Sentencia SL4816-2015/45303 de marzo 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 45303

Acta 09

Magistrado Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

«EXTRACTOS: IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

X. Consideraciones

1. Para el Tribunal sí existió una relación de trabajo entre el demandante y la Universidad Cooperativa de Colombia, solo que esa relación no se desarrolló en los extremos temporales delimitados por el promotor del proceso en la demanda, razón ésta por la que no accedió a las pretensiones incoadas.

Para arribar a esa conclusión, señaló (i) que la accionada al dar respuesta a la demanda reconoció que el actor le prestó sus servicios personales; (ii) que conforme a la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de fecha 22 de abril de 2004, la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional “Comuna” no tenía la naturaleza jurídica de una cooperativa de trabajo asociado, de suerte que la universidad demandada no podía aducir que el promotor del juicio era un trabajador asociado; y (iii) que, en esa dirección, “la Universidad Cooperativa de Colombia, al no desconocer la prestación del servicio personal del actor y estar revestido de la presunción legal prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se tiene por probado el contrato de trabajo bajo el principio de la primacía del contrato realidad previsto en el artículo 53 Superior”.

También, a partir de esta última premisa y con arreglo a los acuerdos de trabajo asociado visibles a folios 30 y siguientes, señaló (iv) que como la relación tuvo solución de continuidad o interrupciones, no era posible acceder a lo solicitado por el demandante, en la medida que su aspiración se contrajo a la existencia de un solo contrato de trabajo con unos extremos que iban desde el mes febrero de 1996 hasta el 20 de diciembre de 2000. Para reforzar ese análisis, reprodujo apartes de la sentencia CSJ SL, oct. 29/2008, rad. 34062.

Pues bien, se trae a colación este recuento de la sentencia a fin de precisar que la afirmación contenida en la parte final de la misma, según la cual “Puestas en ese orden las cosas, y como quiera que el recurrente no logró desvirtuar las conclusiones del juzgado, en el sentido de demostrar el contrato realidad de que habla el artículo 53 Superior y con reconocimiento jurisprudencial, la Sala no tiene otra alternativa jurídica que confirmar el fallo primigenio en todas sus partes”, no pasa de ser una impropiedad o descuido en la elaboración del fallo, que en modo alguno afecta sus verdaderos fundamentos ni las razones que llevaron al Tribunal a confirmar la providencia de primer grado, pues, como puede advertirse, toda la motivación de la sentencia desembocó en la existencia de la relación de trabajo y en el hecho de que ésta no fue única en el tiempo o sin solución de continuidad.

2. La inconformidad del recurrente en estas dos acusaciones estriba en que, contrario a lo afirmado por el juez colegiado, su relación laboral si bien “formalmente” tuvo soluciones de continuidad, en realidad se desarrolló con vocación de permanencia y continuidad, razón por la cual debe predicarse su unidad en los precisos extremos temporales expuestos en la demanda.

Pues bien, al revisarse los acuerdos de trabajo asociado visibles a folios 30 y siguientes, se desprende que los mismos tuvieron vigencia por los siguientes periodos:

Fecha inicialFecha finalCatedra dictada o actividad desarrolladaFolios
12/02/9626/06/96Teoría general del proceso30 y 206
01/05/9615/06/96Coordinador informática jurídica35 y 211
16/06/9615/11/96Coordinador informática jurídica38 y 214
29/07/9613/12/96Teoría general del proceso41 y 217
15/11/9620/12/96Coordinador informática jurídica51 y 222
31/01/9715/06/97Coordinador académico informática jurídica y director consultorio jurídico46 y 228
16/01/9731/01/97Coordinador informática jurídica53 y 225
27/01/9731/05/97Teoría general del proceso. Derecho procesal civil general57 y 233
28/07/9713/12/97Teoría general del proceso. Derecho procesal civil general62 y 238
15/01/9814/06/98Coordinador académico, informática jurídica y director consultorio jurídico246
16/01/9814/06/98Director consultorio jurídico67 y 250
16/01/9817/01/99Director consultorio jurídico105
02/02/9812/06/98Teoría general del proceso. Derecho procesal civil general73 y 256
16/06/9815/11/98Director consultorio jurídico83 y 261
21/07/9807/11/98Teoría general del proceso. Derecho procesal civil general78 y 267
01/02/9925/06/99Teoría general del proceso. Derecho procesal civil general272
14/01/9915/06/99Director consultorio jurídico274
31/01/0024/06/00Derecho procesal civil general276
17/01/0016/06/00Director consultorio jurídico280
19/06/0022/12/00Director consultorio jurídico283

Se deduce del esquema anterior que desde el 12 de febrero de 1996 hasta el 22 de diciembre de 2000, fechas en las que según el demandante se desarrolló el contrato de trabajo, hubo interrupción o solución de continuidad en los siguientes periodos:

Fecha inicial solución de continuidadFecha final solución de continuidadTotal solución de continuidad
21/12/9615/01/9734 días
16/06/9727/07/971 mes y 11 días
14/12/9714/01/981 mes
15/06/9815/06/981 día
16/11/9813/01/9946 días
26/06/9916/01/006 meses y 21 días

Como puede fácilmente advertirse, entre la celebración de uno y otro acuerdo hubo soluciones de continuidad por 34 días; 1 mes y 11 días; 1 mes; 46 días y, 6 meses y 21 días, que por su significancia y considerable extensión, impiden que pueda predicarse la unicidad contractual implorada por el actor en la demanda. Esto último permite igualmente colegir que en ningún error pudo incurrir el Tribunal al concluir que la relación laboral que se desarrolló entre el demandante y la Universidad Cooperativa de Colombia, no fue única o lineal en el tiempo, de modo que no podía declarar la existencia de un solo contrato de trabajo como se solicitó.

Ahora bien, los esfuerzos de la censura por demostrar con las nóminas de junio y julio de 1997 (fls. 326, 327, 328, 332, 553 y 556) que durante el interregno comprendido entre el 16 de junio de 1997 y el 27 de julio del mismo año, recibió pagos por parte de la cooperativa Comuna, lo que —a su juicio— apunta a que durante ese tiempo hubo un despliegue de servicios en favor de la demandada, no desvirtúa el hecho cierto de que durante ese lapso existió una interrupción, puesto que esos pagos pudieron haberse efectuado por razón de servicios prestados en cualquier tiempo.

Igual suerte corre su empeño por demostrar que durante el periodo que oscila entre el 16 de junio de 1999 y el 16 de enero de 2000, el demandante prestó sus servicios, tal como —dice— lo ponen de presente los documentos visibles a folios “37-138 o 142-143”, de fecha 3 de noviembre de 1999, en el que el actor rinde un informe como director del consultorio; en el de “folio 139 o 144”, de fecha 18 de noviembre de 1999, en el que la secretaria general de la universidad, le pide gestionar un formato de calificación de un alumno; en el de “folio 145 o 150”, de fecha 16 de noviembre de 1999, en el que la citada funcionaria le recuerda que, como director del consultorio jurídico, debe rendir su informe de gestión, y en el de folio 287, de fecha 16 de noviembre de 1999, en el que la Gerente de Comuna le comunica que el plazo pactado en el convenio de asociación vence el 21 de diciembre de ese año, pues, esas comunicaciones, todas datadas del mes de noviembre de 1999, solo alcanzan a cubrir esa mensualidad como trabajada, de suerte que sigue sin acreditarse la prestación de servicios por los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 1999 y parte de enero del año 2000.

Con todo, si en gracia de discusión se aceptara que en los periodos 16/06/1997 - 27/07/1997 y 26/06/1999 - 16/01/2000, no hubo solución de continuidad, seguiría en pie el hecho, aceptado por la censura, que entre el 21/12/1996 y el 15/01/1997, el demandante no prestó sus servicios, lo que por sí solo imposibilita la configuración de un solo vínculo de trabajo.

3. Si bien en otros casos, como lo afirma el recurrente, esta Sala de la Corte ha expresado que las interrupciones que no sean amplias, relevantes o de gran envergadura, no desvirtúan la unidad contractual, ello ha sido bajo otros supuestos, en los que se ha estimado que “las interrupciones por 1, 2 o 3 días, e incluso la mayor de apenas 6 días, no conducen a inferir una solución de continuidad del contrato de trabajo real […]” (CSJ SL, feb. 15/2011, rad. 40273). Sin embargo, ese análisis no puede hacerse extensivo a este caso en donde lo que está probado es que la relación tuvo rupturas por interregnos superiores a un mes, que, lejos de ser aparentes o formales se aduce, son reales, en tanto que ponen en evidencia que durante esos periodos no hubo una prestación del servicio; sin que, además, exista prueba eficiente de la intención de la demandada de mantener el vínculo con el demandante en esos periodos.

Por lo visto, los cargos no prosperan.

XI. Cargo tercero

Le endilga a la sentencia impugnada la violación de la ley sustancial, bajo la modalidad de interpretación errónea del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral en virtud del principio de la integración del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con los artículos 23 y 45 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Nacional, lo que condujo a la vulneración de los siguientes artículos del Código Sustantivo del Trabajo: numeral 4º del 57; 306; 249; 64; 65 y 189; como también de los artículos 1º de la Ley 52 de 1975 y 99 de la Ley 50 de 1990.

Precisa que esta acusación se encuentra relacionada con el alcance subsidiario de la impugnación y, con ella, busca que la Corte revise su posición en relación con el alcance que la sentencia CSJ SL, oct. 29/2008, rad. 34062, acogida por el Tribunal, le confiere al artículo 305 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que en el primero de los fallos citados, se dijo que el fallo mínima petita no es aplicable cuando las pretensiones de la demanda se estructuran sobre un contrato de trabajo “único”, y queda probado en el respectivo proceso que no fue así, sino que los servicios personales se prestaron en virtud de varios contratos de esa naturaleza.

Por ello, pide que se modifique este criterio tan absoluto, porque, en verdad, su aplicación en esos términos, impide que el fallo mínima petita tenga plena vigencia en materia laboral y, por consiguiente, no se cumpla el objetivo de las normas procesales, esto es, la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.

Estima que así como en la sentencia CSJ SL, ene. 23/2008, rad. 31004, se aludió a la posibilidad de proferir un fallo mínima petita cuando queda demostrado un tiempo menor al aducido inicialmente, se pueda llegar a igual solución para los casos como el presente, en el que se concluya que la prestación de servicios personales, no solo tuvo la proyección afirmada en la demanda, sino que fue regida por varios contratos de trabajo.

Refiere que la solución “si no tiene derecho al todo, no tiene derecho a nada”, hace inoperante el fallo mínima petita, “pues, así sea manifiesto, que se tenga algún derecho fundado en uno de esos nexos contractuales, impide su reconocimiento, que, por obvia razón, sería en cuantía inferior a la que pretendida (sic)”.

Propone que la hermenéutica correcta del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil “es la que como no se puede desconocer que las pretensiones de la demanda, también, se formulan por la terminación del contrato que se aduce como único, y no lo es, al darse ese supuesto de la finalización, solo es pertinente analizar y desatar las pretensiones con referencia a esa última vinculación laboral, y con sujeción a la duración que se encuentra demostrada”.

Afirma que el anterior criterio garantiza la efectividad de algún derecho del demandante, al posibilitar la condena por menos de lo pedido, y de otro lado, no se afecta el debido proceso, pues la demandada tuvo la oportunidad de discutir cómo se desarrolló la prestación del servicio.

XII. Réplica

Refiere que existen decisiones de juzgados y tribunales que han avalado la legalidad de la relación de trabajo asociado; que debe insistir en la buena fe “de las demandadas” por razón de la naturaleza jurídica de la Universidad Cooperativa de Colombia y del hecho que el demandante recibía las compensaciones y nunca reclamó o cuestionó el régimen de trabajo asociado que le era aplicable.

XIII. Consideraciones

El pronunciamiento vertido en la sentencia CSJ SL, oct. 29/2008, rad. 34062 no expresa o refleja el criterio imperante de esta Corporación en torno al deber de los jueces laborales de dictar fallos minus petita, cuando lo pedido por el demandante excede lo probado.

Se afirma ello, como quiera que una revisión de las providencias dictadas en los últimos años sobre este punto, dan cuenta que el criterio que ha prevalecido en esta Corporación es aquel conforme al cual, el juez tiene el deber, no solo en los casos en los que se prueba un tiempo de servicios inferior al pretendido (CSJ SL, dic. 5/2001, rad. 17215; CSJ SL, jul. 14/2009, rad. 35033; CSJ SL, feb. 22/2011, rad. 35666; CSJ SL, jun. 17/2011, rad. 38182; CSJ SL, jun. 21/2011, rad. 42768; CSJ SL806-2013; CSJ SL9112-2014; CSJ SL1012-2015), sino en otros (CSJ SL16715-2014), de dictar una condena minus petita que acepte parcialmente las pretensiones de la demanda, esto es, que si el demandante pide más, pero tan solo alcanzó a acreditar parte de lo pedido, debe reconocerse lo probado (CPC, art. 305).

Así, por ejemplo, esta Sala en sentencia CSJ SL, dic. 5/2001, rad. 17215, reiterada en CSJ SL, jun. 17/2011, rad. 38182; CSJ SL, jul. 14/2009, rad. 35033 y CSJ SL806-2013, señaló:

El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil dice:

“Congruencia. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

“No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada por ésta.

“Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.

“(…)”.

La consonancia contemplada en esta norma es una regla que orienta la decisión que debe adoptar el juez, pues le señala la obligación de estructurar su sentencia dentro del marco que conformen las partes con los planteamientos que hagan en sus escritos de demanda y de contestación.

Para que la sentencia sea consonante, el juez debe ajustarse a los postulados que las mismas partes le fijan al litigio y por eso no puede resolver más allá ni por fuera de lo pedido, pues de hacerlo incurriría, en el primer caso, en un pronunciamiento ultra petita y en el segundo, en uno extra petita. Tal limitación no existe en el proceso laboral que contempla para el juez la posibilidad de hacerlos dentro de ciertos requisitos.

Pero la norma bajo estudio no proscribe decidir por debajo de lo pedido de modo que, cuando las partes logran probar menos de lo que pretenden, la decisión que acoja el derecho dentro de esos parámetros inferiores, no se sale de los hechos básicos y por tanto el juez debe reconocer lo que resulte probado y denegar lo demás. En este caso la resolución es infra o minus petita y está dentro del marco previsto por el artículo 305.

El fundamento esencial de la demanda no cambia cuando los hechos del juicio indiquen que el tiempo de servicios fue inferior al que se alegó en la demanda, que en últimas es lo que ocurrió en este proceso frente a algunas de las pretensiones, por lo que debe concluirse que el Tribunal aplicó indebidamente el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, al negarse a estudiar las pretensiones por encontrar que entre las partes se habían estructurado dos contratos de trabajo independientes y que el último no correspondía a los límites o extremos temporales señalados en la demanda inicial.

En similar sentido, esta Corte en sentencia CSJ SL, ago. 22/2008, rad. 38182, expresó:

No está demás advertir por la Sala que nada obsta para que el juez declare la existencia de dos contratos de trabajo, pese a que el demandante invocó la existencia de uno solo, pues es bien sabido que el principio de consonancia contenido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil que informa las sentencias de instancia respecto de las pretensiones solicitadas, no excluye la posibilidad de que se profiera un fallo infra petita.

Y en la CSJ SL, jun. 21/2011, rad. 42768, dijo:

No obstante, lo anterior no implica que los jueces estén impedidos para decidir por debajo de lo pedido, ni ello tampoco desconoce el imperioso mandato del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, de modo que cuando las partes logran probar menos de lo pretendido, es obligación del juez proferir decisión que acoja lo demostrado, pero sin salirse dentro de los extremos inicialmente fijados, debiendo en consecuencia denegar lo demás, caso en el cual decisión es minus petita.

Los extremos de la litis no cambian cuando se demuestre un tiempo de servicios inferior al que se alegó en la demanda.

Por manera que, le asiste la razón al recurrente al considerar que si el Tribunal encontró demostrado que la relación laboral de las partes no fue lineal en el tiempo, sino fraccionada, de modo que no podía predicarse la existencia de un contrato de trabajo, sino de varios, debió dictar una sentencia minus petita que acogiera parcialmente las pretensiones incoadas, en el sentido de declarar la existencia de aquella o aquellas relaciones de trabajo que estuvieran probadas.

Por lo visto el cargo es próspero.

Sin costas en el recurso extraordinario dado que la acusación tuvo éxito.

IX. Sentencia de instancia

1. Siguiendo el norte trazado por el recurrente en el alcance subsidiario de la impugnación, con arreglo al cual solicita que se acojan las pretensiones de la demanda “con referencia a la última vinculación laboral que se da por establecida […]”, se procederá al análisis del último tramo de la relación que se desarrolló entre las partes, que, como quedó explicado en precedencia, va desde el 17 de enero del año 2000 hasta el 22 de diciembre de esa misma anualidad, en tanto que entre el 26 de junio de 1999 y el 16 de enero de 2000, se presentó una interrupción del vínculo que no pudo justificar el promotor del juicio.

Ahora bien, en ese intervalo de tiempo en que el actor laboró, puede advertirse que desempeñó las siguientes actividades (fls. 276 a 286):

Fecha inicioFecha finalCatedra dictada o cargo desempeñado
31/01/200024/06/2000Derecho procesal civil general
17/01/200016/06/2000Director consultorio jurídico
19/06/200022/12/2000Director consultorio jurídico

2. Con miras a dilucidar la naturaleza del vínculo que ligó a las partes, es oportuno también aclarar que la empresa asociativa con la cual la Universidad Cooperativa de Colombia suscribió el convenio visible a folios 203 a 205, no es una cooperativa de trabajo asociado (CTA), como de forma equivocada lo entendió el a quo, sino una cooperativa multiactiva de servicios, de modo que el Decreto 468 de 1990 y demás disposiciones que fijan el marco jurídico de las cooperativas de trabajo asociado no le son aplicables.

De otra parte, es dable concluir que si el objeto de las cooperativas de trabajo asociado es el de generar trabajo para los asociados, mediante el desarrollo actividades económicas, profesionales o intelectuales orientadas a la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios, y el de las cooperativas multiactivas es la prestación de variados servicios al grupo social de sus asociados, a través del despliegue de distintas actividades empresariales encaminadas a la satisfacción de sus necesidades, no es viable que esta última organización solidaria conciba en su estructura interna una sección de trabajo asociado, por razón de los intereses disimiles de los asociados que trabajan en la cooperativa y los que solo esperan que esta les preste servicios.

Esto quiere decir que una cooperativa, o se constituye para ofrecerles trabajo a sus asociados, o para prestarles servicios. Si es para lo primero, el interés de los asociados es que los bienes y servicios producidos por la cooperativa de trabajo asociado se vendan al mayor precio, pues de ello dependen sus ingresos (compensaciones). Si la cooperativa es para prestar servicios a los asociados, el interés de los mismos es el opuesto, esto es, que los bienes y servicios los puedan adquirir de la cooperativa al menor precio posible.

De suerte que, si una cooperativa multiactiva tuviera una sección de trabajo asociado, se suscitaría un conflicto de intereses entre los asociados que trabajan en la cooperativa y los que solo esperan que les preste servicios. Es decir, el esquema es insustentable de cara al conflicto de intereses que promueve.

Adicionalmente, para que pueda constituirse una cooperativa de trabajo asociado, es necesario que sus asociados trabajen en la CTA, esto es, que los servicios que se preste dicha empresa solidaria sean fruto del trabajo personal e indelegable de sus asociados. De manera que, no puede darse una cooperativa de servicios a los asociados, multiactiva, con una sección de trabajo asociado, pues habría asociados trabajadores y otros no trabajadores (simples usuarios de los servicios).

Pues bien, estas reflexiones son pertinentes, ya que a partir de ellas, se puede colegir que el acuerdo suscrito entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Cooperativa Multiactiva “Comuna” para la prestación de servicios bajo el sistema de trabajo asociado, es inviable e insustentable en perspectiva al rol atribuido a las cooperativas de usuarios como las multiactivas, en cuya virtud no pueden concebir en su seno una sección de trabajo asociado; y, por eso mismo, mal hizo la universidad en contratar ese tipo de servicios para beneficiarse del trabajo personal del demandante, bajo un esquema que, se itera, no tenía donde asirse legalmente.

3. Sin perjuicio de lo anterior, si esta Sala entrara a revisar el multicitado convenio para la prestación de servicios para el “suministro de personal de trabajadores docentes y no docentes”, también encontraría que con el mismo la universidad demandada no buscó la satisfacción de unas necesidades puntuales suyas, sino servirse del trabajo del personal que le era suministrado.

Así se desprende llanamente de su título y cláusula primera, en las cuales se estableció su objeto:

Convenio entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional Limitada “Comuna” para el suministro de personal de trabajadores docentes y no docentes por parte de comuna a la universidad.

1. Comuna se compromete para con la universidad a suministrarle los servicios de personal docente de catedra y no docente que la institución universitaria requiera, bajo el sistema de convenio de trabajo asociado, con las condiciones y compensaciones materia del presente acuerdo.

Como puede observarse, el objeto del convenio se contrae al “suministro de personal de trabajadores docentes y no docentes”, lo que equivale a suministro de personal, actividad que solo pueden ejercer legalmente las empresas de servicios temporales, de conformidad con lo señalado en la Ley 50 de 1990 y el Decreto 4369 de 2006.

El anterior razonamiento, es ratificado con otras cláusulas del acuerdo, en particular, las siguientes:

2. El personal requerido será seleccionado por la Universidad Cooperativa de Colombia y contratado por Comuna bajo la figura de trabajo asociado, previo examen del (a) trabajadora social y entrevista del psicólogo (a) de Comuna, a fin de establecer las aptitudes, comportamientos, antecedentes, familia, etc. (…)”.

Se advierte entonces, que la universidad tenía injerencia y participación directa en la selección del personal de la Cooperativa Multiactiva Comuna, aspecto que desdibuja las notas de autonomía de las cooperativas en sus relaciones de trabajo y en la vinculación de sus trabajadores.

3. Comuna delega en la Universidad Cooperativa de Colombia la facultad de supervisar directamente el trabajo del personal a su disposición, en razón del tipo de servicio que éste prestará.

La supervisión a la que alude la cláusula transcrita se traduce en la facultad del ente educativo de controlar o dirigir la actividad de los trabajadores puestos “a su disposición” como si se tratase de empleados subordinados suyos, previsión que desfigura cualquier esquema cooperativo, en donde las facultades de administración y gestión se encuentran en poder de los entes solidarios.

Por ello, es notorio que la cooperativa multiactiva Comuna sirvió de intermediario para el suministro de personal o envío de trabajadores en misión a la Universidad Cooperativa de Colombia, en detrimento de los derechos constitucionales y legales de los trabajadores.

4. Es que, a juicio de la Sala, el modelo de contratación que quiso elaborar la universidad demandada, además de ser inviable e insustentable, por razón de los servicios objeto del contrato —suministro de personal por parte de una cooperativa— y los impedimentos que suscitaba esta forma contractual, tuvo la intención de encubrir una verdadera relación de trabajo con el demandante, pues no es atendible, desde ninguna óptica, que las actividades propias de un cargo de director de consultorio jurídico de una facultad de derecho, sean entregadas a un tercero, toda vez que con arreglo al artículo 7º del Decreto 1221 de 1990 “por el cual se determinan los requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de los programas de derecho”, ese cargo debía ser parte integrante del personal académico-administrativo de la institución. Previsión que resulta obvia pues se trata de un cargo que atiende a las directrices trazadas por la universidad y cuyo ejercicio pende del cumplimiento de los reglamentos de la misma y el compromiso vivencial con sus valores misionales y propósitos institucionales.

Por ello, el actor tenía que ser parte de la estructura organizacional del ente educativo, no solo por la naturaleza del cargo que regentaba, sino también por las responsabilidades que tenía asignadas de coordinar y dirigir las prácticas de los estudiantes en los consultorios jurídicos I y II, lo cual demandaba de él una jornada completa, conforme se extrae de las clausulas segunda y tercera de los acuerdos de trabajo asociado visibles a folios 282 a 286, del siguiente tenor:

2. Objeto - El profesional asociado, Se compromete a prestar sus servicios como director del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia de la seccional Bogotá según información básica contemplada en este convenio con una dedicación de tiempo completo.

PAR.—El profesional. Se compromete a dedicarle por lo menos ocho (8) horas, cuatro (4) en un horario diurno y cuatro (4) en el horario nocturno que acuerden las partes al programa en la universidad para garantizar el desarrollo del programa dentro de los parámetros de la calidad total y excelencia académica trazados por la universidad.

3. Son funciones específicas del director del consultorio jurídico las siguientes:

3.1. Llevar la representación judicial y extrajudicial del consultorio jurídico.

3.2. Fijar todas las pautas de operatividad del consultorio jurídico.

3.3. Ser el responsable de la ejecución de todos y cada uno de los objetivos contenidos en el reglamento del consultorio jurídico.

3.4. Coordinar y dirigir las diferentes practicas forenses del consultorio.

3.5. Establecer la parte operativa para la práctica de los consultorios jurídicos I y II.

De otro lado, llama la atención que la calificación de las justas causas para dar por finalizado el acuerdo cooperativo, estuvieran sujetas al juicio de la universidad, como expresamente se señala en la cláusula décimo tercera de dicho convenio, situación que pone de relieve que la institución educativa no solo tenía el control sobre las labores del demandante, sino también la posibilidad de finalizar su contrato, tal y como acaeció el 20 de diciembre de 2000 (fl. 157), cuando le informó que “por razones de reestructuración de la facultad a la cual usted se encuentra vinculado” prescindía de sus servicios para el próximo período académico. Esto último choca con el principio de autogestión de las organizaciones solidarias, en virtud del cual las decisiones sobre admisión o exclusión de sus asociados o trabajadores, son de su exclusiva competencia.

De la misma manera, prueba de la subordinación de la que se viene hablando, es el memorando de fecha 1º de febrero de 2000, por medio del cual la secretaria general y académica de la universidad le informa al demandante que “de acuerdo al reglamento estudiantil la universidad no contempla la categoría de estudiantes asistentes. Esto significa que quien no figure en la lista oficial de la facultad no es estudiante regular, y por lo mismo, no puede asistir a clases ni presentarse a las evaluaciones académicas, y con ocasión de ello le ordenó “no certificarles asistencia”. Lo anterior se distancia del principio de autonomía administrativa de las cooperativas, en cuya virtud es potestad exclusiva de éstas instruir o dirigir la actividad de sus trabajadores, sin que esta facultad pueda ser delegada en un tercero.

Igualmente se encuentra demostrado que la universidad demandada tenía potestad sancionatoria o de apremio sobre la gestión del demandante, como se infiere del memorando de fecha 31 de octubre de 2000 (fl. 196), en el cual la decana de la facultad de derecho, bajo el asunto “Incumplimiento de obligaciones laborales”, le llama la atención en los siguientes términos:

Los docentes que trabajan en nuestra institución adquieren una serie de obligaciones, en virtud de la relación contractual que se acuerda al comienzo de cada periodo académico.

Sin embargo, consideramos de gravedad el incumplimiento de sus obligaciones laborales, máxime cuando usted tiene la importante responsabilidad de dirigir el consultorio y orientar la cátedra de derecho procesal civil general que la facultad le ha confiado. Su inasistencia obstaculiza el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Revistiendo este hecho de suma gravedad le solicito, que para una eventual inasistencia, realice el procedimiento necesario ante la decanatura para su respectiva autorización.

Las condiciones en que se dio la vinculación del demandante, también son corroboradas por los testigos Guillermo Zuleta Castillo (fls. 506-511), Mirtha Patricia Bejarano (fls. 529-533) y Milkiades Guarín Salazar (fls. 535-538), quienes relataron que Castaño García fue incorporado mediante acuerdo de trabajo asociado suscrito con la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional “Comuna”, para prestar sus servicios docentes a la Universidad Cooperativa de Colombia, asumiendo todas las responsabilidades y compromisos que ello comporta.

La verdad que subyace a todas estas pruebas permite a esta corporación llegar al convencimiento de que la entidad de educación superior demandada, pretendió disfrazar, sin razón ni justificación alguna, el contrato de trabajo que la ataba con el demandante, pues acudió a una forma de vinculación fraudulenta, ubicada por fuera del ámbito de justificación de las normas que regulan el cooperativismo, para servirse de un trabajo que, por razón de su organización institucional y misión educativa, hacía parte de los cuadros permanentes de la universidad y, por ello, lo propio era que lo contratara directamente.

A esta altura, cumple recordar, igualmente, que el personal requerido en instituciones o empresas para el desarrollo de actividades misionales permanentes, no puede estar vinculado a través de cooperativas que hagan intermediación laboral o bajo cualesquiera otras modalidades contractuales que afecten los derechos laborales y el empleo en condiciones dignas de los trabajadores.

En consecuencia, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos procesales (C.N., art. 53 y CST, art. 23) aflora que el demandante estuvo vinculado con la Universidad Cooperativa de Colombia, mediante un contrato de trabajo, bajo continuada subordinación jurídica de la referida institución de educación superior, entre el 17 de enero de 2000 y el 22 de diciembre del mismo año.

Por lo tanto, se procederá con el estudio de las pretensiones económicas de la demanda a fin de determinar su viabilidad:

1. Salarios insolutos año 2000.

Aduce el promotor del proceso que para el año de 1999 la universidad le pagaba como director de consultorio jurídico la suma de $ 1.700.000 mensual y como docente la suma de $ 800.000, para un total de $ 2.500.000. Que, sin embargo, a partir del año 2000, bajo el argumento de quitarle dos grupos de enseñanza correspondientes a las materias de teoría general del proceso se le rebajo su salario a $ 1.700.000 y, por ello, se le adeuda una diferencia de $ 9.600.000.

Pues bien, como quiera que lo que se está declarando es la existencia de un contrato de trabajo respecto a la última relación que ató a las partes, conforme a lo solicitado en el alcance subsidiario de la impugnación, la Corte no podría entrar a efectuar ese ejercicio comparativo tendiente a verificar si hubo una disminución o rebaja del salario no consentida por el trabajador para el año 2000, con respecto a lo que venía percibiendo en el año anterior.

En consecuencia, no hay lugar a conceder esta pretensión.

2. Prestaciones sociales y vacaciones compensadas.

De acuerdo con el promedio de las compensaciones devengadas por el actor en el periodo que va desde el 17 de enero de 2000 hasta el 22 de diciembre del mismo año (fls. 279-286), las cuales han de tomarse como salario, se tiene que la Universidad Cooperativa de Colombia le adeuda por concepto de prima de servicios la suma de $ 1.065.031,72, por cesantías $ 1.065.031,72, por intereses a las cesantías $ 119.283,55 y por vacaciones compensadas $ 532.515,86, como se muestra en el siguiente cuadro:

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DesdeHastaDíasSalario promedio mensualValor prima de serviciosValor cesantíasValor intereses / cesantíasValor vacaciones
17/01/200022/12/2000336$ 1.141.105,41$ 1.065.031,72$ 1.065.031,72$ 119.283,55$ 532.515,86

3. Indemnización por despido injusto.

En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, importa anotar que si lo que existió fue una relación laboral, directa, entre el actor y la demandada, la supuesta terminación del convenio de trabajo asociado no puede ser considerada como razón legal para extinguir el vínculo jurídico que en realidad existió entre las partes. Por ello, no se encuentra que esa terminación obedeciera a una justa causa, de suerte que habrá de imponerse condena por concepto de indemnización por despido sin justa causa por valor de $ 1.141.105,41, según la liquidación que se muestra a continuación:

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DesdeHastaAñosSalario promedio mensualDíasValor indemnización por despido injusto
17/01/200022/12/20000,93$ 1.141.105,4130$ 1.141.105,41

4. Indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

No existe ninguna justificación para que la accionada no haya procedido al pago de los salarios y prestaciones que le correspondían al actor por el hecho de éste haberle prestado personalmente sus servicios de forma subordinada.

Y no exculpa a la entidad educativa la vinculación formal bajo la modalidad de trabajo asociado del actor con la Cooperativa Multiactiva Universitaria Nacional “Comuna”, puesto que ese esquema se utilizó de forma ilegal, para hacerle un esguince a la ley y burlar su aplicación en aquellas situaciones en las que existen verdaderas relaciones de trabajo.

De otra parte, la contratación de actividades misionales permanentes, a través de una entidad interpuesta, como las relacionadas con la docencia y el desempeño de cargos como los de director de consultorio jurídico, indispensables para el desarrollo de la misión educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, hacen que la conducta de la entidad demandada desde ninguna perspectiva sea aceptable.

Por consiguiente, ante la ausencia de buena fe de la accionada, se procederá a liquidar la correspondiente indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones adeudados a la terminación del contrato, conforme al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en su versión anterior a la reforma de la Ley 789 de 2002.

Partiendo de un salario promedio de $ 1.141.105,41, se tiene que desde la terminación del vínculo hasta el 28 de febrero de 2015, la accionada le adeuda al promotor del proceso la suma de $ 194.292.214,87, por concepto de indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto sin perjuicio de la que se cause con posterioridad a esta última fecha y hasta que se produzca el pago.

DesdeHastaDíasSalario promedio mensualIndemnización moratoria
23/12/200028/02/20155.108$ 1.141.105,41$ 194.292.214,87

5. Indemnización moratoria por no consignación de cesantía e indemnización de perjuicios por enfermedad y por el hecho del despido.

Como quiera que el contrato de trabajo que se declara en el sub examine inició el 17 de enero de 2000, la entidad educativa empleadora no tenía la obligación de consignar antes del 15 de febrero de 2000, ninguna suma por concepto de cesantía del año 1999 y, por ello, no hay lugar a la indemnización moratoria por no consignación de cesantía.

En cuanto a la indemnización por los daños ocasionados por el hecho del despido, no se accederá a esta pretensión pues no se encuentran probados perjuicios de orden inmaterial que deban ser resarcidos de forma adicional a la indemnización tarifada del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, si bien esta Corporación en sentencia CSJ SL, mar. 12/2010, rad. 35795, reiterada en CSJ SL1715-2014 y CSJ SL14618-2014, adoctrinó sobre la posibilidad de reclamar la indemnización de perjuicios inmateriales en aquellos eventos en que se causen al trabajador, ello es a condición de que se encuentren debidamente acreditados.

Igual acontece con la solicitud de indemnización por enfermedad proveniente de falta de atención médica, pues no existen pruebas que demuestren que el actor sufrió una pérdida o disminución de su capacidad laboral por causa o con ocasión de su trabajo.

Para finalizar, ha de puntualizarse que la excepción de prescripción propuesta por la parte accionada, no ha de salir avante, en la medida que la demanda fue presentada en término (18 de junio de 2002), es decir, dentro de los tres años siguientes a la fecha en que finalizó la relación de trabajo. De igual manera, y en virtud de que se está declarando la existencia de una relación de trabajo de la cual emergen unas obligaciones económicas, que no ha satisfecho la parte accionada, las demás excepciones formuladas tampoco tienen vocación de prosperidad.

Las costas de las instancias estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, Casa la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2009, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por José Ignacio Castaño García contra la Universidad Cooperativa de Colombia.

En sede de instancia, revoca el fallo dictado en primera instancia, y en su lugar, dispone:

1. DECLARAR que entre el demandante y la Universidad Cooperativa de Colombia existió un contrato de trabajo que tuvo vigencia entre el 17 de enero de 2000 y el 22 de diciembre del mismo año.

2. CONDENAR a la Universidad Cooperativa de Colombia a pagar al demandante la suma de $ 1.065.031,72, por concepto de prima de servicios.

3. CONDENAR a la Universidad Cooperativa de Colombia a pagar al demandante la suma de $ 1.065.031,72, por concepto de cesantía.

4. CONDENAR a la Universidad Cooperativa de Colombia a pagar al demandante la suma de $ 119.283,55 por concepto de intereses a la cesantía.

5. CONDENAR a la Universidad Cooperativa de Colombia a pagar al demandante la suma de $ 532.515,86 por concepto de vacaciones compensadas.

6. CONDENAR a la Universidad Cooperativa de Colombia a pagar al demandante la suma de $ 194.292.214,87, por concepto de indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo causada desde la fecha de la finalización del contrato hasta el 28 de febrero de 2015, sin perjuicio de la que se cause con posterioridad a esta última fecha y hasta que se produzca el pago.

7. ABSOLVER a la accionada de las demás pretensiones de la demanda.

8. Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».