Sentencia 40434 de abril 2 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40434

SL4838-2014

Acta Nº 11

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., dos de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso extraordinario

Pretende el demandante que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que en sede de instancia y como primera medida acceda a las pretensiones principales contenidas en la demanda con la cual se dio inicio al proceso; subsidiariamente pide confirmar la sentencia de primer grado en cuanto accedió a la indemnización por terminación del contrato sin justa causa. Provea sobre costas como en derecho corresponda.

Para lograr lo anterior y con fundamento en la causal primera de casación, propuso un solo cargo, que no fue replicado, el que está formulado en los siguientes términos:

La sentencia impugnada viola de manera indirecta, por aplicación indebida, las siguientes normas sustanciales del orden nacional: Código Sustantivo del Trabajo artículos 13, 21, 55, 58, 62, 64, 127, 467, 468 y 469; Código Procesal Laboral artículos 60 y 61; Constitución Política, artículos 29, 53...” (fl. 11).

Expresa que la anterior violación se produjo como consecuencia de haber incurrido en los siguientes errores de hecho:

1. No dar por demostrado, a pesar de estarlo, la violación al debido proceso establecido en la convención colectiva de trabajo, en relación con el actor.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que al actor se le cumplió rigurosamente con el tramite convencional para efectos del despido de que fue objeto.

3. No dar por demostrado que la demandada juzgó al actor dos veces por los mismos hechos.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor incurrió en la causal invocada por la demandada para el despido (fl. 11).

Señala que tales yerros se cometieron por no haber apreciado correctamente las siguientes pruebas del primer proceso disciplinario: convención colectiva de trabajo; citación a descargos y la respectiva diligencia; oficio del 30 diciembre de 1999, a través del cual se le comunica al demandante el decreto de pruebas; acta de discusión diferencias con la señora Sara Forero Vela quien desempeñaba el cargo de jefe de contabilidad, así como la sanción por ocho (8) días a partir del 13 de enero del 2000.

Y en cuanto al segundo proceso, el que a su vez condujo a la terminación del vínculo laboral, enlistó como pruebas erróneamente apreciadas las siguientes: diligencia de descargos; práctica de pruebas; reunión de discusión de diferencias; despido invocando justa causa; recursos de reposición y apelación; decisión de los recursos; certificado de constitución y gerencia, y la declaración de Carmen Coneo, esta última precisando que no es prueba calificada.

En la demostración del cargo y al referirse a los dos primeros errores de hecho, sostiene que es evidente la vulneración del derecho de defensa y debido proceso contenido en el procedimiento convencional, pues para la segunda diligencia de descargos, llevada a cabo el 12 de enero de 2000, no hay comunicación de citación a la misma en los términos que señala el artículo 6º convencional; por demás señala que todos los hechos a él endilgados, tenían más de cinco (5) días de haber ocurrido, en tal virtud el término estaba vencido.

Precisa también que la señora Sara Forero Vela, jefe de contabilidad, sin acreditar delegación o designación por parte del representante legal de la planta, procedió a realizar el estudio y análisis del material probatorio recaudado, incluyendo su propio testimonio, hecho que por sí solo constituye una vulneración al procedimiento convencional; vulneración que se acentúa más cuando la misma señora, sin autorización alguna, toma la decisión de despedirlo, determinación esta que de acuerdo a lo previsto en el acuerdo convencional es competencia exclusiva del representante legal de la planta.

Igualmente señala que contra la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo, el demandante, el 4 de febrero de 2000, interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación; sin embargo la demandada solo resolvió el de apelación, omitiendo resolver el de reposición; por demás y contrariando lo previsto por el acuerdo convencional que prevé que el despido debe “hacerse efectivo el día siguiente a la evacuación de los recursos”, la compañía toma la determinación de despedirlo “a partir del 4 de febrero de 2000”, mismo día en que resuelve el recurso de apelación.

Expresa también que es evidente la violación del debido proceso, toda vez que antes de asignársele las funciones de auxiliar de contabilidad, hecho ocurrido el 13 de noviembre de 1999, era “mensajero y patinador”, y si ello no fuera todo, para la fecha en que asume las funciones ya existía un retraso grande en conciliaciones, las que por demás eran desempeñadas por varias personas; no obstante ello, le inician una primera investigación disciplinaria con falencias procedimentales, tales como citación extemporánea; no decreto de pruebas y discusión sobre diferencias entre él y su jefe de contabilidad.

Al abordar la demostración del tercero de los errores de hecho, precisa que efectivamente se adelantaron dos juicios por unos mismos hechos, el primero, “iniciado el 25 de diciembre de 1999 y que concluyó con la sanción comunicada el 7 de enero de 2000 y que se hizo efectiva a partir del 13 de enero y hasta el 20 de enero del mismo año” (fl. 14), se debió a los atrasos en conciliaciones y registros de facturas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1999; al paso que el segundo, “se inició con la citación a descargos hechos el día 25 de enero de 2000 y que concluyó con el despido comunicado el 1º de febrero de 2000” (fl. 14), también toma como faltas, la mora en la conciliación y registro de facturas de los meses de noviembre y diciembre de 1999.

Para demostrar el cuarto de los errores fácticos señala que el tribunal lo comete:

(...) en razón a la apreciación equivocada que hizo del acta levantada el 12 de enero de 2000, en la cual queda claramente establecido que la acusación en últimas, era la “sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador de las obligaciones convencionales o legales”, conducta que sería posible encuadrarla en el numeral 10) del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; conducta que para aplicarla, se requiere adelantar el procedimiento especial establecido en la ley. Efectivamente correspondía a la demandada probar que se incurrió periódicamente en la falta endilgada y que se hizo la reconvención respectiva en cada caso. No sucedió la inejecución sin razones válidas, de manera sistemática y tampoco se produjo la reconvención establecida para estos casos, amen (sic) de que la conducta endilgada, tampoco se encuentra establecida como justa causa para la terminación del contrato de trabajo, ni en el contrato de trabajo, ni en la convención colectiva de trabajo” (fl. 15).

Adiciona que tampoco se deduce de la prueba valorada por el tribunal, que el actor hubiera incurrido en una omisión intencional en el cumplimiento de sus funciones, pues si bien es cierto pudo haberse presentado un retraso en las conciliaciones, el mismo obedece a que con anterioridad a la fecha en que el actor asume el cargo, 13 de noviembre de 1999, las conciliaciones la realizaban “varios trabajadores”.

VII. Consideraciones de la Corte

Comienza la Sala por advertir que el apoderado de la parte recurrente, enuncia de manera genérica la comisión de unos supuestos yerros fácticos, para al desarrollarlos, hábilmente introducir hechos que no fueron materia del recurso de apelación, y lo que es más importante, ni siquiera fueron el soporte para dar inicio al presente asunto, lo que los convierte en hechos nuevos inadmisibles en casación, que a no dudarlo, impide a la corporación examinarlos.

Se resalta entonces que si el demandante guardó total mutismo al momento de sustentar la impugnación, en relación con los hechos que ahora y de manera tardía plantea en casación, mal puede endilgarle al tribunal la comisión de tal o cual yerro factico, sencillamente porque carecía el fallador de segundo grado de competencia totalizadora para examinar temas que no le fueron propuestos en la apelación; peor aún, bajo ninguna perspectiva podía abordar puntos que no fueron motivo de la litis.

En efecto, planteamientos como el referido a que la demandada no cumplió el procedimiento convencional en tanto era el representante legal quien debía tomar la decisión de dar por terminado el vínculo laboral y no la jefe de contabilidad; que el actor no fue citado para la iniciación del segundo proceso; que al momento de recibir las funciones, 13 de noviembre de 1999, ya existía un atraso grande en las conciliaciones; que tales funciones y con anterioridad a la citada fecha, eran desempeñadas por varias personas; que la demanda solo se pronunció respecto del recurso de apelación omitiendo pronunciarse sobre el de reposición, no fueron propuestos al presentar el recurso vertical (fls. 499 a 500), y lo que es más importante, se itera, ni siquiera fueron hechos esbozados al dar inicio al proceso (fls. 2 a 5).

Efectivamente, leído cuidadosamente el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto por el demandante, puede advertirse que fueron dos los aspectos fundamentales que motivaron la apelación: (i) que el despido del trabajador deviene en ilegal en tanto se hizo el mismo día en que se resolvieron los recursos, 4 de febrero de 2000, y no al día siguiente como lo dice el artículo 6º convencional, y (ii) que el trabajador fue juzgado dos veces por los mismos hechos.

Desde la anterior perspectiva y de los tres primeros yerros fácticos, la Sala y por amplitud, solo tiene competencia para abordar el tercero que refiere a “No dar por demostrado que la demandada juzgó al actor dos veces por los mismos hechos”, el que desde ya valga señalar, lejos estuvo de cometerlo el sentenciador de alzada, tal y como se procede a explicar.

La documental que aparece a folio 236, muestra con absoluta claridad que el primer proceso disciplinario se inició el 28 de diciembre de 1999, cuando la jefe de contabilidad, superior del demandante, lo cita para que al día siguiente rinda descargos por no haber “elaborado ni enviado las conciliaciones del mes de noviembre causando traumas contables que ponen en entredicho la confiabilidad de la información suministrada por el área financiera de la planta”(se resalta), descargos que efectivamente se rindieron el día 29 de diciembre de 1999, tal como aparece a folios 232 a 235.,

En concordancia con lo anterior, a folio 338 aparece la sanción que por 8 días y a partir del 13 de enero de 2000, le impuso la demandada, la que es clara en precisar lo siguiente:

“El día 27 de diciembre al revisar el trabajo y el compromiso adquirido con Planeación Financiera en Bogotá, observé que usted no había elaborado ni enviado las conciliaciones del mes de noviembre causando traumas contables que ponen en entredicho la confiabilidad de la información suministrada por el área financiera de la planta” (se resalta).

A su vez la documental que aparece a folios 326 a 330, contentiva de la diligencia de cargos y descargos correspondientes al segundo proceso, que de paso valga señalar se inició el 11 de enero de 2000 como lo acepta el propio demandante, pone en evidencia que los hechos imputados a él en esta oportunidad y dentro de los cinco (5) días siguientes a su ocurrencia, son diferentes a los que dieron origen al primer proceso, pues hace alusión a lo siguiente:

El último plazo para la realización y envío de las conciliaciones bancarias a oficina central venció el 8 de Enero de 2000 a las 11. a.m. El día 7 de enero de los corrientes le envíe Lotus solicitando me informara qué tenía pendiente del cierre contable de diciembre para solicitar autorización para afectar los estados financieros con un cierre adicional programado por oficina central para el día 8 de enero de 2000 a las 12. m., sin recibir ninguna respuesta suya.

Sin embargo el día 8 de enero de 2000 Javier Duque Santander, me informa que usted le hizo entrega de catorce (14) facturas del mes de diciembre, las cuales no se habían verificado habiendo cerrado ya el periodo de diciembre para esta labor (1er cierre de diciembre día 2 enero 8 p.m.). Adicionalmente se queda pendiente de contabilizar nota débito bancaria $ 20.552.515 por cheque de gerencia solicitado por Carmen Coneo para el pago de impuestos el día 24 de diciembre de 1999, nota entregada par ella a usted que no contabilizó oportunamente.

Asimismo, el día 4 de enero de 2000, se hizo el segundo cierre definitivo para las plantas, usted se fue sin dar explicación alguna de los estados en que quedaron las conciliaciones y dejando pendientes de contabilizar y aclarar las partidas conciliatorias, lo que nos está afectando los estados financieros que presentan saldos bancarios irreales y gastos del periodo fiscal 1999 sin contabilizar.

Es responsabilidad del departamento y de usted en particular presentar un cierre contable adecuado con cifras reales y en especial el cierre del fin de año, requiere especial atención porque no pueden quedar gastos de un año a otros, por las implicaciones y sanciones tributarias que estos nos trae y de parte suya no se vio ningún interés ni recibió colaboración para lograr este objetivo, máxime cuando el día 6 de enero de 2000 se relevó del resto de funciones para que cumpliera con el compromiso, dada la importancia y relevancia que tiene para la compañía.

Una lectura cuidadosa de los hechos que se transcriben en precedencia, mismos que expone la demandada el 1º de febrero de 2000 cuando decide dar por terminado el vínculo laboral (fls. 461 a 464), pone en evidencia que son diferentes a los que motivaron la iniciación e imposición de la sanción disciplinaria en una primera ocasión, con lo cual se descarta que el actor hubiese sido juzgado dos veces por los mismos hechos, como ligeramente lo presenta el recurrente al formular el tercero de los yerros fácticos enunciados en el cargo, mucho menos con el carácter de ostensible, capaz de quebrantar el fallo recurrido.

Además de lo anterior, pertinente resulta precisar que contra la decisión del empleador de poner fin al vínculo subordinado, el demandante, el 4 de febrero de 2000, efectivamente interpuso los recursos de reposición y apelación (fls. 256 a 259); recursos que fueron resueltos el 4 del mismo mes y año (fls. 278 a 279); con lo cual se despeja la inquietud del recurrente referida a que la demandada no resolvió el recurso de reposición.

Asimismo, las revisión de la liquidación final de prestaciones sociales que aparece a folio 7, muestra con transparencia absoluta que el despido del trabajador se hizo efectivo a partir del día siguiente al que se resuelven los recursos, en tanto para liquidarle todos sus derechos laborales, la demandada tomó como último día trabajado el 4 de febrero de 2000, día este y como se dejó visto en precedencia, se resolvieron los recursos de reposición y apelación.

Analizado lo anterior, la Sala se adentra en el estudio del cuarto error fáctico, el que desde ya valga decir no corre mejor suerte que el anterior, en tanto parte de un supuesto equivocado, que consiste en señalar que el contrato que unió a las partes finalizó al amparo del “numeral 10) del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; conducta que para aplicarla, se requiere adelantar el procedimiento especial establecido en la ley” (fl. 15., cdno. corte); lo cual no es cierto, toda vez que la demandada, fue absolutamente clara en enmarcar la conducta del trabajador, en las previsiones contempladas en el literal a) numeral 6º del artículo 62 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo, y así lo dijo expresamente:

Por las razones antes expuestas y en los términos del literal a) numeral 6º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual constituye causal de terminación del contrato de trabajo por justa causa ‘Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador’ dentro de las cuales se contempla en los términos del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, la obligación de ‘...Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el patrono o sus representantes según el orden jerárquico establecido’ (las subrayas son del texto. Fl. 463).

Fue bajo la anterior premisa que el tribunal se adentró en el estudio de si el señor Altamar Maldonado incurrió o no en la violación grave de sus obligaciones como trabajador de la demandada, y solo realizado tal análisis, arribó a la conclusión que efectivamente había incurrido en las faltas a él endilgadas por la empleadora, desde luego con la connotación de ser graves y capaces de estructurar una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo.

Lo anterior significa que si la censura en verdad quería controvertir la justeza de la terminación del contrato de trabajo, imperiosamente tenía que partir de la conclusión a la cual arribó el sentenciador de alza, y no soslayarla para con ello hacer creer, que el contrato terminó por una causal diferente.

Las consideraciones que preceden, son suficientes para concluir que el cargo está llamado a la improsperidad.

Sin costas en el recurso extraordinario dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2008, por la Sala Segunda de Decisión Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Omar Enrique Altamar Maldonado contra la Embotelladora Román S.A.

Costas conforme se indica en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».