Sentencia SL555-2015 de enero 28 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL555-2015

Acta 1

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Rodrigo Beltrán Acuña contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 10 de febrero de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que le promovió al Banco Cafetero en Liquidación y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras.

I. Antecedentes

Rodrigo Beltrán Acuña llamó a juicio al Banco Cafetero en Liquidación y al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras para que, previos los trámites del proceso ordinario, se condenara a las demandadas a “actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al demandante, mediante la Resolución 421 del 17 de abril de 1989, con base en la variación del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE, desde el 31 de julio de 1977 (fecha del retiro) hasta el 2 de marzo de 1989 (fecha del reconocimiento pensional)”; al pago de las diferencias resultantes en forma indexada; lo extra y ultra petita; y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que prestó sus servicios para el Banco Cafetero durante el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 1955 y el 31 de julio de 1977; que el último cargo desempeñado fue el de gerente en la oficina de San Andrés y el último salario devengado fue de $ 23.250,14; que para la fecha de su retiro el salario mínimo era de $ 1.770; que mediante Resolución 421 de 1989, el banco demandado le reconoció pensión de jubilación en cuantía inicial de $ 32.559,50, equivalente al salario mínimo de la época; que agotó la reclamación administrativa; que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras es responsable del pago del pasivo pensional del Banco Cafetero en Liquidación, una vez se agoten los recursos en el proceso liquidatorio.

Al dar respuesta a la demanda, el Banco Cafetero en Liquidación se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó la existencia del vínculo laboral con el demandante, el cargo desempeñado por éste y el reconocimiento de la pensión de jubilación. Lo demás dijo que no era cierto.

En su defensa propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la obligación, carencia del derecho reclamado, falta de causa y cobro de lo no debido, buena fe, prescripción, pago y la genérica.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, también se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los relacionados con el salario mínimo para el año 1977 y el reconocimiento de la pensión de jubilación al actor. Lo demás dijo que no le constaba. En su defensa propuso las excepciones de fondo de falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la solidaridad, prescripción y la genérica.

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 26 de mayo de 2009 (fl. 292), absolvió a las demandadas de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

III. Sentencia del tribunal

Apeló el demandante. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 10 de febrero de 2010, confirmó el de primera instancia.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el tribunal consideró como fundamento de su decisión, que, de acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de primera instancia, debía determinar si la pensión reconocida al actor por el Banco Cafetero en Liquidación era susceptible de ser indexada; que el fallo de primera instancia debía ser confirmado por cuanto no había discusión sobre que, la aludida entidad bancaria le había reconocido al demandante una pensión de jubilación, a partir del 2 de marzo de 1989, en cuantía inicial de $ 32.559,50; que la indexación de las pensiones legales y extralegales había sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de esta Sala de Casación Laboral, la cual había admitido la indexación de la base salarial de todas las pensiones causadas en vigencia de la Ley 100 de 1993; que al girar la controversia en torno a “un punto de soporte jurisprudencial”, resultaba necesario remitirse a la jurisprudencia de esta Sala de la Corte sobre la materia, contenida en la sentencia CSJ SL, 20 abr. 2007, rad. 29470.

Seguidamente el juez de apelaciones consideró que el referido criterio jurisprudencial era suficiente para determinar que las consideraciones vertidas en la sentencia de primera instancia estaban acordes con la aludida orientación de la Corte, que ha sido enfática en señalar que la indexación de la base salarial de las pensiones resultaba procedente respecto de aquellas causadas en vigencia de la Constitución Política de 1991; que las sentencias T-1059 de 2007, T-014 de 2008 y T-129 de 2008, traídas a colación por el actor al sustentar su recurso de alzada, no eran aplicables al presente caso en la medida en que allí se trataba de pensiones causadas en vigencia de la Carta Política de 1991, mientras que la pensión del actor había sido reconocida antes de la entrada en vigencia de este ordenamiento.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia del tribunal para que, en sede instancia, revoque la proferida por el a quo y, en su lugar, acceda a la pretensiones de la demanda.

Con la finalidad descrita propone cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y enseguida se estudian.

VI. Cargo primero

Acusa la sentencia impugnada de violar directamente, por interpretación errónea, los artículos 1º, 16, 19, 21, 127 y 260 del Código Sustantivo del Trabajo; 8º de la Ley 171 de 1961; 1º de la Ley 33 de 1985; 28 y “ss.” del Decreto 3135 de 1968; 8º del Decreto 2351 de 1965; 11, 14, 36, 151, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993; 3º de la Ley 10 de 1972; 1º y 2º de la Ley 4ª de 1976; 1º y 2º de la Ley 71 de 1988; y 8º de la Ley 153 de 1887, en relación con los artículos 1547, 575, 1215, 1547, 1549, 1771, 2441, 1494, 1546, 1530, 1536, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1626, 1627, 1646, 1649, 2056 y 2224 del Código Civil; 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 1º y 4º del Decreto 2680 de 1973; 1º del Decreto 3732 de 1994; 1º del Decreto 2545 de 1987; 1º del Decreto 2662 de 1988; 1º del Decreto 3000 de 1989; 1º del Decreto 3074 de 1990; 1º del Decreto 2867 de 1991; 1º del Decreto 2061 de 1992; 1º del Decreto 2548 de 1993; y 48, 53, 230 y 373 de la Constitución Política.

En la demostración aduce la censura que si bien es cierto que la obligación de pagar la pensión no nació al momento en que finalizó la relación laboral sino en la fecha en que se reunieron los requisitos de edad y tiempo de servicio, también lo es que “la obligación debe pagarse tomando como referencia el salario del último año, respetando el llamado concepto de valor y de ninguna manera convirtiendo el salario nominal de 1977, en la guía fría y congelada, ante una economía reconocida como inflacionaria”; que ello significa que se debe tomar el salario devengado en 1977 y traerlo al 2 de marzo de 1989, fecha de reconocimiento de la pensión; que, como lo ha dicho esta Sala de la Corte, no hacerlo así implicaría un enriquecimiento sin causa a favor del obligado a reconocer la prestación, lo cual sería contrario a los principios de justicia y equidad; que se debe tener en cuenta que en el preámbulo de la Constitución Política se encuentra consagrado el principio de justicia y en su artículo 53 se prevé la obligación de acoger la interpretación más favorable para el trabajador; que por ello la interpretación realizada por el ad quem resulta totalmente errónea; que pretender que el reconocimiento de la pensión se hizo conforme a la ley implica desconocer todo el ordenamiento jurídico colombiano, “llevándose de calle pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional, como de diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, imponiendo como secuela obligatoria, que el proceso inflacionario, a los únicos que debe afectar negativamente es a los trabajadores y favorecer exclusivamente a los patronos de este país, independientemente de que haya toda una legislación que ordena el pago de las obligaciones, tomando como punto de referencia el criterio del valor, por encima del concepto nominal”.

Seguidamente la censura reproduce apartes de varias sentencias proferidas por las Salas de Casación Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia, que no identifica con número de radicado, para afirmar que la referida circunstancia evidencia un fenómeno económico del que no puede sustraerse el derecho del trabajo y de la seguridad social, ni pasar por alto la jurisprudencia, “pues hacerlo implica olvidar que las normas del derecho social, al tenor del artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, se deben aplicar con criterio de coordinación económica y equilibrio social, que impone, con fundamento en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, el reconocimiento de la indexación porque de no hacerlo se vulnera tal mandato”; que es indiscutible que el hecho notorio de la inflación terminaría perjudicando a una sola de las partes de la relación contractual, en este caso al trabajador; que no es el asalariado el llamado soportar las consecuencias negativas de la inflación, pues él no tiene la posibilidad de adoptar medidas para protegerse en atención a que su único aporte a la relación es el trabajo; que en cambio, el empleador sí tiene la posibilidad de tomar medidas para protegerse de la inflación y, en ese orden, le corresponde prever y asumir las consecuencias de las fluctuaciones económicas, “una de ellas sería el reconocimiento de una pensión de jubilación actualizando el valor del salario que años atrás devengó el trabajador”, tal como lo señaló esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 10 dic. 1998, rad. 10939.

Termina el censor transcribiendo apartes de las sentencias T-102 de 1995, SU-120 de 2003 y C-862 de 2006 de la Corte Constitucional, así como una sentencia de esta Sala de la Corte, de fecha 8 de agosto de 1982, que no identifica con número de radicado.

VII. Réplica

El Banco Cafetero en Liquidación presenta oposición al cargo. Aduce que no le asiste razón a la censura pues la pensión del demandante fue reconocida a partir del 2 de marzo de 1989, es decir, antes la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, por lo que no procede la indexación de la base salarial de la prestación; que la decisión del tribunal se encuentra soportada en lo adoctrinado por esta Sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, 20 abr. 2007, rad. 29470.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras también se opone a la prosperidad del cargo. Señala que si el fundamento “juris in judicando (sic) de la sentencia recurrida en casación es el precedente constitucional seriado”, el cual tiene origen en la Constitución Política de 1991, mal pudo el ad quem haber interpretado erróneamente los artículos 1º y 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887, ya que no fueron empleados por el Tribunal para soportar la sentencia recurrida.

VIII. Consideraciones

Dada la vía escogida para el ataque, no se controvierten los supuestos fácticos que dio por sentados el tribunal, tales como que mediante Resolución 421 de 1989, Bancafé le reconoció al actor una pensión de jubilación, en cuantía inicial de $ 32.559,50 a partir del 2 de marzo de 1989. Tampoco es materia de controversia el hecho de que el actor prestó sus servicios para el Banco Cafetero entre el 11 de febrero de 1955 y el 31 de julio de 1977, ni que al reconocer la pensión, la aludida entidad bancaria no actualizó el ingreso base de liquidación de la prestación.

Si bien esta Sala de la Corte había considerado que no resultaba procedente la actualización del salario base de liquidación de pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Carta Política de 1991, de lo que son ejemplo las sentencias CSJ SL, 20 abr. 2007, rad. 29470, CSJ SL, 26 jun. 2007, rad. 28452, y CSJ SL, 31 jul. 2007, rad. 29022, entre muchas otras, dicho criterio jurisprudencial fue rectificado por la corporación en Sentencia CSJ SL736-2013 al estimar que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda era un fenómeno que podía afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existían fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, tal como lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad de actualización nunca había sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por estas razones, no había ningún motivo para hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultaban arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Con fundamento en estas consideraciones, la Sala reconsideró su orientación y retomó su jurisprudencia desarrollada con anterioridad al año 1999, para aceptar que la indexación resultaba procedente respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

En la citada Sentencia CSJ SL736-2013, esta Sala de la Corte, luego de analizar la evolución jurisprudencial en torno al tema de la indexación del salario base de liquidación de las pensiones legales y extralegales, estimó:

Una revisión de este último punto, impone a la Sala reconocer que la indexación resulta admisible también para pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991, por encontrar suficientes fundamentos normativos que así lo autorizan. Esta nueva orientación de la Sala encuentra respaldo en los siguientes argumentos:

i) Como lo había sostenido esta Sala de la Corte en las sentencias del 8 de febrero de 1996, radicación 7996 y 5 de agosto de 1996, radicación 8616, constituye un hecho notorio que los ingresos del trabajador sufren una pérdida significativa de su poder adquisitivo, cuando media un lapso considerable entre la fecha en la cual se retiran del servicio y aquella en la cual les es reconocida la pensión de jubilación. Asimismo, como también lo había reconocido la Sala, ese fenómeno impacta por igual a todas las pensiones de jubilación que se ven sometidas a la devaluación de la moneda, sin importar su naturaleza legal o extralegal, o la fecha en la que hubieran sido reconocidas, entre otras, porque la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es una realidad palpable con anterioridad y con posterioridad a la expedición de normas como la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993.

Si las pensiones de jubilación se ven enfrentadas por igual al mismo fenómeno inflacionario, no existe, a primera vista, una razón o condición derivada de la fecha de su reconocimiento, que autorice un trato desigual, a la hora de adoptar correctivos como la indexación de los salarios tenidos en cuenta para la liquidación. Por lo mismo, para estos efectos, no deberían existir diferenciaciones o categorizaciones de pensionados, que pudieran resultar arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

En ese sentido, imponer una diferenciación, en función de la fecha de reconocimiento de la prestación, para los efectos de corregir los impactos negativos del fenómeno inflacionario, resulta abiertamente contraria al principio de igualdad, establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 22 de 1967 y ratificado por Colombia el 4 de marzo de 1969. (…)

ii) A pesar de que la Corte ha tenido una preocupación especial por contar con una fuente normativa que legitime la indexación, el hecho de que se disponga respecto de los salarios tenidos en cuenta para liquidar pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de normas como la Constitución Política de 1991 o la Ley 100 de 1993, no implica desconocer abiertamente esa sana previsión, sino reconocer la existencia de otros parámetros normativos anteriores e igualmente válidos, como la equidad, la justicia y los principios generales del derecho, que tienen fuerza normativa, en los términos de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y que, como lo había concluido la Sala en su primigenia jurisprudencia, respaldan plenamente la actualización de las obligaciones dinerarias.

Tras ello, la Corte no hace más que reafirmar que la fuente de la indexación no solo reposa en la ley, sino que también puede encontrar asidero en los principios de la Constitución Política de 1991 (ver sents. abr. 20/2007, rad. 29470 y jun. 26/2007, rad. 28452 y de jul. 31/2007, rad. 29022) y, como con anterioridad se había discernido, en principios anteriores a ella como la equidad y la justicia, que han estado presentes durante toda la historia del derecho laboral colombiano y que encuentran pleno respaldo constitucional(1). (…)

iii) En la Sentencia C-862 de 2006, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada de la expresión “salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el numeral 1º del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y el numeral 2º de la misma disposición, “(…) en el entendido que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumido[r], IPC, certificado por el DANE”. De igual forma, en la Sentencia C-891A de 2006, declaró exequible la expresión “y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”, contenida en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “(…) en cuanto éste siga produciendo efectos, y bajo el entendimiento de que el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor, IPC certificado por el DANE”.

Como ya se mencionó, esta Sala de la Corte acogió las consideraciones de dichas sentencias y aceptó que la indexación puede fundamentarse en los principios de la Constitución Política de 1991 y no necesariamente en la ley. Sin embargo, teniendo presente el mismo razonamiento, asumió una regla por virtud de la cual no procedía para pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de dicha norma fundamental.

Esa regla trazada por la Sala no se deriva claramente de las decisiones constitucionales referenciadas que, por el contrario, establecen una diferente, por virtud de la cual la indexación constituye una especie de derecho universal que procede para todo tipo de pensiones, reconocidas en cualquier tiempo. Así lo dijo la Corte Constitucional en la Sentencia C-862 de 2006: (…).

En los referidos términos, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda puede impactar de manera negativa a todas las especies de pensiones, sin importar su naturaleza o la fecha en la que fueron reconocidas, además de que esas consecuencias nocivas son, en todo caso, verificables en vigencia de la Constitución Política de 1991, que la Sala ya ha aceptado como fuente válida de la indexación, puesto que se trata de prestaciones periódicas que proyectan sus efectos hacia el futuro.

iv) El reconocimiento expreso de la indexación en la Constitución Política de 1991 no puede ser entendido lógicamente como su negación o prohibición, con anterioridad a la vigencia de dicha norma. Contrario a ello, como lo había sostenido esta Sala, la situación verificable antes de 1991 es simple y llanamente la ausencia de una regulación legal expresa para el tema de las pensiones de jubilación, que bien podía ser remediada o integrada a partir de principios generales del derecho como la equidad y la justicia. (…).

De todo lo expuesto, la Sala concluye que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; que existen fundamentos normativos válidos y suficientes para disponer un remedio como la indexación, a pensiones causadas con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991; que así lo ha aceptado la jurisprudencia constitucional al defender un derecho universal a la indexación y al reconocer que dichas pensiones producen efectos en vigencia de los nuevos principios constitucionales; que esa posibilidad nunca ha sido prohibida o negada expresamente por el legislador; y que, por lo mismo, no cabe hacer diferenciaciones fundadas en la fecha de reconocimiento de la prestación, que resultan arbitrarias y contrarias al principio de igualdad.

Todo lo anterior conlleva a que la Sala reconsidere su orientación y retome su jurisprudencia, desarrollada con anterioridad a 1999, y acepte que la indexación procede respecto de todo tipo de pensiones, causadas aún con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.

Como en este caso los ingresos del trabajador sufrieron una pérdida significativa de su poder adquisitivo en consideración a que medió un lapso considerable entre la fecha en la cual se retiró del servicio y aquella en la cual le fue reconocida la pensión de jubilación, el tribunal cometió los yerros jurídicos de que lo acusa la censura al abstenerse de ordenar la actualización de la base salarial para liquidar la pensión.

Al margen de que la pensión de jubilación que la demandada le reconoció al demandante se hubiera causado antes o después de la vigencia de la Constitución Política de 1991, resultaba procedente la indexación del ingreso base de liquidación de la prestación, por lo que el cargo es fundado y, en consecuencia, se dispondrá el quiebre de la sentencia del tribunal.

En atención a que los otros tres cargos perseguían el mismo fin, la Sala se releva de su estudio.

IX. Fallo de instancia

Además de las consideraciones expuestas en sede de casación, cumple mencionar que no es materia de controversia el hecho de que el actor prestó sus servicios para el Banco Cafetero durante el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 1955 y el 31 de julio de 1977, ni que el salario devengado por el trabajador durante el último año de servicios era de $ 23.250,14. Asimismo, se encuentra demostrado que mediante Resolución 421 de 1989, Bancafé le reconoció al actor una pensión de jubilación, a partir del 2 de marzo de 1989, en cuantía inicial de $ 32.559,50, que era el salario mínimo para el año de 1989.

Mediante escrito prestando ante el Banco Cafetero en Liquidación, el 13 de agosto de 2007 (fl. 26), el demandante solicitó que se reajustara su pensión de jubilación. Dicha solicitud fue negada por la entidad bajo el argumento de que la pensión de jubilación se había causado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala de Casación Laboral, no resultaba procedente la actualización del salario base de liquidación de la prestación.

Al respecto y tal como se vio en sede de casación, considera la Sala que sí resultaba procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del demandante, pues existió un considerable periodo de tiempo entre la fecha del retiro del servicio y aquella desde la cual le fue reconocida la prestación.

Por lo expuesto, estima la Sala que se equivocó la juez de primer grado al absolver a la demandada del reajuste solicitado en la demanda.

En estas condiciones, debe determinar la Sala cuál es el valor de la pensión de jubilación que el banco le reconoció al demandante, a partir del 2 de marzo de 1989, luego de indexar el ingreso base de liquidación.

Para el efecto se aplicará la siguiente fórmula:

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Donde:

VA = IBL o valor actualizado

VH = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes devengado.

IPC final = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión, 2 de marzo de 1989 (12.5815).

IPC inicial = Índice de precios al consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador, 31 de julio de 1977 (0.9999).

Realizadas las operaciones de rigor, se tiene que el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del demandante, aplicando la indexación de la base salarial ($ 23.250,14), debía ser de $ 292.550,89. Al aplicarle a la última suma mencionada el 75%, que es la tasa de reemplazo, se concluye que la cuantía de la primera mesada de la pensión de jubilación que Bancafé le reconoció al demandante, a partir del 2 de marzo de 1989, debe ser de $ 219.413,17.

Teniendo en cuenta que la reclamación administrativa presentada por el actor, lo fue el 13 de agosto de 2007 (fl. 26), es claro que al tenor del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se encuentran prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 13 de agosto de 2004, es decir, las causadas más de 3 años antes de haberse interrumpido la prescripción.

Ahora bien, en relación con la responsabilidad de Fogafín, anota la Sala que el artículo 2º del Decreto 610 de 2005, dispuso que antes de que cesara la existencia legal del Banco Cafetero en Liquidación, el gerente liquidador debía celebrar un acuerdo con el Fogafín, previa constitución de una reserva, con el fin de que esta entidad atendiera, sin responsabilidad a su cargo y por cuenta de la entidad en liquidación, las situaciones no definidas.

Por su parte, el artículo 12 del citado Decreto 610 de 2005, modificado por el artículo 1º del Decreto 4889 de 2007, prevé:

Los activos del Banco Cafetero en Liquidación, destinados al pago de los pasivos pensionales, conservarán tal destino y no formarán parte de la masa de liquidación.

En todo caso, los pasivos pensionales y laborales deberán pagarse preferencialmente de conformidad con las normas legales sobre prelación de créditos.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, asumirá, una vez entre en vigencia el presente decreto y se agoten los recursos del Banco Cafetero en Liquidación, la parte no cubierta de las obligaciones laborales y pensionales del mismo. Para este efecto, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, podrá realizar anticipos y pagos parciales de la obligación a la entidad con la cual se vaya a conmutar, siempre y cuando el Banco Cafetero en Liquidación le certifique que los recursos disponibles en la liquidación son insuficientes para cubrir el último cálculo actuarial presentado para aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Si una vez aprobado el cálculo actuarial se evidencia que los recursos entregados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, exceden el valor de su obligación, el Banco Cafetero en Liquidación deberá reintegrar a Fogafín dicho excedente. En el caso de que hicieran falta recursos para cubrir dicho cálculo actuarial, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, deberá asumir la diferencia.

Con arreglo a las disposiciones comentadas, estima la Sala que Fogafín asume las obligaciones pensionales a cargo del Banco Cafetero en Liquidación una vez se agoten los recursos de la liquidación, hecho que no se encuentra demostrado en el proceso. Además, debe tenerse en cuenta que según el ya citado artículo 2º del Decreto 610 de 2005, es deber del liquidador de la entidad bancaria celebrar un acuerdo con Fogafín, previa constitución de una reserva, con el fin de que esta entidad atienda, sin responsabilidad a su cargo y por cuenta de la entidad en liquidación, las situaciones que no se encontraban definidas, como la del aquí demandante.

Así las cosas, debe concluirse que en este preciso caso no se encuentran acreditados los supuestos previstos por el Decreto 610 de 2005, para que Fogafín responda por las condenas que se le impongan al Banco Cafetero en Liquidación dentro del presente proceso.

Y es que no debe perderse de vista que según el documento visible a folio 43 del cuaderno de la Corte, las entidades demandadas suscribieron un contrato de fiducia mercantil, constituyendo un patrimonio autónomo de administración y pago de contingencias pasivas y cobro de contingencias activas, con el fin de garantizar el pago de las condenas impuestas dentro de los procesos judiciales en los que Bancafé en Liquidación sea parte y se hayan notificado con anterioridad al 31 de diciembre de 2010, fecha en que terminó la existencia jurídica de dicha entidad bancaria.

Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para revocar parcialmente la sentencia de fecha 26 de mayo de 2009, proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá dentro del presente asunto y, en su lugar, condenar al Banco Cafetero en Liquidación a reajustar la pensión de jubilación del demandante a la suma de $ 219.413,17, a partir del 2 de marzo de 1989, junto con las mesadas adicionales y los reajustes anuales previstos en la ley. Asimismo se declararán prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 13 de agosto de 2004.

Se confirmará el fallo de primera instancia en todo lo demás.

Las costas de ambas instancias estarán a cargo del Banco Cafetero en Liquidación.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el diez (10) de febrero de dos mil diez (2010) por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Rodrigo Beltrán Acuña contra el Banco Cafetero en Liquidación y el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, en cuanto absolvió al Banco Cafetero en Liquidación de todas las pretensiones de la demanda inicial.

En sede de instancia, REVOCA la sentencia del a quo y en su lugar, dispone:

1. CONDENAR al Banco Cafetero en Liquidación a reajustar la pensión de jubilación del señor Rodrigo Beltrán Acuña a la suma inicial de $ 219.413,17 mensuales, a partir del 2 de marzo de 1989, junto con las mesadas adicionales e incrementos legales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

2. DECLARAR probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias que por mesadas pensionales dejaron de pagarse con anterioridad al 13 de agosto de 2004.

3. CONFIRMAR el fallo de primera instancia en todo lo demás.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación. En las instancias corren por cuenta del Banco Cafetero en Liquidación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos RuizElsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

(1) Ver al respecto, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-120 de 2003 y T-098 de 2005.