Sentencia SL55-2018/50534 de enero 31 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 50534

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 03

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Fueron hechos establecidos en el proceso y que no se discuten en el recurso extraordinario dada la orientación jurídica del ataque: i) que el señor Jairo José Sanabria falleció el 19 de agosto de 2006, por causas de origen común; ii) que la demandante Claudia Patricia Carrillo Bravo era su compañera permanente y reunía el requisito de convivencia de por lo menos 5 años continuos con anterioridad al deceso; iii) que la pareja Sanabria Carrillo tenía dos hijas menores de edad, beneficiarias de la pensión de sobrevivientes; iv) que al momento de fallecer el afiliado, su compañera permanente tenía 24 años de edad; y, iv) que el asegurado satisfizo el número mínimo de semanas de cotización para que sus beneficiarios pudieran acceder a la prestación periódica por muerte.

De conformidad con la situación fáctica precedente, el problema que se plantea a la Corte es jurídico, y consiste en determinar, con arreglo al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, las condiciones en las cuales el (la) cónyuge o la compañera (o) permanente supérstites, que a la fecha del fallecimiento del causante tengan menos de 30 años de edad, acceden a la pensión de sobrevivientes en calidad de beneficiarios.

La parte pertinente de la norma acusada en el cargo, es del siguiente tenor:

“ART. 47.—Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a). 

(…)”.

Al respecto cumple precisar, que de conformidad con las previsiones del precepto en comento, el (la) cónyuge o la compañera (o) permanente supérstite, que tengan menos de 30 años de edad al momento de fallecer el asegurado, si cumplen los demás requisitos, acceden a la pensión de sobrevivientes, en forma temporal, cuando no hayan procreado hijos con éste. En esos eventos, según la redacción de la norma, “La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión. Con cargo a dicha pensión”.

Pero cuando el (la) cónyuge o la compañera (o) permanente supérstite, de menos de 30 años de edad al momento de fallecer el causante, haya procreado hijos con él, prevé la disposición que se aplica el literal a), es decir, que la prestación periódica deber ser concedida en forma vitalicia.

La Corte Constitucional en Sentencia CC C-1094/03, declaró exequibles las reglas establecidas por el legislador para acceder a la prestación de supervivencia por parte del (la) cónyuge o la compañera (o) permanente supérstites, de menos de 30 años de edad al momento de fallecer el causante, en los siguientes términos:

“Con base en lo expuesto, al evaluar específicamente los cargos de inconstitucionalidad endilgados contra los literales a) y b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la Corte encuentra lo siguiente:

El señalamiento de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y la determinación de sus calidades es una materia inherente al régimen de seguridad social, en el marco trazado por el artículo 48 de la Constitución Política.

El hecho de establecer algunos requisitos de carácter cronológico o temporal para que el cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite sea beneficiario de la pensión, no significa que el legislador haya desconocido o modificado la legislación civil sobre derechos y deberes de los cónyuges emitida en desarrollo del artículo 42 de la Constitución, pues la seguridad social representa un área autónoma frente al ordenamiento civil (CP, arts. 42 y 48).

El artículo 11 de la Ley 100 de 1993, con la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley 797 de 2003, al referirse a su campo de aplicación, ilustra acerca de la naturaleza propia del régimen de la seguridad social en general y de la pensión de sobrevivientes en particular[16].

Además, la Corte encuentra razonable la distinción que, en ejercicio de su amplia libertad de configuración, el legislador ha hecho del cónyuge o compañera o compañero permanente supérstite en razón de la edad o de la procreación de hijos con el causante. Tanto es que los menores de 30 años, sin hijos con el causante, no se ven desprotegidos por el sistema general de pensiones. Lo que se les exige es que dada su juventud y ante la no procreación de hijos con el causante, que genere obligaciones a más largo plazo, asuma una actitud acorde con el principio de solidaridad de la seguridad social y se afilie al sistema. La ley le garantiza una pensión de sobrevivientes hasta por 20 años, que esta Corporación estima suficiente y razonable para efectuar las cotizaciones respectivas y obtener el reconocimiento de su pensión.

De tal manera que esa disposición no vulnera el derecho a la igualdad por cuanto los menores de 30 años, sin hijos con el causante, no están en el mismo plano frente a las personas mayores de esa edad o con hijos procreados con el pensionado fallecido. Menos aún se vulnera el principio de unidad de materia por cuanto la legislación emitida en aspectos de seguridad social corresponde a los mandatos incorporados en el artículo 48 de la Constitución y no en el artículo 42, como lo estiman los actores. Tampoco se vulnera el derecho a la seguridad social pues sus mandatos se ajustan a los preceptos contemplados en el artículo 48 de la Carta Política, que reconoce una amplia libertad de configuración en estas materias. Por ello, desde la óptica propuesta por los accionantes, los literales a) y b) no vulneran, en lo demandado, los artículos superiores invocados en su demanda”.

Así las cosas, incurrió el tribunal en el yerro jurídico que se le endilga, y en consecuencia el cargo es próspero, y la sentencia será casada en su integridad.

IX. Sentencia de instancia

En el sub lite no hay discusión sobre hecho de que la demandante tuvo dos hijas con el causante, menores de edad al momento del fallecimiento del padre, ni respecto de la convivencia de la pareja por el término de ley. Esta circunstancia, tal como se explicó en sede de casación, encuadra su situación como beneficiaria en calidad de compañera permanente, en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, esto es, que puede acceder a la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia, a pesar de que al momento del deceso tenía menos de 30 años de edad, y en un porcentaje del 50%, pues el otro 50% corresponde a sus hijas menores en partes iguales, es decir, un 25% a cada una de ellas, mientras cumplan los requisitos de ley para disfrutar del derecho pensional.

En caso de pérdida del derecho, bien por alcanzar la mayoría de edad o por no cumplir las exigencias previstas en el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, el derecho de las otras beneficiarias acrecerá conforme a las reglas legales previstas para el efecto.

La cuantía de la pensión equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, no fue objeto de controversia.

Por las razones precedentes, se revocará el fallo del Juzgado y en su lugar, se condenará al Instituto a reconocer y pagar la prestación de sobrevivientes deprecada en un 50%, en favor de Claudia Patricia Carrillo Bravo, en calidad de compañera permanente del asegurado Jairo José Sanabria. El otro 50% corresponde a las menores Maryuri Andrea y Yamilek Sanabria Carrillo, por partes iguales, es decir, en un 25% a cada una de ellas, mientras cumplan los requisitos de ley, y a partir del 20 de agosto de 2006.

En caso de pérdida del derecho, bien por alcanzar la mayoría de edad o por no cumplir las exigencias previstas en el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, el derecho de las otras beneficiarias acrecerá conforme a las reglas legales previstas para el efecto.

La cuantía total de la prestación es equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para cada una de las anualidades, con los incrementos de ley y mesadas adicionales.

Se impondrán los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas causadas y no pagadas, en la misma proporción. Estos correrán una vez vencido el plazo de gracia de 2 meses después de presentada la reclamación, que concede a las entidades de seguridad social el artículo 1º de la Ley 717 de 2001. En este caso como la solicitud fue impetrada el 31 de julio de 2007 (fl. 7), se causan dichos intereses a partir del 1º de octubre de ese mismo año.

La demandada formuló excepción de prescripción, pero dicho fenómeno no se configuró, pues el asegurado falleció el 19 de agosto de 2006, y la demanda se presentó el 17 de marzo de 2009.

Para el cálculo de las obligaciones debidas, la entidad convocada a proceso podrá descontar lo pagado por indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, así como las sumas reconocidas a las demandantes por pensión, teniendo en cuenta que la misma parte actora aportó copia de la Resolución 135 de 25 de enero de 2010, donde el Instituto le reconoció la prestación de sobrevivientes a Claudia Patricia Carrillo Bravo, y a Maryuri Andrea y Yamilek Sanabria Carrillo, como beneficiarias del afiliado fallecido Jairo José Sanabria, hecho sobreviniente que debe ser tenido en cuenta.

De igual manera, se autoriza el descuento de los aportes que por ley deban hacer las pensionadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud y transferirlos a la E.P.S. o entidad a la cual estén afiliadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 42 inciso 3º del Decreto 692/1994.

Sin costas en el recurso extraordinario. Las de las instancias a cargo de la demandada vencida.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diez (2010), por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Claudia Patricia Carrillo Bravo, en nombre propio, y en representación de sus menores hijas, Maryuri Andrea y Yamilek Sanabria Carrillo contra el Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, hoy sustituida procesalmente por la hoy Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones.

En sede de instancia, resuelve:

1. Revocar la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Villavicencio de 15 de enero de 2010.

En su lugar, condenar a Colpensiones a reconocer y pagar la prestación de sobrevivientes deprecada en un 50%, y en forma vitalicia, en favor de Claudia Patricia Carrillo Bravo, en calidad de compañera permanente del asegurado Jairo José Sanabria. El otro 50% corresponde a las menores Maryuri Andrea y Yamilek Sanabria Carrillo, por partes iguales, es decir, en un 25% a cada una de ellas, mientras cumplan los requisitos de ley, y a partir del 20 de agosto de 2006.

En caso de pérdida del derecho, bien por alcanzar la mayoría de edad o por no cumplir las exigencias previstas en el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, el derecho de las otras beneficiarias acrecerá conforme a las reglas legales previstas para el efecto.

La cuantía total de la prestación es equivalente al salario mínimo mensual legal vigente para cada una de las anualidades, con los incrementos de ley y mesadas adicionales.

2. Imponer a la entidad, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre las mesadas causadas y no pagadas, en la misma proporción, a partir del 1º de octubre de 2007.

3. Declarar no prósperas las excepciones de falta de requisitos exigidos en las normas vigentes y prescripción propuestas por la demandada.

4. Autorizar a la entidad convocada a proceso a descontar las sumas reconocidas a las demandantes, bien por indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, ora por concepto del reconocimiento pensional efectuado; así como lo relativo a los aportes a salud y transferirlos a la E.P.S. o entidad a la cual estén afiliadas.

Costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».