Sentencia SL4627-2016/40391 de marzo 9 de 2016 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas 

SL4627-2016

Rad.: 40391

Acta 8

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a proferir la sentencia de instancia en el proceso promovido por Teresa Navarro Cruz contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

I. Antecedentes

Mediante sentencia del 17 de abril de 2013, esta Sala de la Corte casó el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 29 de agosto 2008, mediante el cual esa Corporación había confirmado el dictado, a su vez, por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciudad el 30 de junio de 2006, por el cual absolvió al Fondo demandado del pago de la sustitución pensional causada con el fallecimiento de su compañero permanente Juan Sarmiento Bolaño, tal cual así lo reclamara en la demanda inicial.

Para mejor proveer se dispuso librar oficio al mismo Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para que mediante certificación informara el valor de la prestación reconocida al causante, y de hasta cuándo y en que montó se pagó a los menores hijos de aquél, información que luego de diversas contingencias procesales se pudo recaudar obrando a folios 53 y 71 a 76 del cuaderno de la Corte.

II. Consideraciones de la Corte 

En el fallo del recurso extraordinario se concluyó que Teresa Navarro Cruz tiene derecho a sustituir en la pensión de jubilación que la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia le reconociera, mediante Resolución 818 de 12 de julio de 1979, a su compañero permanente Juan Sarmiento Bolaños, y que inicialmente hubiera sido sustituida a los hijos menores de aquél Euvalis Alberto y Sandra Patricia Sarmiento Navarro y Milagro de Jesús Sarmiento Jiménez, “hasta cumplir la mayoría de edad o al terminar sus estudios o al cesar la invalidez” (fl. 6), conforme a la Resolución de la misma 810 de 21 de octubre de 1986 (ibídem).  

También se dejó dicho en la referida sentencia que el derecho de la actora a sustituir a su compañero permanente (q.e.p.d.) en el goce de la prestación pensional devenía del rectificado criterio jurisprudencial relativo a la interpretación de los artículos 1º de la Ley 33 de 31 de diciembre de 1973 y 1º de la Ley 12 de 16 de enero de 1975, en el sentido de considerar que tanto la (el) cónyuge supérstite del trabajador (a) fallecido, como la (el) del (a) pensionado (a), podían acceder a la pensión, pues en manera alguna resultaba plausible excluirse de tal derecho a quienes ostentaban esa condición respecto del pensionado por expresamente referirse las citadas disposiciones al trabajador fallecido. 

De manera que, habiendo acreditado la demandante que contó con la condición de compañera permanente del pensionado Juan Antonio Sarmiento Bolaño, debe verse favorecida con el referido criterio jurisprudencial.

En consecuencia, como de los medios de prueba aportados por disposición del fallo de la Corte de 17 de abril de 2013 atrás relacionados emerge indubitable que la pensión de jubilación reconocida a Juan Antonio Sarmiento Bolaño a partir del 1º de diciembre de 1973 en valor inicial de $14.751,38, y pagada hasta la fecha de su muerte (15 de agosto de 1983) en suma de $24.380,73 (fl. 74), fue sustituida a los hijos del mismo Euvalis Alberto y Sandra Patricia Sarmiento Navarro y Milagro de Jesús Sarmiento Jiménez, hasta el 31 de enero de 2007, con una valor para esta última fecha de $1’039.989,10 (fls. 71 a 76 cuaderno de la Corte), cuando quiera que debió distribuirse en partes iguales entre aquéllos y Teresa Navarro Cruz, quien fuera su compañera permanente supérstite, conforme a lo dispuesto por los artículos 1º de la Ley 12 de 1975 y 1º y 3º de la Ley 33 del mismo año, se impone decir que ésta última tiene derecho a que le sea reconocida desde el mismo 16 de agosto de 1983, pero pagada desde el 1º de febrero de 2007, habida consideración de no poder generarse un doble pago de la prestación por parte del Fondo demandado, pues, durante el reconocimiento a los menores del 100% de su valor, Teresa Navarro Cruz la administró en su calidad de representante legal (fls. 71 a 76 del cuaderno de la Corte).

La anterior consideración ya la ha efectuado la Corte en situaciones similares a la presente, para cuya ilustración es suficiente traer a colación lo expuesto en sentencia de 6 de septiembre de 2011 (Rad. 40942), en tal sentido:

“El recurrente no objeta la conclusión del Tribunal relativa a que la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte del afiliado Andrés García García, en su condición de compañera permanente, sino que, en vista de habérsele pagado a los menores hijos de ésta el 100% de la pensión de sobrevientes y, como se declaró que ella también es beneficiaria de la misma en un 50%, entonces se le dé validez o efecto liberatorio al pago que de esa prestación se ha hecho a los menores a través de ella, su representante legal, al tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 1634 del Código Civil, el cual dispone que “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía.”

“Es decir, que si el ISS, ha cancelado la totalidad del crédito a su cargo durante todo el tiempo que ha pagado la pensión de sobrevivientes, en un 100%, a los menores hijos del causante y de la acá accionante, no era dable, entonces, extender la condena en los términos hechos por el Tribunal al confirmar lo dispuesto al respecto por la de primer grado, en la que solo se disminuyeron las mesadas decretadas a favor de la actora con base en el fenómeno prescriptivo, sin que se tomara en cuenta lo ya pagado a los menores por tal concepto.

“La Sala estima que cabe razón al recurrente. El artículo 1634 del Código Civil colombiano, dispone:

““ART.1634.—Para que el pago sea válido, debe hacerse o al acreedor mismo (bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito aún a título singular), o a la persona que la ley o el juez autoricen a recibir por él, o a la persona diputada por el acreedor para el cobro.

El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito, es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía.”

“Preceptiva que, para el caso, implica que la solución de la mesada pensional de sobrevivientes realizada por el ISS a los dos menores hijos del causante, desde octubre de 1999, a través de la demandante, madre de ellos, en desarrollo del reconocimiento que de tal prestación se les hizo mediante la Resolución 11024 de 23 de agosto 1999 (fls. 4, 5), reiterada con la 03411 de 10 de marzo de 2000 (fls. 25,26), en cuantía de $118.230 para cada uno, al ser, así, hecha de buena fe, comportó, como lo reclama la censura, plena validez y, por condigna consecuencia, produjo efectos liberatorios de la obligación del Instituto respecto de cada una de las mesadas canceladas, por lo que mal podía entonces, al reconocerse judicialmente el derecho de la accionante, emitir condena a cargo de aquél para que, descontada la prescripción, volviera a pagar otro 50% para ella, además del 100% ya cancelado a los menores, actuación con la que se desbordaba, entonces, tanto la ley como la cuantía de la pensión.

Y en sentencia de 24 de septiembre de 2014SL12896 (Rad. interna 42101) simplemente reprodujo el argumento así:

“No escapa a la Corte el hecho de que el único objeto de la apelación lo fue el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por lo que por virtud del principio de consonancia a ello se restringió el pronunciamiento; como la prestación se pagó completa a los hijos de la actora hasta el 30 de febrero de 1997 (fl. 139) y con la finalidad de no radicar un doble pago en cabeza de la entidad de seguridad social, se dispondrá la cancelación de la sustitución pensional, que no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, desde el 1º de marzo 1997 con las mesadas adicionales. Se absuelve de lo demás”.

La dicha mesada pensional se reajustará anualmente conforme a la ley y se pagará junto con las mesadas de junio y diciembre de cada anualidad, habida cuenta de no resultar afectada por lo dispuesto en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, pues, como ya se vio, la pensión se causó el 1º de diciembre de 1979 y se produjo el fenómeno jurídico de su sustitución a la actora y a sus hijos el 16 de agosto de 1983, es decir, a partir del día siguiente a cuando el pensionado falleció.  

No habrá lugar a los intereses de mora reclamados en la demanda inicial, dado que, en criterio de la Corte, éstos sólo proceden respecto de pensiones que hacen parte del sistema general integral de seguridad social y, en este caso, bien ha quedado claro que la pensión reconocida fue establecida por la Ley 171 de 1961. 

En efecto, la Corte ha asentado que los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son procedentes respecto de prestaciones concebidas por esa normatividad, es decir, “cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral” (sentencia de 28 de noviembre de 2002. Radicación 18.273), y no por disposiciones anteriores, pues, en la misma sentencia precisó que,

“(…) no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la normatividad integral de la misma, y no, como ocurre en este caso, respecto de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos”.

Tampoco habrá lugar a declarar próspera alguna de las excepciones propuestas por el fondo demandado, pues sus supuestos de hecho quedan enervados por las consideraciones consignadas en el recurso extraordinario y la sentencia de instancia, fuera de que el fenómeno letal de la prescripción en manera alguna afecta la prestación desde la fecha atrás indicada.

Así las cosas, se ordenará el pago de la sustitución pensional en los términos indicados, es decir, con sus reajustes legales y mesadas adicionales de junio y diciembre, desde el 1º de febrero de 2007, y sin lugar a intereses de mora por no ser procedentes, o de otros conceptos, pues a ello se limitó el petitum de la demanda inicial, conforme al siguiente cuadro de liquidación:

 

DesdeHastaMontoNúmero mesadasSuma mesadas
Fecha inicial01/12/79$1.451,38
Último cobro hijos01/01/200731/01/2007$1’039.989.101
01/02/200731/12/2007$1’039.989.1013$13’519.858.30
01/01/200831/12/2008$1’099.164.4814$15’388.302.72
01/01/200931/12/2009$1’183.470.4014$16’568.585.60
01/01/201031/12/2010$1’207.139,8114$16’899.957.34
01/01/201131/12/2011$1’245.405.1414$17’435.685.96
01/01/201231/12/2012$1’291.859.7914$18’086.037.06
01/01/201331/12/2013$1’323.381.1714$18’527.336.38
01/01/201431/12/2014$1’349.054.7614$18’886.766.64
01/01/201531/12/2015$1’398.430.1614$19’578.022.24
01/01/201631/01/2016$1’493.103.881$1’493.103.88
01/02/201629/02/2016$1.493.103.881$1.493.103.88
Total retroactivo $157.826.760.00

 

Sin costas en la alzada y las de primer grado a cargo del Fondo demandado, las cuales serán señaladas por el juzgado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, en sede de instancia, REVOCA la sentencia proferida el 30 de junio de 2006 por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió al Fondo demandado de las pretensiones de la actora para, en su lugar, CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia a reconocer como sustituta pensional a la demandante Teresa Navarro Cruz de la pensión de jubilación que la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia reconoció a Juan Sarmiento Bolaño mediante Resolución 818 de 12 de julio de 1979, a partir del 16 de agosto de 1983, en un porcentaje equivalente a un 50% de la mesada pensional, el cual, para el 1º de febrero de 2007 acreció al 100%, equivalente para el 1º de febrero de 2016 a $1’493.103,88 como valor de la mesada pensional. Conjuntamente, el Fondo demandado pagará a la actora los aumentos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada anualidad. Por retroactivo pensional deberá pagar el Fondo demandado a la actora a 29 de febrero de la presente anualidad la suma de $157’826.760,00.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas, presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno.