Sentencia SL4595-2016/49689 de marzo 2 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

SL4595-2016

Rad.: 49689

Acta 7

Bogotá D.C., dos de marzo de dos mil dieciséis.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Ana Cecilia Úsuga Velásquez y Maribel Londoño Úsuga, contra la sentencia del 11 de octubre de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso adelantado por los recurrentes contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Auto

En atención a la petición elevada conjuntamente, tanto por el Vicepresidente Jurídico y Secretario General de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, como por el Director Jurídico Nacional del Instituto de Seguros Sociales, visible a folios 32 y 33 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesora procesal del extinto Instituto a dicha Administradora, de conformidad con el Decreto 2013 de 2012 y 60 del C.P.C., aplicable a los procesos laborales y de la Seguridad Social, por expresa remisión del artículo 145 del C.P.L. y la S.S.

I. Antecedentes

Ante el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, Ana Cecilia Úsuga Velásquez y Maribel Londoño Úsuga, demandaron al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, para que se declare que tienen derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de Alfonso Emilio Londoño Romero, compañero permanente y padre de las demandantes, respectivamente, a partir del 27 de septiembre de 2004, junto con sus reajustes de ley y mesadas adicionales, y se condene al reconocimiento de los intereses moratorios e indexación, más las costas procesales.

Fundamentaron sus pretensiones en los siguientes presupuestos fácticos: que las demandantes solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero fue negada por la demandada aduciendo que el cotizante no registraba aportes dentro de los últimos tres años; que el causante tenía 801 semanas cotizadas en toda su vida laboral, de las cuales 386 se hicieron antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993; que la señora Ana Cecilia Úsuga Velásquez convivió en unión libre con el señor Londoño Romero desde el año de 1984, hasta su deceso; que procrearon a Maribel Londoño Úsuga, quien nació el 24 de noviembre de 1986; que la demandada le reconoció una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, y que agotaron la reclamación administrativa.

II. Respuesta a la demanda

El instituto demandado se opuso a las pretensiones de las accionantes. En cuanto a los hechos admitió las razones que tuvo el ISS para negar la pensión, si así está expresado en la resolución respectiva; en cuanto a los demás manifestó no constarles. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, inexistencia de la obligación de aplicar el criterio jurisprudencial de la condición más beneficiosa, inexistencia de la obligación de condenar a intereses moratorios, inexistencia de la obligación de reconocer mesadas pensionales, imposibilidad de condena en costas por buena fe del Instituto, prescripción y compensación. (fls. 17 a 21).

III. Sentencia de primera instancia

Fue proferida el 20 de mayo de 2009 y con ella el Juzgado de conocimiento condenó al ISS a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a las demandantes, el retroactivo indexado y por las costas del proceso; la absolvió de los intereses moratorios y declaró probada la excepción de compensación respecto de la suma pagada por el demandado por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, debidamente indexada (fls. 30 a 42 y 46).

IV. La sentencia del tribunal

Por apelación de ambas partes el proceso lo conoció el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Corporación que mediante la sentencia recurrida en casación, revocó la decisión de primer grado en cuanto a las condenas que impartió y en su lugar absolvió al ISS de todas las pretensiones, condenó en costas de la primera instancia a las demandantes y se abstuvo de imponerlas en la alzada.

Luego de establecer que el señor García Vélez (entiende la Sala que se refería a Alfonso Emilio Londoño Romero), falleció el 26 de septiembre de 2004, consideró que la norma que gobernaba los hechos era la Ley 797 de 2003, artículos 12 y 13, que modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, los cuales copió a continuación, y además, advirtió que tampoco se discutía la calidad de beneficiarias de las demandantes, pues así lo admitió el ISS cuando les reconoció la indemnización sustitutiva.

En cuanto a la densidad de semanas cotizadas dentro de los últimos tres años de vida del causante, afirmó que en este período no hubo cotizaciones, razón por la que no es posible el otorgamiento y pago de la pensión reclamada, ni aún con invocación el principio de la condición más beneficiosa, porque éste solo tiene aplicación para aquellas personas que fallecieron en vigencia de la Ley 100 de 1993 original, y en el caso de autos el afiliado murió cuando estaba vigente la Ley 797 de 2003. En apoyo de su aserto cita y reproduce apartes de la sentencia CSJ SL, 20 feb. 2008, rad. 32649.

V. El recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

VI. Alcance de la impugnación

Pretenden las recurrentes la casación total de la sentencia impugnada, para que en subsiguiente sede de instancia se confirme el fallo de primer grado.

Con ese propósito formularon dos cargos, que fueron replicados, los cuales serán decididos a continuación.

VII. Segundo cargo

Por la vía directa acusa la sentencia, en la modalidad de infracción directa (por falta de aplicación según reiterada jurisprudencia de esta Sala), el parágrafo del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en armonía con los artículos 1º, 2º, 11, 12, 47, 48, 50, 74, 141, 142, 272 de la Ley 100 de 1993, y artículos 48 y 53 de la C.P.

Afirma que el ad quem revocó la sentencia de primera instancia, porque el asegurado no tenía 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la muerte, advirtiendo que no discutía que en el presente caso no aplicaba el principio de la condición más beneficiosa.

Transcribió el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y dijo que también es posible acceder a la pensión siempre que se encuentre satisfecho el número mínimo de semanas cotizadas en el régimen de prima media en tiempo anterior, y el yerro del Tribunal, dice, estuvo en considerar que solo era posible reclamarla siempre que se hubieran cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la muerte.

Sostiene que cuando el parágrafo del artículo 12 ibídem se refiere al régimen de prima media anterior, se está refiriendo a una densidad mínima de 500 semanas, con las cuales se puede acceder a una pensión de vejez, por lo menos hasta el 31 de julio de 2010, para quienes abriguen la transición, pues no de otra manera debe entenderse porque la norma alude a la indemnización sustitutiva de la una pensión de vejez o a la devolución de saldos, eventos en los cuales los derechohabientes tienen también derecho a la pensión.

Que si el afiliado tuviere 500 semanas cotizadas entre los 40 y 60 años de edad y falleciere, la muerte habilita la edad conforme a la Ley 12 de 1975, convirtiéndose en consecuencia en un derecho adquirido inmutable de acuerdo con el artículo 58 de la C.P.

Por consiguiente, estima la censura, en el sub lite no era pertinente exigir la fecha de nacimiento del asegurado, ni si era beneficiario del régimen de transición, porque el propósito del legislador era recoger el pronunciamiento de las Cortes con relación a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, y pedir, como en efecto lo hizo, que al menos el afiliado hubiera cotizado 500 semanas, que desde luego es superior a las 300 exigidas para acudir al mencionado principio, suficientes para conseguir una pensión en el tránsito de legislación.

Por tanto, “resulta incuestionable que el Tribunal echó de menos el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 707 de 2003, que posibilita acceder a la pensión de supervivientes cuando el asegurado haya cotizado por lo menos la densidad mínima de cotizaciones en el régimen de prima media en tiempo anterior a su deceso sin haber recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.”

IX. Réplica

Asevera que no se dio la violación de la ley, porque de conformidad con el contenido con las normas acusadas, salta a la vista que debe distinguirse entre el régimen de la pensión de sobrevivientes del ISS y el previsto en la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues éstas aluden, no al Acuerdo 49 de 1990, como lo entiende la censura, sino a las 26 semanas exigidas en la redacción original del artículo 46 de la Ley 100 ibídem.

X. Consideraciones

Teniendo en cuenta la senda directa del cargo, no es materia de controversia en sede de casación que las promotoras del proceso actúan en condición de compañera permanente e hija del causante; que el afiliado Alfonso Emilio Londoño Romero falleció el 26 de septiembre de 2004, por tanto, la norma aplicable es la Ley 797 de 2003, artículos 12 y 13, modificatorios de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993; que durante los últimos tres años no cotizó ninguna semana; que en toda la vida laboral aportó 801 semanas, y que no es viable acudir al principio de la condición más beneficiosa para aplicar el artículo 46 de la Ley 100 en su redacción original.

La discusión que la censura presenta en el cargo se relaciona con la infracción directa en la que incurrió el Tribunal, del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, el cual, de aplicarse, afirma la censura, el ad quem muy seguramente habría confirmado la sentencia apelada.

El Tribunal efectivamente se abstuvo de aplicar el principio de la condición más beneficiosa, por estimar que de conformidad con la jurisprudencia de esta Sala, no es posible acudir al artículo 46 original de la Ley 100, puesto que la norma que gobierna el presente asunto es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y frente a esta disposición normativa el causante no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, porque no satisfizo el requisito de las 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la muerte.

El tenor literal del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, vigente para la fecha del deceso, era el siguiente:

ART. 12.—El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.

PAR. 1º—Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

La censura asevera que resulta suficiente la aplicación de este parágrafo, sin consideración a si el causante era beneficiario del régimen de transición, para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues basta acreditar el requisito de las semanas cotizadas conforme al régimen de prima media anterior, que en el presente caso es el Acuerdo 49 de 1990, que exige 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, presupuesto que según palabras del recurrentes, lo cumplió el de cujus porque como está demostrado, aportó 801 semanas en toda su vida laboral, y que la edad, de conformidad con la Ley 12 de 1975, se habilita con la muerte.

Ciertamente el Tribunal no tuvo en cuenta lo establecido en este parágrafo, en tanto sólo verificó que el causante no cotizó en los últimos tres años de vida, y que además no era posible dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa, sin detenerse al análisis de la pretensión frente a este parágrafo, que probablemente hubiese podido servir de sustento normativo para la concesión de la pensión de sobrevivientes, como en efecto aconteció, y en ese orden, queda demostrado el yerro jurídico del ad quem por la infracción directa del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 acusado por la censura.

En este sentido se ha pronunciado la Sala, y así en sentencia CSJ SL, 17 jun. 2015, rad.48241, dijo:

No obstante lo anterior, considera la Sala que el juez de apelaciones sí incurrió en el error de no analizar, a la luz de la normatividad que le era aplicable, si el causante cumplía con los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez.

En efecto, aunque el ad quem analizó si había lugar al reconocimiento de la prestación de conformidad con el Acuerdo 029 de 1983, aprobado mediante Decreto 232 de 1984, estima la Sala que dicho análisis se debió haber realizado a la luz de las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 del mismo año, pues esta sería la normatividad aplicable al causante para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, por virtud de que era beneficiario del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Se afirma lo anterior por cuanto el régimen anterior que le sería aplicable al afiliado fallecido es el Acuerdo 49 de 1990 y no el 29 de 1983, como lo consideró el Tribunal por razones que se desconocen.

Estima la Sala que este yerro jurídico tuvo incidencia y fue trascendental en la decisión impugnada, pues de los reportes de semanas cotizadas, visibles a folios 65 a 66 y 91 a 93, se infiere que entre el 25 de enero de 1975, fecha en que el de cujus cumplió 40 años de edad, y el 25 de enero de 1995, fecha en que cumplió 60 años de edad (fl. 110), éste había cotizado un total de 526.142848 semanas al ISS.

En el contexto que antecede, estima la Sala que el señor Nelson Quintero Arana cumplía con los requisitos previstos por el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por Decreto 758 del mismo año, para tener derecho a la pensión de vejez, por ser además beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez, que al 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad. En efecto, la norma comentada dispone:

Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. (resaltado de la Sala)

Como ya se vio, durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad, el causante había cotizado al ISS un total de 526.142848 semanas, de manera que contaba con la densidad mínima de cotizaciones necesaria para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, dentro del rango de tiempo exigido por la disposición pretranscrita, de lo que se sigue que sus beneficiarios, en este caso la demandante, tienen derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos del numeral 1 del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003.

Importa precisar, entonces, que a la demandante le asiste derecho a la pensión de sobrevivientes no como cónyuge supérstite del afiliado, sino del pensionado, pues el causante había dejado causado en vida el derecho a la pensión de vejez, así ésta no le hubiera sido reconocida.

Así las cosas, como el causante era beneficiario del régimen de transición en pensiones y reunía los requisitos de edad y densidad de cotizaciones exigidas en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por Decreto 758 de igual año, es decir, tenía la calidad de pensionado, sus beneficiarios tienen derecho a la pensión de sobrevivientes.

Así las cosas el cargo es fundado y se casará la sentencia recurrida en casación.

Por cuanto tuvo prosperidad el segundo cargo, la Sala se abstiene de estudiar el primero, toda vez que tenía el mismo alcance de la impugnación.

XI. Consideraciones de instancia

A pesar de la omisión del juzgador ad quem, de todos modos la hermenéutica o el alcance que la censura hace del parágrafo acusado no puede ser de recibo por la Corte, porque si bien es cierto cuando esta norma se refiere al “régimen de prima en tiempo anterior”, hay que entender que alude al previsto en el Acuerdo 49 de 1990 del ISS, pues ese era el régimen pensional al que venía afiliado el causante antes de su fallecimiento, caso en el que, contrario a lo dicho por la censura, sí es menester que el de cujus hubiera sido beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

Esa es la exégesis que corresponde al parágrafo en cita, porque el mismo estatuye que la pensión de sobrevivientes equivale al 80% de la pensión de vejez, lectura que no deja duda que se está refiriendo al régimen pensional anterior al que venía afiliado el causante, que como se dijo y está demostrado, no es otro que el regulado en el Acuerdo 49 de 1990. 

Ahora bien, y de acuerdo con la Resolución 10991 de 2006 del ISS (fls. 5 y 6), para el 2 de agosto de 1970 el causante tenía 20 años de edad, lo que quiere decir que para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, tenía más de 40 años de edad, por tanto, era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la última ley citada, y en ese orden de ideas es procedente la aplicación del Acuerdo 49 ibídem.

En cuanto al número de semanas cotizadas al ISS, conforme a la misma resolución y a la historia laboral obrante a folios 9 a 12, en toda su vida laboral el causante dejó cotizadas 801 semanas al sistema general de pensiones administrado por el ISS, y además, en los 20 años anteriores al fallecimiento, es decir, entre el 26 de septiembre de 2004 y el 26 de septiembre de 1984 aportó 570.99 semanas, superando así el mínimo de las 500 exigidas en el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990. 

Por consiguiente, se causó el derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos y cuantía previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, siendo razón por la que se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto condenó por dicha pensión, su cuantía inicial, el retroactivo causado a cada una de las demandantes y la autorización a Colpensiones para descontar de las condenas, la suma pagada por concepto de indemnización sustitutiva debidamente indexada. 

En punto a los intereses moratorios, tema objeto de apelación por la parte demandante, se revocará la absolución impartida por el juzgado, y en su lugar se condenará por estos réditos, en tanto se trata de una pensión de sobrevivientes causada en virtud del parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, es decir, por sustitución de la pensión de vejez que dejó causada el de cujus, en los términos del artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, y en esa medida son procedentes los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues se trata de una prestación propia de este nuevo sistema pensional.

Así se dejó dicho por esta Corte en la sentencia citada en sede de casación, en los siguientes términos:

De otro lado, estima la Sala que hay lugar a imponer condena por concepto de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ya que la pensión reconocida lo fue con arreglo a esta normatividad. Tales intereses se causan a partir del 9 de enero de 2007, ya que la reclamación del derecho fue presentada por la actora el 9 de noviembre de 2006, según se infiere de la Resolución 8938 de 2007, visible a folios 5 a 6 del expediente.

Los mencionados intereses se causaron a partir del 11 de enero de 2005, pues en esta fecha venció el término de los dos meses de gracia de los que disponía el ISS para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 717 de 2001, teniendo en cuenta que la reclamación se hizo el 11 de noviembre de 2004, según se demuestra con la Resolución 10991 de 2006 (fls. 5 y 6).

Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral de Medellín, en cuanto condenó al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y se revocará la absolución por los intereses moratorios, para en su lugar condenar por los mismos a partir del 11 de enero de 2005.

Sin costas en casación. Las de ambas instancias estarán por cuenta de la parte demandada.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 11 de octubre de 2010 por el Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso que Ana Cecilia Úsuga Velásquez y Maribel Londoño Úsuga, adelantan contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, en cuanto revocó la sentencia de primera instancia que había condenado a la demandada al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de las demandantes.

En sede de instancia, la Corte confirma las condenas impuestas por el juzgado de primer grado, y la revoca en cuanto absolvió por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para en su lugar condenar a la demandada a reconocerlos y pagarlos a partir del 11 de enero de 2005, y hasta cuando se satisfagan las condenas impuestas.

Sin costas en casación, las de ambas instancias estarán a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas, presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno.