Sentencia SL5478-2014 de abril 30 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL5478-2014

Radicación 57442

Acta 14

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., treinta de abril de dos mil catorce.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de JOSÉ DE JESÚS CASALINS CONSUEGRA contra la sentencia de 30 de abril 2012, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en liquidación.

Acéptese como sustituta procesal del Instituto de Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, según la petición que obra a folios 16 y 17 del cuaderno de la Corte, en los términos del artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social por expresa remisión del artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

I. Antecedentes

1. El citado ciudadano demandó al Instituto con el fin en lo que interesa al recurso extraordinario, de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, a partir del 5 de abril de 2004 fecha de su estructuración, más la indexación de la deuda.

Como apoyo de su pedimento indicó que aportó al Instituto para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, un total de 939,14 semanas; la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 71,10% de origen común, estructurada el 5 de abril de 2004. Padece isquemia cerebral - secuelas paresia leve en hemicuerpo derecho. Nació el 28 de abril de 1945, por lo que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia, la pensión debe ser reconocida con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. El 15 de julio de 2004 presentó reclamación administrativa y la entidad demandada mediante Resolución 2492 de 19 de abril de 2005, negó la prestación por no reunir los requisitos previstos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificado este último por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y en su lugar le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, liquidada sobre 746 semanas.

A la fecha de estructuración de la invalidez acreditaba 746 semanas, y con posterioridad cotizó al Instituto como trabajador independiente entre el 1º de agosto de 2005 y el 28 de febrero de 2010, 192,85 semanas.

2. El Instituto contestó el libelo; aceptó la condición de cotizante del actor y el número de semanas sufragadas al régimen de prima media, y que era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero para efectos de la pensión de vejez; los demás hechos los negó o dijo no constarle su existencia. Se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que el demandante no reúne el requisito de número de semanas exigido en la normatividad que le es aplicable, esto es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Propuso las excepciones de falta de causa para demandar, cobro de lo no debido, prescripción, ausencia de mala fe y compensación.

3. Mediante sentencia de 7 de junio de 2011, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla condenó al Instituto al pago de la pensión de invalidez, a partir del 5 de abril de 2004, en cuantía de $ 924.529, mensuales; declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las mesadas causadas hasta febrero de 2006. Dispuso descontar lo referente a la indemnización sustitutiva si hubiere sido pagada al demandante.

II. Sentencia del tribunal

El Tribunal de Barranquilla, al conocer en virtud de la apelación de la parte demandada, revocó el fallo del Juzgado y absolvió al Instituto de todos los cargos.

En lo que interesa a los efectos de esta decisión, sostuvo el Juzgador de segundo grado que la norma aplicable al caso era el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, y luego de transcribir apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-428 de 2009, que declaró esa norma parcialmente inexequible en cuanto al requisito de fidelidad, señaló que la única exigencia vigente en número de semanas de cotización para la pensión de invalidez era la de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de ese estado.

Precisó el Sentenciador de segundo grado que:

Así las cosas, tenemos entonces que a la fecha de estructuración de la invalidez del asegurado señor JOSÉ CASALINS CONSUEGRA, el 05 de Mayo de 2004 (sic), ya habían sido modificadas las condiciones impuestas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 por la Ley 860 de 2003, de manera que no es procedente para el caso, invocando la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, atender lo dispuesto en el régimen anterior de la Ley 100 de 1993 como lo estimó el juez de primer grado,<o sea, poner en vigencia el Acuerdo 49 de 1990>, sino aplicar lo preceptuado en la Ley 860 de 2003, por cuanto se recurre únicamente a la figura de la condición más beneficiosa, <transición legislativa>, es para aplicar un régimen legal inmediatamente anterior al vigente que se supone es más bondadoso al de la nueva ley, y no pretender regresar a regímenes ya superados por varias transiciones normativas.

Más adelante expuso:

En tanto, al ser aplicada la legislación impuesta en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 al caso de autos, se observa que para acreditar el número de semanas cotizadas al ISS se aportó por el demandante el reporte de semanas sin firma de persona responsable,<fl. 15>. Así mismo, a folio 47 se vislumbra oficio dirigido al Instituto de Seguros Sociales en el que se les solicita el envío de la Historia Laboral del demandante, no obstante, la entidad no emitió respuesta alguna al mismo, motivo por el cual para efectos de demostrar semanas cotizadas se tomará en cuenta por la Sala la Historia Laboral adosada por el gestor del proceso.

Ahora bien, revisado el reporte de semanas resulta claro que durante toda su vida laboral el demandante cotizó un total de 939.14 semanas, y que dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la estructuración de la invalidez, esto es, en el período comprendido entre el 5 de abril de 2001 y el mismo día y mes pero del año 2004, no efectuó cotizaciones al sistema, por lo que no hay lugar al reconocimiento de la prestación deprecada, al no lograrse acreditar las 50 semanas exigidas para acceder al pago de la prestación por invalidez.

III. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario. No hubo réplica.

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del Tribunal y en sede de instancia, confirme la de primer grado.

Con tal fin formula un único cargo, así:

Cargo único. Acusa la sentencia por vía directa:

en la modalidad de aplicación indebida, del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, violación que condujo a la infracción directa (falta de aplicación) del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, del artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, reglamentado por el Decreto 758 de 1990 y del artículo 53 de la Constitución Nacional.

En el desarrollo sostiene el censor que:

El Tribunal se equivoca en su decisión porque pasa por alto que según el criterio mayoritario sostenido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos jurisprudenciales, un afiliado al régimen del Instituto de los Seguros Sociales, que tenga en su haber el número y densidad de semanas exigidas por los artículos 6º, 25 y 27 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha del deceso o 300 en cualquier época, aunque fallezca o se invalide en vigor de la nueva ley de seguridad social y no cumpla los requisitos exigidos por la misma, en este caso en lo relativo a las 50 semanas cotizadas al sistema dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez (D. 860/2003), tiene derecho a que se le aplique el principio de la condición jurídica más beneficiosa contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, así mismo a que se tenga en cuenta y se de aplicación a lo consagrado en el artículo 11 de la misma Ley 100 de 1993, con relación al respeto por los derechos adquiridos con anterioridad al nuevo régimen de pensiones.

En este caso el actor indiscutiblemente cumplía con los requisitos exigidos en el Decreto 758 de 1990 para acceder a dicha prestación (pensión de invalidez), antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 y tiene derecho a que así se le reconozca, pues este discurrir ha sido decantado por nuestra Jurisprudencia y encuentra apoyo en decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver problemas jurídicos similares a este, en los cuáles reiteradamente ha sostenido que no sería entendible la negativa de la pensión de invalidez a una persona que ha cotizado en abundancia de semanas bajo el anterior régimen en pensiones, pero que a la luz de las nuevas preceptivas, en donde el número de semanas de cotización es mucho menor, no cumple con el lleno de este requisito, sin detenerse a analizar la finalidad y espíritu del sistema pensional.

IV. Consideraciones de la Corte

El Tribunal estableció como supuestos fácticos en el sub examine que al demandante se le dictaminó pérdida de capacidad laboral del 71,10% de origen común, estructurada el 5 de abril de 2004; que cotizó al seguro social en pensiones en toda su vida laboral 939,14 semanas; que en los 3 años anteriores al fallecimiento no sufragó semana alguna.

El censor cuestiona la decisión absolutoria del Tribunal, porque en su criterio la pensión suplicada debió concederse con fundamento en el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, con invocación del principio de condición más beneficiosa.

1. Al respecto se ha de indicar que como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Sala, la regla general es que el derecho a la pensión de invalidez debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento de la estructuración de dicho estado.

En este caso, en atención a que la invalidez se estructuró el 5 de abril de 2004, el derecho a la prestación periódica por esa contingencia está gobernado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.

Señala dicha disposición que tendrá el derecho a la pensión de invalidez el afiliado que sea declarado inválido y que acredite las siguientes condiciones:

“1. Invalidez causada por enfermedad (que es el que aquí interesa): Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración [y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez] (Se ha de tener en cuenta que lo puesto entre corchetes, es decir, la exigencia de porcentaje de fidelidad, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sent. C-428/2009).

En el sub lite es claro que el demandante no cotizó 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores a la estructuración de la invalidez, pues en ese lapso no acreditó aporte alguno, por lo que en ese aspecto le asiste razón al Tribunal.

Por lo demás, la Ley 100 de 1993 no estableció un régimen de transición para las pensiones de invalidez, pues el consagrado en el artículo 36 de dicha normatividad es aplicable sólo a pensiones de vejez, sin que sea dable acudir a la analogía porque se trata de materias distintas. Sin embargo, ante ese vacío que la Corte ha denominado axiológico CSJ SL 405 de 2013, ha dado viabilidad a la aplicación del principio de condición más beneficiosa que implica darle efectos ultractivos a la normatividad anterior, cuando en su vigencia se cumplan los supuestos de la norma relativos al número mínimo de cotizaciones, porque en esos eventos se protegen las expectativas legítimas del asegurado, que si bien satisfizo esas exigencias, no alcanzó a consolidar el derecho porque durante el tiempo que tuvo vigor el precepto no se estructuró el riego.

No obstante lo anterior, no cabe la plus ultraactividad de la ley, pues dicho principio no se constituye en una patente de corso que habilite a quien no cumple los requisitos de la normatividad que le es aplicable, a efectuar una búsqueda histórica en las legislaciones anteriores para ver cual se ajusta a su situación, pues, esto desconoce el principio según el cual las leyes sociales son de aplicación inmediata y en principio rigen hacia el futuro.

Esta Corporación en sentencia CSJ SL diciembre 9 de 2008, radicación 32642, reiterada en las de 16 de febrero 2010, radicación 39804 y marzo 15 de 2011, radicación 42021, precisó:

… no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho (…) Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32.642).

Es por esas razones, que no cabe en este caso en virtud de principio de condición más beneficiosa, acudir a las previsiones del Acuerdo 49 de 1990 por no ser la normatividad inmediatamente anterior reguladora de la prestación en discordia.

Respecto de las controversias que invoca el recurrente resueltas por esta Corporación en que se aplicó la condición más beneficiosa y se concedieron las prestaciones de invalidez de conformidad con el Acuerdo 49 de 1990, se trata de eventos en que dicho estado se estructuró durante la vigencia del artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, lo que implica que se trata de supuestos fácticos diferentes.

2. De conformidad con lo dicho, de la regulación que eventualmente podría invocarse la aplicación por vía de la condición más beneficiosa, sería la del artículo 39 original de la Ley 100 de 1993; sin embargo y así se encontrara un yerro jurídico del Tribunal en ese punto, la Corte no podría casar la sentencia gravada, pues su decisión en instancia no sería diferente de la absolutoria del Tribunal, porque aquí no se satisfacen las exigencias previstas por la jurisprudencia para la procedencia de la prestación cuando se acude a dicho postulado para aplicar el mentado artículo 39, y es el cumplimiento de las 26 semanas en el año anterior a la estructuración de la invalidez, requisito que no se observa, toda vez que el asegurado cuando se le consolidó el estado de invalidez —5 de abril de 2004—, no era cotizante activo y el último aporte antes de esa data es de septiembre de 1999.

3. Ahora bien, esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, agosto 2 de 2011, radicación 39766, estableció una regla jurisprudencial consistente en que quien ha cumplido los requisitos en materia de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, tiene derecho a la pensión de invalidez, así no haya cotizado en los últimos 3 años anteriores a la estructuración de ese estado como lo exige la Ley 860 de 2003. Es decir, que quien reúne las cotizaciones para pensión de vejez exigidas en el régimen de prima media, consolida el derecho a prestaciones previstas para otros riesgos y contingencias para cuya causación se exija una densidad de cotizaciones inferior, como lo es la de invalidez, siempre y cuando cumpla las demás exigencias de ley.

En esta controversia el asegurado como beneficiario del régimen de transición, no cumple el número mínimo de semanas para la pensión de vejez del artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, pues al momento de estructurarse la invalidez tenía sufragadas al sistema en toda la vida laboral 746,29 semanas de las cuales sólo 188,43 correspondían a los 20 años anteriores a esa fecha.

No se desconoce que el actor aportó al sistema general de pensiones 192,85 semanas entre el 1º de agosto de 2005 y el 28 de febrero de 2010; sin embargo estas cotizaciones si bien pueden tenerse en cuenta para efectos de una eventual pensión de vejez, no tienen incidencia frente al derecho a la pensión de invalidez que aquí se dirime, por corresponder a periodos posteriores a la estructuración de ese estado.

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario por no haber sido causadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 30 de abril de 2012, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario promovido por JOSÉ DE JESÚS CASALINS CONSUEGRA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en liquidación, sustituido procesalmente por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal.

Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.