandó a la Cooperativa Colanta Ltda. para que, una vez se declare que entre las partes en contienda “existe un contrato de trabajo a término fijo de un año desde el 21 de diciembre de 1987” y que el actor sufrió un accidente de trabajo “por culpa patronal el día 5 de octubre de 2004”, se condene a la llamada a juicio a pagarle, de manera indexada, la indemnización plena de perjuicios “materiales, morales y fisiológicos que le causaron como consecuencia del accidente de trabajo”; y las agencias en derecho.

En lo que concierne al recurso de casación, el accionante sostuvo que celebró contrato de trabajo a término fijo de un año con la Cooperativa Colanta Ltda., el 21 de diciembre de 1987, para el cargo de electricista de mantenimiento, con un salario promedio mensual “a la presentación de la demanda de $ 1.130.000”; que el 5 de octubre de 2004 sufrió un accidente de trabajo en la planta de concentrados, ubicada en el municipio de Itagüí; que el accidente se presentó cuando fue enviado por el jefe del mantenimiento a que limpiara la compuerta de la mezcladora, ya que se encontraba sucia; que se dirigió al “área de premezclas en compañía del señor Francisco Pérez para realizar la limpieza de las compuertas de la mezcladora. Aislaron la maquina eléctricamente, pero las compuertas no funcionaban por lo que quitaron el aislamiento de los breakes y la máquina quedó operando manual. El señor Jaime Alonso Rodas Argüelles subió al segundo piso y le dijo al señor Francisco Pérez que limpiara la compuerta con la escoba. Estando en esta labor el señor Jaime Alonso Rodas Argüelles, la escoba se atascó y le solicitó a Francisco Pérez que estaba ubicado en el primer piso, en los controles de la máquina que abriera la compuerta, en ese instante la máquina se prendió y el señor Jaime Alonso Rodas Argüelles que tenía los brazos dentro de la máquina, sufrió la amputación del miembro superior derecho con el movimiento de la primera paleta de la máquina”; que de conformidad con la investigación realizada por la “ARP Seguro Social”, el accidente de trabajo tuvo como causa inmediata una falla en los dispositivos de seguridad de la máquina “(pulsador start/stop) posiblemente por material particulado corrosivo en el área y falta de protector en el switche, entre otras”; que también se estableció una insuficiente instrucción inicial sobre el manejo de la máquina, falta de formas específicas de seguridad sobre la máquina, entre ellas, “que quien expone partes de su cuerpo es el único que debe accionar los controles de la máquina; deficiente supervisión y liderazgo; sistemas de seguridad de la maquina insuficientes”; que la ARP le determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,95%, razón por la cual fue declarado inválido; que el accidente le generó todo tipo de perjuicios; y que vive con su esposa, dos hijos y su madre de 81 años, quienes “se han sentido seriamente afectados por la lesión sufrida”.

En providencia obrante a folio 301, el juez de conocimiento dispuso que “en vista de que la respuesta fue extemporánea, se tiene por no contestada la demanda”.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, en decisión del 15 de agosto de 2008, absolvió a la demandada de lo pretendido por el accionante, a quien le impuso costas.

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver la apelación interpuesta por la parte actora, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en descongestión, el 30 de noviembre de 2009 confirmó íntegramente la determinación de primer grado. Sin costas en esa instancia.

En lo que en rigor interesa al recurso extraordinario el tribunal estudió la impugnación de la siguiente manera:

1. Sobre la indemnización material y moral de perjuicios derivados del accidente de trabajo.

El juzgador, luego de referirse a los artículos 57, 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, al Decreto 1295 de 1994, al artículo 1º de la Decisión 584 de la CAN, a los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, a las sentencias C-858 de 2008 y del 10 de abril de 1975, proferidas por la Corte Constitucional y esta corporación, respectivamente, asentó que “refiriéndose el fallador a la carga probatoria en estos casos, tócale al trabajador demostrar que en el momento en que ocurrió el accidente estaba vinculado al empleador por un contrato de trabajo, que el suceso repentino sobrevino por causa o con ocasión del trabajo y constituyó la causa violenta de las lesiones o perturbaciones que sufre. Si el accidente de trabajo se produjo por culpa imputable al patrono, esta circunstancia le incumbe demostrarla al trabajador, la existencia de los perjuicios y el valor de estos. Es decir, quien alegue que sufrió un daño por culpa contractual atribuible al empleador, debe probar la existencia de la culpa, la naturaleza, magnitud e intensidad de los perjuicios que padeció. Pero existe, además, que el empleador puede liberarse de la culpa sólo si demuestra que el hecho ocurrió debido a la provocación deliberada de la víctima —empleado— o culpa grave de esta”.

2. Análisis de la plataforma probatoria.

2.1. La investigación del accidente de trabajo realizada por el ISS (fls. 22 a 26).

7.1 Causas inmediatas.

Falla en los dispositivos de seguridad de la máquina —Pulsador Star/Stop— posiblemente por material particulado corrosivo en el área y falta de protector en el swiche-Causa técnica.

Orden de accionar compuerta al mantener las manos en zona de peligro-Causa humana.

• Exponer parte del cuerpo y accionar controles de la máquina por parte de otro operario-Causa humana.

7.2. Causas básicas.

7.2.1. Factores personales.

• Instrucción inicial insuficiente sobre el manejo de la máquina-Causa organizacional.

• Aplicación deficiente del programa de salud ocupacional: Falta normas específicas de seguridad social la máquina entre ellas “quien expone partes de su cuerpo es el único que debe accionar controles de la máquina”-Causa organizacional.

7.2.2. Factores de trabajo

• Supervisión y liderazgo deficiente-Causa organizacional.

Falta de aplicación de la política organizaciones en materia de salud ocupacional.

Falta seguimiento y supervisión sobre el cumplimiento del programa de salud ocupacional (Normas c inspecciones de seguridad)-Causa organizacional.

• Ingeniería inadecuada-Causa técnica. Evaluación deficiente para el comienzo de una operación. Sistemas de seguridad de la máquina insuficientes.

Deficiencia en las adquisiciones-Causa organizacional. Identificación deficiente de los ítems que implican riesgo.

2.2. Constancias de asistencia del demandante a diversos cursos (fls. 122 a 126, 128, 181, 182).

Indicó que “A folios 122 a 126, 128, 181,182 obran constancias de asistencias del demandante a diversos cursos, entre ellos, “PLC Programadores lógicos computarizados”, “Divulgación mantenimiento correctivo para equipos y sistemas asociados”, “Charlas sobre transmisiones de potencia, alineaciones y correas en Y”, “Reunión personal de mantenimiento”, “Reunión quincenal del área mtto. de las plantas de concentrados, fertilizantes, empacado de leche”, “Divulgación normas de seguridad”, “Capacitación en el manejo del kit para trabajo en alturas y equipo de protección personal”.

2.3. Diplomas concedidos al accionante (fls. 188 a 195).

En el expediente se encuentra copia de la matrícula profesional de técnico electricista 10369 expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, y varios certificados de asistencia a cursos y seminarios de diferente temática.

2.4. Sobre la prueba testimonial.

2.4.1. Francisco de Jesús Pérez Londoño.

Adujo que: es compañero de trabajo del actor; es electricista; estuvo presente el día del accidente, explicó que “había una máquina que estaba presentando molestias para abrir la compuerta para descargar la mezcladora”; el actor le pidió el favor que lo acompañara a revisar la máquina; cuando llegaron a la máquina, observaron qué era lo que pasaba y “él procedió a aislar la máquina, o sea, le cortó la energía, al estar aislada, él le dijo al accionante que él se metía y la barría y él le dijo que no, que trajera una manguera para soplarla, fue por la manguera, se la pasó y se quedó en la parte de abajo esperando que él le diera la orden, lo cual lo hizo, le dijo que abriera las compuertas, él las abrió y ahí mismo la máquina se encendió y el actor pegó un grito, pero no sabe porqué (sic) sucedió esto porque el breake estaba totalmente bajado, al (sic) potencia estaba nula, no tenía energía. Esa labor que estaban haciendo en la máquina, ya la habían realizado anteriormente en otra máquina similar, de la misma firma”; cuando la máquina llegó a la empresa, el ingeniero William Zapata la instaló, y el señor Mauricio Londoño “dio la instrucción sobre el manejo de esa máquina en cada turno, pero no sabe si al actor le dieron esa instrucción, para el día de los hechos no sabe quien (sic) dio la orden de hacer esa labor”; a esa máquina se le había hecho mantenimiento preventivo, estaba recién instalada y cada turno tenía que entregarla limpia, “no sabe si (sic) se pudo determinar porqué (sic) se prendió la máquina, para la época de los hechos había manual de protocolo para el mantenimiento de la máquina, ese fue el que le dio Mauricio, en el momento del accidente no puede decir exactamente que (sic) estaba haciendo el demandante, porque el actor estaba arriba y él abajo, el demandante había reparado otras máquinas mezcladoras similares, a las cuales siempre les hacía el mantenimiento preventivo, es decir, una limpieza similar porque hay que tener los cilindros libres de polvo, en ningún momento el actor estuvo dentro de la máquina, él no vio como (sic) se produjo el accidente”.

2.4.2. Luz Adriana Gómez Acevedo.

Sostuvo que: es analista de salud ocupacional en la demandada; le correspondió recoger la información del accidente del actor; las causas de la investigación no están comprobadas; de las posibles causas se determinó que pudo “haber sido una falla técnica y de pronto también el exceso de confianza porque hay una norma básica de seguridad que cuando se acciona una máquina usted se debe de retirar del punto de operación por seguridad, eso es básicamente las posibles causas”; según el informe “creo que a la máquina hacía 11 días que no se le hacía mantenimiento, no sabe cada cuanto (sic) se le debía hacer el mantenimiento, ella no sabe de eso ni es del área de mantenimiento”; de acuerdo al informe “al actor le dio la orden para ejecutar las labores en esa máquina el señor William Zapata, el coordinador de mantenimiento, no sabe si el actor ya había hecho la labor en esa máquina, ni si había recibido capacitación para hacer la labor que esta (sic) ejecutando”; según los registros, “está la evidencia de los cursos que el demandante ha recibido como de normas de seguridad inducción en riesgos en el puesto de trabajo, él era bombero”; en la investigación no había manual de la máquina, “pero independientemente de todo es la norma básica de seguridad que es apartarse del punto de operación cuando se acciona la máquina, el demandante como electricista conoce las normas básicas de seguridad, es más, esas causas son posibles, no están comprobadas, en el informe lo que hay son hipótesis, no sabe si a la máquina se le habían hecho adaptaciones manuales”.

2.4.3. William Gustavo Zapata López.

Afirmó que: el día del accidente él se encontraba en la oficina de mantenimiento y era el jefe directo del demandante; cuando llegó una persona del comité de bomberos de la empresa le dijo de la ocurrencia del accidente; él sabía que el actor se encontraba realizando un trabajo en el área de premezclas; él ayudó a aplicarle los primeros auxilio y cuenta lo ya narrado por el señor Francisco; el demandante ya había hecho esa labor muchas veces porque ese programa es semanal, “allá hay otras 4 mezcladoras y le tocaba hacerle mantenimiento semanal”; la orden al demandante para la realización del trabajo el día del accidente, se la dio la supervisora del área de premezclas, señora Margarita Ibarra; el actor había recibido capacitación para este tipo de labores y era de los que más capacitaciones tenía porque antes había trabajado en otras plantas de Colanta; no recuerda antes del accidente que día se le había hecho mantenimiento a la máquina, pero eso se hacía semanalmente; la empresa realizó investigaciones a raíz del accidente pero no sabe qué causas posibles se establecieron; después del accidente “como Francisco argumentó que la máquina tenía una falla eléctrica, decía que hundía el botón que maniobraba la racera y se encendía la máquina, entonces él fue con otro electricista de mantenimiento y corroborraron (sic) le hundió por ahí 20 veces el botón y nunca pasó eso, la máquina se estaba operando manualmente, la máquina tenía manual de motores, de funcionamiento eléctrico”; “más (sic) no se había recibido a satisfacción, porque no cumplía todas las especificaciones con que se había pedido, la máquina contaba con dispositivos de seguridad, tenía un botón de seguridad que la aislaba totalmente llamado paro de emergencia, fuera de esto tenía microswiches en las compuertas por si alguien habría una de las compuertas de la máquina, ella se apagaba inmediatamente, también tenía un sistema de seguridad de atascamiento y con todos los dispositivos necesarios para operar”.

2.4.4. Jaime de Jesús Berrío.

Señaló que: no sabe qué estaba haciendo el demandante en la máquina; no sabe quién lo envió a laborar allá; con anterioridad el actor iba a hacerle mantenimiento a la máquina; no sabe qué elementos de seguridad le dieron al actor, “pero sabe que a todos en la empresa les suministran los referidos elementos, la máquina opera de forma manual y automática, aduce que no tiene mayores conocimientos sobre lo sucedido”.

3. Conclusión.

3.1. Que está probado en debida forma la ocurrencia del accidente aducido por el demandante, pero no se logró probar la culpa del empleador en la ocurrencia del mismo, tal y como se indica en los hechos de la demanda, “sin que de la prueba testimonial se pueda probar esta circunstancia, no obstante el hecho de que todos los testigos son de la parte demandante, ya que los mismos son claros en indicar que no se sabe a ciencia cierta a que (sic) se debió el accidente, así como que el actor era de los más capacitados para realizar este tipo de funciones, y que más que el propio señor Francisco es suficiente para probar la ausencia de culpa del empleador en la ocurrencia del insuceso, única persona que estaba con el demandante al momento de la ocurrencia del siniestro y que da fe de que la máquina estaba apagada, pudiéndose considerar que efectivamente lo presentado es un caso fortuito, situación esta que desde ningún punto de vista se puede traducir en una responsabilidad para el empleador”.

3.2. Que, como de la declaración rendida por la señora Luz Adriana, persona encargada de adelantar los trámites de la investigación sobre el accidente del demandante, esta de manera clara aduce “que lo único que se tienen son posibles causas del accidente, no razones certeras, es decir, meros indicios, de los cuales no es procedente endilgar responsabilidad a la empleadora”.

3.3. Frente al informe expedido por la ARP del ISS, “que es uno de los fundamentos en los que se apoya la apelación de la apoderada del demandante, este informe hace referencia a fallas o causas técnicas, humanas y organizacionales, sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que los testigos van todos en la misma dirección al indicar que el actor si (sic) se encontraba capacitado para manipular esta máquina, que existía un manual de funciones, así como que se desconoce el porqué de la ocurrencia del accidente, considerando esta Sala que la prueba testimonial se ajusta más a la realidad de lo acaecido, porque que más que las propias personas que evidenciaron todo el insuceso, entre ellos el señor Francisco, así como los demás compañeros que sabían lo relacionado con la forma de accionar de la máquina, pruebas estas que son mucho más verídicas que un informe que lo único que indica es lo que “pudo” haber sucedido, no la realidad de los hechos”.

3.4. Como el demandante no demostró “como era de su cargo que en el accidente de trabajo, la empresa accionada hubiera incurrido en culpa y que dicha culpa estuviera suficientemente demostrada, no resulta procedente reconocer la indemnización total y ordinaria de perjuicios que se demanda y por tal razón habrá de confirmarse la sentencia en todas sus partes”.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

La parte accionante pide la casación de la providencia acusada para que esta Corte, en sede de instancia, revoque totalmente la proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí y condene a la demandada a reconocerle, de manera indexada, la indemnización plena de perjuicios materiales, morales y fisiológicos que le causó como consecuencia del accidente de trabajo; provea a favor del demandante —recurrente— sobre costas en las instancias, así como en el recurso de casación.

Con tal propósito formula un cargo, que fue replicado.

VI. Cargo único

Ataca el fallo por haber violado indirectamente, por aplicación indebida, los artículos “57, numeral 2º y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que condujo a la falta de aplicación de los artículos 19 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; artículos 31 parágrafo 2º (modificado por el art. 18 de la L. 712/2001), 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 63, 1604, 1613, 1614 y 1615 del Código Civil; artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 134 del artículo 1º del Decreto Legislativo 2282 de 1989”.

Afirma que, el quebrantamiento de la ley sustantiva se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho que afloran ostensibles:

No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajo se produjo por culpa suficientemente comprobada del empleador.

Dar por demostrado, sin estarlo, que en la ocurrencia del accidente de trabajo no medio culpa del empleador.

Expone que los desatinos en que incurrió el tribunal, devienen de la equivocada apreciación de la investigación del accidente de trabajo realizada por la ARP del ISS (fls. 22 a 29), las constancias de asistencia del actor a cursos de capacitación (fls. 122 a 126, 128,181 a 182 y 184), la matrícula profesional de técnico electricista 10369, las certificaciones y diplomas expedidos al pretensor (fls. 188 a 195). Y como prueba no apreciada, denuncia la investigación del accidente de trabajo realizada por la división administrativa.

Agrega que acreditados los dislates en que incurrió el sentenciador de segundo grado, con prueba calificada, se estudiará la valoración desacertada que realizó de los testimonios rendidos por Francisco de Jesús Pérez Londoño (fls. 408 a 410), Luz Adriana Gómez Acevedo (fls. 410 a 412), William Gustavo Zapata López (fls. 412 a 415) y Jaime de Jesús Berrío (fls. 605 a 607).

Según el censor, del análisis de la investigación adelanta por la ARP del ISS, salta de bulto la inadecuada intelección que hizo de ella el tribunal, pues, en esta se anotan como causas del accidente de trabajo, aparte de otras, las siguientes:

(i) Al accionar las compuertas no debe entrar en funcionamiento el motor de la máquina; (ii) La máquina no había entrado al programa de funcionamiento; (iii) El tablero de control de la máquina se encuentra en el primer piso, lo que no permitía que las dos (2) personas que llevaban a cabo la operación se observaran; (iv) La falla se atribuye a un problema eléctrico en el pulsador de doble Star/Stop y, a que al energizar la máquina con el pulsador arranco el motor; (v) El pulsador de doble Star/Stop no fue enviado a revisión al laboratorio; (vi) Falla en los dispositivos de seguridad de la máquina —pulsador Star/Stop—; (vii) Instrucción inicial insuficiente; (viii) Aplicación deficiente de programas de salud ocupacional; (ix) Supervisión y liderazgo insuficiente; (x) Falta de aplicación de la política organizacional del programa ocupacional; (xi) Falta de seguimiento y supervisión del programa de salud ocupacional; (xii) Evaluación deficiente para el comienzo de una operación; deficiencia en las adquisiciones.

Argumenta que, de la anterior investigación, es dable inferir que la máquina se energizó y entró en funcionamiento estando abiertas las compuertas, por lo que dicho informe no se puede reducir, como lo hizo con evidente desacierto la alzada, a un “pudo”, surgiendo palmaria “la negligencia patronal al no remitir el pulsador Star/Stop al laboratorio para su análisis y al no cumplir con las obligaciones de protección y seguridad que le incumbían frente al trabajador, que afloran de los errores encontrados al llevar a cabo la investigación pluricitada”.

Añade que es inocultable que las conductas omisivas de la entidad empleadora fueron múltiples y que, resultan contrarias a los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo, “las conclusiones a que arribó el tribunal, sin que se pueda soslayar su actuar en la consideración de que la escogencia de la prevalencia de una o unas pruebas sobre otra u otras tiene sustento en el ejercicio del principio de la libre apreciación de la prueba, porque este no puede llevar, como aconteció en el sub lite, con evidencia incontrastable a destruir la verdad real del proceso, que resulta radicalmente diferente a la plasmada en la sentencia, por extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó —equivocadamente—, por defectuosa persuasión, que configura el error de hecho denunciado”.

Indica que, si el tribunal hubiese analizado la investigación del accidente de trabajo realizada por la división administrativa, sección salud ocupacional de la empresa, aplicando los principios antes enunciados, “hubiese corroborado la existencia de la culpa patronal que fluye diamantina de la investigación de la ARP del ISS, dado que en el informe de la empresa se dejaron consignadas falencias como: Espacio reducido; falla mecánica o eléctrica; mantenimiento inadecuado de herramientas; carencia de recursos H.T. y F.; falta de normas de seguridad; procedimiento peligroso permitido; falta de mantenimiento; falla eléctrica o electrónica (se quedó pegado el contactor o bloqueador de la máquina), lo que llevó a recomendar entre otras acciones, que se consultara si el circuito de control y potencia de la máquina eran aptos para la materia prima y enviar al laboratorio el contactor y bloqueador de la máquina para determinar falla técnica, recomendaciones que no se cumplieron”.

Para el recurrente es protuberante la falta de rigor e inadecuada valoración de la investigación realizada por la ARP del ISS y “la ignorancia olímpica de la investigación adelantada por la accionada”, dado que la conclusión a que arribó la sentencia “pugna con la verdad, la razón y la lógica formal, al desconocer la relación causa-efecto entre la ocurrencia del accidente y las conductas omisivas de la citada a juicio. La relación que hace la sentencia, que no encaja propiamente dentro de lo que corresponde a la valoración, motivación y análisis de la prueba, de los documentos obrantes de folios 122 a 126, 128, 181 a 182 y 184 y 188 a 195 del expediente, indicados en los numerales 1º y 2º de la prueba mal apreciada, no pasa de ser un silogismo descabellado, falaz que se destruye por sí mismo. La idoneidad profesional, la participación en programas de seguridad industrial, la obtención de diplomas o certificaciones académicas, en que basó su decisión el ad quem para hacer desaparecer la culpa patronal, no tienen relación con la producción del accidente ni excluyen per se la presentación del mismo”.

Sostiene que, es absurdo intuir siquiera como hipótesis que la existencia de los documentos bajo análisis desquicia la posibilidad de que se hubiese presentado el infortunio del trabajador y menos aún, que presentado este se conviertan en un eximente de la responsabilidad patronal.

Expone que, si el tribunal hubiese apreciado el informe de la investigación realizada por la ARP del ISS en su verdadero sentido y alcance, y no hubiera dirigido su actividad argumentativa a desconocer su sustentación técnico-científica con falacias, habría tenido que concluir en puridad de derecho, y con base en el acervo probatorio, la existencia de la culpa patronal en el accidente de trabajo, circunstancia que se corrobora con la investigación adelantada por la empresa, ignorada sin razón. Igualmente, habría comprendido que los documentos que dan cuenta de la idoneidad del trabajador, no tienen relación de causalidad para haber impedido el accidente; que este no ocurrió por violación u omisión de las normas que se acredito que conocía; así como que los documentos referidos no prueban nada en relación con el infortunio, ni tienen relación de causalidad con él.

Asevera que estudiados y valorados en su verdadero alcance los testimonios de Luz Adriana Gómez Acevedo, William Gustavo Zapata López y Jaime de Jesús Berrio, “es evidente que no les consta nada directamente relacionado con el accidente, incluso resultan contradictorios en ciertos aspectos fundamentales con la versión que rindieron ante la cooperativa y la ARP del ISS, en las investigaciones que estas adelantaron, consignadas en el anexo 1 de dichas piezas procesales, especialmente en cuanto a la supuesta existencia de manuales de funcionamiento de la máquina, los cuales no existían. Aparecieron con posterioridad al accidente”.

Dice que en el caso que Francisco de Jesús Pérez Londoño, “llamado en los términos del proveído “el propio señor Francisco”, solo da cuenta que el motor de la misma se encendió, sin dar la razón de ello, a más de que del lugar donde estaba no podía ver al demandante; contrario a lo que sostiene la sentencia el motor de la máquina se encendió (estaba apagado pero se prendió), hecho incuestionable, sin el cual no se hubiese presentando el infortunio del trabajador”.

Señala que la cita minimizada de la declaración de Luz Adriana Gómez Acevedo, que trae la sentencia, “no concuerda con lo plasmado en la investigación que realizó del accidente, a que se hizo mención atrás y, si a algo contribuye es a no desvirtuar la culpa patronal, de la cual únicamente se libera el empleador si demuestra que el hecho ocurrió debido a la provocación de la víctima, o culpa grave de esta, circunstancias que no se acreditaron, como si se hizo con los fallas que ocasionaron el percance. Corresponde al dicho de alguien subordinado que quiere destruir la investigación escrita que realizó, sin lograrlo”.

Al concluir enfatiza que no tiene ningún rigor analítico la aseveración que hace el tribunal sobre testigos que “nada vieron, que nada dicen en relación con el asunto sub judice, para sostener que se ajustan más a la verdad que los documentos producto de la investigación del accidente, realizada por la ARP del ISS. Es la propia demandada la que reconoce su culpa en la ocurrencia del infortunio al realizar la investigación de aquel. La afirmación de que la prueba testimonial se ajusta más a la realidad de lo acaecido, porque sabían más de lo relacionado con la forma de accionar la máquina, no tiene soporte de racionalidad y razonabilidad, ni relación de causa-efecto con el accidente. La manifestación de que todos los testimonios van en la misma dirección, no se entiende en otro sentido que, en el de no desvirtuar la culpa patronal, de no saber nada concreto que tienda a desvirtuar las investigaciones que se indicaron una como mal apreciada (ARP del ISS) y otra como no apreciada (empleador). Los testigos fueron tergiversados y su dicho tomado fuera de contexto por el tribunal para concluir cosas que no dijeron y que no conducen a desvirtuar la culpa patronal, ni la relación causa-efecto entre el accidente y aquella, que salta prima facie de las investigaciones realizadas por la cooperativa y la ARP del ISS”.

VII. Réplica

Aduce, en esencia, que el cargo adolece de errores en la técnica de casación puesto que: (i) carece de proposición jurídica; y (ii) tanto la investigación del accidente de trabajo realizado por la empresa, como el informe de investigación de la ARP, hacen “relación a posibles, eventuales o hipotéticas causas del accidente de trabajo sufrido por el actor; de ahí que el ad quem razonablemente se inclinó por la prueba testimonial que le mereció mayor credibilidad”.

VIII. Consideraciones

No le asiste razón a la opositora cuando asevera que el ataque carece de proposición jurídica, pues basta una lectura somera para advertir que, entre otras normas, el recurrente citó el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que, sin hesitación alguna, cumple con las exigencias que estatuye la ley instrumental del trabajo.

Pues bien, para dar respuesta al cargo se tiene lo siguiente:

1. Sobre la naturaleza probatoria del informe de investigación de accidente de trabajo de la otrora ARP.

En torno a este tema, de antaño ha precisado la Corte lo siguiente:

a. Sentencia CSJ SL, del 8 de jul. 2003, rad. 19749:

Allende los aspectos formales sobre los que llama la atención el cargo, relacionados con los requisitos que se deben cumplir para la estimación probatoria de un documento como el de folios 64 y 65 del expediente, respecto al cual el propio acusador dice que es declarativo, lo que salta a la vista en la argumentación demostrativa de aquel es que está exclusivamente fundada en una prueba sobre la cual no se puede construir ataque en casación, como es el caso de los informes que sobre los accidentes de trabajo rinden las administradoras de riesgos profesionales, ARP, de los que la jurisprudencia ha manifestado constituyen documentos declarativos provenientes de terceros, que deben por tanto ser asimilados a un testimonio.

De ahí que en el marco de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, deviene formalmente desacertado que la acusación pretenda controvertir ante la Corte el atenimiento a la ley de la sentencia gravada únicamente desde un documento que en riguroso sentido equivale a un testimonio, que no es prueba calificada (...).

En relación con el informe del accidente laboral que produjo la ARP Colmena, visible entre folios 64 y 65 del expediente, del que el cargo afirma que fue apreciado equivocadamente por el tribunal, reitera la Corte lo que ya expresó a propósito del ataque anterior, en el sentido que más allá de si se produjo o no la ratificación que extraña el impugnante, ello carece de trascendencia en el caso, pues el documento que contiene aquel, según la jurisprudencia, es simplemente declarativo y se asimila a la prueba testimonial que, como se sabe, no es calificada y sobre ella tampoco se puede estructurar acusación en el recurso extraordinario.

b. Providencia CSJ SL17468-2014, del 30 de abr. 2014, rad. 46057:

1.1. Documento técnico de investigación elaborado por la Administradora de Riesgos Profesionales Colpatria (fls. 83 a 97).

Este informe se encuentra rendido por trabajadores de la demandada, Empresas Públicas de Medellín ESP, y funcionarios de la ARP Colpatria, el cual contiene una investigación que describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro que le causó la muerte al ingeniero Juan Felipe Cardona López, así como la matriz de pérdidas, las causas inmediatas, actos inseguros, condiciones inseguras, causas básicas, factores personales, factores de trabajo, controles administrativos, y recomendaciones generales.

En sentir de la Corte Suprema de Justicia la probanza en precedencia, en la que se basa el cargo para enrostrarle a la corporación de instancia los yerros fácticos, es un documento de carácter declarativo, en el que casi un mes después de los sucesos sobre los cuales gravita la controversia, y como ya se dijo, a partir de un recuento cronológico de los hechos, se hace una evaluación de los mismos y se plantean las posibles causas del accidente de trabajo, así como se establecen unas recomendaciones generales.

Tiene adoctrinado esta Sala que en virtud al artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, aun con la modificación introducida por el artículo 27 de la Ley 794 de 2003, aplicable al proceso laboral por así permitirlo el 145 del estatuto adjetivo del trabajo y de la seguridad social, los documentos simplemente declarativos emanados de terceros, deben apreciarse en la misma forma que los testimonios; y como es sabido, la prueba por testigos no es una de las tres hábiles para estructurar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Al punto, en sentencia del 17 de marzo de 2009, radicación 31.484, enseñó la Corte:

“Aunque, a raíz de la reforma introducida al ordinal 2º del artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003, para la apreciación de los documentos declarativos emanados de terceros, ya no se requiere la ratificación de su contenido ‘... mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos...’, ni su apreciación se debe hacer ‘... en la misma forma que los testimonios’, como lo exigía la anterior norma, sino que, simplemente, ‘... se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación’, tal como lo prevé el actual texto legal, y ya lo había previsto el ordinal 2º del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 y lo adoptó definitivamente el artículo el numeral 2º del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, dichos cambios legislativos no alcanzan a variar la vieja tesis de la Corte de que los documentos de esta naturaleza no son prueba calificada en casación, pues, si bien, tal postura había estado basada en el carácter no autentico del documento, toda vez que, para poder ser apreciado en juicio requería de su ratificación, también se ha venido considerando que, no obstante ratificarse estos en el proceso, tenían una naturaleza intrínseca testimonial, lo cual, si bien se apoyaba en el mismo texto legal, que exigía que fueran apreciados ‘... en la misma forma que los testimonios’, según lo disponía inicialmente el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no por haberse eliminado tal previsión del legislador, puede decirse que ha desaparecido su condición de testimonio, así sea extraprocesal, ni que para su valoración no se deban seguir las mismas reglas de apreciación y crítica de este tipo de pruebas, lo cual se ofrece claro en el caso presente, en donde los referidos documentos son actas de declaraciones rendidas por testigos ante el propio empleador, en donde se debe ser más riguroso al momento de determinar su valor de convicción.

“En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, lo documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea”.

c. Fallo CSJ SL6497-2015, del 29 de abr. 2015, rad. 44894:

En efecto, refiere únicamente a los folios 573 a 574 que contienen el informe de accidente adelantado por la administradora de riesgos profesionales y al informe de interventoría que le fue rendido a la demandada en solidaridad (fl. 381), para de ello concluir que estaba suficientemente demostrada la culpa de la empleadora.

En ese orden de ideas, ha de señalarse que los informes, por provenir de terceros, se asimilan a declaraciones no aptas en casación para estructurar errores de hecho, por manera que si el recurrente pretendía demostrar los enrostrados en el cargo, debió acudir en primer lugar a las pruebas que ostentan tal calidad, para permitir el estudio de aquellas en las que fundamentó su ataque.

d. Sentencia CSJ SL2644-2016, 2 mar. 2016, rad. 46403:

Al respecto, anota la Sala que efectivamente la aludida investigación (fls. 17 y 75), aparece suscrita por la profesional de salud ocupacional del ISS, Beatriz Elena López Arango y, por lo tanto, ese medio de convicción en realidad corresponde a un documento que proviene de un tercero, que en casación laboral recibe el mismo tratamiento de la prueba testimonial y, en consecuencia, no resulta apto dentro del recurso extraordinario para estructurar un error de hecho, conforme a la restricción contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Sobre esta clase de documentos declarativos emanados de terceros, esta corporación, en sentencia CSJ SL, 17 Mar. 2009, Rad. 31484, expresó: (...).

En este orden de ideas cabe seguir sosteniendo que, por su naturaleza intrínseca testimonial, lo[s] documentos simplemente declarativos emanados de terceros, no constituyen prueba calificada en casación, por lo que no se podrá asumir su estudio, sino en la medida que se demuestre error respecto de una prueba que sí lo sea.

Es más, atinente a las actas de los comités paritarios de salud ocupacional, esta corporación en providencia CSJ SL, 25 de jul. 2002, rad. 18520, asentó:

Respecto al acta de la reunión extraordinaria del comité paritario de salud ocupacional, higiene y seguridad de la empresa (fls. 79, 80, 81 y 82), que se denuncia como no apreciada por el tribunal, es de advertir que dicho documento por su carácter eminentemente declarativo, de conformidad con lo señalado en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil debe ser apreciado en la misma forma que los testimonios y en esa medida no se constituye en una prueba apta para estructurar yerro fáctico manifiesto en casación del trabajo.

Por disposición del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, son medios de convicción idóneos para fundar un error de hecho manifiesto en casación laboral, la inspección judicial, la confesión judicial y el documento auténtico.

En sentencia de 12 de febrero de 1996, rad. 8195, señaló la Corte lo siguiente:

“No existiendo una tarifa legal de pruebas, pues al juez del trabajo la ley lo autoriza para formar libremente su convicción, y únicamente le exige que exprese en la parte motiva de la sentencia ‘los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento’, se cae de su peso que no puede reprochársele en casación al tribunal la comisión de un yerro manifiesto por haberle otorgado más credibilidad al dicho de Lisímaco Zapata que al de José Fernelly Posada, o que al ‘análisis y los comentarios’ que después de ocurrido el accidente de trabajo los integrantes del ‘comité paritario de seguridad’ consignaron en el acta a que se refiere la recurrente, o que al ‘ilustrado informe de investigación sobre el mismo insuceso suscrito por el jefe del departamento de seguridad de la empresa’.

Por lo demás, tanto el ‘acta’ como el ‘informe’ tienen una indiscutible naturaleza de documentos declarativos, y como tal deben ser apreciados en la misma forma que los testimonios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. Índole testimonial de los referidos documentos que los hace inidóneos para estructurar un error de hecho manifiesto en la casación del trabajo, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969”.

Por lo demás, dichas aseveraciones plasmadas en el acta mencionada se refieren a constataciones hechas con posterioridad a la ocurrencia de los hechos y no esclarecen fehacientemente las condiciones de seguridad existentes en el sitio de trabajo al momento del fatal infortunio.

Entonces, trasladando los argumentos expuestos en la línea jurisprudencial trazada en precedencia, que encaja perfectamente en el asunto bajo escrutinio, no es posible estructurar los errores de hecho a que alude el recurrente, con fundamento en la errada apreciación de aquellas pruebas que no son calificadas en el ámbito del recurso extraordinario, esto es, con los informes rendidos por la ARP hoy ARL, así como por los comités paritarios, dada su naturaleza intrínseca testimonial.

En relación a que el actor se encontraba capacitado para la labor que ejecutó, basta decir que el tribunal infirió tal aspecto no de la prueba documental que denuncia la censura, pues el juzgador se limitó a citarla, sino de la prueba testimonial. Esto dijo el sentenciador “de lo anterior se desprende que está probado en debida forma la ocurrencia del accidente aducido por el demandante, sin que se hubiese logrado probar la culpa del empleador en la ocurrencia del mismo, tal y como se indica en los hechos de la demanda, sin que de la prueba testimonial se pueda probar esta circunstancia, no obstante el hecho de que todos los testigos son de la parte demandante, ya que los mismos son claros en indicar que no se sabe a ciencia cierta a que (sic) se debió el accidente, así como que el actor era de los más capacitados para realizar este tipo de funciones, y que más que el propio señor Francisco es suficiente para probar la ausencia de culpa del empleador en la ocurrencia del insuceso, única persona que estaba con el demandante al momento de la ocurrencia del siniestro y que da fe de que la máquina estaba apagada, pudiéndose considerar que efectivamente lo presentado es un caso fortuito, situación ésta que desde ningún punto de vista se puede traducir en una responsabilidad para el empleador”.

2. Ausencia de error de hecho.

Se impone reiterar que, en presencia de varios elementos de persuasión que permitan conclusiones opuestas o disímiles, corresponde al juzgador dentro de su restringida libertad y soberanía probatoria y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establecer su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo de ellos sobre los otros, sin que ello, por sí solo, constituya un error evidente de hecho.

Esta Corte, en reciente sentencia CSJ SL18578-2016, del 6 de dic. 2016, rad.70662, reiteró que:

en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Rad. 11.111).

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

“Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

“La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”.

Corresponde es los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en la proceso.

Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.

Desde esta perspectiva, el juzgador de alzada aplicó el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en forma debida, al hacer uso de las facultades que dicha norma le confiere, cuando al analizar el haz probatorio obrante en el proceso, consideró que algunas probanzas le ofrecía mayor credibilidad o que se ajustaban “más a la realidad de los hechos”, puesto que “son mucho más verídicas que un informe que lo único que indica es lo que “pudo” haber sucedido, no la realidad de los hechos”.

En conclusión, los jueces de instancia, conforme a la anterior potestad legal, pueden válidamente fundar su decisión en aquellos elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico por la errada apreciación o falta de valoración de tales probanzas.

3. De la prueba testimonial.

Frente a la prueba testimonial, que para el tribunal fue esencial, no es posible abordar su estudio, dado que no quedó acreditado error de hecho alguno con cualquiera de las tres pruebas calificadas en casación, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial, conforme a la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 29 de marzo de 1995.

Puestas en esa dimensión las cosas, el ataque se torna fallido.

Las costas en el recurso extraordinario, serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000, que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el art. 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en descongestión, el 30 de noviembre de 2009, dentro del proceso ordinario promovido por Jaime Alonso Rodas Argüelles contra la Cooperativa Colanta Ltda.

Costas como se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.