Sentencia SL4818-2015 de marzo 25 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL4818-2015

Radicación 45774

Acta 09

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

No encuentra la Sala que el tribunal hubiese podido incurrir en los errores de hecho endilgados por la censura, toda vez que el juez colegiado en ningún momento desconoció el estado de mora de la exempleadora de la demandante en el pago de los aportes correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2001, cuya cancelación solo vino a realizar hasta los meses de noviembre y diciembre de esa misma anualidad, sino que, con arreglo al criterio de esta corporación en torno a los efectos de la mora del empleador en el pago de aportes, consideró que esas cotizaciones efectuadas de forma extemporánea: (i) no le hacían perder a la demandante su condición de afiliada cotizante, de modo que su situación se encontraba gobernada por el literal b) del artículo 39 de la Ley 100 de 1993; y (ii) no liberaban a la administradora de pensiones de la responsabilidad de reconocer y pagar la pensión de invalidez.

De otra parte, el argumento conforme al cual no se puede predicar que Protección S.A. haya incumplido con sus obligaciones de adelantar las acciones de cobro, puesto que desde la fecha en que se originó la mora hasta la calenda en que se estructuró la invalidez de la demandante, no habían transcurrido los tres meses previstos en el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994, no es de recibo, no solo porque se trata un tema de índole jurídica que es impropio plantear por la vía indirecta, sino también porque parte de la premisa equivocada de que únicamente cuando transcurren esos tres meses es que se pueden activar los procesos de cobro.

Se afirma esto último, en la medida que el artículo 13 del Decreto 1161 de 1994 no se erige en una camisa de fuerza para que las administradoras de pensiones desplieguen las labores de cobranza una vez surge el estado de incumplimiento en el pago de aportes, toda vez que el precepto en mención lo que claramente indica es que las acciones de cobro deben “iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la cual se entró en mora”. Es decir, nada impide que el cobro se active de forma inmediata en el momento que surge el estado de mora.

Con todo, sea esta la oportunidad para reiterar dos temas que han sido profusamente desarrollados por la jurisprudencia del trabajo. Uno, es que el estado de mora no genera la pérdida de la calidad de cotizante activo del trabajador, en la medida que el retardo en el pago de las cotizaciones constituye una conducta que no puede atribuírsele ni, menos, puede generar los efectos de una desafiliación (CSJ SL667-2013) y, dos, en los eventos de mora del empleador, las administradores de pensiones deben adelantar las gestiones de cobro, a fin de obtener el debido recaudo de las cotizaciones, de modo que, de omitirse esta obligación, deben responder por el pago de la prestación.

Con relación a lo último, esta corporación en Sentencia CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 34270, referida por el tribunal, y a cuyo contenido igualmente se remite la Corte para dar una respuesta completa a los planteamientos de la censura, explicó:

Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia recientemente en sentencia de 22 de julio de 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia sobre los efectos de la mora patronal y estableció el criterio de que cuando se presente omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro.

Los siguientes son los términos de la sentencia referida:

“Las administradoras de pensiones tanto públicas como privadas son elemento estructural del sistema de seguridad social; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones, hoy tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público de la seguridad social bajo su “dirección, coordinación y control”, y autoriza su prestación a través de “entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

“Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, bajo el entendido de que toda su actividad ha de estar ordenada a cumplir con la finalidad de prestar el servicio público de la seguridad social.

“Ciertamente las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio público de pensiones, su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

“Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de gestoras de la seguridad social, actividad que por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

“Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

“Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

“El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

“Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

“Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado”.

Para finalizar, debe precisarse que la carta de fecha 27 de junio de 2002 (fl. 101), dirigida por Protección S.A. a Florencia Jaramillo Bueno, en la cual le informa que a raíz del trámite de la pensión de invalidez de la demandante procederá con la “devolución de los aportes efectuados con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez”, no purga el incumplimiento de la administradora ni la habilita para devolver o declarar inexistentes las cotizaciones causadas y sufragadas de forma tardía cuando quiera que no se hayan agotado las gestiones orientadas a la cobranza de esos aportes.

En consecuencia, el cargo formulado no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la administradora recurrente y en favor del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Como agencias en derecho se fijará la suma de seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso adelantado por Adela Henao Bernal contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A., trámite al cual fue vinculada Florencia Jaramillo Bueno y el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»