Sentencia SL550 de febrero 28 de 2015

Sentencia Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

SL550-2015

Radicación 43119

Acta 01

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Aspira el recurrente que la Corte CASE totalmente el fallo del tribunal y, en sede instancia, revoque el del Juzgado “y en su lugar se acceda a las peticiones principales y en defecto de estas a las subsidiarias, en su orden”.

Propone el recurrente lo que denomina único cargo “respecto a las pretensiones principales” y seguidamente otro, “respecto de las pretensiones subsidiarias”, a los cuales se referirá enseguida la Corte, como cargos primero y segundo, que por demás, fueron replicados.

VI. Primer cargo

Acusa a la sentencia del tribunal, “respecto a las pretensiones principales”, por la causal primera de casación, “de ser violatoria de la ley sustancial al dar aplicación indebida al Decreto Extraordinario 1065 de 1999 y en especial sus artículos primero (1) y octavo (8) proveniente de la falta de apreciación de un documento auténtico”.

A efectos de la demostración del cargo señala el recurrente que se solicitó, como pretensión principal, que se declarara que el contrato de trabajo celebrado con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se encontraba vigente, por cuanto el oficio que le fue entregado al demandante, el 9 de agosto de 1999, por medio del cual se le comunicó la terminación de su contrato, a partir del 28 de junio de 1999, “nunca tuvo valor y jamás produjo como efecto la terminación del mencionado contrato de trabajo” y porque a raíz de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1065 de 1999, quedó sin efectos la terminación del contrato de trabajo que dispuso con base en ello, la entidad demandada; que al haber sido “inocua e ineficaz” la terminación del contrato de trabajo el 28 de junio de 1999, pues lo único que en realidad sucedió fue que se le impidiera entrar a su lugar de trabajo, para el 9 de agosto dicha relación se encontraba vigente y sin interrupción alguna; que, además, el 18 de septiembre de 1999, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1065 a partir de su expedición, mediante Sentencia C-918, por lo que quedó sin efectos la terminación del contrato de trabajo; que, en estas condiciones, correspondía al tribunal pronunciarse en concreto sobre la vigencia del contrato de trabajo; que el tribunal no tuvo en cuenta que, para el 9 de agosto de 1999, el contrato de trabajo se encontraba aún vigente porque no era válida una terminación retroactiva del mismo; que “el Honorable Tribunal Superior no apreció, entonces el referido Oficio 2237 de fecha junio 26 de 1999”, por medio del cual la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero le había comunicado al demandante la terminación de su contrato de trabajo, a partir del 28 de junio de 1999, y, que, “de haberlo apreciado, habría podido verificar que el mismo tiene constancia de haber sido entregado a su destinatario Rodolfo Enrico

Aguilar Castillo el día nueve (9) de agosto de 1999”; que al haber sido declarada la inexequibilidad del Decreto que dispuso la liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, la terminación del contrato de trabajo dispuesta por la entidad con base en dicha norma, perdió todo su efecto y, por lo mismo, continuó su contrato, encontrándose a la fecha vigente.

Insiste el censor en que, “en la sentencia impugnada no se declaró la vigencia del contrato de trabajo”, primero por la falta de apreciación del oficio 2237 del 26 de junio de 1999 y, segundo, por la aplicación indebida del Decreto 1065 de 1999.

VIII. Réplica

Considera que:

“no incurrió el juez de alzada en los yerros que le endilga la censura en cuanto la decisión se fundamentó en dos pruebas incontrovertidas que obran en el plenario, a saber: (i) la comunicación 2237 del 26 de junio de 1999 (fls. 8 y 30) a través de la cual la demandada comunicó al actor su decisión unilateral de la terminación del contrato de trabajo a partir del 28 de junio de la misma anualidad y, (ii) la confesión del demandante inserta en numeral 2º del memorial que obra a l folio 243, a través del cual se reformó la demanda y cuyo contenido enseña textualmente: ‘el lunes

28 de junio de 1999 le fue impedido a mi poderdante el ingreso a su lugar de trabajo por orden de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero... la conclusión a la que arribó el ad quem, según la cual el contrato de trabajo terminó unilateralmente a partir del 28 de junio de 1999, se ajustó a la verdad procesal revelada con las pruebas señaladas sin que se le pueda acusar de la falta de apreciación de la comunicación citada por el recurrente”.

Agrega que la afirmación de la censura de que el juez de alzada desconoció los efectos de la sentencia de inexequibilidad referida, carece de fundamento, por cuanto:

“lo dicho en la sentencia recurrida, fue que ‘el aludido decreto jamás nació a la vida jurídica y por ende, la decisión de la empleadora que se fundamentó en las rezones expresadas en el referido decreto, quedaron sin piso legal...[que a] partir de las premisas anteriores, dedujo el Tribunal que el despido no sólo tuvo lugar el 28 de junio de 1999 en forma unilateral, sino que además se configuró con fundamento legal (D. 2127/45, art. 47) pero sin justa causa (D. 2127/45, art. 48), lo que significa en otras palabras que ese pronunciamiento de inexequibilidad no le restó validez a la decisión de dar por terminada la relación de trabajo (…)”.

Por último, en punto a la indemnización convencional, señala el opositor que, “encontró probado el tribunal que la misma le fue reconocida y cancelada en los términos del artículo 45 de la entonces convención colectiva de trabajo vigente”.

VIII. Segundo cargo

Propone el recurrente, un cargo “respecto de las pretensiones subsidiarias”, en el que acusa la sentencia del Tribunal, por la causal primera de casación, “de violar la ley sustancial, por infracción directa de los artículos 1º, 11 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 3, 467, 468, 469, 470 y 476 del Código Laboral”.

A efectos de la demostración del cargo, señala el recurrente que, para el 28 de junio de 1999, el demandante llevaba al servicio de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, “20 años, 62 días” y, en esas condiciones, al haberse efectuado su despido sin una justa causa, tiene derecho al reintegro junto con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales causadas y no pagadas, en los términos del artículo 58 de la Convención Colectiva de Trabajo 1998-1999.

Transcribe el recurrente seguidamente, un aparte de la sentencia apelada y concluye que, “en el presente caso y como consecuencia de la inexequibilidad del Decreto Extraordinario 1065 de 1999, el 26 de junio de dicho año no se produjo la disolución y menos la liquidación de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y tampoco se hizo efectiva la supresión de los cargos y de empleos desempeñados mediante contrato de trabajo pues la declaración de inconstitucionalidad hizo ineficaces dejando sin valor ni efecto tales declaraciones”, por lo que tiene derecho al reintegro.

IX. Réplica

Dice que:

“acusa el recurrente, en este cargo, que la sentencia es violatoria de la ley en la modalidad de infracción directa de las normas enlistadas, modalidad propia de la vía directa, no obstante lo cual acude a cuestiones de orden fáctico propios de la vía indirecta tales como: data de la terminación del contrato de trabajo, tiempo de servicios; convención colectiva de trabajo, toma de posesión administrativa de la demandada por parte de la entonces Superintendencia bancaria, entre otros, desatino técnico, entre otros tantos que conllevan a no casar la providencia. En lo que al fondo el asunto corresponde, basta con reiterar lo dicho en oposición al cargo principal, toda vez que lo fundamenta el actor en los mismos argumentos”.

X. Consideraciones

Los cargos no señalan cuál es la vía por la que se dirigen los ataques, pero en el primero al hacer devenir, en la proposición jurídica, la infracción de la ley que se denuncia de “...la falta de apreciación de un documento auténtico”, necesariamente debe entenderse que ésta es la indirecta. Lo mismo ocurre en el segundo, en donde se apoya la censura para hacer derivar el derecho al reintegro del actor en la convención colectiva, que, como se tiene dicho por la jurisprudencia de la Sala, en el recurso extraordinario tiene la condición de prueba.

Ahora bien, no obstante estar dirigidos por la vía indirecta, en ninguno de los ataques se indica cuáles son los errores de hecho o de derecho cometidos por el tribunal como consecuencia de la falta de apreciación o estimación indebida de las pruebas a que se refiere en la demostración.

Además, lo que en últimas cuestiona el censor al tribunal en el cargo primero, no es que haya apreciado indebidamente las pruebas o que las hubiere dejado de estimar, sino que no haya advertido los efectos de la inexequibilidad del Decreto 1065 de 1999 declarada por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-918 de 1999, ni los efectos jurídicos de la terminación retroactiva del contrato de trabajo por parte de la demandada. Temas que a no dudarlo son de estirpe netamente jurídica y que no era posible plantearlos por esta vía y en la forma que lo hace la censura.

De todas maneras, en ninguno de los cargos se cuestiona el fundamento esencial de fallo para que el ad quem no ordenara el reintegro del actor, esto es, su imposibilidad física y jurídica en vista de la liquidación y disolución total de la Empresa. Argumento éste que, al no

ser atacado, permanece incólume y es suficiente por sí solo para sostener la decisión.

De todas maneras así el cargo se estudiara por la vía directa como parece plantearlo el censor, se tendría que la Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos similares, como en la sentencia CSJ SL, 2 de diciembre de 2008, Rad. 32008, en la que señaló lo siguiente:

Con todo, importa memorar que la Corte en asuntos idénticos al sometido hoy a su estudio, promovidos por ex servidores de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en razón de la terminación de vínculos laborales por supresión de cargos provocada por los decretos que dieron lugar a su disolución y liquidación, ha asentado su criterio. Por vía de ejemplo, así se pronunció en sentencia de 21 de septiembre de 2006 (Rad. 26.650), en los siguientes términos:

“A pesar de que la recurrente cuestiona con estos dos cargos principales al tribunal por no haber reconocido el efecto retroactivo de la sentencia que declaró inconstitucional el Decreto Extraordinario 1065 de 1999, pasó por alto que juzgó improcedente el reintegro por su incompatibilidad con la supresión de los cargos dispuesta en los decretos de disolución de la entidad.”

“En esto, este caso es similar al que resolvió esta Corporación mediante sentencia de casación del 1º de diciembre de 2005, Radicación 25802, en proceso que se siguió contra la Caja Agraria y el Banco Agrario, y en la cual se expresó lo siguiente:

“(…) vista la motivación de la sentencia acusada, el ad quem para desestimar las súplicas principales, mantuvo la validez de la decisión de la empleadora que la condujo a cancelar el contrato de trabajo del demandante, y por ende concluyó que el nexo se finiquitó por la supresión del cargo, pero aclaró que dicha determinación no se constituía en una justa causa porque el Decreto que ordenó dicha supresión nunca nació a la vida jurídica, pues la sentencia que decretó la inexequibilidad del Decreto 1065 produjo sus efectos a partir de la fecha de su promulgación, entonces el despido fue ilegal, debido a que el soporte legal en que se sustentó dejó de existir", y que sin embargo no hay lugar al reintegro debido a que como la causal alegada fue la supresión, por esta circunstancia se hace física y jurídicamente imposible el reintegro.”

“La censura endilgó como error jurídico la violación de las normas que integran la proposición jurídica, con fundamento en que el juez de apelaciones no dio aplicación retroactiva a los efectos de la Sentencia C-918 del 18 de noviembre de 1999 sobre la inexequibilidad del Decreto Ley 1065 de 1999, al no haber declarado sin valor y efecto la disolución de la Caja Agraria y la determinación de poner fin al contrato de trabajo del accionante, cuya vigencia en su criterio quedó recobrada o restablecida, y donde la intervención de la Superintendencia Bancaria para nada altera dichos efectos y además que los actos de la demandada Caja Agraria perdieron la presunción de legalidad y constitucionalidad”.

“Debe la Sala comenzar por acotar, que el tribunal no desconoció los efectos retroactivos de la aludida sentencia de inconstitucionalidad, pues el argumento esencial para considerar que el despido del actor fue ilegal, consistió en que el Decreto 1065 de 1999, que sirvió como soporte legal de la desvinculación y que establecía la supresión del cargo como justa causa de despido, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional desde la fecha de su promulgación, y que por tanto el decreto de marras nunca nació a la vida jurídica”.

“Por consiguiente, para el ad quem la imposibilidad de tomar en consideración para el caso del actor, la causal de terminación por supresión de cargo prevista en el referido decreto, obedece a que el soporte legal en que se sustentó la decisión dejó de existir; sin embargo, ello no significa que ese pronunciamiento de inexequibilidad de igual manera haya generado la invalidez del acto del despido, conforme lo dejó sentado esta Sala de la Corte en la sentencia que rememoró la oposición que data del 27 de junio de 2002 radicado 17870, proferida dentro de un proceso seguido contra la misma Caja Agraria, donde en esa oportunidad se puntualizó:

“(…) Además si bien las razones expuestas en la carta de terminación no son de recibo para justificarla por no estar enmarcadas en las causales consagradas en el artículo 48 del decreto 2127 de 1945, ello no hace inválido el acto, pues este es una declaración de voluntad que extingue el vínculo jurídico y es potestativa del empleador, ya que la estabilidad del trabajador en el marco de nuestro régimen legal es relativa y por ello, cuando se produce el despido injusto, aquel se aboca (cuando no existe norma expresa sobre estabilidad, o cuando habiéndola resulta inaplicable al caso), a las consecuencias de su decisión, que se traducen en el resarcimiento del daño establecido en las normas vigentes, ya sean éstas legales o convencionales” (resalta la Sala).

“De otro lado, al juez de trabajo no le corresponde declarar que la disolución de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero quedó sin efecto y valor, pues ese examen está atribuido a otras autoridades, y es por esto, que de la manera como está planteado este puntual aspecto, no le es dable a esta Corporación en sede de casación adentrarse en el estudio de esa presunta consecuencia, máxime que en un caso como el que nos ocupa, corresponde al fallador de la justicia ordinaria acoger y atender las decisiones de inexequibilidad en los precisos términos en que fue adoptada por la Corte Constitucional en su parte resolutiva, conforme lo estipulado en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996; y en estas condiciones, no se observa que el razonamiento del juez de segundo grado en torno a los efectos de ese pronunciamiento sea desacertado.”

“Además, como el recurrente no atacó la conclusión del juez colegiado de que pese a que el despido fue ilegal y no se configuraba la justa causa, no hay lugar a restablecer el contrato de trabajo o reintegrar al actor debido a que como la causal alegada fue la supresión, por esa circunstancia se hace física y jurídicamente imposible el reintegro, se mantiene incólume la decisión que condujo a confirmar la absolución de las pretensiones principales y sus consecuencias”.

A las anteriores consideraciones se remite enteramente esta Sala de la Corte para restarle prosperidad a los cargos propuestos.

Por lo dicho, los cargos no prosperan.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan por valor de tres millones ciento cincuenta mil pesos

($3.150.000), a favor del único opositor.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de julio de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Rodolfo Enrico Aguilar Castillo promovió contra el Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y el Banco Agrario de Colombia.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».