Sentencia 42266 de agosto 14 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL 557-2013

Rad.: 42266

Acta 25

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por esta corporación, se procede a resolver, previo el estudio de la demanda que lo sustenta.

Alcance de la impugnación

Se persigue que esta Corte case totalmente la sentencia proferida por el tribunal, en cuanto confirmó el fallo de primera instancia que declaró probada la excepción de cosa juzgada y absolvió a Bavaria S.A. de todas y cada una de la pretensiones impetradas en su contra y condenó en costas a la parte accionante, a fin de que, en sede de instancia, revoque la sentencia de primera instancia y en consecuencia, se acceda a las súplicas de la demanda.

Presentó cinco cargos que fueron objeto de réplica; los dos primeros guardan relación con todos los demandantes, y se valen de los mismos argumentos en su demostración, por esta razón se estudiaran conjuntamente; los tres restantes corresponden al caso de uno solo de los actores, por haber sido declarado interdicto judicialmente, por tanto, en segundo lugar, también se hará su estudio de forma conjunta.

Primer cargo:

Según el recurrente, la sentencia impugnada violó la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, como violación de medio a través de la cual se violó la ley sustancial, artículos 1501, 1502, 1508, 1513, 1514, 1515, 1602, 1603, 1625-8 y 1740, 1741, 1742, 1743, 1746, 1747 además de los artículos 545, 549, 550 y 553 del Código Civil, en concordancia con el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 50 literal b) de la Ley 50 de 1990, en relación con los artículos 23, 55, 140, 467 a 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 51, 58 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

Señala como pruebas apreciadas erróneamente las siguientes:

1. Actas de conciliación de cada uno de los demandantes, las cuales son relacionadas, junto con la documental titulada Bavaria se reorganiza (fls. 1179-1184), clausula 14 Convencional sobre cierre de fábricas y dependencias (fl. 752) y cláusulas 51a y/o 52a (fl. 789), comunicaciones de terminación de contratos de trabajo a trabajadores que no se acogieron al plan de retiro voluntario (fls. 123-138), Comunicaciones de terminación de contratos de trabajo a directivos sindicales de fecha 12 de abril de 2002 por reestructuración de la planta de personal (fls. 269-278), comunicaciones de terminación de contratos de trabajo a personal de la filial de Bavaria S.A. (Malterías de Colombia-Tibitó) por reestructuración de la planta de personal, prensa escrita El Tiempo de fecha 19 de septiembre de 2001 (fls. 148 y 149), comunicaciones de la Cervecería de Girardot sobre citación a reunión obligatoria de trabajo a partir del 18 de septiembre de 2001 en lugar distinto al habitual de trabajo, y pruebas no calificadas, testimonios de los señores Medina López (fls. 1204-1208: antecedentes y pormenores sobre retiros forzosos de trabajadores a consecuencia de cierre de fábricas y dependencias), Rojas Silva (fl. 1225: respuesta al último preguntado en donde afirma: “...y ante el no acogimiento a los planes de retiro, después de múltiples oportunidades para hacerlo (...) y agotados todos los lapsos de tiempo en los que ofrecía el plan de retiro voluntario”.

2. Comunicaciones de la demandada sobre citación del trabajador bajo el falso entendido de celebrar una reunión obligatoria de trabajo, cuando en realidad era para retirarlo de la empresa mediante suscripción del documento titulado conciliación.

3. Comunicaciones expedidas y texto sugerido por la demandada, indicativas de una renuncia y aceptación.

4. Sentencias proferidas por el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio - Meta y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Meta, mediante las cuales se decreta y confirma la interdicción del actor señor Sabbagh Ferrando Arnold Joaquín, folios 1138-1146 y 1185-1194 y 1148-1157 y 1195-1203.

5. Documento de constancia de fiel copia de las sentencias judiciales del juzgado y tribunal con 19 folios, sobre declaratoria de interdicción del trabajador Sabbagh Ferrando y corresponden a las sentencias de primera y segunda instancia que se encuentran debidamente notificadas y ejecutoriadas. (fl. 1203).

6. Registros civiles de nacimiento de los actores para contabilizar la fecha del cumplimiento de los 50 años de edad, momento en el cual se accede al derecho a la pensión convencional consagrada en las cláusulas 51a y/o 52a (fl. 789) de la Convención Colectiva de Trabajo motivo de cumplimiento.

7. Documento titulado Bavaria se reorganiza en el que se informa a los actores sobre la clausura de la producción en las cervecerías de Armenia, Neiva, Girardot y Villavicencio, entre otras, a partir de septiembre de 2001, por traslado de la producción a otros centros de mayor eficiencia y menores costos (fl. 1179) y sobre el plazo establecido para que los actores que prestaban los servicios en estas fábricas se retiraran de la empresa, sin que se vieran afectados en la disminución de 5 millones de pesos por cada 3 días que transcurrieran (fl. 1184).

8. Convención Colectiva de Trabajo vigente para el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2002 con sello de depósito ante el Ministerio de la Protección Social (fls. 737-803), de la cual eran beneficiarios los demandantes.

9. Documentos cartas de fechas 6 y 12 de septiembre de 2001 de terminación del contratos de trabajo por parte de Bavaria S.A. a trabajadores que no se acogieron al plan de retiro voluntario.

10. Documentos carta de terminación del contrato de trabajo por parte de Bavaria S.A. a directivos sindicales que no se acogieron al plan de retiro voluntario de fecha 11 de abril de 2002 (fls. 269-218).

11. Documento de fecha 12 de abril de 2002, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde se dejó constancia de unos despidos a directivos sindicales.

12. Documentos carta de terminación del contrato de trabajo por parte de Bavaria S.A. a trabajadores por reestructuración y adecuación a las nuevas necesidades del mercado en agosto de 2002.

13. Resolución 2513 del 20 de octubre de 1998, proferida por el subdirector técnico de inspección y vigilancia, donde se resolvió sancionar a la empresa Bavaria S.A.

14. Acta 7 del 3 de mayo de 1999 en relación con la fábrica de Envases y Aluminio “Colenvases”, suscrita entre la vicepresidencia administrativa de Bavaria S.A. y con el comité ejecutivo de Sinaltrabavara (numeración inferior, fls. 16 a 17).

15. Acta 11 del 23 de junio de 1999, suscrita entre la empresa demandada y Sinaltrabavaria, la primera señala que va a efectuar unas reducciones de personal y, por lo tanto, iba a aplicar la cláusula 14 de la Convención Colectiva de Trabajo en la cervecería de Santa Marta y en las Malterías de Ipiales y de Santa Rosa de Viterbo.

16. Acta de reunión sostenida entre la Vicepresidencia administrativa de Bavaria S.A. y el comité ejecutivo del sindicato el 13 de junio de 2001, por el cierre de la Maltería de Techo (numeración inferior, fls. 60 a 65).

17. Acta del 13 de junio de 2001, “asuntos tratados punto II. Caso Cervecería de Bogotá Calle 22B - Cláusula 14a cierre y terminación del proceso cervecero”, donde la empresa demandada manifestó que “ha tomado la decisión de terminar definitivamente la producción de cerveza de la Cervecería de Bogotá Calle 22B, razón por la cual está dispuesta a dar aplicación a la cláusula 148 de la Convención Colectiva de Trabajo” (numeración inferior, fls. 62 a 65).

18. Comunicación SNTB-CE 0680-01 de fecha 24 de agosto de 2001, dirigida por el presidente del comité ejecutivo de Sinaltrabavaria al presidente de Bavaria S.A. “Ref. Despidos, reestructuración y política de retiro voluntario” en relación con la actitud de los directivos de la empresa, Drs. Mejía Giraldo y Varón Luque quienes le manifestaron a la señora Bolívar Soler, “... que si no se retiraba del sindicato la despedían…”, como efectivamente se llevó a cabo mediante la comunicación 407 del 23 de agosto de 2001 y además le solicita en la misma comunicación que se sirva reintegrar a la trabajadora (numeración inferior, fls. 82 y 83).

19. Acta de fecha 12 de septiembre de 2001 SNTB-CE, 0729-01, que Sinaltrabavaria dirigió a Bavaria S.A., donde precisó: “Requerimos expresamente a Bavaria S.A. para que se nos convoque de manera inmediata a fin de discutir las causas inherentes a los cierres intempestivos que ustedes han venido realizando en clara violación a las cláusulas 6a, 13a, 14a y 15a de la Convención Colectiva de Trabajo” (numeración inferior, fls. 102 a 107)

20. Publicación del diario El Tiempo del miércoles 19 de septiembre de 2001, bajo el título de “Bavaria recortará 10% de su nómina y cerrara siete cervecerías”, el presidente de Bavaria S.A., anunció un plan de reestructuración de la empresa y el cierre de las plantas de Neiva, Cúcuta, Villavicencio, Girardot, Pasto, Armenia y Pereira (numeración inferior, fls. 111 y 112).

21. Documentos de fechas del 19, 20, 21, 24 y 26 de septiembre de 2001, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dirección Meta, mediante los cuales deja constancia de las inspecciones realizadas a Bavaria S.A. Cervecería de Villavicencio, en cuyas actas 1 y 2 indicaron que se pudo constatar en versión rendida por el presidente de la subdirectiva seccional Villavicencio de Sinaltrabavaria, hechos como no permitir el acceso a la áreas de trabajo y que los mantienen en los patios de la cervecería y además agregó que “También manifestó que en el transcurso de este día 26 de septiembre, la empresa esté sacando al personal de la planta (sitio de trabajo habitual) en grupos de más de 20 personas y llevarlos al Club Meta, para nuevamente solicitar la renuncia a cambio de una bonificación que es inferior a la que tenemos derecho. También manifestó que en el día de ayer 25 de septiembre le cancelaron el contrato sin justa causa a 6 trabajadores, lo entendemos nosotros como una presión para que el resto de trabajadores acepten la renuncia y si no aceptan se ven expuestos a un posible despido sin justa causa”.

22. Acta de Inspección del 11 de octubre de 2001 suscrita por la funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cundinamarca grupo de inspección y vigilancia - inspección quince de trabajo, previo recorrido realizado a las instalaciones de la Cervecería de Bogotá - techo y departamento de depósitos de dirección y ventas ubicada en la Avenida Boyacá Nº 9-02 de Bogotá.

23. Acta del 18 de octubre de 2001, sobre diligencia administrativa laboral (inspección ocular) a la división de ventas de Bavaria S.A. Cervecería de Girardot, por parte de la dirección territorial de trabajo de Cundinamarca inspección Segunda de Trabajo y Seguridad Social – Girardot,

24. Acta del 21 de noviembre de 2001, sobre la diligencia administrativa laboral por parte de la dirección territorial de Cundinamarca inspección de trabajo y seguridad social de Girardot, “acta de constatación administrativa laboral” en las instalaciones de Bavaria S.A. Cervecería Girardot.

Los yerros denunciados por el recurrente fueron:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el documento de conciliación suscrito el 19 de junio de 2001 entre la demandada y el demandante señor Sabbagh Ferrando Arnold Joaquín goza de plena validez y efectos jurídicos, basado en que la sentencia que decretó la interdicción judicial es de fecha posterior. (fls. 1373 y 1374).

2. No dar por demostrado, estándolo, que cobra especial efecto jurídico el hecho que una persona como el trabajador Sabbagh Ferrando Arnold Joaquín, al momento de suscribir el supuesto acuerdo, se encontraba afectado en su voluntad (interdicción), por lo tanto impedido para comprometerse en actos de acuerdo y definitivos como los de dar por terminada una relación laboral superior a los 24 años.

3. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Arnold Joaquín Sabbagh Ferrando desde hace veinticinco (25) años atrás estaba sometido a tratamiento Psicológico por crisis de ansiedad y depresión, y había sido diagnosticado como esquizofrénico paranaoide crónico, razón por la cual fue pensionado por invalidez por el ISS a partir del 23 de mayo de 1989, mediante Resolución 3566 del 15 de octubre de 1991 (fls. 1138 y 1185).

4. No dar por demostrado, estándolo, que la interdicción decretada al señor Arnold Joaquín Sabbagh Ferrando se estructuró desde 1991, mucho antes de producirse el retiro por suscripción del supuesto acuerdo conciliatorio (2001), lo que conlleva a que el acto de conciliación este viciado por adolecer de consentimiento de parte del actor, es decir, que en tales condiciones limitantes no es de recibo manifestación alguna.

5. No dar por demostrado, estándolo, que el documento de conciliación suscrito entre la demandada y el trabajador señor Arnold Joaquín Sabbagh Ferrando carece de efectos jurídicos de cosa juzgada.

6. No dar por demostrado, estándolo, que resultado de la interdicción decretada judicialmente y de la cual tenía conocimiento pleno la demandada, el acto de conciliación no produce efectos y las cosas vuelven a su estado original, con las consecuencias que de allí se derivan, para que, en sede de instancia, se acceda a los pedidos de la demanda por haber sido objeto de un despido sin justa causa y como tal, comprende dar cumplimiento a la convención en cuanto a la pensión convencional en los términos de la cláusula 52 (fl. 789) de la convención vigente para el periodo 2001-2002, junto con la suma indemnizatoria por traslado de la producción a otros centros de mayor eficiencia y menores costos acreditado el presupuesto principal para acceder a la suma equivalente a 95 días de salario básico por cada año de servicio en los términos igualmente consignados en la cláusula 14 de la misma obra (fl. 752), además de la indemnización legal por el mismo despido injustificado como derecho compatible con el consignado en la cláusula 14a.

7. Dar por demostrado, sin estarlo, que las conciliaciones fueron celebradas ante autoridad pertinente y adquirieron la fuerza de cosa juzgada, para los casos que guardan relación con los trabajadores retirados en la cervecería de Armenia en septiembre de 2001 (Rico Marín Carlos Ernesto) y Girardot (Rico Marín Carlos Ernesto, Osuna Ortiz Luis Jesús, Rojas García Rómulo y Sánchez Suárez Fredy Nelson), partiendo del hecho que quién actuó fue la cámara de comercio autoridad para dirimir sobre conflictos laborales, la cual no estaba facultada por inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 640 de 2001 decretada mediante Sentencia 893 del 22 de agosto de 2001 de la H. Corte Constitucional.

8. Dar por demostrado, sin estarlo, que los acuerdos no violan derechos ciertos e indiscutibles, cuando en realidad se afectaron derechos causados como los de acceder a la pensión convencional que por el tiempo superior de servicio a los 15 y 20 años y producirse el retiro por decisión empresarial de ajustar los estándares de personal, trae consigo el despido sin justa causa.

9. Dar por demostrado, sin estarlo, que dentro del curso de proceso no se probó de manera alguna que los acuerdos conciliatorios hubieren estado viciados de error, fuerza o dolo, cuando se verificó que la compañía demandada había establecido un plazo de 3 días so pena de disminuir la bonificación en 5 millones y así sucesivamente.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que los accionantes de forma voluntaria aceptaron el pago de lo acordado, dejando por fuera de análisis la prueba documental titulada Bavaria se reorganiza que describe las causas de clausura de la producción y plazo para formalizar el retiro definitivo de la empresa.

11. Dar por demostrado, sin estarlo, que es distinto lo manifestado en la impugnación a lo pedido en la demandada que no es otra cosa que el cumplimiento de los requisitos de la cláusula 14a convencional, a sabiendas que el eje central del retiro generado por la demandada, radicó en la reducción de la planta de personal por la reestructuración adelantada como se desprende de las actas provenientes del Ministerio del Ministerio del Trabajo, de Empresa y Sindicato y cartas de despido relacionadas en al acápite B1 de la demanda y el mismo contenido que aparece en el recuadro del documento titulado Bavaria se reorganiza (fI.1179-1184).

Sustentación del cargo

En este acápite manifiesta la censura que los errores de hecho anteriormente relacionados, y los cuales él califican de manifiestos y evidentes, son consecuencia de la apreciación errónea de las actas de conciliación y se produjeron porque no dedujo de ellas, que los documentos fueron elaborados y expedidos por la demandada para lograr el retiro de los actores de la empresa, contrariando el procedimiento consagrado en la cláusula 14a convencional, que consagra el derecho a una suma indemnizatoria por reducción de la planta de personal que deja abierto el acceso a la pensión convencional consagrada en las cláusulas 51a y/o 52a de la misma obra; es decir, con dicho acto de instigación a los actores para obtener la suscripción del supuesto acuerdo, la empresa pretendió sustraerse del reconocimiento y pago de los derechos que hoy se reclaman con la demanda, sostiene.

De otra parte, agrega el impugnante, el juzgador de segundo grado concluyó equivocadamente que porque la interdicción decretada judicialmente al señor Arnold Joaquín Sabbagh Ferrando terminó con sentencia en el 2004, no afectaba el documento de conciliación (jun. 19/2001). Dicha conclusión, según el recurrente, se originó por la apreciación errónea que hizo de las sentencias judiciales el ad quem, pues dados los antecedentes de más de 25 años atrás, se decretó la interdicción, con la salvedad que al trabajador que se le había concedido pensión de invalidez total desde el 23 de mayo de 1989, y se había suspendido, hasta tanto se cumpliera con los trámites judiciales de interdicción y nombramiento de guardadora, lo que conlleva, para el recurrente, a dejar sin piso lo concluido por el ad quem y, contrariamente, a su modificación (sic) en el sentido que el actor señor Sabbagh Ferrando, al momento de suscribir el documento de conciliación, NO gozaba de plenitudes en su voluntad y capacidad de comprometerse en celebración de acuerdos.

Sostiene que, para el tribunal, los motivos de la ruptura del contrato de trabajo se soportan en cada conciliación, concluyendo que de dicha documental no se derivaba error, fuerza o dolo que vislumbre vicio en el consentimiento, no declarando la nulidad de la misma.

El recurrente refiere al análisis de las demás pruebas que, supuestamente, el tribunal apreció erróneamente y sobre las cuales se sustenta la impugnación del fallo, y precisa que el contenido de las pruebas que antecedieron al acto de suscripción de los documentos de conciliación, comprenden que la demandada llevó a cabo una reestructuración de la planta de personal en la compañía, que acompañó al cierre de fábricas como la de Colenvases en el año 1999, de las Cervecería de Manizales, Honda, Maltería de Santa Rosa de Viterbo en el 2000, para terminar haciendo efectivos los cierres de cervecería Calle 22 B Litoral en agosto de 2001 y las cervecerías de Nariño, Neiva, Villavicencio, Cúcuta, Armenia, Pereira y Girardot en septiembre 18 al 24 de 2001. Trascribió apartes el texto Bavaria se reorganiza y añadió que la reestructuración conllevó inevitablemente a la reducción del número de trabajadores a nivel nacional y en cada una de las factorías y dependencias de la compañía, puesto que los cierres se hicieron efectivos y el personal quedó cesante, lo que condujo a dar aplicación de la convención colectiva de trabajo especialmente en la cláusula 14a sobre cierre de fábricas o dependencias, que consigna varios momentos para su desarrollo y aplicación, comenzando con una reunión entre empresa y sindicato para la ubicación del personal cesante en otra de la fábricas estratégicas que continuaban produciendo, a lo cual la demandada se rehusó, respondiendo con un contundente desconocimiento en las relaciones obrero-patronales con la organización sindical Sinaltrabavaria para la aplicación de la cláusula 14a convencional, procediendo a despedir a grupos de trabajadores por negarse al acogimiento de un plan de retiro voluntario que consideró ofrecer, lo que se constituyó en una fuerza y presión desmedida para obtener el retiro de los actores firmando la supuesta conciliación para dar por terminado el vínculo laboral, según por “mutuo consentimiento”. Todo fue acompañado de despidos ejecutados en varios momentos, hasta terminar deshaciéndose de los directivos sindicales que mantenían la convicción defender la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2002.

Que la demandada en su afán de deshacerse rápidamente de los actores procedió a presionarlos a que estamparan su firma en el documento titulado conciliación, para lo cual dispuso llevarlos bajo engaño de celebrarse una reunión de trabajo a un lugar distinto al de la fábrica donde venían prestando sus servicios laborales y allí ubicados les comunicó sobre el cierre definitivo de la cervecería, al tiempo que les entregó un documento de conciliación como único medio de acceder a la indemnización de prestaciones y bonificación equivalente a 95 días de salario básico por cada año de servicio y proporcional en caso de fracción de año más un plus de 10 millones, con la indicación que tenían un plazo de 3 días para acogerse el retiro en la forma planteada, de lo contrario, se vería disminuida la bonificación en 5 millones y así sucesivamente, lo que, para el recurrente, demostraba que el plan de retiro que se pregonaba era voluntario, en realidad estaba desdibujado y, en esencia, el acogimiento era obligatorio, precisamente por la determinación de cierre de la Cervecería de Girardot.

Le critica al tribunal el no haber apreciado correctamente la prueba documental, Bavaria se reorganiza, que describe que la demandada llevó a cabo una reestructuración de la planta de personal a nivel nacional acompañada del cierre de 7 cervecerías y reducción del número de trabajadores activos en varias dependencias y en la cervecerías que consideró como estratégicas, que de haberla apreciado correctamente habría concluido que los actores no tenían salida diferente a acatar la orden empresarial considerada para lo del retiro, dada la decisión de clausurar la producción, por traslado de la misma a otros centros de mayor eficiencia, lo que imposibilitaba continuar en el empleo, lo que se constituyó un una presión indebida y forzosa para cada actor para la firma de dicho documento. Que lo anterior, estaba corroborado con los testimonios que señala.

Otra de las pruebas mal apreciadas, continúa la censura, tiene que ver con las cartas de citación de fecha 18 de septiembre de 2001 que la demandada formulara a los actores que prestaban sus servicios en la Cervecería de Girardot, que guardan, según él, relación directa con los documentos de conciliación suscritos por los señores Gómez Figueredo Jorge Enrique, Osuna Ortiz Luis Jesús, Rojas García Rómulo y Sánchez Suárez Fredy Nelson suscritos el 19 y 20 de septiembre de 2001 en el Hotel Tocarema de la misma ciudad de Girardot, lo que, en su criterio, significa que la citación fue un engaño para sacarlos de las instalaciones de la cervecería donde venían prestando sus servicios laborales y ubicarlos en un lugar diferente donde tenía todo dispuesto para formalizar las terminaciones de los contratos con la cuestionada participación de funcionarios de la cámara de comercio, quién adolecía de competencia para dirimir conflictos laborales por inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 640 de 2001, declarada mediante Sentencia C-893 del 2 de agosto de 2001. A esta incompetencia, dice que se suma el caso del señor Rico Marín Carlos Ernesto, a quien se le aplicó el mismo procedimiento para lo del retiro de la cervecería de Armenia, entre el 18 y 20 de septiembre de mismo años 2001.

Alude a que las cartas de supuesta renuncia voluntaria de cada uno de los actores citadas en el numeral 3º de las pruebas erróneamente apreciadas, comprenden el mismo texto en su contenido, porque su redacción proviene única y exclusivamente de la demandada, solo que en los casos de la cervecería de Girardot se les exigió a los actores que la redactaran de su puño y letra, pero que al final de cuentas, es el mismo contenido de las cartas que elaboró e imprimió la empresa para los trabajadores a retirar en otras ciudades donde mantenía o mantiene fábricas.

Afirma que tampoco se apreciaron correctamente las cláusulas 14a y 51a y 52a de la convención colectiva de trabajo que consignan la indemnización por reducción de personal que es el caso evidente presentado en Bavaria S.A., para efectivizar el tipo de retiro cuestionado y la pensión convencional por superar los 15 y 20 años de servicio ante un despido injusto de los actores por reestructuración adelantada por la compañía. Que esta prueba toma especial conexidad con la documental titulada Bavaria se reorganiza que precisa sobre los ajustes considerados por la compañía y traslado de la producción que implicó el retiro de los actores sin justa causa imputable.

Existen otras pruebas, según el impugnante, que se relacionan en el cargo como erróneamente apreciadas que describen que la demandada despedía a sus trabajadores por el no acogimiento a la oferta del plan de retiro que venía ofreciendo (fls. 123-128), lo que refuerza lo indicado en la demanda, en el sentido que los actores no llegaron a mutuo acuerdo con el empleador demandado para terminar la relación de laboral, sino que fueron objeto de una redada de parte de la demandada que les impedía tomar una determinación diferente a la considerada por esta, como la de obtener en ese momento el cumplimiento de los derechos consignados en las clausulas convencionales anteriormente citadas, que consigna derechos ciertos e indiscutibles como el de la pensión convencional consignada en las cláusulas 51 o 52 dependiendo del tiempo de servicio.

Finalmente, sostiene el recurrente, que el tribunal concluyó equivocadamente en que la conciliación producía los efectos de cosa juzgada, trayendo a referencia jurisprudencia en este sentido proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, dejando por fuera de combate hechos demostrados en el proceso como el de que dichas conciliaciones adolecían de membrete o sellos que acreditaran la participación de autoridad competente, puesto que está demostrado, a su juicio, que solo se llevaron las actas y un funcionario les estampó su firma en señal de aprobación, pero sin el cumplimiento de los requerimientos a que se hace referencia en los artículos 2, 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, solemnidades de las que adolecen las documentales tituladas conciliación, reitera.

Segundo cargo:

En este cargo la censura acusa nuevamente la sentencia por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5º literal b) de la Ley 50 de 1990, artículos 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral y artículos 1501, 1502, 1508, 1513, 1514, 1515, 1602, 1603, 1625-8 y 1740, 1741, 1742, 1743, 1746, 1747 además de los artículos 545, 549, 550 y del Código Civil, en relación con los artículos 23, 55, 140, del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 51, 58 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

Pruebas apreciadas erróneamente y pruebas dejadas de apreciar.

Bajo este título, manifiesta: “en aras de la brevedad, en forma comedida solicito a los honorables magistrados tener como tal las pruebas reseñadas y discriminadas en el cargo anterior”.

Igualmente, solicita tener como errores fácticos y su demostración, todo lo dicho sobre el tema en el cargo primero.

Réplica:

La contraparte de los recurrentes se opone a la prosperidad de los citados cargos, en razón a que la demanda de casación presenta deficiencias de técnica y que, en todo caso, el ad quem no incurrió en los yerros fácticos achacados.

VI. Consideraciones:

Independientemente, de los vicios de técnica en que pudo incurrir la demanda, los cargos que ocupan la atención de la Sala no tienen vocación de prosperar.

En torno a los yerros referentes a la interdicción del trabajador que, según el recurrente, se estructuró desde 1991, es decir mucho antes de producirse el retiro por suscripción de la conciliación en el 2001, y que no fue tenida en cuenta por el ad quem, advierte la Sala que son infundados y que las inferencias del ad quem al respecto son coherentes con las pruebas calificadas relacionadas en el cargo.

Con base en la fecha del acta de conciliación celebrada por el señor Sabbagh y la empresa, 19 de junio de 2001, así como de la sentencia judicial de folios 1138 a 1147, junio de 2004, el ad quem determinó que la declaración de interdicción se dio con posterioridad al acto, razón por la cual concluyó que, para la época de los hechos de la demanda, este trabajador todavía no había sido declarado interdicto y por ello sus actuaciones gozaban de plena validez.

Efectivamente, a folios 1138 y siguientes están las sentencias de primera instancia y la de consulta proferidas dentro del proceso de interdicción judicial del mencionado trabajador iniciado por su esposa. Si bien se desconoce la fecha de ejecutoria, en todo caso se tiene que la decisión que puso fin al trámite con la declaratoria de interdicción y el nombramiento de la guardadora, es del 28 de junio de 2004, lo cual corrobora lo dicho por el ad quem de que, para la firma de la conciliación, el trabajador todavía no había sido declarado interdicto y, por ello, sus actuaciones gozaban de plena validez.

De la sustentación de los yerros sobre el tema, se entiende que la censura le enrostra al ad quem el no haber dado por demostrado que el trabajador era incapaz desde antes de la sentencia de interdicción, más exactamente para la fecha de la celebración de la conciliación, no con base en la fecha de cuando se decretó judicialmente la interdicción, sino con fundamento en las consideraciones de los jueces de familia contenidas en la sentencia de interdicción aludidas por él.

Según el recurrente, el ad quem apreció erradamente las citadas sentencias de donde claramente se desprende que el actor, desde hacía 25 años atrás, estaba siendo sometido a tratamiento psicológico por crisis de ansiedad y depresión y había sido diagnosticado como esquizofrénico paranoide crónico, razón por la cual fue pensionado por invalidez por el ISS (en otra parte dice que por Bavaria fl.50) a partir del 23 de mayo de 1989, mediante Resolución 3566 del 15 de octubre de 1991, pero que se le suspendió, hasta tanto se cumpliera con los trámites judiciales de interdicción y nombramiento de guardadora; también, que no se reclamó la mencionada prestación porque el actor siguió laborando al presentar un poco de mejoría; todo lo cual, a su juicio, conlleva a dejar sin piso lo concluido por el ad quem, en la medida que se demuestra que el actor señor Sabbagh Ferrando, al momento de suscribir el documento de conciliación, no gozaba a plenitud en su voluntad y capacidad de comprometerse.

Sobre este argumento encuentra la Sala que presenta modificaciones sustanciales respecto de lo afirmado en los hechos de la demanda, e inclusive en la misma apelación (fl. 1329). En aquella oportunidad si bien se hizo mención a la enfermedad mental que padecía el trabajador de tiempo atrás, de la cual no se compadeció la empresa, según los hechos de la demanda, esto no equivale a decir que el actor, para la fecha de la firma de la conciliación, era incapaz legalmente para celebrar dicho acto en razón a que ya había sido pensionado por invalidez por haber sido diagnosticado como esquizofrénico paranoide crónico, como se argumenta ahora en casación. Se tratan, evidentemente, de dos aseveraciones distintas. Menos coincide con lo alegado en la apelación, donde la parte actora aseveró que estaba comprobado que el actor se encontraba en interdicción al momento de firmar los documentos de retiro del trabajador, como lo demostraban las sentencias de folios 1138 a 1147 y 1148 a 1157, lo cual fue refutado por el tribunal con la sola constatación de las fechas de la sentencia que decretó la interdicción y de la conciliación, según quedó visto.

Por tanto, no pudo cometer el ad quem el dislate señalado en razón a que esas aseveraciones no fueron planteadas en la demanda ni en la apelación.

Por otra parte, el nuevo argumento inadmisible en casación parte del supuesto equivocado de que por haber sido pensionado (ya fuera por el ISS o por el empleador) por invalidez a partir del 23 de mayo de 1989, en razón de padecer una enfermedad mental, necesariamente se debía inferir por el juez laboral que el pensionado era incapaz para celebrar la conciliación el 19 de junio de 2001, no obstante que para esa fecha no había sido declarado interdicto. Tan no es así, que, como lo dice el propio recurrente en la demostración del cargo, la efectividad de la resolución de pensión por invalidez había quedado suspendida hasta tanto se llevara a cabo el proceso de interdicción judicial, el cual solo se vino a hacer mucho tiempo después, luego de la terminación del contrato de trabajo elevada a conciliación.

Por demás, el supuesto yerro achacado al ad quem está fundado en consideraciones de las sentencias de interdicción, unas contenidas en la relación de los antecedentes del caso, otras propias del fallador de entonces, pero que, en todo caso, no podrían servir de medio probatorio para configurar un yerro fáctico en casación, puesto que no son más que inferencias judiciales ajenas al sub lite.

Las inferencias judiciales de los jueces que conocieron de la interdicción del actor en las que se apoya el recurrente para criticar la decisión del tribunal, por no haberlas acogido tal cual, no se pueden tener en el presente proceso como hechos plenamente establecidos, menos cuando los litigantes de aquella vez no fueron los mismos de los del actual proceso. Sobre el particular ha dicho la Sala Civil de esta Corte Suprema, lo siguiente:

“Es claro que una sentencia, más propiamente, su parte resolutiva, pueda utilizarse en otro juicio aún contra terceros en calidad de prueba y no como cosa juzgada, para demostrar el derecho que reconoce a la parte favorecida, mientras no se le contraponga prueba en contrario que la desvirtúe. Así lo ha aceptado la Corte, como puede verse en la decisión de 3 de mayo de 1952, T. LXXII, pag.22. Más lo que sí resulta equivocado es admitir que los hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia, y mucho más cuando ellas es pronunciada en juicio en que se utiliza la prueba sumaria, puedan darse como plenamente establecidos en otro juicio ordinario, aunque los litigantes sean los mismos. Eso determinaría en muchas ocasiones, como ocurre en la presente, situaciones incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa a quien correspondería valorizar y analizar las pruebas para forma su propia convicción sobre los hechos controvertidos, desde luego estaría obligado a aceptar el juicio que sobre los mismos se formó otro juez, y las partes en el nuevo litigio no podrían contradecir la prueba ni intervenir en su producción”(1).

Lo correcto habría sido que el demandante hubiese formulado claramente la pretensión de nulidad de la conciliación por falta de capacidad legal para celebrar el acto, con la determinación de los hechos soporte de la reclamación y que hubiese pedido, en su oportunidad, el traslado de las pruebas pertinentes al presente proceso, o la práctica de otras pruebas que igualmente fueren conducentes, para que se hubiera dado la oportunidad de su contradicción en el sub lite y que el juez laboral competente para resolver la presente litis fuera el que juzgara su contenido y formara su propio convencimiento conforme a las reglas de la sana crítica, según el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De acuerdo con todo lo dicho hasta aquí, los yerros relacionados con la supuesta discapacidad legal que limita al señor Sabbagh al momento de la firma de la conciliación, son a todas luces infundados.

Sobre las inconformidades planteadas por la censura relacionadas con la errada apreciación de las pruebas acusadas, por parte del ad quem, de cara al supuesto vicio del consentimiento de los ex trabajadores al celebrar el acta de conciliación con la empresa para dar por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, encuentra la Sala que no se dan los supuestos yerros fácticos achacados al ad quem.

La censura, para objetar lo concluido por el tribunal de apelaciones, plantea once errores de hecho, orientados a demostrar, principalmente, la existencia de vicios del consentimiento en el acto de retiro de los accionantes y la suscripción de la conciliación, con el firme propósito de invalidar dicho acuerdo conciliatorio y acreditar la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador sin mediar justa causa para ello, para, consecuencialmente, dar paso a las pretensiones reclamadas.

Al remitirse la Sala a las pruebas calificadas, encuentra, objetivamente, que las mismas no logran demostrar ninguno de los yerros fácticos enrostrados, por lo siguiente:

Las actas de conciliación de marras no reflejan ningún vicio del consentimiento de los trabajadores, por cuanto todas coinciden en que las partes, de manera voluntaria, incorporaron el arreglo amistoso al cual llegaron, en virtud del cual se arribó a la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, y a cada trabajador se le reconoció una bonificación voluntaria en los valores registrados en cada una de las actas; luego no se equivocó el ad quem al afirmar que no encontraba vicios del consentimiento en la voluntad de los demandantes en la celebración de las conciliaciones puestas en entredicho.

Cabe señalar que lo que muestran las citadas actas es la conformidad de cada trabajador con el arreglo conciliatorio en torno a la ruptura del nexo contractual, sin que se evidencien visos de presiones o coacciones donde incluso, en algunas, el trabajador expresamente declara a paz y salvo a la Empresa Bavaria S.A., por todo concepto; acuerdo amigable que los contendientes del proceso pusieron a consideración del funcionario que actuaba como conciliador, quien lo aprobó por encontrarlo ajustado a derecho, con lo cual le brindó garantías legales con efectos de cosa juzgada.

Si el trabajador decidió finalmente acogerse al plan de retiro voluntario, porque, a su juicio, esta decisión le traía mejores beneficios económicos, bien lo podía hacer, sin que se pueda inferir, necesariamente, de este hecho que actuó coaccionado.

Es bien sabido que, para quebrar la presunción de legalidad de la sentencia recurrida en casación, la premisa fáctica constitutiva de este ha de inferirse inequívocamente de manera evidente, palpable, y no puede ser el resultado de una lectura posible de los medios probatorios calificados.

Por tanto, se reitera, no se equivocó el ad quem al concluir que la voluntad de los demandantes no estuvo viciada por error, fuerza o dolo, dado que del texto de cada uno de los actos en cuestión no sale a relucir vicio de consentimiento alguno. El censor persigue, infructuosamente, derribar la premisa de que los contratos de trabajo de los actores finalizaron por mutuo consentimiento según lo registrado en las actas, sobre la base de conjeturas posibles elaboradas con base en las documentales señaladas como mal apreciadas, pero que, por ser solo posibles conjeturas, no alcanzan a derribar las inferencias extraídas de las actas de conciliación donde se dejó constancia de la voluntad de las partes de dar por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo.

Si los retiros voluntarios de los trabajadores, conllevaron una reestructuración de la empresa, tal situación, per se, no invalida las conciliaciones, pues el objeto de la conciliación consistente en el modo de terminación del contrato de trabajo se atuvo al literal b) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo que, justamente, establece como tal el mutuo consentimiento.

Sobre la supuesta falta del cumplimiento de las formalidades que trae la Ley 640 de 2001 para la celebración de las conciliaciones, como la falta de membrete y sello en las celebradas ante el ministerio y la falta de competencia que alega la censura de cara a las celebradas en los centros de conciliación de las cámaras de comercio, no puede la Sala entrar a examinarlos por implicar un razonamiento de orden jurídico no viable en un cargo por la vía indirecta, como se señaló en la Sentencia 40003 de 2011:

“De otra parte, en lo referente a la alegación del censor sobre la falta de competencia del centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Neiva, por carecer para esa época de facultades legales para poder dirimir este tipo de conflictos, con fundamento en el fallo de constitucionalidad de la Ley 640 de 2001, valga decir, la Sentencia C-893 del 22 de agosto de 2001 que declaró inexequibles algunos artículos sobre esta materia; es oportuno precisar, que no es posible que esta corporación aborde su estudio en esta oportunidad, por corresponder a un planteamiento netamente jurídico ajeno a la vía escogida, que debió cuestionarse por la senda del puro derecho”.

La alusión a prueba testimonial para desvirtuar las inferencias fácticas del fallador de segundo grado es inconducente para la prosperidad del cargo, dado que es bien sabido que las versiones de los testigos no son pruebas aptas para endilgar desatinos fácticos en casación.

Para la Corte, si el acuerdo de terminación del contrato elevado a conciliación estuvo motivado en el ofrecimiento de sumas de dinero y otros beneficios de parte de la empresa, no significa que los trabajadores accedieron a la terminación del contrato de trabajo de manera forzada como lo quiere hacer ver el censor.

Es criterio pacífico en la jurisprudencia laboral que el mutuo consentimiento de dar por terminado el contrato de trabajo no “…exige esencialmente que la gratuidad sea el móvil determinante para uno o para ambos contratantes cuando quieran de consuno fenecer el contrato de trabajo. Bien puede una de las partes ofrecer a la otra una compensación en dinero o en especie para que acepte resciliar el contrato, sin que esa oferta pueda calificarse por sí misma como una forma de coacción o de violencia ejercida sobre la contraparte”(2).

Ninguna de las pruebas acusadas por el censor dan la certeza de que los actores sufrieron actos de coacción que lo pusieran en la única situación posible de aceptar el ofrecimiento de la empresa, por lo que si los ex trabajadores decidieron celebrar el acuerdo conciliatorio puesto en entredicho a cambio de los beneficios ofrecidos por el empleador, bien podía el ad quem encontrar el citado acuerdo plenamente válido. “Aquella manifestación expresa de uno de los contratantes de aceptar lo ofrecido por su contraparte no puede calificarse como intrínsecamente inválida, puesto que no cabe olvidar tampoco que el error, la fuerza o el dolo no se presumen sino que deben demostrarse plenamente por quien alegue haberlos padecido”(3).

Ante la premisa establecida en el plenario de que el contrato de trabajo vigente entre las partes finalizó por mutuo acuerdo, resulta inane el contenido la convención colectiva vigente y si los trabajadores eran beneficiaros o no de dicho acuerdo. Frente a dicho supuesto fáctico que se mantiene incólume conforme a lo atrás dicho, no estaba obligado, el juzgador de alzada, a aplicar la convención colectiva de trabajo para conceder los beneficios extralegales demandados, entre ellos, el estipulado en la cláusula 14ª “Cierre de fábricas o dependencias”, máxime que, como lo ha considerado esta Sala de cara a la citada cláusula, “…para tener derecho el demandante al pago de la indemnización o días de salario allí señalados, era menester que quedara acreditado en el plenario los presupuestos que trae la norma, lo cual no ocurrió, en especial, lo referente al traslado del trabajador por cierre total o parcial de alguna fábrica o dependencia o de reducción de personal, que conduzca a la decisión del operario de retirarse voluntariamente dentro de los 12 meses subsiguientes a la fecha de notificación de dicho traslado”(4).

Finalmente, no está demás reiterar un vez más, en cuanto a la decisión de poner fin a la relación laboral por “mutuo consentimiento”, y que puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, la Corte ha dicho en casación del 3 de mayo de 2005, radicación 23381, reiterada en decisiones del 14 de julio de igual año y 1º de junio de 2006, con radicados 25499 y 26830:

“(...) Recientemente se pronunció la Sala sobre la validez de los acuerdos conciliatorios y más concretamente, con respecto a los celebrados por el BCH, en las mismas circunstancias que alega ahora el recurrente, en donde se dijo lo siguiente:

Así mismo, se tiene que en los ordenamientos legales que rigen en el país, para los trabajadores particulares y oficiales, se establece como modos de terminación de los contratos de trabajo el mutuo consentimiento, sin que en los mismos se consagre restricción alguna a esta facultad de las partes (CST, art. 61 y D. 2147/45, art. 47). Es evidente entonces que la decisión de poner fin a la relación laboral de mutuo consenso puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, no importando la causa que la motive puesto que la única exigencia de esa potestad de las partes es la relativa a que su consentimiento no esté viciado por el error, fuerza o dolo.

Es un axioma que la propuesta que hace una de las partes a la otra de poner fin al contrato de trabajo obedece normalmente a una manera pacífica y normal de terminarlo por mutuo acuerdo, siendo de usual ocurrencia que medie un ofrecimiento económico del empleador cuando la iniciativa es suya, como tuvo lugar este caso.

No demuestra, por tanto, la acusación que el sentenciador de segundo grado se haya equivocado al concluir que la conciliación que suscribieron las demandantes para finalizar su relación laboral con el banco no fuera libre y voluntaria, de manera que en estas condiciones no se da el supuesto de la disposición extralegal que contempla la pensión reclamada por las demandantes, para que se consolidara en cabeza de ellas tal derecho, esto es, el de haber sido retiradas por causas independientes a su voluntad, no obstante que observaron buena conducta. En estas condiciones no aparecen erradas las apreciaciones de la decisión recurrida en cuanto a que las accionantes solamente tuvieron una mera expectativa” (Sent. abr. 19/2005 Rad. 23292)”.

Visto lo anterior, tras el examen probatorio de las pruebas calificadas cuya valoración del ad quem reprueba la censura, la Sala considera razonable la conclusión a la que llegó el tribunal, por cuanto tales permiten darle plena validez a la conciliación, debido a que no se demostraron los yerros denunciados. Por tanto, la Corte está vedada para adentrarse en el estudio del testimonio propuesto.

Tercer cargo:

Acusa la sentencia impugnada, en la modalidad de interpretación errónea del artículo 553 del Código Civil, en relación con los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, artículos 467 a 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia y artículos 1501, 1502, 1508, 1513 al 1515, 1602, 1603, 1625-8 y 1740 al 1743, 1746 y 1747, además de los artículos 545, 549, 550 del Código Civil, en concordancia con los artículos 23, 55, 140, del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 51, 58 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991

Demostración del cargo

Por las razones ampliamente expresadas en los cargos precedentes, en relación con el actor señor Sabbagh Ferrando, dice la censura que hace referencia por separado a los protuberantes yerros que se le atribuyen al fallo cuestionado.

El principal yerro en que incurrió el ad quem, a juicio del recurrente, comprende lo consignado en el artículo 553 del Código Civil, cuye texto trascribe.

“Los actos y contratos del demente, posteriores al decreto de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido.

Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente”.

Considera que, de la simple lectura del texto legal transcrito, se extracta que están afectados de nulidad los actos o contratos que se celebren con posterioridad al decreto de interdicción, cobrando efectos jurídicos cuando se logra probar que quién ejecutó el acto o contrato estaba entonces demente.

Estima que, al margen del aspecto probatorio, es pertinente indicar que el actor señor Sabbagh Ferrando, para la fecha de suscripción del documento de conciliación que comprende el 19 de junio de 2001, estaba afectado en su capacidad mental, tal como, según él, se extracta de la sentencia del Juzgado Primero de Familia de Villavicencio-Meta, de fecha 25 de marzo de 2004.

Agrega que la sentencia recoge la Resolución 3566 mediante la cual se le concedió la pensión de invalidez al actor, por parte del ISS y la Resolución 424 del 14 de enero de 2005 (anexa con la presente impugnación) mediante la cual se registran todos los antecedentes para la interdicción originados desde el 23 de mayo de 1989, terminando con la realización de los pagos retroactivos y nombramiento de la guardadora mediante las sentencias judiciales erróneamente apreciadas.

Volviendo a la parte jurídica que es la que corresponde al cargo, dice el recurrente, debe tenerse por demostrado que el aparte final del artículo 553 del Código Civil, fue interpretado erróneamente por el tribunal al momento de concluir sobre la improsperidad de la nulidad del acto o acuerdo, que de haberlo interpretado literalmente a la conclusión que habría llegado, no podría ser otra que la de declarar nulo el acto por encajar perfectamente en dicho aparte del artículo citado.

Alude a que, para el momento en que se tomó la determinación de la empresa en la suscripción del acto o acuerdo, se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 553 del Código Civil en su a aparte final, lo que, en su criterio, genera necesariamente la obligatoriedad para el empleador de restituir las cosas a su estado inicial, es decir, a las que estaban vigentes al 19 de junio de 2001.

Agrega que por principio se violaron igualmente los artículos 20 y 78 del Código Procesal laboral en cuanto a procedimiento y libre manifestación de la voluntad que debe cobijar este tipo de actos, que se vieron afectados como consecuencia de la aplicación errónea del artículo 553 del Código Civil, en el que se comprende que demostrada la demencia (viene desde el 23 de mayo de 1989), su invalidez se hace inevitable.

De tal manera, concluye, que al haberse comprobado en forma fehaciente la inteligencia equivocada que le dio el sentenciador al texto legal acusado relacionado con las demás disposiciones, en instancia, esta Sala deberá revocar la absolución proferida por el juzgador de primer grado y, en su lugar, declarar la nulidad de la conciliación suscrita el 19 de junio de 2001 entre la empresa y el señor Sabbagh Ferrando, y acceder a las pretensiones formuladas con la demanda.

Cuarto cargo:

En este cargo, acusa la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 553 del Código Civil, en relación con los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, artículos 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia y artículos 1501, 1502, 1508, 1513, 1514, 1515, 1602, 1603, 1625-8 y 1740, 1741, 1742, 1743, 1746, 1747 además de los artículos 545, 549, 550 del Código Civil, en concordancia con los artículos 23, 55, 140, del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 51, 58 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

Demostración del cargo

Afirma el censor que, por no haberse demostrado que la fecha de las sentencias que decretaron la interdicción del señor Sabbagh Ferrando (2004) fueron anteriores al 19 de junio de 2001, cuando se suscribió la conciliación entre las partes, el tribunal confirmó la sentencia de primer grado que declaró probada la excepción de cosa Juzgada propuesta por la demandada.

Sostiene que, cuando el tribunal concluyó que la sentencia de interdicción (2004) es posterior a la fecha de suscripción de la conciliación (2001), aplicó en forma indebida la norma principal acusada, artículo 553 del Código Civil en su parte final, por cuanto ella regula el caso controvertido, o en otras palabras, como lo ha expresado la ilustre corporación con anterioridad, en donde precisa que todo acto o contrato celebrado con persona que antes de la interdicción estuviere demente, es limitante para que produzca efectos jurídicos.

Quinto cargo:

Por último, el recurrente acusa la sentencia por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 553 del Código Civil, en relación con los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, artículos 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia y artículos 1501, 1502, 1508, 1513 al 1515, 1602, 1603, 1625-8 y 1740 a 1743, 1746 y 1747, además de los artículos 545, 549, 550 del Código Civil, en concordancia con los artículos 23, 55, 140 de Código Sustantivo del Trabajo y artículos 51, 58 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.

Demostración del cargo

Sostiene que para el operador judicial la norma para resolver el caso del señor Sabbagh Ferrando no fue otra distinta que el artículo 553 del Código Civil.

Que dicho articulado comprende dos (2) eventos: el primero que guarda relación con la nulidad de actos o acuerdos celebrados con personas interdictas; y el segundo evento consignado en el aparte final de la norma principal invocada con infringida, el cual estima aplicable a los casos de celebración de actos o acuerdos sin previa interdicción, pero que se llegare a probar que el suscriptor al momento de la ejecución se encontraba en estado de demencia, es decir, para casos en que se decreta la interdicción con posterioridad al acto o acuerdo, pero que trae implícito todos los antecedentes que condujeron a su declaratoria y nombramiento de guardador.

En otras palabras, añade el recurrente, el tribunal no aplicó la ley que corresponde al caso que tiene especial sustento jurídico en los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, que disponen sobre los requisitos para la celebración de este tipo de actos o acuerdos, que dadas las circunstancias especiales del actor, desdicen que haya producido efectos jurídicos.

Manifiesta que es incuestionable que la disposición legal acusada es la aplicable para el caso, en el entendido, que esta corresponde con la nulidad de actos o acuerdos celebrados con persona declarada interdicta, mediante una sentencia judicial como conclusión definitiva de todos los antecedentes probatorios que conllevaron a su declaratoria. Que el ad quem no ha debido dejar de aplicar el artículo principal invocado que regula sobre el caso y guarda total congruencia con las pretensiones y sustento fáctico, que lo llevó al dislate jurídico que se le atribuye al fallo.

Réplica:

Al igual que lo hizo frente a los dos cargos anteriores, el antagonista del recurso se opone a la prosperidad de estos cargos, tanto por razones de deficiencias de técnica de la demanda como por considerar que el ad quem se ciñó al texto del artículo 553 del Código Civil.

VII. Consideraciones:

En síntesis, de la farragosa sustentación de los cargos se desprende que el recurrente se duele de que el ad quem no le hubiese restado validez a la conciliación, pese a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 553 del Código Civil, para el caso de los interdictos.

Dice el artículo 553(5) del Código Civil lo siguiente:

ART. 553.—Los actos y contratos del demente(6), posteriores al decreto de interdicción, serán nulos; aunque se alegue haberse ejecutado o celebrado en un intervalo lúcido.

Y por el contrario, los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos; a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente.

Con la sola lectura del texto precitado, esta Sala arriba a la conclusión de que el ad quem no se equivocó en el alcance dado a dicha disposición, según la cual, una vez se declara la interdicción, los actos y contratos celebrados por el afectado son nulos; en cambio, antes de tal declaratoria, se requiere de prueba del estado de discapacidad mental para efectos de declarar la nulidad.

Dejando al margen el análisis que si la interdicción judicial fue un medio no planteado en la demanda, el tribunal, al encontrar probado que la interdicción del señor Sabbagh fue declarada mediante sentencia de junio de 2004, tres años después de la celebración de la conciliación (acto en el cual las partes acordaron poner punto final al contrato de trabajo de mutuo acuerdo), esto es el 19 de junio de 2001, no le quedaba otra alternativa sino la de determinar que para la época de los hechos el actor era capaz.

Como quedó atrás expuesto, al resolver los cargos formulados por la vía indirecta sobre el mismo tema, en la apelación se alegó la interdicción del actor, para el momento de la celebración de la conciliación, con base en la sentencias de los jueces competentes para tal efecto; luego, hizo bien el juez colegiado al atenerse a lo dispuesto en el primer inciso del artículo en comento y negarle la razón al apelante, una vez constató que el decreto de interdicción fue posterior a la conciliación, sin entrar a examinar si había prueba o no sobre que, con anterioridad al estatus de incapaz declarado judicialmente, el actor ya presentaba discapacidad mental, más exactamente para el momento de la celebración de la conciliación, pues este supuesto no había sido afirmado antes por el actor; tan solo se había dicho que padecía de enfermedad mental, pero esto no es igual a ser discapacitado mental; lo cual, sea oportuno precisar, no era suficiente plantearlo siquiera tangencialmente; ameritaba una sustentación expresa en forma oportuna, susceptible de contradicción, máxime que no era de suponer tal situación por el juez, ni por la contraparte, en razón a la situación indiscutible del sub lite de que el actor laboró normalmente hasta el día de la conciliación.

Para ahondar en más consideraciones, al no haberse encontrado fundado el yerro fáctico sobre la prueba de la discapacidad mental del actor para el momento de la celebración de la conciliación, de acuerdo con la atrás dicho, a la Sala no le queda duda sobre la ausencia de presupuesto para aplicar el inciso segundo del artículo 553 del Código Civil. De tal suerte que tampoco acierta la censura en estos reparos.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Dado que hubo réplica, las costas se impondrán al recurrente, quien deberá pagar la suma de $3.000.000 por concepto de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de junio de 2009, dentro del proceso ordinario laboral que Gonzalo Alvarado Rodríguez y otros ocho demandantes promovieron contra Bavaria S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia del 12 de mayo de 1953. G.J. LXXV, pág. 78.

(2) Sentencia 8415 de 21 de junio de 1982. Sala de Casación Laboral.

(3) Ibídem.

(4) Sentencia 40003 de 2011.

(5) Artículo derogado por el artículo119 de la Ley 1306 de 2009, publicada en el Diario Oficial 47.371 de 5 de junio de 2009.

(6) ART. 2º—Los sujetos con discapacidad mental. Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio.

La incapacidad jurídica de las personas con discapacidad mental será correlativa a su afectación, sin perjuicio de la seguridad negocial y el derecho de los terceros que obren de buena fe.

PAR.—El término “demente” que aparece actualmente en las demás leyes, se entenderá sustituido por “persona con discapacidad mental” y en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley en lo pertinente. Ley 1309 de 2009.