Sentencia SL4607-2017/45662 de febrero 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Luis Quiroz Alemán

SL4607-2017

Rad.: 45662

Acta 04

Bogotá, D.C., ocho de febrero de dos mil diecisiete.

Extractos: “IV. Recurso de Casación.

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…)

VIII. Consideraciones.

Asiste razón a los reparos que realiza la réplica al alcance de la impugnación formulado por el recurrente, pues aun cuando es cierto que en el mismo se solicitó, que una vez infirmada la sentencia del Tribunal, en sede de instancia se confirmare el fallo de primer grado, para luego solicitar su revocatoria en lo que tiene que ver con la absolución, que por concepto de indemnización moratoria realizó, sin embargo es una situación que no compromete el estudio del cargo, pues entiende la Sala que lo pretendido por el demandante, una vez casada la providencia impugnada, es que esta Corte confirme las condenas impuestas por el juzgado y revoque lo decidido en relación a la sanción moratoria, para en su lugar, concederla.

Superado lo anterior se debe decir que el Tribunal, para decidir en la forma como lo hizo, estimó que el fundamento de Codensa S.A. E.S.P., se sustentó en que no se había aportado al expediente el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Construcciones Eléctricas y Empalmes, “circunstancia que además imposibilita hacer un juicio jurídico respecto a la similitud del objeto social de las dos sociedades y poder determinar la responsabilidad solidaria de la apelante, pues solo en tanto se dedicaran a la misma actividad económica resultaba factible declararla”.

A partir de allí, reflexionó sobre el presupuesto procesal para ser parte, e informó que dentro del plenario no reposaba el certificado de existencia y representación de la sociedad mencionada, prueba necesaria en la medida que se debía demostrar la existencia jurídica de esa persona de derecho privado.

Informó que esa carencia probatoria no podía suplirse con la certificación extendida por la accionada, menos con el contrato de prestación de servicios 475 suscrito por Condensa S.A., E.S.P. y Empac S.A., en la medida que no existían elementos probatorios con los que se pudiera asegurar que se trataba de las mismas sociedades.

Con sustento en esos discernimientos, concluyó que no se demostró la capacidad para ser parte, y en consecuencia, debía proferir un fallo inhibitorio.

Con esas inferencias el ad quem pasó por alto que el acceso a la administración de justicia, como tal, es función pública, y se debe ejercer con primacía del derecho sustancial, teniendo en cuenta que las formas procesales tienen por objeto su efectividad, tal como lo señala el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil.

Lo anterior cualifica la administración de justicia, e imposibilita que su ejercicio se limite a una perspectiva formal, lo que conlleva a que las diferencias sometidas a la jurisdicción sean resueltas de fondo, para de esta forma, otorgar certeza y titularidad sobre los derechos reclamados; de allí que una providencia inhibitoria atenta contra el derecho al acceso a la administración de justicia, siendo admisible tan solo cuando el juez no cuenta con otra alternativa señalada en el ordenamiento jurídico aplicable, situaciones que en todo caso, deben ser extraordinarias.

Ese contexto cobra mayor relevancia en los juicios del trabajo, ya que tienen por finalidad la “de lograr la justicia en las relaciones que surjan entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”, según lo dispone el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, y además, goza de una protección especial del Estado, en tanto “que los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones” (art. 9º ibídem).

Así lo ha señalado esta Corporación, que en Sentencia de casación CSJ SL 9318 2016 radicación 45931, que reiteró la CSJ SL580-2013, 21 ag 2013, rad. 43604, al respectó dijo:

No obstante, para esta Corte, los fallos inhibitorios dejan en suspenso la materialización del derecho sustancial y constituyen un pronunciamiento formal que no satisface las aspiraciones de los sujetos procesales, quienes lejos de resolver su controversia se ven sometidos a su indefinición, lo que sin lugar a dudas contraría la más vital de las aspiraciones de la justicia, cual es lograr la paz social.

(…)

Todo lo advertido tiene una mayor significación en los juicios del trabajo, en tanto deben servir para “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (art. 1º C.S.T.) y su materia goza de protección preeminente del Estado al punto que “Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones” (art. 9º C.S.T.); ello traduce en que los jueces están convocados a materializar tales aspiraciones, a través de una sentencia definitiva.

(…)

También tiene dicho la Corte Constitucional que “las providencias judiciales inhibitorias únicamente pueden adoptarse cuando, ejercidas todas las atribuciones del juez y adoptadas por él la totalidad de las medidas procesales para integrar los presupuestos del fallo, resulte absolutamente imposible proferir decisión de fondo” (Sent. C-666/1996).

En tal medida, debe recordarse que el juez como director de proceso, se encuentra revestido de todos los poderes para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, el equilibrio entre las partes, la agilidad y rapidez en su trámite, postulados que encuentran desarrollo, entre otros, en el principio de eficiencia de la administración de justicia, en tanto con el mismo se propende porque las decisiones proferidas resuelvan de forma clara y cierta, los asuntos sometidos a su conocimiento. Así mismo, el proceso laboral se encuentra fundamentado sobre los postulados de preclusión, impugnación, eventualidad, definición de la controversia y cosa juzgada, entre otros, con los que se busca asegurar los derechos al debido proceso, contradicción y defensa.

Así las cosas, la legislación procesal laboral en su artículo 28, modificado por el artículo 15 de la Ley 712 de 2001, impone al juzgador la obligación de revisar cuidadosamente la demanda, con el objeto de inadmitirla, si ésta no reúne los requisitos señalados en el artículo 25 del mismo ordenamiento, norma que se debe entender complementada con lo dispuesto en el artículo 26 ejusdem, en atención a que señala los anexos de las que se debe acompañar, entre ellos, “4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como como demandante o demandado”.

Igualmente, el artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, relativo a la forma y requisitos de la demanda, indica que la misma debe contener, entre otros aspectos, “6. Las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas”, y en su parágrafo 1º, contiene los anexos de los que se debe acompañar, entre ellos: “(…) 4. La prueba de su existencia y representación legal si es una persona jurídica de derecho privado”, estipulando, en su parágrafo 3º, la posibilidad de devolverla si no reúne las condiciones exigidas por la ley.

Por manera que dichas preceptivas propenden porque el juez de primera instancia realice un control, tanto de la demanda, como de su contestación, a efectos de conjurar situaciones que puedan paralizar el proceso, o conlleven a proferir decisiones inhibitorias, pues, con sus deberes de dirección debe utilizar todos los medios legales que encuentre a su alcance, con la finalidad de que la determinación que adopte sea la más acorde con la realidad.

Además, en aquellos eventos en los que pasan inadvertidos uno o varios de los defectos que afectan la demanda, y el juez haya procedido a su admisión, la parte accionada, conforme lo autoriza el artículo 31 atrás mencionado, puede proponer las excepciones previas que considere pertinentes, en este asunto, la relativa a la inexistencia de una de las partes que conformaban el extremo pasivo del proceso, de conformidad a los deberes de lealtad procesal y buena fe que le son propios.

De otro lado, puede suceder que las fallas del libelo genitor pasen inadvertidas al momento de calificarlo, y que la accionada al contestar la demanda, no proponga ninguna excepción que pretende enervar esa situación, caso en el cual, el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en armonía con el 48 ibídem, le impone al juez del trabajo, la obligación de “(…) Adoptar las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias”.

Realizadas las anteriores precisiones, en cuanto a lo que se espera del juez de primera instancia y de las partes, se observa que en este asunto, el Tribunal pasó por alto que aun cuando la demanda no se acompañó con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. sucursal Colombia, fue una situación desatendida en las oportunidades procesales para conjurar esa deficiencia, ya que no se inadmitió el libelo genitor por la carencia de ese requisito y al contestar la demanda nada se dijo al respecto, y no se adoptó, por parte del sentenciador de primer grado, ninguna medida para evitar que ese defecto conllevara a una sentencia inhibitoria.

Adicionalmente, la ausencia del certificado de existencia y representación legal de la empresa atrás mencionada, no tenía la virtualidad para que se profiriera un fallo inhibitorio, en la medida que el Tribunal, si consideraba necesaria la aportación de ese documento, debió ordenar su práctica, por así permitirlo el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, en tanto, señala lo siguiente:

Las partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia.

Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieran dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el Tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta” (negrillas de la Sala).

En virtud de lo anterior se observa que el Tribunal, no obstante contar con la posibilidad de solicitar el certificado de existencia y representación legal de la accionada, por así permitírselo la ley, no hizo uso de dicha facultad, y procedió, sin ningún esfuerzo, a proferir un fallo inhibitorio, situación con la que vulneró las disposiciones denunciadas.

Igualmente en la sentencia impugnada se incurrió en error al señalar que el certificado de existencia y representación legal de Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. sucursal Colombia en liquidación, era indispensable, ya que con esa probanza “era factible determinar si las labores de la empresa demandada resultaban similares a la demandada en condición de obligada solidariamente”, situación que lo llevó a otorgar una intelección contraria a lo que emana del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pues según jurisprudencia de esta Corporación, lo que se debe tener en cuenta, no solo es el objeto social del contratista, sino, en especial, que la obra realizada no sea extraña a las actividades o negocios del beneficiario de la misma, siendo primordial en ese análisis, la labor desarrollada por el trabajador.

Sobre el particular, en Sentencia de casación CSJ SL 9318 2016, radicación 45931 del 22 de junio de 2016, la Sala dijo lo siguiente:

Sobre la solidaridad del artículo 34 del CST, esta Corte de vieja data tiene asentado lo siguiente:

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia que para que la solidaridad se dé, a más de que la actividad desarrollada por el contratista independiente cubra una necesidad propia del beneficiario, se requiere que ella constituya una función normalmente desarrollada por él, directamente vinculada con la ordinaria explotación de su objeto económico.

Igualmente, tiene adoctrinado la Sala que para su determinación se puede tener en cuenta la actividad específica desarrollada por el trabajador y no sólo el objeto social del contratista y el beneficiario de la obra.

Sobre la hermenéutica del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, esta Corporación, en Sentencia del 24 de agosto de 2011, radicación 40.135, sostuvo:

“Para resolver el cargo baste recordar lo que sobre la solidaridad prevista por el artículo 34 del CST ha dicho la Corte:

“En la Sentencia del 25 de mayo de 1968, citada entre otras en la del 26 de septiembre de 2000, radicación 14038, se pronunció la Sala en los siguientes términos: (…) “Para la Corte, en síntesis, lo que se busca con la solidaridad laboral del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo es que la contratación con un contratista independiente para que realice una obra o preste servicios, no se convierta en un mecanismo utilizado por las empresas para evadir el cumplimiento de obligaciones laborales. Por manera que si una actividad directamente vinculada con el objeto económico principal de la empresa se contrata para que la preste un tercero, pero utilizando trabajadores, existirá una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales de esos trabajadores.

Quiere ello decir que si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que éste adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por él contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho estos trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales.

Es cierto que la jurisprudencia de la Sala, al interpretar el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, ha fundado la solidaridad laboral en la relación que exista entre las actividades del contratista independiente y las del beneficiario y dueño de la obra, en cuanto ese artículo preceptúa que: “Pero el beneficiario o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable…”.

Por manera que, como lo dijo en la sentencia en la que se apoyó el Tribunal y ha considerado la Sala que, “…para los fines del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, no basta que el ejecutor sea un contratista independiente, sino que entre el contrato de obra y el de trabajo medie una relación de causalidad, la cual consiste en que la obra o labor pertenezca a las actividades normales o corrientes de quien encargó su ejecución, pues si es ajena a ella, los trabajadores del contratista independiente no tienen contra el beneficiario del trabajo, la acción solidaria que consagra el nombrado texto legal” (Sent. mayo 8/1961).

Pero la Corte también ha entendido que la labor específicamente desarrollada por el trabajador es un elemento que puede tenerse en cuenta al momento de establecer la solidaridad laboral del artículo 34 del estatuto sustantivo laboral, en la medida en que es dable considerar que si esa actividad no es ajena a la del beneficiario o dueño de la obra y se ha adelantado por razón de un contrato de trabajo celebrado con un contratista independiente, militan razones jurídicas para que ese beneficiario o dueño de la obra se haga responsable de las obligaciones laborales que surgen respecto de ese trabajador, en cuanto se ha beneficiado de un trabajo subordinado que, en realidad, no es ajeno a su actividad económica principal.

Así lo explicó en la Sentencia del 2 de junio de 2009, radicación 33082:

“En primer término, y antes de estudiar los medios de convicción que se citan en el cargo, resulta de interés para la Corte precisar que el anterior razonamiento de la impugnación en realidad involucra una cuestión de orden jurídico y no fáctico, esto es, si para establecer la solidaridad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo se deben comparar exclusivamente los objetos sociales del contratista independiente y del beneficiario o dueño de la obra o si es viable analizar también la actividad específica adelantada por el trabajador; cuestión que no puede ser planteada en un cargo dirigido por la vía de los hechos.

“Con todo, encuentra la Corte, como lo ha explicado en anteriores oportunidades, que de cara al establecimiento de la mencionada solidaridad laboral, en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que debe observarse no es exclusivamente el objeto social del contratista sino, en concreto, que la obra que haya ejecutado o el servicio prestado al beneficiario o dueño de la obra no constituyan labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de éste. Y desde luego, en ese análisis cumple un papel primordial la labor individualmente desarrollada por el trabajador, de tal suerte que es obvio concluir que si, bajo la subordinación del contratista independiente, adelantó un trabajo que no es extraño a las actividades normales del beneficiario de la obra, se dará la solidaridad establecida en el artículo 34 citado”.

En cuanto a la otra demandada, Cra Ltda., los razonamientos antes efectuados son suficientes para concluir que no incurrió el Tribunal en una interpretación equivocada del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, pues encontró que esa empresa ejecutó un contrato en una actividad que corresponde al giro ordinario de la beneficiaria, frente a lo cual no interesa, entonces, que el objeto social de aquella contratista no tuviera relación con ese giro de actividades, en tanto la labor específica que adelantó el trabajador sí la tuvo. (Sent. marzo 1/2010, rad 35864)”. (Resaltes de la Sala).

En consecuencia cabe razón al ataque sobre el yerro interpretativo del ad quem, pues, como se vio, el simple hecho de ser diferentes los objetos sociales del contratista y del beneficiario de la obra o servicio no es lo determinante para descartar la existencia de la solidaridad consagrada por el artículo 34 del CST”.

En el asunto bajo escrutinio se observa que el objeto social principal de Codensa S.A. es “la distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución de todas las actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas a la distribución y comercialización de energía, la realización de obras, diseños y consultoría en ingeniería y la comercialización de productos en beneficio de sus clientes (…)”.

Por sus parte, Ecoinsa S.A. contrató al actor como Director Técnico Administrativo del proyecto de inspecciones Zona Centro 4700000069, suscrito con Codensa, cuya alcance estribó en realizar todas las indagaciones de morosidad y otras inspecciones comerciales, entendidas como “las gestiones de notificaciones, indagaciones y relaciones con el cliente que permita el pago total o incorporarlos a un plan de pago de la deuda morosa. Para saldos incobrables, de acuerdo con el criterio y en los casos autorizados por Codensa, el Contratista solicitará el desmantelamiento de la conexión y, en caso de definirlo Codensa, lo realizará, informando el resultado a Codensa y realizando el posterior seguimiento, según normativa de Codensa (…) Se considera también parte de este servicio cualquier inspección a un cliente que sea necesaria como resultado de la atención comercial de éste, tales como verificación de lectura, verificación de consumos, inspección de cumplimiento de normas, verificación de condición de deshabitado (...) Inspecciones de Hurto, configuración de CNR y otras laborales de control de pérdidas. Se entenderá como inspecciones de Hurto aquellas en la que la detección de condiciones técnicas o comerciales sean irregulares, que ocasionen consumos no registrados (C.N.R.), ya sea por conexiones indebidas o por errores en el proceso de la facturación, así como aquellas que violen las normas de distribución establecidas, mediante un plan de inspecciones de Clientes sospechosos elaborado por Codensa”.

De manera que el servicio prestado por el actor al beneficio de la obra, esto es, Codensa S.A., no fueron labores extrañas a las actividades normales de la empresa o negocio de esta sociedad, pues pretendían cubrir necesidades inherentes para el desarrollo cabal de su objeto social, toda vez que si su razón de ser es la distribución y comercialización de energía eléctrica, fluye como propia toda gestión “de notificaciones, indagaciones y relaciones con el cliente que permita el pago total o incorporarlos a un plan de pago de la deuda morosa (…) de control de perdidas”. Y ese contexto es claro que el demandante estuvo bajo la subordinación del contratista independiente, Ecoinsa S.A., adelantando un trabajo que no es extraño a las actividades normales y permanentes del beneficiario de la obra, por lo que Codensa S.A. es solidariamente responsable en el pago de la indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa causa, a la luz de lo estatuido en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo(negrillas de la Sala).

Por lo discurrido, el ataque prospera y en consecuencia, se hace innecesario el estudio del cargo segundo.

IX. Sentencia de Instancia.

Sobre tres tópicos el apoderado de Codensa S.A. E.S.P. sustentó su recurso de apelación: el primero, en cuanto a que las condenas impuestas en primera instancia se fundamentaron en una relación de trabajo del demandante para con una entidad cuya existencia no fue acreditada dentro del proceso, siendo improcedente declarar la responsabilidad solidaria; el segundo, relativo a que se omitió realizar el análisis del objeto social de construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., y por último, que no existen pruebas que acrediten el pago de salarios y prestaciones adeudados al accionante.

Para dar respuesta a los tópicos anteriores, debe señalarse que la accionada al momento de contestar la demanda aceptó que celebró contrato comercial 475 de 1998 con la empresa Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. Sucursal Colombia S.A., documento que reposa a folios 82 a 116 del cuaderno principal.

En tal medida, aun cuando es cierto que dentro del expediente no reposa el certificado de existencia y representación legal de la empresa atrás mencionada, con otros medios de prueba, así como por lo manifestado por la accionada al momento de descorrer el término de traslado de la demanda, se tiene certeza que el proceso laboral se adelantó contra una entidad capaz de contraer derechos y obligaciones.

En tal medida, no se observa error alguno por parte del juzgado de primera instancia cuando en su sentencia se percató sobre la existencia de un contrato de trabajo entre el señor Luis Carlos Carrera Morales y Empac S.A., desde el 17 de noviembre de 1998 al 13 de mayo de 2002, con una asignación mensual de $600.000, situación de la que da cuenta el certificado de folio 211, emanado del Jefe de Departamento de Recursos Humanos de esa compañía, que además fue corroborada por el representante legal de Condensa S.A. E.S.P., quien al rendir interrogatorio de parte, cuando se le requirió que informara si había carnetizado al demandante en el lapso de tiempo referenciado, contestó: “No es cierto, la respectiva carnetización la realizó la empresa Empac S.A. como empleador directo del demandante” (fls. 176 a 182 del cdno. ppal).

En cuanto a la solidaridad, y tal como se anotó al momento de resolver el cargo presentado por el demandante, lo que se debe tener en cuenta no es exclusivamente el objeto social del contratista, sino en especial, que la obra ejecutada en favor del beneficiario no sea extraña a las actividades normales de ésta, así como la labor desempeñada por el trabajador, ya que, si la misma se desarrolló bajo la subordinación del contratista independiente y no era ajena a las labores del contratante, opera la figura consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Así, el objeto social de Codensa S.A. consiste en “la distribución y comercialización de energía eléctrica, así como en la ejecución de todas las actividades afines, conexas, complementarias y relacionadas a la distribución y comercialización de energía, la realización de obras, diseño y consultoría en ingeniería eléctrica y la comercialización de productos en beneficio de sus clientes (…)”

Dicha empresa celebró contrato comercial 475 de 1998 con Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., sucursal Colombia en Liquidación —Empac S.A.—, donde se acordó “la Construcción y /o modificación de conexiones eléctricas, con suministro parcial de materiales, en toda la zona geográfica establecida por Codensa, de acuerdo con el alcance, condiciones y especificaciones fijadas en la petición de ofertas 070200-00233, (…)”; para su ejecución, Empac S.A. contrató al demandante para que ejecutara la labor de jefe de almacén (fl. 211), situación aceptada por el representante legal de la accionada (Codensa), quien manifestó que ésta (Empac) carnetizaba a sus trabajadores, y que en el respaldo del mismo se encontraba la firma del subdirector de normalización de Condensa S.A. E.S.P.

Por manera que el objeto del contrato comercial celebrado entre las demandadas, así como la función desarrollada por el demandante, no eran extrañas a las actividades normales de Condensa S.A. E.S.P., pues estaban relacionadas con su objeto social, por cuanto se acordó la construcción y/o modificación de redes eléctricas, con suministro de materiales, y en tal medida, si su razón social se circunscribe a la distribución y comercialización de energía eléctrica, no existe duda que la labor desarrollada por la contratista no le era extraña. Además, es claro que el demandante estuvo bajo la subordinación de Empac S.A., y su labor se relacionaba con las actividades normales y permanentes del beneficiario de la obra, siendo Condensa S.A. E.S.P. solidariamente responsable en el pago de los salarios y prestaciones adeudados al demandante.

En cuanto a la inexistencia de pruebas que acrediten el pago de salarios y prestaciones al accionante, se observa que en el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Condensa S.A. E.S.P., aceptó que celebró con Empac S.A., convenio para el pago de acreencias laborales mediante el endoso de una factura de ésta última, y que en dicho documento se encontraba el señor Luis Carlos Carrera Morales; asimismo, el de folio 224 da cuenta que al accionante se le quedó adeudando lo siguiente: $906.667, $8.000, $200.000 y $518.700, por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, y “quincenas pendientes”; en tal medida, sí se demostraron los conceptos que por salarios y prestaciones, la sociedad Empac S.A. le quedó adeudando a su ex trabajador, por lo que, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia.

Por su parte, la inconformidad del accionante para con el fallo emitido por el juzgado, gira en torno a la absolución que emitió por concepto de indemnización moratoria.

Para la imposición de esa sanción, ha señalado esta Sala, que debe examinarse la conducta del empleador directo a efectos de determinar sobre su procedencia, y que el deudor solidario entra a responder por efectos de la solidaridad.

En esa dirección, no obra dentro del plenario prueba con la que se acredite que la conducta del empleador Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., al momento de dar por terminado el contrato de trabajo, hubiera estado revestido de buena fe; igualmente, no debe pasarse por alto que dicha sociedad al no contestar la demanda, no adujo ningún motivo con el que razonablemente se hubiera arribado a la conclusión sobre la inexistencia de una intención deliberada y arbitraria de desconocer los derechos laborales de su extrabajador.

Así las cosas, se adicionará el numeral primero de la sentencia proferida en primera instancia, para condenar a Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A., al momento de dar por terminado el contrato de trabajo, hubiera estado revestido de buena fe; igualmente, no debe pasarse por alto que dicha sociedad al no contestar la demanda, no adujo ningún motivo con el que razonablemente se hubiera arribado a la conclusión sobre la inexistencia de una intención deliberada y arbitraria de desconocer los derechos laborales de su extrabajador.

Así las cosas , sea adicionará el numeral primero de la sentencia proferida en primera instancia, para condenar a las demandadas, en forma solidaria, a reconocer y pagar al señor Luis Carlos Carrera Morales, la suma diaria de $20.000 a partir del 14 de mayo de 2000 y hasta que se cancele la totalidad de salarios y prestaciones adeudados.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de las instancias a cargo de las demandadas.

XII. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, Casa la Sentencia dictada el 30 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el Luis Carlos Carrera Morales contra Construcciones Eléctricas y Empalmes S.A. Sucursal Colombia en Liquidación y Codensa S.A. E.S.P.

En Sede de Instancia se adiciona el numeral primero de la sentencia proferida en primera instancia, para condenar a las demandadas , en forma solidaria, a reconocer y pagar al señor Luis Carlos Carrera Morales, la suma diaria de $20.000 a partir del 14 de mayo de 2000 y hasta que se cancele la totalidad de salarios y prestaciones adeudados. Se confirma en lo demás.

Costas como se dijo en la parte motiva.

Notifíquese, cúmplase y una vez en firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen».