Sentencia 4566-2017/46620 de marzo 29 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4566-2017

Radicación: 46620

Acta: 11

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá D.C., veintinueve de marzo de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P., EADE S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de febrero de 2010, en el proceso que instauraron en su contra Juan Carlos Rendón López, Juan Jaime Ossa Casas y Alberto Higuita Goez.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandada, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

El propósito de este recurso es obtener que se case el fallo acusado, para que se confirme el de primer grado que absolvió a la empresa. En subsidio, se pide que case parcialmente la decisión atacada en cuanto omitió pronunciarse sobre la excepción de compensación propuesta por EADE desde las respectivas contestaciones a las demandas iniciales, para que luego revoque la providencia del juez a quo y, en sede de instancia, imponga la condena que estime pertinente teniendo en cuenta la citada excepción de compensación.

Con el mencionado propósito, formula dos cargos que se estudiaran conjuntamente por estar estrechamente relacionados.

VI. Cargo primero

Para el recurrente, la sentencia acusada viola, por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo; 6º de la Ley 50 de 1990 en relación con los artículos 1º de la Ley 52 de 1975; 27, 189, 192 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 16 de la Ley 446 de 1998; 28 de la Ley 789 de 2002, a consecuencia de la apreciación errónea de unas pruebas y de la no apreciación de otras, lo que condujo a la comisión de errores de hecho manifiestos, a saber:

No dar por demostrado, estándolo, que EADE fue liquidada el 25 de junio de 2007 y, por consiguiente, a partir de esa fecha desapareció del mundo jurídico y, por lo tanto, ordenar un reintegro es obligar a lo imposible en la medida en que no existe la persona jurídica que pueda cumplir esa condena, ni existen los cargos que deberían ocupar los señores Ossa, Higuita y Rendón.

El yerro denunciado se atribuye a la falta de apreciación del certificado especial expedido por la Cámara de Comercio de Medellín y que fue allegado a fl. 340, c.1. y de las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales (fls. 116, 122 a 124 y 266 y 267, c. 1).

Demostración:

Trae a colación el artículo 1º, mod.135, del Decreto 2282 de 1989 que, en su inciso final, prevé:

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio.

Con amparo en esa norma, sostiene que antes de que se profiriera la decisión de primer grado, el certificado especial de la Cámara de Comercio de Medellín (fl. 340 c. 1) fue incorporado al proceso, pero que fue dejado de lado por el tribunal; señala que con dicho documento se establece que la Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. se liquidó el 25 de junio de 2007, documento que comprueba una circunstancia sobreviniente de vital importancia para efectos del resultado de este juicio, pues, de acuerdo con su contenido, es inevitable concluir que los reintegros de los actores objeto de condena son imposibles de cumplir, dado que la entidad ya desapareció del mundo jurídico, de tal forma que esa condena obliga a lo imposible, según lo tiene enseñado la jurisprudencia, tal y como se aprecia en los apartes del fallo CSJ SL del 13 de abr. de 2010, Nº 36198.

Con base en lo anterior, considera que lo único que procedía era el pago de la indemnización prevista en los casos de despido unilateral e injustificado; pero, como está debidamente comprobado que ya le fue cancelada a los accionantes la indemnización por despido, fls. 116. 122 a 124 y 266 a 267, c.1, que también fueron ignorados por el ad quem, concluye que necesariamente la empresa debe ser absuelta.

VII. Réplica

Se opone a la prosperidad del cargo, en razón a que el alcance de la impugnación es incompleto y que no se mencionó como sentencia atacada la complementaria, por lo que, en su criterio, no puede ser examinada por esta Corte.

Sobre el fondo, dice que el juez de alzada no tenía la obligación de pronunciarse sobre la supuesta liquidación de la enjuiciada, en razón a que no fue materia de la apelación y la parte actora fue la única apelante. Además que no se podía tener en cuenta este hecho, dado que se trató de una autoliquidación y lo que se presentó fue una sustitución patronal, como se dice en la Sentencia T-0401 de 2009, y que sobre la procedencia del reintegro ya hay doctrina probable, ya que esta corporación ha resuelto casos contra la misma entidad como son los radicados 32347, 35707, 36133 y 36342.

VIII. Segundo cargo

Acusa la sentencia recurrida de aplicar indebidamente los artículos 13, 19, 467 al 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y 1494, 1602 y 1603 del Código Civil y no aplicar los artículos 1714, 1715 y 1716 del Código Civil, 1º, mod. 43, numeral 3º, mod. 134 y mod. 135, del Decreto 2282 de 1989, 174, 177 y 306 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en lo laboral de conformidad con lo estatuido por el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, y 60 y 61 de esa última codificación. (Aclara que, según la enseñanza permanente de la Sala, cuando un cargo se plantea por la vía indirecta, la falta de aplicación se equipara a la aplicación indebida).

El error de hecho que supuestamente cometió el fallo acusado consiste en no tener en cuenta, estando legalmente obligado a hacerlo, que EADE propuso la excepción de compensación frente a las pretensiones de los señores Ossa, Higuita y Rendón.

Lo sustenta en la falta de apreciación por el tribunal de las siguientes pruebas:

a) Liquidaciones definitivas de prestaciones sociales (fls. 116, 122 a 124 y 266 y 267, c. 1)

b) Contestación de EADE a la demanda inicial que interpusieron los señores Juan Jaime Ossa y Alberto Higuita (fls. 94 a 107, en especial el capítulo de excepciones, fl. 103, c. 1) y Juan Carlos Rendón (fls. 244 a 255, en especial el capítulo de excepciones, fl. 251, c. 1).

Demostración:

Recuerda que en la contestación a la demanda que formularan los señores Ossa e Higuita, EADE propuso la excepción de compensación (fl.103, c. 1); que de igual modo lo hizo al responder la demanda del señor Rendón (fl. 251, c. 1).

Agrega que, para fundamentar tales excepciones, fueron allegadas al expediente las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales de los señores Ossa, Higuita y Rendón que obran a fls.116, 122 a 124 y 266 y 267, c.1, las que, denuncia, pasó por alto el juzgador ad quem.

De lo anterior, colige que es evidente que el tribunal inexplicablemente dejó de estudiar tanto las respectivas contestaciones a la demanda inicial que interpusieron los señores Juan Jaime Ossa y Alberto Higuita (fls. 94 a 107, en especial el capítulo de excepciones fl. 103, c. 1) y Juan Carlos Rendón (fls. 244 a 25, en especial el capítulo de excepciones fl. 251, c. 1) como las liquidaciones definitivas de prestaciones sociales que obran a fls.116, 122 a 124 y 266 y 267, c. 1 y, por consiguiente, omitió cualquier pronunciamiento sobre esa materia.

Con las reflexiones previas, la censura da por comprobada la existencia del error de hecho que endilga al fallador de segunda instancia, con la consecuente violación de las normas incluidas en la proposición jurídica y en las modalidades allí puntualizadas.

IX. Réplica

Considera que tampoco debe prosperar este cargo. Según el replicante, no se dio violación legal alguna, sino que hubo una omisión por el no pronunciamiento de la totalidad de las excepciones, cuyo mecanismo procesal idóneo para remediar tal situación no puede ser la casación, sino la solicitud de adición de sentencia.

X. Consideraciones

Los términos del alcance de la impugnación no son obstáculo para estudiar de fondo los cargos, pues fácilmente se deduce que el recurrente, principalmente, persigue la información de la sentencia del tribunal, para obtener la confirmación de la providencia del a quo que le resultó totalmente favorable. Y, de no prosperar esto, pretende que se case lo dispuesto por el juez de alzada, en cuanto no dijo nada de la excepción de la compensación, para que, en instancia, revoque la sentencia del juez del circuito y declare probada la mencionada excepción.

Precisado lo anterior, observa la Sala que, en efecto, el juez de alzada dejó de lado la prueba documental del fl. 340 y repetida al fl. 331, consistente en el certificado especial de la Cámara de Comercio, expedido el 26 de octubre de 2007, donde consta que “según Acta Nº 44, del 25 de junio de 2007, de la asamblea extraordinaria de accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2007, en el libro 9º, bajo el Nº 7658, se declaró LIQUIDADA la sociedad”, hecho sobreviniente y relevante para la condena al reintegro y el pago de los salarios, prestaciones y pagos de la seguridad social que impuso el ad quem. La mencionada documental fue incorporada mediante auto debidamente notificado, según se aprecia al fl. 330 del plenario.

La omisión del juez colegiado acabada de detectar por la Sala configura un desatino que afecta la orden de reintegro que dio, en razón a que, si hubiese tenido en cuenta que la empresa se encuentra liquidada desde el 25 de junio de 2007, no la habría dispuesto, en razón a que era imposible de cumplir.

Sobre el particular, es pertinente poner de presente lo que dijo esta corporación en otro proceso adelantado contra la misma demandada, CSJ SL 8155 de 2016:

Respecto a esta última certificación esta Sala de la Corte en anteriores procesos estimó que “no es suficiente para impedir la materialización de la reincorporación del actor al servicio de la demandada, pues no existe prueba de la culminación del aludido proceso de liquidación” (CSJ SL, 6 jul. 2011, rad. 40310; CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42852; CSJ SL873-2013; CSJ SL874-2013; CSJ SL875-2013; CSJ SL11321-2014; CSJ SL10114-2015; CSJ SL2729-2015) y, en ese sentido, se ordenó el reintegro de varios demandantes a la empresa al considerarse que la certificación emitida por la Cámara de Comercio no era una prueba apta para demostrar el hecho de su liquidación definitiva.

Pues bien, examinado nuevamente el asunto, esta Sala estima oportuno cambiar su postura al respecto, para en su lugar señalar que los certificados de Cámara de Comercio aportados por la demandada, constituyen prueba idónea de la liquidación total de la entidad.

Sobre el punto, es imperioso recordar que una de las funciones legales del registro mercantil es la de dar publicidad a los actos y contratos inscritos, con el objeto de facilitar su conocimiento por parte de cualquier persona; servir de prueba de los mismos y brindar certeza en las transacciones mercantiles.

En Colombia, dicha función fue asignada a las Cámaras de Comercio, de conformidad con el numeral 3º del artículo 86 del Código de Comercio, que expresamente señala que le corresponde a éstas entidades “llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos”. Vale decir, legalmente está en cabeza de estas instituciones la función de inscripción y certificación de los actos que, de acuerdo con el mismo código, deban ser objeto de registro.

Ahora bien, con arreglo al numeral 9º del artículo 28 del Código de Comercio, debe ser registrado en las cámaras el acto de liquidación de las sociedades, lo que significa que, una vez efectuado, le corresponde a estas entidades el deber subsiguiente de dar fe de la existencia de la situación.

Lo expuesto conduce a concluir que, por mandato legal, el certificado de Cámara de Comercio es la prueba idónea de la liquidación de las sociedades y, por ello, constituye una prueba auténtica y completa del hecho que expresa. Y como prueba válida y eficaz que es, tiene aptitud suficiente para consolidar el convencimiento de los jueces en lo que hace a la extinción definitiva de las sociedades y entidades obligadas a inscribir tal circunstancia.

En este asunto, como atrás se mencionó, se allegó certificado expedido el 19 de marzo de 2009 por la Cámara de Comercio de Medellín, en el que se deja constancia del hecho de la liquidación final y definitiva de la entidad, aspecto que no puede pasar por alto la Sala en orden a analizar la viabilidad del reintegro pedido en la demanda.

En efecto, para que sea factible la reinstalación de un empleado, es imprescindible que la entidad a la cual va a ser reincorporado exista físicamente, pues es un ilógico pretender la reubicación a una entidad que, sencillamente, ha desaparecido material y jurídicamente, como acá ocurre en virtud del certificado mercantil adosado al juicio y al cual la Sala le atribuye plena eficacia para demostrar la liquidación total de la EADE.

En el derecho de las obligaciones, el tema de la “imposibilidad sobrevenida” ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina autorizada, en el sentido que en las hipótesis de imposibilidad sobrevenida y definitiva del débito primario (reintegro), procede “el equivalente pecuniario de este: perpetuatur obligatio en la aestimatio pecunia (art. 1731 C.C.)”(1). Lo que significa que de no ser posible el cumplimiento de la obligación in natura, por ejemplo, por extinción de la entidad en la cual debía ser reintegrado un trabajador, procede la entrega de un subrogado pecuniario, que de una u otra forma satisfaga el derecho del trabajador.

El tema en cuestión no ha sido ajeno a la jurisprudencia de esta corporación, como puede verse en la Sentencia CSJ SL, 30 abr. 1998, rad. 10425:

“El tribunal acierta cuando sostiene que el cierre total del lugar donde prestaban el servicio los demandantes hace imposible el reintegro, porque esa es una verdad axiomática. Más aún, para que una obligación exista es necesario que sea física y jurídicamente posible, de manera que una persona no puede obligarse por un acto o declaración de voluntad a cumplir lo imposible y de la misma manera el juez no puede gravar al demandado, con una decisión judicial suya, a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible. Cuando el hecho debido se torna imposible, la obligación original (de dar, hacer o no hacer) se resuelve en una de indemnizar perjuicios, de modo que lo jurídicamente procedente es la demanda judicial de los perjuicios”.

Igualmente, en la Sentencia CSJ SL, 06 jul. 2011, rad. 39352, la Sala razonó:

“De entrada observa esta corporación que le asiste razón a la censura en este puntual aspecto, al afirmar que erró el ad quem al revocar la decisión de primera instancia, por cuanto la entidad demandada, al momento de proferirse la sentencia impugnada, no estaba en la posibilidad física y jurídica de reintegrar a la demandante, dado su estado de disolución y liquidación evidenciado en la documental que obra al folio 453 del cuaderno del tribunal, así como tampoco lo está en la actualidad, ya que el 30 de septiembre de 2009 se extinguió del ámbito jurídico, como certeramente lo revela el certificado de la Cámara de Comercio, adosado al folio 35 del cuaderno de la Corte.

[…]Entonces, parafraseando lo que sentara la Corte en la sentencia citada, en este caso, el reintegro deprecado adquiere la connotación de imposible de efectuarse, puesto que, como puede advertirse en el Certificado de Existencia y Representación Legal adosado al folio 453 del cuaderno del tribunal, mediante Decreto 2525 de 2 de julio de 2005 se declaró la disolución y el estado de liquidación del banco demandado. De ahí que sea necesario afirmar que tratándose de un hecho sobreviniente luego de haberse presentado la demanda, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por la integración autorizada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, es viable tener en cuenta dicho documento”.

Por consiguiente, en sede de instancia, la Corte, ante el hecho indiscutible de la extinción total de la entidad accionada, debe acoger otras soluciones jurídicas que compensen en forma adecuada y proporcional los derechos que le fueron vulnerados al demandante.

Esto es así debido a que, la ocurrencia de un hecho externo al trabajador, como lo es la extinción de la entidad empleadora por la culminación del proceso liquidatorio, no debe conducir a la absolución o a que el juez decline su deber de administrar justicia. Por el contrario, frente a situaciones como estas, lo razonable es adoptar decisiones compensatorias de los derechos constitucionales y legales de los trabajadores, a través de sentencias viables, completas y de posible ejecución.

Por ello y en aras de garantizar la materialidad del derecho a la justicia efectiva, la Sala, en reemplazo del aludido reintegro y a título compensatorio, considera procedente disponer el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación del demandante hasta la fecha de culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por el mismo lapso.

Tal solución se acompasa con el criterio expuesto por la Corte Constitucional, donde, ante la imposibilidad del reintegro por finalización del proceso liquidatorio, ha considerado procedente “el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir por el trabajador (…) desde la fecha en que éste fue retirado del servicio, hasta la fecha en que culmine la liquidación de la entidad demandada” (CC T- 360/2007), en tanto “el trabajador perjudicado con la liquidación de una entidad pública o privada, sólo tiene la opción indemnizatoria, pero no le es dado solicitar un reintegro imposible” (CC T-550/00).

Se reitera que, en este particular caso existe prueba concreta de la liquidación final de la entidad, es decir, de su extinción total. Sin embargo, debe aclarar la Sala que diferentes consecuencias se generarían cuando la sociedad se encuentra en trámite de proceso liquidatorio, ya que, en estos casos, la entidad subsiste, solo que su capacidad jurídica se contrae a la realización de los actos necesarios para la culminación de aquel. Por esto, es razonable el reintegro de un trabajador a una sociedad en liquidación, eso sí, hasta que esta concluya definitivamente.

En este orden de ideas, el no haber tenido en cuenta el juez de alzada el hecho de la liquidación de la empresa demandada constituye un yerro fáctico trascendental que quiebra por sus bases la imposición del reintegro junto con el pago de los salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social, por lo que el primer cargo prospera y basta para casar la sentencia, sin que sea necesario hacer pronunciamiento del segundo por sustracción de materia.

No impide infirmar la sentencia impugnada el que el recurrente no haya mencionado la sentencia complementaria dentro del recurso, pues, como quedó visto en el historial del proceso, esta última decisión fue más de carácter aclaratorio, ya que no hizo más que hacer coincidir la parte resolutiva con la motiva de la sentencia.

XI. Sentencia de instancia

Las consideraciones del tribunal relacionadas con la fuerza vinculante del acuerdo de estabilidad celebrado entre empresa y sindicato, del cual se deriva el derecho al reintegro de los accionantes por haber sido despedidos sin justa causa, se mantienen incólumes, dado que no fueron objeto de cuestionamiento alguno por el recurrente.

Además, que la postura del juez colegiado concuerda con la jurisprudencia al respecto:

[e]l tema de la validez del acta de preacuerdo extraconvencional de fecha 28 de octubre de 2003, ha sido abordado por la jurisprudencia en múltiples oportunidades, en el sentido que este pacto, a pesar de la entrada en vigor de la convención colectiva de trabajo 2004-2007, conservó su fuerza normativa y obligacional, puesto que la vigencia y temporalidad de la prerrogativa del reintegro allí consagrada no se condicionó a la firma de aquella. Adicionalmente, en tal acuerdo colectivo no se eliminó o dejó sin efectos este derecho, sino que, por el contrario, se mantuvo “lo legal y convencionalmente pactado”. CSJ SL 8155 de 2016.

Por otra parte, no fueron objeto de controversia los extremos fijados por el ad quem que delimitan en el tiempo la prestación personal del servicio de los actores, por lo que se tomaran estos; y el último salario se extrae de cada una de las liquidaciones obrantes en el plenario, así:

1. Juan Jaime Ossa Casas, laboró del 9 de septiembre de 2003 al 1º de julio de 2004, y su último salario fue $3.882.197, fl. 69.

2. Alberto Higuita Goez, laboró del 11 de septiembre de 1998 al 1º de julio de 2004, y su último salario fue $3.882.197, fl. 122.

3. Juan Carlos Rendón López, laboró del 10 de agosto de 2000 al 13 de junio de 2004, y su último salario fue $3.105.798, fl. 64 c. 2.

Como se dijo en sede de casación, en reemplazo del pretendido reintegro por ser imposible dada la liquidación de la entidad empleadora y a título compensatorio, la Sala considera procedente disponer el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación del demandante hasta la fecha de la culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por el mismo lapso, como si la relación laboral hubiese continuado hasta el final de la existencia de la empresa y en razón a que los actores no prestaron el servicio durante este tiempo por disposición del empleador.

Adicionalmente, como se encuentra demostrado que cada trabajador recibió la indemnización por despido injusto, así como las cesantías e intereses a las cesantías (fls. 64 y 122 c. 1, y 64 c. 2), se ordenará la reliquidación de estos conceptos, tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha en que cada trabajador fue retirado del servicio hasta la fecha efectiva de la culminación de la liquidación de la empresa. De igual modo, se autoriza a la entidad para compensar lo pagado por estos conceptos.

Es de aclarar que, en razón a que en este caso no procede el reintegro por haber sido liquidada la empresa, los pagos salariales, prestacionales y de aportes a la seguridad social concedidos en su lugar no son incompatibles con la indemnización por despido ni con el pago de las cesantías, pues aquellos reconocimientos no hace más que hacer la ficción de que el contrato continuó hasta la liquidación de la entidad empleadora y el retiro sigue siendo por decisión unilateral del empleador sin justa causa.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada, para en su lugar proceder de conformidad a lo aquí resuelto.

Las costas en ambas instancias serán a cargo de la demandada. Sin costas en sede de casación.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 4 de febrero de 2010, en el proceso que instauraron en su contra Juan Carlos Rendón López, Juan Jaime Ossa Casas y Alberto Higuita Goez contra la Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P., EADE S.A. E.S.P.

En sede de instancia, REVOCA los numerales primero y segundo de la sentencia del juez del circuito; en su lugar,

RESUELVE:

1. CONDENAR al pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación de cada uno de los demandantes hasta la fecha de culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, por el mismo lapso, como si la relación laboral hubiese continuado hasta el final de la existencia de la empresa.

2. ORDENAR la reliquidación de la indemnización por despido y las cesantías e intereses a estas que les fueron reconocidas a los actores, tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la finalización del vínculo hasta la fecha efectiva de la culminación de la liquidación de la empresa. De igual modo, se autoriza a la entidad para compensar lo pagado por estos conceptos.

3. Confirmar en lo restante el fallo de primera instancia.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) HINESTROSA Fernando: Tratado de las Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. 3ª Edición, pág. 779.