Sentencia SL5081-2015/53242 de abril 29 de 2105

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL5081-2015

Radicación 53242

Acta 13

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintinueve de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 11 de noviembre de 2009, condenó al Instituto demandado a pagar a la actora la pensión de vejez, partir del mes de abril de 2008, así como el valor de $ 11.039.300 por mesadas atrasadas, los intereses moratorios desde el 12 de marzo de 2007 y a seguir pagando, a partir del mes de diciembre de 2009, las mesadas equivalentes a un salario mínimo legal mensual, incluyendo las adicionales de junio y diciembre y los incrementos legales, en forma vitalicia (fls. 47-57 del cuaderno principal).

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al conocer del proceso, por apelación interpuesta por el Instituto demandado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante fallo de 10 de marzo de 2011 (fls. 80-91 del cuaderno principal), revocó el proferido por el a quo y, en su lugar, absolvió a aquel de todas las pretensiones elevadas en su contra.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró, como fundamento de su decisión, que su estudio debía limitarse a los puntos objeto de apelación por parte del Instituto demandado, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001; que no era objeto de discusión el hecho de que la actora era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en virtud de la edad que tenía, motivo por el cual debía acudirse al número de semanas establecido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; que el principal tópico de discusión giraba en torno a determinar si la actora reunía el número de semanas que exigía el artículo 12 del citado acuerdo, para hacerse acreedora del pago de la pensión deprecada; que las consideraciones expuestas en el recurso de apelación por el Instituto eran parcialmente acertadas, pues revisados los documentos obrantes en el proceso, lo cierto era que la demandante no había reunido la densidad de semanas de cotización suficiente para la prestación; que ello se fundamentaba en que la citada tan solo contaba con 442 semanas de cotización dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de sus 55 años de edad, tal y como lo demostraban los documentos de folios 12 y 71 del plenario; que, asimismo, analizada en detalle la historia laboral, se infería, sin lugar a equívocos que el Juzgado de primera instancia había incurrido en algunas imprecisiones a efectos de computar las semanas efectivamente cotizadas por ella, las cuales eran las únicas que podían ser tenidas en cuenta válidamente para efectos del reconocimiento que se deprecaba.

Adujo que el Instituto reparaba en que la actora había efectuado algunos aportes de manera extemporánea y, en otros casos, no los había realizado; que, revisada la relación de novedades del Reporte de Periodos Cotizados de folios 19 a 25 y 70 a 73, se encontraba que le asistía la razón a la demandada, pues, en efecto, la demandante había efectuado aportes entre junio de 1996 y diciembre de 2002, reuniendo en dicho periodo un total de 192.86 semanas, si se tenía en cuenta por demás que los periodos correspondientes a los ciclos de agosto, septiembre y octubre de 1996, febrero, julio, septiembre y noviembre de 1997, enero, mayo, septiembre, octubre y diciembre de 1998, enero, abril, septiembre y diciembre de 1999, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2000 y 2001 y los meses de marzo y diciembre de 2002, fecha esta última en la que se había ordenado por parte del Consorcio Prosperar la devolución de los respectivos aportes, no habían sido sufragados oportunamente por la demandante y tan solo se reflejaban los aportes a cargo del Consorcio Prosperar del cual era beneficiaria.

Advirtió que al sumar las 524.4286 semanas sufragadas entre 1973-1994, de conformidad con el folio 14, las 192.86 aportadas entre 1996 y 2002 y las 180 sufragadas entre 2003 y 2008, se obtenía un total de 897.28 semanas, lo que conducía indefectiblemente a concluir que por haber dejado de hacer todos los aportes que le correspondía o, en algunos momentos, por haberlos efectuado de forma errónea y extemporánea, no había alcanzado a reunir el mínimo de semanas requeridas por el Decreto 758 de 1990, que había aprobado el Acuerdo 049 del mismo año, para acceder a la pensión de vejez pretendida; que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 100 de 1993 era requisito sine qua non, para que se pudieran computar como válidos los tiempos sufragados en el régimen subsidiado en pensiones, que existiera la duplicidad necesaria de aportantes, esto es, del afiliado y del Estado; que, así mismo, los artículos 19 y siguientes del Decreto 3771 de 2007 disponían que los aportes por cotizaciones estarían a cargo del afiliado cuando este fuera independiente y que para los trabajadores independientes, la parte de la cotización no subsidiada estaría totalmente a su cargo; que, por lo anterior y sin hacer más referencias a los demás puntos de inconformidad planteados por el recurrente, la decisión de primer grado debía revocarse.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

VIII. CONSIDERACIONES

No obstante lo aseverado por la réplica, el ataque se aviene a las pautas que la ley y la jurisprudencia de esta Corporación han fijado para la presentación del recurso extraordinario de casación, por lo cual procede su estudio de fondo.

Ahora bien, la Sala debe resaltar que, en el presente asunto, el fundamento eminentemente fáctico de la sentencia del Tribunal estribó en que i) la demandante no reunía la densidad de semanas de cotización suficiente para ser acreedora de la pensión de vejez pretendida, por cuanto contaba con 442 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, como constaba a folios 12 y 71 del plenario, ii) de acuerdo con la relación de novedades de folios 19 a 25 y 70 a 73, la demandante hizo cotizaciones entre junio de 1996 y diciembre de 2002, reuniendo en este periodo un total de 192.86 semanas, iii) en este lapso, los ciclos correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 1996, febrero, julio, septiembre y noviembre de 1997, enero, mayo, septiembre, octubre y diciembre de 1998, enero, abril, septiembre y diciembre de 1999, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2000 y 2001 y marzo y diciembre de 2002 no fueron sufragados oportunamente por la demandante y tan solo se reflejaban los aportes a cargo del régimen subsidiado -Consorcio Prosperar- del cual se beneficiaba la actora, iv) que, al sumar las 524.4286 semanas sufragadas entre 1973-1994, las 192.86 del periodo 1996-2002 y las 180 de 2003-2008, se obtenía un total de 897.28 semanas, por lo que, al no haber efectuado la demandante todos los aportes que correspondían o haberlos efectuado de manera errónea o extemporánea, no había alcanzado a cumplir las exigencias del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez.

No cuestiona la censura con el ataque el hecho de que la actora no cumplía con las 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 para ser acreedora de la pensión de vejez, en virtud de la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sino que, contrario a lo establecido por el Tribunal, sí acreditaba las 1.000 semanas sufragadas en cualquier tiempo, pues en la documental de folios 19 a 25, contentiva de los aportes efectuados al Régimen Subsidiado en Pensiones, a través del Consorcio Prosperar, aparecían claramente los periodos echados de menos por el fallador de segundo grado, al haberse cotizado varios meses anticipadamente, lo cual era perfectamente viable para los afiliados a este régimen.

Al entrar a analizar la documental de folios 19 a 25, encuentra esta Sala de la Corte que, en efecto, el Tribunal, desconoció que la demandante sí había cotizado por los ciclos correspondientes a febrero, julio, septiembre y noviembre de 1997, enero, mayo, septiembre, octubre y diciembre de 1998, enero, abril, septiembre y diciembre de 1999, enero, febrero, mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 2000, enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2001 y marzo y diciembre de 2002 y que echó de menos, pues lo cierto es que la actora había efectuado de manera anticipada el pago de sus aportes por dichos periodos, tal como lo permiten los artículos 6º del Decreto 1858 de 1995, modificado por el artículo 9º del Decreto 1156 de 1996 y 20 del Decreto 3771 de 2007 y como ha sido interpretado por la jurisprudencia de esta Corporación, tal como la vertida en la Sentencia SL552-2013, pues los afiliados al régimen subsidiado de pensiones se asimilan a trabajadores independientes, en lo que respecta al pago de los aportes a su cago, por lo que sus cotizaciones deben hacerse de manera anticipada al sistema, de manera tal que nada impide que paguen sus aportes de uno o varios ciclos de manera adelantada y en una misma fecha de recaudo, tal como lo hizo la demandante en el presente caso y como pasa a verse reflejado en el siguiente cuadro:

Reporte de periodos cotizados sistema régimen subsidiado folios 19-25 del expediente
Fecha de recaudoNúmero de díasCiclo de cotizaciónNº semanas cotizadas
01/11/199630nov-96 
01/11/199630dic-96 
04/12/199630ene-97 
04/12/199630feb-97 
07/01/199730mar-97 
07/01/199730abr-97 
01/03/199730mayo-97 
01/03/199730jun-97 
31/03/199730jul-97 
29/04/199730ago-97 
27/05/199730sep-97 
27/06/199730oct-97 
01/08/199730nov-97 
29/08/199730dic-97 
01/10/199730ene-98 
04/12/199730feb-98 
04/12/199730mar-98 
10/02/199830abr-98 
10/02/199830mayo-98 
17/03/199830jun-98 
16/04/199830jul-98 
02/06/199830ago-98 
02/06/199830sep-98 
08/07/199830oct-98 
31/07/199830nov-98 
28/08/199830dic-98 
06/11/199830ene-99 
06/11/199830feb-99 
15/02/199930mar-99 
15/02/199930abr-99 
31/03/199930mayo-99 
31/03/199930jun-99 
31/03/199930jul-99 
10/05/199930ago-99 
08/06/199930sep-99 
19/07/199930oct-99 
27/08/199930nov-99 
04/10/199930dic-99 
04/10/199930ene-00 
30/11/199930feb-00 
06/04/200030abr-00 
06/04/200030mayo-00 
06/04/200030jun-00 
06/04/200030jul-00 
11/08/200030ago-00 
11/08/200030sep-00 
11/08/200030oct-00 
21/12/200030dic-00 
21/12/200030ene-01 
21/12/200030feb-01 
21/12/200030mar-01 
11/04/200130abr-01 
16/04/200130mayo-01 
13/06/200130jun-01 
13/06/200130jul-01 
13/06/200130ago-01 
17/09/200130sep-01 
17/09/200130oct-01 
17/09/200130nov-01 
06/12/200130dic-01 
10/12/200130ene-02 
09/01/200230feb-02 
21/02/200230mar-02 
22/02/200230abr-02 
10/04/200230mayo-02 
20/05/200230jun-02 
14/06/200230jul-02 
05/07/200230ago-02 
08/08/200230sep-02 
05/09/200230oct-02 
08/10/200230nov-02 
05/11/200230dic-02 
21/11/200230ene-03 
10/01/200330feb-03 
03/02/200330mar-03 
05/03/200330abr-03 
07/04/200330mayo-03 
06/05/200330jun-03 
03/06/200330jul-03 
02/07/200330ago-03 
05/08/200330sep-03 
01/09/200330oct-03 
01/10/200330nov-03 
04/11/200330dic-03 
04/12/200330ene-04 
05/01/200430feb-04 
04/02/200430mar-04 
02/03/200430abr-04 
05/04/200430mayo-04 
03/05/200430jun-04 
02/06/200430jul-04 
12/07/200430ago-04 
12/08/200430sep-04 
06/09/200430oct-04 
04/11/200430nov-04 
04/11/200430dic-04 
02/12/200430ene-05 
07/01/200530feb-05 
07/02/200530mar-05 
04/03/200530abr-05 
01/04/200530mayo-05 
04/05/200530jun-05 
01/06/200530jul-05 
05/07/200530ago-05 
03/08/200530sep-05 
Total días3.150 450

Como puede observarse, la demandante efectuó cotizaciones de 30 días al Régimen Subsidiado en Pensiones en varias oportunidades para la misma fecha o en el mismo mes, de lo cual no podía llegarse a la conclusión a la que arribó el Tribunal de que la citada no había efectuado todos los aportes que le correspondían o que, en algunos casos, los había hecho de manera extemporánea, toda vez que esos pagos debían entenderse efectuados para el ciclo inmediatamente siguiente en el que no aparecía reporte alguno, pues, se itera, las cotizaciones de este tipo particular de afiliados al Sistema General de Pensiones deben entenderse como anticipadas, sin que ello les haga perder su validez o su eficacia.

Para la Sala, ciertamente, el error de valoración cometido por el Tribunal respecto de la documental de folios 19 a 25 del cuaderno principal, contentiva de los aportes de la demandante al Régimen Subsidiado en Pensiones -Consorcio Prosperar-, incide de manera manifiesta en la decisión a tomar en el presente caso, porque si las 450 semanas cotizadas entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 que se acreditan con la misma, se suman a las 524.4286 semanas que halló probadas el ad quem para el periodo 1973-1994, de conformidad con el folio 14 del cuaderno principal y, así mismo, estas se añaden a las 81.4285 semanas sufragadas en el periodo de noviembre de 2005 a marzo de 2008, que constan en los folios 17- 18, se concluye de manera diáfana que la demandante tenía cotizado un total de 1.055,8571 semanas, tiempo que acredita la exigencia establecida en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para acceder a la pensión de vejez, por lo que deberá casarse la sentencia impugnada.

IX. SENTENCIA DE INSTANCIA

En sede de instancia, la Corte debe resaltar que la entidad demandada, en su escrito de apelación de la sentencia de primer grado, expuso, básicamente, los argumentos relativos a que i) el a quo había contabilizado de manera equivocada los aportes al Régimen Subsidiado en Pensiones, al haber tomado periodos de 30 días como si hubiesen sido de 60 y que los pagos solo pueden entenderse efectuados como de 30 días, ii) los pagos realizados al mismo régimen que se encontraban con sticker, entre el mes de abril de 2003 y marzo de 2004 no podían ser tenidos en cuenta, al no haber sido girados por el Estado los respectivos subsidios a favor de la demandante, iii) no procedían los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al no haber incumplido en el pago de las mesadas pensionales y iv) en caso de una condena, debía declararse probada la excepción de prescripción, aspectos a los que debe ceñirse el pronunciamiento del juez de segundo grado, en virtud del principio de consonancia, establecido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y de conformidad con el cual la competencia funcional del ad quem se encuentra limitada por los objetos de expresa inconformidad planteados en el recurso de apelación.

Frente al primer aspecto referido, a la Corte le bastan las consideraciones efectuadas al analizar el recurso extraordinario de casación, para sostener que los aportes efectuados por la demandante no se hicieron sobre 60 días, sino sobre 30, solo que en un mismo mes o, en ocasiones, en la misma fecha de recaudo, la demandante pagó cotizaciones de manera adelantada al mes inmediatamente siguiente en el que no tuvo aportes, de modo tal que las mismas tienen eficacia y validez, por lo que, sumadas a las restantes que se acreditaron dentro del plenario, prueban que la demandante contaba con más de 1.000 semanas sufragadas en cualquier tiempo, de modo tal que cumple con las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, normatividad que le es aplicable por cuanto es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, al contar con más de 35 años al 1º de abril de 1994.

Ahora bien, en cuanto a la presunta omisión del Estado de pagar algunos meses de subsidios a favor de la actora, lo que genera en términos de la censura la ineficacia del aporte de esta, la Sala encuentra que si bien en la documental de folios 19 a 25 aparecen meses que no tienen el respectivo aporte del Consorcio- Prosperar a favor de la demandante, lo cierto es que esta omisión le resulta inoponible a esta, en la consolidación de su derecho pensional, tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de esta Sala, pues, tratándose de un deber legal de las entidades estatales correspondientes, no puede endilgársele culpa alguna a quien tiene la expectativa legítima y fundada de que el Estado efectuara el pago de la parte de la cotización que es subsidiada.

En efecto, recientemente, en la Sentencia SL13542-2014, al resolver un caso de similares dimensiones al actual, esta Sala de la Corte sostuvo:

“En ese orden, lo que se observa es que la parte subsidiada del aporte no fue realmente sufragada por la entidad que tenía a su cargo el pago, omisión que, desde luego, no puede perjudicar al afiliado, tal cual lo adoctrinó esta Sala de la Corte en Sentencia CSJ SL 4403-2014, radicado 50051, de 2 de abril de 2014:

Como consideraciones de instancia, a más de las esgrimidas al desatarse el recurso de casación, es pertinente añadir, que los afiliados a las administradoras de pensiones no tienen por qué asumir la carga de los errores u omisiones cometidos en el procedimiento de recaudo de los aportes. Lo que implica en este particular caso, que si el ISS guardó silencio ante la presunta irregularidad cometida por el señor González Franco con el pago de sus aportes para pensión y no le hizo la devolución de los mismos en los términos del D. 1858/1995 art. 9º, con la modificación introducida por el D. 2414/1998 art. 1º esto es, que los aportes efectuados por la persona que perdió el subsidio, le sean devueltos junto con sus rendimientos financieros, como si nunca hubiese cotizado al sistema, es deber del juez considerar las pruebas aportadas en el proceso.

Debió, pues, restarle mérito a una información reportada por la entidad demandada, la cual no es suficientemente justificada, máxime cuando se hace evidente que al afiliado en ningún momento se le dio la oportunidad de efectuar algún tipo de corrección. Por el contrario, se le privó del subsidio que estaba recibiendo del Consorcio Prosperar, realidad que también ignoraba, razón por la cual siguió efectuando sus aportes, algunos de ellos como se pone de presente. Era obligación de la entidad demandada, se reitera, cumplir con dicho trámite administrativo y no perjudicar al afiliado.

Lo cierto es que las cotizaciones que efectúen los afiliados al sistema de manera anticipada son válidas, ya que no hay ninguna norma que lo prohíba; antes por el contrario, de conformidad con el D. 2681/2003 art. 7º “los afiliados al Fondo de Solidaridad Pensional, podrán pagar hasta 6 meses de aportes por anticipado, en un solo pago (...)”.

De manera que el Tribunal no podía desconocer los aportes efectuados por el afiliado, de los cuales obra plena prueba en el proceso, patrocinando una situación particular de índole administrativa, pues es un hecho indiscutido que el ISS en ningún momento puso en conocimiento del aportante la supuesta irregularidad que estaba cometiendo en la forma de pago de sus aportes. Como tampoco obra prueba en el expediente de que se le haya hecho devolución de los mismos. Por el contrario, se observa que todos los pagos le fueron recibidos al afiliado, sin reproche alguno por parte del Instituto demandado, y que el subsidio fue devuelto al Consorcio Prosperar, situación esta que tampoco le fue informada al interesado.

Ahora bien, el hecho de que el ISS haya devuelto el subsidio al Consorcio Prosperar, no le hace perder el derecho al afiliado, tal como lo precisó el juez de primer grado, pues su deber ante todo era haber ejercido las acciones de cobro contra el dicho Consorcio, respecto de la parte que a ese ente le correspondía, por cuanto el aporte del afiliado sí lo siguió recibiendo.

Adicionalmente, la circunstancia de que el Instituto demandado haya seguido recibiendo sin objeción alguna los pagos efectuados por el señor José Domingo González Franco, convalida la validez de dichos aportes. Y siendo ello así, la demandante reúne los requisitos establecidos en la norma para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues, se repite, el causante contaba con la densidad de semanas suficientes, en los 3 años anteriores a la fecha del deceso, tal como quedó demostrado en sede de casación desde el punto de vista fáctico.

En lo que concierne a la condena por intereses moratorios, impuesta por el juez de primer grado y respecto de la cual la entidad manifiesta inconformidad, la Corte debe resaltar que, de conformidad con la jurisprudencia, no le asiste razón al Instituto demandado, por cuanto esta Corporación ha venido resaltando la viabilidad de los mismos cuando se presenta un retardo en el pago de las mesadas pensionales por parte de las entidades de seguridad social, pues a la luz del mandato del artículo 53 de la Constitución Política de 1991, aquellas se encuentran obligadas al reconocimiento y pago oportuno de las pensiones así como al reajuste periódico de las mismas.

Al respecto, esta Sala, recientemente, en la Sentencia SL11750-2014, en un caso de similares dimensiones, dijo:

“Igualmente y en sede de instancia, ha de revocarse la decisión de primer grado en cuanto absolvió de los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en tanto resulta imperiosa su imposición toda vez que los mismos se causan por retardo en el pago de las mesadas pensionales, lo cual tiene como propósito reparar los perjuicios que se le ocasionan al pensionado por parte de las entidades de seguridad social encargadas del reconocimiento de la prestación económica, que incurran en mora o retrasen la cancelación de las mismas, supuesto este que está en perfecta armonía con lo previsto por el artículo 53 de la Constitución Política, que propende por garantizar el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones.

Asimismo, es de resaltar que solo es dable hablar de retardo una vez el asegurado que se considera con derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, realiza la respectiva solicitud de reconocimiento, que es cuando en verdad la entidad ha debido proceder a su pago (...).

Además, resulta imperioso señalar que esta Sala ha sostenido que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, solamente se causan a partir del plazo máximo de 4 meses a que se refiere el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, esto es, desde el momento en que, vencido el término de gracia que tienen los fondos de pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen”.

De modo tal que le asiste razón al a quo, al haber impuesto la condena por intereses moratorios en contra de la entidad demandada, al no haber efectuado el pago de la pensión de vejez de manera oportuna.

No obstante lo anterior, la Sala observa que el Juzgado condenó por los intereses moratorios desde el 12 de marzo de 2007, a pesar de que impuso el reconocimiento y pago de la prestación de vejez, desde el mes de abril de 2008, motivo por el cual antes de esta fecha no hay causación de los mismos, máxime que no hay constancia alguna dentro del plenario de la fecha exacta en la que fue reclamado el derecho por parte de la demandante, de modo tal que sobre este punto concreto habrá que modificar la sentencia del a quo.

No hay lugar a declarar la prescripción de las mesadas causadas, tal como lo pretende el Instituto apelante, pues, además de que no hay constancia dentro del plenario de la fecha en que fue radicada la solicitud de reconocimiento pensional y la demanda, aunque tampoco se acredita la fecha de su presentación, fue admitida el 31 de julio de 2008, lo cierto es que el a quo condenó al demandado al pago de las mesadas causadas desde el 1º de abril de 2008, momento en el cual se acreditó el retiro de la demandante del Sistema General de Pensiones, de modo tal que no se configuró el fenómeno extintivo de las obligaciones y, por ende, no se declarará probada la excepción propuesta.

En consecuencia, se modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto ordenó el pago de los intereses moratorios desde el 12 de marzo de 2007 e imponer las mismas desde el mes de abril de 2008, fecha en la que fue ordenado el reconocimiento de la pensión de vejez y que corresponde a la fecha en que la actora se desafilió del Sistema. Se confirmará en lo demás.

Costas en las instancias a cargo de la entidad demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 10 de marzo de 2011 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por ANA MARÍA RAMÍREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

En sede de instancia, se modifica la sentencia de primer grado, en cuanto ordenó el pago de los intereses moratorios desde el 12 de marzo de 2007 y, en su lugar, impone esta condena desde el mes de abril de 2008, fecha en la que fue ordenado el reconocimiento de la pensión de vejez. Se confirma en lo demás.

Costas en las instancias a cargo de la entidad demandada. Sin lugar a ellas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».