Sentencia SL4606-2017/44339 de marzo 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente

Dr. Fernando Castillo Cadena

SL4606-2017

Rad.: 44339

Acta 08

Bogotá, D. C., ocho de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

El recurrente pretende que se case la sentencia impugnada y en su lugar, en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y se condene a las pretensiones de la demanda y se provea en costas.

Para tal efecto formuló, en esencia, dos cargos, pues el primero aparece replicado en un tercer momento, bajo el título de “segundo cargo” y con posterioridad al que en efecto es el segundo, que tiene sustentos diferentes; los dos merecieron réplica y a continuación se decidirán conjuntamente, ya que se dirigen por la misma vía, denuncian similar elenco normativo y buscan el mismo propósito.

VI. Cargo primero

Aduce que la sentencia incurrió en la violación directa de la ley debido a la infracción directa de los artículos 289 y 143 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

Precisa el recurrente que el tribunal estimó vigentes normas internas de Caprecom, expedidas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, con base en el Decreto 732 de 1976, de menor categoría que ésta, lo que le permitió imputar al reajuste previsto en dicha norma, las cotizaciones de que habla el Acuerdo 037 de 1987, con lo cual olvidó que tales disposiciones, no pueden tener fuerza obligatoria, después de la vigencia de la ley de seguridad social que en su artículo 289, las derogó el cual copió destacando del texto la referencia pertinente.

Agrega que si el sentenciador se hubiera percatado de la mencionada derogatoria, no habría imputado el cumplimiento de los ajustes pensionales previstos en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

VII. Réplica

CAPRECOM afirma que el sentenciador sí aplicó las normas que se denuncian como infringidas, pues partió del presupuesto en ellas consagrados, “cosa distinta que al interpretar la norma hubiera concluido que la aplicación de la misma por parte de la (sic) representada era la correcta», por lo que el cargo no está bien formulado. Pero que además, en gracia de discusión, tampoco hubo violación legal porque el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, prevé la obligación de los afiliados al sistema general de seguridad social, de cotizar a salud en un máximo del 12%, el 143 de la misma normativa fija que dicho aporte estará en su totalidad a cargo del pensionado, y el Acuerdo de 1994 emanado del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, dispone que ese 12% es a partir del 1º de enero de 1995 y que el monto de la cotización será con los límites legales vigentes.

Que así las cosas, los pensionados forman parte de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen contributivo y, que Caprecom como entidad administradora del RPMPD, se ajustó al mandato legal haciendo los descuentos para salud en el porcentaje, y les mantuvo a los actores el nivel de ingreso que tenían antes de que se aplicara el reajuste del 12%; se remitió a la sentencia del 21 de marzo de 1996 de esta Sala, que no identificó por la radicación, para decir que la disposición está dirigida a compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994.

Destacó la legalidad del Acuerdo 037 de 1987 expedido en ejercicio de la libertad dada por el legislador para reglamentar los servicios médicos de los familiares de los pensionados; y echó de menos la denuncia del Decreto 732 de 1976 en el que el tribunal también fundó su decisión.

Adpostal por su parte se remitió a los artículos 7º de la Ley 4ª de 1976 y 7º del Decreto 732 de 1976, para resaltar la facultad que tenía Caprecom de reglamentar el pago de aportes para efectos de la cobertura familiar en salud, consignadas en el Acuerdo 037 de 1987.

Así mismo se remitió al artículo 6º del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la Ley 100 de 1993, para indicar que junto al ISS, las demás cajas del sector público o privado que administraran pensiones, lo son del régimen de prima media, y en concordancia con el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, todas las disposiciones vigentes para el ISS le eran aplicables, por lo que concluye que Caprecom realizó el reajuste que correspondía observando la situación particular y por ello no se le puede endilgar al tribunal, violación de la ley.

VIII. Cargo segundo

Afirma que la sentencia incurrió en la violación directa de la ley debido a la interpretación errónea del artículo 42 del Decreto 692 de 1994, lo que condujo a la infracción directa de los artículos 143 y 289 de la Ley 100 de 1993.

Calca el referido artículo 42 del Decreto 692 de 1994 y aduce que el juez plural lo interpretó equivocadamente en tanto admitió la aplicación de la excepción que ella consagra, y entendió que la alusión que hace el inciso 2º al ISS, se extiende en idénticas condiciones a las entidades demandadas.

Agrega que la Ley 100 de 1993 dispuso un ajuste de las cotizaciones a la seguridad social y fijó aumentos progresivos en pensiones y en salud; pero que antes de entrada en vigencia dicha norma, los pensionados, por regla general aportaban un 5% de su mesada, y como aquella estableció un reajuste de hasta el 12% de la mesada, a cargo del pensionado, en un acto de elemental justicia con quienes tenían la calidad de pensionados, tendrían un ajuste en su mesada en la misma proporción del aumento; destaca que la excepción fijada en el artículo 143, según la cual el reajuste rige para pagos existentes de cobertura familiar, aplica al régimen administrado por el ISS y no se podía extender a otras entidades de seguridad social no incluidas expresamente en la norma, pues donde el legislador no distingue, al interprete no le es dado hacerlo; que debido a dicha equivocación, la colegiatura se abstuvo de aplicar el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

Aludió a algunos apartes de la Sentencia C-111 de 1996 y recabó en que si no se hubiera entendido por el sentenciador que las excepciones dirigidas al ISS también cobijaban a las demandadas, habría condenado; se refirió a unos párrafos de la que dijo era la respuesta a una solicitud formulada por el director de Caprecom al director general de seguridad social del Ministerio de Salud, y el concepto de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que resaltó, ejercen el control sobre la demandada, en los que se precisa que los reajustes legales deben efectuarse.

IX. Réplica

La opositora indica que, como en el primer cargo, tampoco hubo violación de la ley, para lo que repite los argumentos allí esgrimidos, agregando que la interpretación del artículo 143 de la Ley 100 de 1993 no se puede hacer al margen de la normatividad que regía la cobertura familiar de los servicios de salud al interior de Caprecom, en tanto dicha normatividad permitió la remisión a disposiciones anteriores.

Adpostal esgrimió idénticos fundamentos a los del primer cargo y por tanto solicitó que no se case la sentencia recurrida.

X. Consideraciones

El virtud a que la vía seleccionada para el ataque, en los dos cargos propuestos por la censura, es la directa, quedan fuera de debate los fundamentos fácticos en que el sentenciador se apoyó para emitir su providencia, tales como que: i) todos y cada uno de los demandantes son titulares de pensiones de distinto origen, causadas con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, ii) que el Acuerdo 037 de 1987, expedido por Caprecom para regular el pago de aportes a salud por beneficiarios, había fijado un porcentaje adicional al 5% que legalmente se deducía de cada pensión, para asumir la atención en salud de los beneficiarios inscritos por los actores, y iii) que dependiendo del porcentaje total que se le aplicaba a cada pensionado para atender a sus beneficiarios, la entidad le hizo el reajuste de la pensión, cuando a ello hubo lugar.

A efectos de resolver el recurso es preciso recordar que sobre la naturaleza del incremento en los descuentos, por aportes a salud, que se hace a los pensionados y la correlativa compensación en su mesada, la Sala ya se ha pronunciado, así por ejemplo en la sentencia de la CSJ SL13704-2016 dijo:

Sobre el particular, esto es, el “reajuste de la pensión” a que se refiere el accionante, es preciso decir que la ley de seguridad social consagró, a favor de quienes exhibieran la condición de pensionados antes de 1º de abril de 1994, un beneficio consistente en “un reajuste mensual”, a efecto de compensar a quienes por la variación en los aportes a salud fijados en ella, podían ver afectadas sus pensiones.

En cuanto la naturaleza jurídica de la figura contemplada en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la Corte en la Sentencia CSJ SL, del 26 de sep. 2006, rad. 27120 señaló:

Ahora bien, en lo que respecta al derecho reclamado, debe tenerse en cuenta que el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, dispone: “A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación de la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente ley”.

Como se desprende de la fotocopia de la Resolución 055 de marzo 14 de 1991 (fls. 27-33), al actor le es reconocida por el Banco Cafetero una pensión de jubilación vitalicia oficial por $41.025.10 mensuales, a partir del 2 de junio de 1990, en que cumple 55 años de edad, con lo cual se encuentra dentro de las previsiones del inciso primero del artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

Según el artículo 6º de la parte resolutiva de dicha resolución, la demandada asume directamente la prestación de los servicios médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, de laboratorio y hospitalarios, para lo cual le descuenta de la pensión del actor el 5% del valor de la mesada pensional, según lo establecido en los artículos 37 del Decreto 3135 de 1968 y 90 del Decreto 1848 de 1969.

El artículo 204 de la Ley 100 de 1993, dispone en su inciso primero que “La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al sistema general de seguridad social en salud según las normas del presente régimen, será máximo del 12% del salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo”. Y en su inciso segundo, a su vez, señala que “El Gobierno Nacional, previa aprobación del consejo nacional de seguridad social en salud, definiría el monto de la cotización dentro del límite establecido en el inciso anterior”.

El inciso tercero, del artículo tercero, del Decreto 695 de 1994, que reglamenta parcialmente el artículo 204 anterior, dispone que “Hasta tanto el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud se integre y defina el monto de la cotización que regirá para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, las entidades, cajas o fondos del sector público que administren sistemas de salud obligatorios por disposición legal, continuarán aplicando el sistema de cotización vigente en la respectiva entidad, caja o fondo a la fecha de expedición del presente decreto y descontarán del monto de dicha cotización el equivalente a un punto porcentual con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud”.

Posteriormente, se expide el Decreto 1814 de 1994, en cuyo artículo primero se fija el monto de la cotización para la afiliación familiar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el 11% del salario base de cotización a partir del 1º de enero de 1995 y en el 12% a partir del 1º de enero de 1996.

Dicha norma fue derogada por el artículo 1º del Decreto 2926 del 31 de diciembre de 1994 (aclarado por el Decreto 1638 de 1995), que dispone, en su artículo 1º, que el monto de la cotización para la afiliación familiar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sería del 12% del salario base de cotización a partir del 1º de enero de 1995.

De acuerdo con lo anterior, es solo a partir del 1º de enero de 1995 que se produce la elevación de la cotización para salud para el demandante, lo que le implica un aumento del 7%, con respecto a lo que venía cotizando.

No obstante y como se desconoce el monto de la pensión de jubilación que ha venido reconociendo el banco, con posterioridad a su reconocimiento mediante la Resolución 055 de 1991, para proferir la decisión de instancia y mejor proveer, se requiere oficiar previamente a dicha institución a fin de que certifique, con destino al proceso, los valores pagados a Raúl Patiño Gómez, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº 4.367.050, expedida en Armenia, Quindío, por concepto de su pensión de jubilación, desde su reconocimiento mediante la Resolución 055 de marzo 14 de 1991 hasta el presente.

Y recientemente en el fallo CSJ SL8347 - 2016, del 22 de jun. 2016, Rad. 50088 sobre el particular se dijo:

No se encuentra llamada al éxito la acusación en razón a la siguiente argumentación:

El tribunal para concluir en la sentencia recurrida en casación centró sus razonamientos en tres aspectos centrales:

a. Que la discusión en el proceso radica en la aplicación, para los demandantes, de las previsiones del artículo 143 de Ley 100 de 1993 y el 42 del D.R. 692 de 1994; en torno al reajuste del 12% sobre sus respectivas mesadas de sus pensiones.

b. De la lectura de dichas disposiciones “… fluye sin lugar a dudas que una vez entró en vigencia el nuevo sistema de seguridad social integral, el costo constituido por concepto de salud correspondiente a pensionados, sería asumido en su totalidad por estos y no por el empleador o las entidades pagadores de pensión”.

c. De igual manera de las indicadas normas también se deriva que ellas consagran una excepción en favor de quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 ya disfrutaban de una pensión de jubilación; en el sentido de conferirles a estos “… la continuidad en su monto pensional el equivalente al descuento que se le efectúe por concepto de salud”.

d. Qué en arreglo a doctrina de esta Sala las señaladas normas no consagraron un beneficio adicional “sino una compensación por la desvalorización que se le irrogaba al beneficiario de una pensión, por la circunstancia del incremento en el monto de la cotización para la salud”.

Aparece claro entonces el alcance que el ad quem diera a la citada normativa; esto es, su carácter estrictamente compensatorio y no consagratorio de beneficio alguno en un todo de acuerdo a lo enseñado por esta Sala; valoraciones estas que en modo alguno le asignan al reajuste la naturaleza permanente que a juicio de la recurrente el tribunal le atribuye.

Con ocasión de lo aquí considerado nada obsta para que la Sala recuerde sus reiteradas reflexiones en cuanto al sentido de las normas citadas como lo hiciera en Sentencia CSJ SL; de 6 de mayo de 2010, Rad. 35501; en proceso contra la misma demandada instaurado por actores a quienes les fuera reconocida pensión de jubilación convencional con anterioridad a entrar en vigencia la Ley 100 de 1993:

De otra parte es claro que a los demandantes les fueron reconocidas pensiones de jubilación con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, y que desde octubre de 1998 la demandada les descuenta cotizaciones para salud, sin dar cumplimiento previamente a lo dispuesto por el artículo 143, ibídem, en armonía con lo previsto por el artículo 42 del Decreto 692 de 1994; normas de las que se colige fácilmente que el reajuste pensional que ordenan, debe hacerse por una sola vez, para contrarrestar el impacto que por el incremento de aportes en salud debieron cotizar los pensionados, cuya prestación se causó antes de la vigencia de la referida ley.

Por ende, no es una revaloración en el ingreso real del pensionado, sino una compensación, por el incremento del monto de la cotización para salud que está a su cargo, que se cumple una sola vez.

Al respecto es pertinente recordar lo expresado por esta Sala de la Corte en la sentencia de 14 de agosto de 2002, Radicación 18563, en la que dijo lo siguiente:

“Tanto los antecedentes y finalidades de la ley atrás comentados como su propio texto conducen necesariamente a colegir que el reajuste especial de pensiones por ella decretado no comportaba una revalorización en el ingreso real del pensionado, sino una compensación por la depreciación a que se vería abocado el beneficiario de una pensión como consecuencia del incremento en el monto de cotización para salud, con destino a cubrir la medicina familiar, y por ese mecanismo extender la cobertura ciertamente precaria en esta materia antes de la Ley 100”.

Por tanto, no podía el ad quem darle al artículo 143 de la Ley 100 de 1993 un alcance que no se corresponde con su genuino tenor literal, al ordenar que los reajustes pensionales que ese precepto contiene, se hicieran en el equivalente del 8,04%, “a partir del 27 de abril del 2001 y subsiguientes” (folio 63, cuaderno del tribunal), puesto que no se pueden mantener indefinidamente y por los años subsiguientes, porque ello implicaría un incremento múltiple de las pensiones, que no es lo que pretende el susodicho artículo.

La decisión del tribunal que repite este mismo criterio, esto es, de no corresponder el aludido reajuste a una revaloración en el ingreso del pensionado, sino a una compensación derivada del incremento de la cotización para salud que queda a cargo de éste; exhibe un completo ajuste a las enseñanzas de esta Sala por lo que en manera alguna se equivoca el superior.

Hechas las anteriores precisiones, es pertinente advertir que la censura aduce dos motivos de violación de la ley, que serán abordados a continuación.

1. Efectos de derogatoria.

Para los recurrentes, el sentenciador dejó de aplicar el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, por cuanto desconoció que en virtud de dicha normativa, el Acuerdo 037 de 1987, fue derogado por serle contrario, y por ende, no podía tener en cuenta el régimen de cotizaciones para pensionados que operaba al interior de Caprecom.

Para las opositoras, el mencionado acto administrativo no se puede esquivar por cuanto fue expedido en cumplimiento de las leyes que le permitían a la entidad, regular el aporte para salud de los beneficiarios del pensionado.

No obstante que el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias, ello en manera alguna significa que los efectos producidos por las mismas se puedan soslayar, so pretexto de dar cabida a la nueva normativa, que en últimas es lo que pretende el recurrente, desconociendo que con tal figura jurídica se da paso a nuevas formas de regulación, en virtud de la libertad configurativa del legislador, pero sin que por su expedición la norma anterior pierda su validez, pues las situaciones consolidadas bajo su imperio, se rigen por aquella.

Y es que el Acuerdo 037 de 1987, como bien lo planteó el juez plural, fue producto de la aplicación de facultades legales expresas, para que cada entidad que administrara pensiones, reglamentara el tema de los aportes a salud, competencia que tuvo plena vigencia y efectividad antes de la Ley 100 de 1993.

Además no puede perderse de vista que el artículo 143 de la ley de seguridad social, parte de situaciones consolidadas con anterioridad al 1º de abril de 1994, por lo que la formulación del ataque es contradictoria y por lo menos desconocedora de ese vital aspecto, como con sorpresa se lo reprochó el sentenciador al desatar la apelación.

De tal suerte que con independencia de la eficacia que con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, podrían tener los específicos actos administrativos que regulaban el tema de aportes por salud, lo cierto es que precedentemente a dicho límite, operaban a plenitud y determinaban con precisión el incremento del descuento por salud que se haría de cada mesada, dependiendo del número de beneficiarios inscritos. Esa particular circunstancia no podía ser evadida por el juzgador al momento de aplicar el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, que valga la pena resaltar, sí fue atendido por el juez plural, por cuanto esta última partía del porcentaje que se dedujera para atender las contingencias de salud, a efecto de saber en cuánto se incrementaba hasta llegar al 12%, y así poder establecer la diferencia, que sería el monto en que por una sola vez, se debería aumentar la mesada pensional.

Es que tal y como reglamentariamente se había diseñado, en Caprecom, no todos los demandantes hacían el mismo aporte a salud, por ello el sentenciador de segundo grado destacó que según el artículo 11 del Acuerdo 037 de 1987 la cotización era “gradual, diferencial y adicional”, dependiendo ello del número de beneficiarios inscritos, hecho fundamental que la censura pasa por alto, y que por las motivaciones ya mencionadas no podía desconocerse.

2. De la aplicación exclusiva del Decreto 692 de 1994, al ISS.

El recurrente entiende que el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de Ley 100 de 1993, no aplica a Caprecom, por cuanto allí se estableció una excepción a favor exclusivamente del ISS, que por ende no puede extenderse a la demandada, en la medida que donde el legislador no ha hecho diferencia, al interprete le está vedado hacerlo.

Pues bien, la posición asumida por la censura denota el fraccionamiento que de la norma hace, puesto que el inciso segundo de la disposición comienza diciendo “En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueva cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%”, para dar paso, con punto seguido, en el mismo párrafo, a la situación específica del ISS diciendo: “En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando los pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura familiar”.

De tal suerte que como la calidad que justamente tenía la accionada, era la de pagadora de pensiones, y en la que precisamente se le vinculó al proceso, no podía válidamente la censura, alegar que a aquella no le aplicaba la ley en referencia.

Lo que hizo el legislador al referirse al Instituto de Seguros Sociales de manera concreta, fue admitir que como aquel ya regulaba la medicina familiar para pensionados, el reajuste se haría por la diferencia entre el 3.96% y el 12% de la cobertura familiar que fijaba la Ley 100 de 1993, pero en manera alguna dicha normativa desconoció que otras administradoras de pensiones también regulaban el tema atinente a los aportes por beneficiarios, pues no podía desconocer la realidad que reinaba en ese momento.

Así las cosas quien interpreta de manera sesgada y equivocada la ley, es la censura, cubriendo adrede aquel fragmento que no se ajusta a los lineamientos de su ataque.

Por lo anotado los cargos son imprósperos.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la acusación no salió avante y hubo réplica, estarán a cargo de la recurrente. Se fija como agencias en derecho, la suma de tres millones quinientos mil ($3.500.000), que el juez incluirá en la liquidación que para tal efecto practique, según lo dispone el artículo 366 del C.G.P.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia del 8 de octubre de 2009, proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por Adalberto Miranda Olivo y otros contra la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom” y la Administración Postal Nacional “Adpostal” en liquidación.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».