Sentencia SL4811-2014 de abril 9 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4811-2014

Radicación: 44525

Acta 12

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Se considera

Aun cuando los cargos se presentaron por vías distintas, lo cierto es que se fundan en similares argumentos y proposición jurídica y por ello se estudiarán conjuntamente al permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

El pilar de la sentencia del tribunal, fue el de que la parte actora no logró demostrar que la ayuda percibida por su hijo fuere importante para subvenir las necesidades propias de la familia, máxime cuando en el curso del trámite se demostró no solo que el padre percibía pensión de vejez, sino además que contaba con bienes inmuebles y que otra hija colaboraba en el hogar, aspecto trascendente que permitió descartar la viabilidad del reconocimiento pensional.

En ningún aparte de sus consideraciones el ad quem estimó que la dependencia debía ser total y absoluta, solo que clarificó que era imperativo que fuese importante para resolver las necesidades de la familia, y tal conclusión no puede estimarse equivocada como lo pretende la censura, pues según la jurisprudencia que ha decantado esta Sala de la Corte, aunque aquella no deba ser total, sí debe ser un verdadero sustento económico que, de no tenerlo afecte la vida digna que se procura.

Lo que compensa la reseñada prestación es la ausencia de quien procuró en su existencia resolver aspectos vitales de su núcleo familiar, el cual se ve sometido no solo a la pérdida física de un ser querido, sino además desprovisto de su esencial colaboración.

Tal criterio es el que ha mantenido esta corporación, entre otras, en la sentencia CSJ SL 6 sep. 2012, rad. 39506, en la que memoró otras y explicó:

Según la exégesis de la Sala la configuración de la dependencia a que alude la disposición legal no se desvirtúa por la circunstancia de que la ayuda o apoyo del hijo hacia sus progenitores sea parcial y complementaria a la de otros ingresos precarios, que por sí no basten para proveerse de lo necesario para llevar una vida digna; la dependencia económica del beneficiario, según ha sido concebida por la Corte, no riñe con emolumentos, ayudas o provechos para la subsistencia siempre y cuando estos no los convierta en autosuficientes económicamente, situación que hace desaparecer la subordinación que predica la norma legal.

Por lo anterior, no puede endilgarse error al alcance que el juez plural otorgó a la norma que regulaba la pensión de sobrevivientes, pues aunque no se requiere dependencia total y absoluta, ello no significa que cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas.

Por demás, si se toma la demanda como pieza procesal susceptible de configurar error manifiesto, se tendría que el juzgador no se equivocó al valorar su contenido, pues, en el hecho cuarto se indicó que “José Guillermo Gutiérrez Ramírez durante toda su vida convivió de manera constante e ininterrumpida con sus padres y a pesar de que su padre desde agosto de 1985 se encontraba disfrutando de la pensión de vejez por parte del ISS en cuantía equivalente al salario mínimo mensual vigente desde que el fallecido terminó sus estudios de bachillerato, tuvo que dejar de estudiar y vincularse laboralmente para conjuntamente con su padre, cubrir la manutención de todos los miembros del hogar”; fue con base en dicha narrativa que el ad quem emprendió su estudio y no encontró soporte a lo argüido, no solo porque halló inconsistencias en las declaraciones rendidas, sino porque estimó que los demandantes eran propietarios de bienes inmuebles, aunado a que uno de ellos percibía por pensión de vejez.

En cuanto al interrogatorio que rindió la actora, debe recordarse que lo allí afirmado solamente puede tenerse como manifestaciones de parte, que requieren para su demostración la corroboración a través de otros medios probatorios, lo que en esta oportunidad no aconteció, en relación con las demás pruebas calificadas que se denunciaron.

No puede decirse entonces que existió un juicio probatorio distorsionado que permita el quiebre de la decisión, pues debe recordarse que ello solo es viable ante un yerro ostensible que no se advierte en el sub lite, máxime cuando el tribunal se fundó en la libertad de apreciación probatoria contenida en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

En lo relativo a los testimonios que cita el recurrente, debe decirse que su estudio solo resulta procedente cuando se ha demostrado el error sobre pruebas calificadas para el efecto, esto es, las indicadas en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969: documentos auténticos, inspección judicial y confesión; como ello no sucedió, no es viable el examen de aquella prueba testimonial.

Por último, destaca la Corte, que queda intacta la conclusión del tribunal, atinente a que los demandantes no cumplieron con la carga probatoria que les correspondía, esto es, demostrar la dependencia económica respecto de su hijo fallecido, o al menos, que recibían ayuda significativa en forma permanente para satisfacer las necesidades relativas a su sostenimiento, en atención que no eran autosuficientes.

Por lo visto, el sentenciador de alzada no incurrió en las violaciones que se denuncian y, en consecuencia, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso a cargo de la parte recurrente; las agencias en derecho en cuantía de tres millones ciento cincuenta mil pesos ($ 3.150.000) m/cte.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín, Sala Laboral, el 8 de septiembre de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que de María Teresa Ramírez de Gutiérrez y Octavio Gutiérrez Sánchez adelantaron contra el Instituto de Seguros Sociales.

Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales, a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, según la petición que obra a folios 50 y 51 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

Costas como se anunciaron.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».