Sentencia SL4569-2015/44531 de marzo 11 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4569-2015

Rad. 44531

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 7

Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «XI. Consideraciones de la Sala

En primer lugar, cabe recordar que la demanda de casación debe ajustarse al estricto rigor técnico que su planteamiento y demostración exigen, respetando las reglas fijadas para su procedencia, pues una demanda de esta naturaleza y categoría está sometida en su formulación a una técnica especial y rigurosa, que de no cumplirse conlleva a que el recurso extraordinario resulte inestimable e imposibilita el estudio de fondo de los cargos.

Igualmente, en numerosas ocasiones ha dicho esta Corporación que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, habida cuenta que la labor de la Corte, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el confuso escrito con el que se pretende sustentar la acusación contiene graves deficiencias técnicas, que comprometen la prosperidad de los dos cargos propuestos y que no es factible subsanar por virtud del carácter dispositivo del recurso de casación.

Tales falencias se detallan a continuación:

En primer término, el alcance de la impugnación no solo debe contener la indicación de lo que se debe casar, es decir, la parte de la providencia que debe anularse o la totalidad de la misma, según corresponda, pues además le incumbe al censor señalar cuál sería la actividad de la Corte en sede de instancia, es decir, precisar si el fallo de primer grado debe confirmarse, revocarse o modificarse y, en estos dos últimos casos, qué debe disponerse como remplazo.

Pues bien, el recurrente incurre en la impropiedad de solicitar la casación parcial de la sentencia “y en su lugar se revoque el numeral primero de la sentencia del 30 de septiembre del 2009”, es decir, la del ad quem, lo cual evidentemente no es posible, en razón de que una vez casada la providencia de segundo grado, ésta desaparece del mundo jurídico y no es posible revocar lo que no existe.

Aun si se pasara por alto dicha inexactitud, se advierte que el alcance de la impugnación es incompleto o ineficaz, en tanto el casacionista no le indicó a la Corte, cuál es la actividad que debe emprender después de obtenido el quebrantamiento del fallo cuestionado, lo cual, imposibilita la adopción de cualquier determinación en sede de instancia respecto del fallo de primer grado dado el carácter estrictamente rogado del recurso, pues como bien se ha sostenido, el alcance de la impugnación constituye el petitum de la demanda de casación y sin su adecuada presentación no le es posible a la Corte estudiar la demanda, pues ello le impide delimitar el ámbito de su actuación.

En efecto, esta sola circunstancia conduce a la desestimación de la acusación, pues no le compete a la Sala entrar a suplir la voluntad del impugnante respecto de la sentencia del a quo, máxime cuando esta contiene pluralidad de decisiones, unas de condena y otras de absolución.

Aunado a lo anterior, pese a que el impugnante, en el primer cargo le endilga al Tribunal la comisión de 14 errores de hecho, no desarrolla un discurso lógico encaminado a demostrarlos, a partir de las 18 pruebas que enlista como indebidamente valoradas —independientemente de que sean calificadas o no en casación—, pues no clarifica qué es lo que cada una de ellas demuestra y en qué consistió la tergiversación de su contenido y cual su incidencia en la sentencia gravada.

La misma suerte corre, lo que en el segundo cargo se puede entender que corresponde a la argumentación del mismo, pues en esta acusación el censor ni siquiera identificó cuáles fueron los medios de convicción no apreciados o erróneamente estimados, lo que deja la imputación sin sustento alguno y la transmuta en un simple alegato de instancia como bien lo puso de presente la parte opositora.

Adicional a lo expuesto, para la Sala los cargos resultan notoriamente insuficientes a los propósitos de derruir la verdaderas conclusiones del juez de apelaciones, esto es, que la terminación del contrato de trabajo que unió a las partes, fue por mutuo acuerdo, y que la demandante no cumplió con su deber de aportar los medios de convicción “que demuestren algún vicio del consentimiento de la actora en el momento de la suscripción del documento contentivo del consentimiento de la actora (...) ni mucho menos cuales fueron los actos que condujeron al mismo” (fl. 460).

Con todo, es de advertir que el discurso plasmado en las acusaciones, va encaminado a alegar (i) que fue la demandada quien dio por terminado el contrato laboral de la actora, por cuanto solicitó al entonces Ministerio de la Protección Social, autorización para despedir colectivamente a sus trabajadores y encontrarse incurso en una causal de liquidación, cuyo trámite fue aceptado por la Superintendencia de Sociedades y (ii) que quien suscribió el mutuo acuerdo de terminación del contrato laboral como representante de la empresa, carecía de capacidad legal para tal efecto, por cuanto la misma estaba en cabeza del liquidador.

Frente al primer planteamiento, basta señalar que en principio, no existe prohibición alguna que impida a las partes de un contrato laboral, suscribir de mutuo acuerdo la finalización de tal vínculo, de donde claramente se concluye que las situaciones por las que atravesaba la empresa accionada, no conllevaban per se la invalidez del consenso al que arribaron, menos aún que imposibilitaran que trabajadora y empleadora firmaran un acuerdo en tal sentido.

Y es que no podría ser de otra manera, pues precisamente, lo deseable es que la armonía reine en las relaciones obrero-patronales y que las decisiones que en tal escenario se tomen sean consensuadas. Con mayor razón si de lo que se trata es de dar por concluido el vínculo laboral que las unió, pues en tales eventos su causa usualmente obedece a motivos subjetivos de cada una de las partes que no les permite la continuación del mismo, en los términos que se venía surtiendo, cuestión que difiere en los casos de despidos colectivos, donde generalmente la decisión obedece a razones objetivas fundamentadas en una situación económica, técnica, de organización o de producción, que no garantiza la viabilidad futura de la empresa empleadora.

De ahí que la argumentación que en tal sentido erige la censura, no es de recibo frente la terminación del vínculo laboral, cuya suscripción por mutuo acuerdo entre las partes halló probada el Tribunal y menos aún ante la declarada ausencia de medios de convicción que demostraran la existencia de vicios en el consentimiento de la parte actora. Luego, eran estas y no otras, la conclusiones que le correspondía derruir a la censura, con la consabida argumentación y demostración pertinente, lo cual, como quedó visto, se abstuvo de realizar.

En cuanto al segundo tópico, esto es, que quien suscribió el acuerdo de terminación del contrato laboral en nombre de la empresa, carecía de la capacidad legal para tales efectos, es de señalar que esta temática, traída a colación únicamente en el recurso extraordinario, se exhibe como una alegación nueva, en la medida que no fue planteada en la demanda inicial y menos aún en el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el fallo de primer grado, por tanto, no fue debatida en las instancias. En consecuencia, no es posible abordar su estudio, so pena de desconocer el debido proceso y el derecho de defensa de la parte contraria.

Consecuente con lo anterior, los cargos no prosperan.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandante recurrente. Se fija como agencias en derecho la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por Luz Miryam Moreno contra CASAR LABORATORIOS S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen».