Sentencia SL5619-2016 de abril 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL5619-2016

Rad.: 47907

Acta 14

Bogotá D.C., veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

Magistrado Ponente:

Dr. Gerardo Botero Zuluaga

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Catalino Martínez Vergara, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 17 de junio de 2010, en el proceso ordinario laboral instaurado por el recurrente contra la sociedad Construcciones e Inversiones Beta Limitada - Consinbe Ltda.

En cuanto al memorial poder que obra a folios 31 y 32 del cuaderno de la Corte, el Despacho se abstiene de reconocerle personería a Fredy Jiménez Cera, para actuar como apoderado del demandante, por cuanto no aparece suscrito por éste en señal de aceptación del mandato, como tampoco ha acreditado su condición de abogado.

I. Antecedentes

El citado accionante demandó en proceso laboral a Construcciones e Inversiones Beta Ltda. Consinbe Ltda., procurando el pago a su favor y de su familia, de la indemnización ordinaria plena de perjuicios derivada del accidente de trabajo sufrido, que valora en la suma de “quinientos quince millones de pesos”; la indexación y las costas.

Como fundamento de sus peticiones, en lo que interesa al recurso, dijo que desde hace 13 años se encuentra trabajando para la sociedad demandada, en el cargo de oficios varios; que en desarrollo de su actividad laboral el 29 de octubre de 2005, en las instalaciones de la empresa, sufrió un accidente de trabajo aproximadamente a las 11:30 de la mañana, cuando una máquina compactadora que se estaba reparando al probarla y tratarla de apagar, no le respondió al mecánico y le quedó “el cambio adentro y no la podían detener”, que al ver esto salió corriendo a buscar una “cuña” para frenarla, pero al colocarla al compactador tropezó el “aparejo (burro)” y le cayó la máquina encima; que esos hechos quedaron consignados en los testimonios de Franklin Leal y Juan Pablo Están, según el acta extraordinaria del copaso número 2005-024, en la que se indica que el accidente se debió a “su afán de colaboración ya que él al ver lo que estaba sucediendo no analizó el riesgo que esto le podría ocasionar a su integridad física, solo pensó en la manera de detener la máquina para que no le ocasionara daños materiales a la empresa”; que fue movido y trasladado del lugar del accidente a la clínica del Prado para su atención médica, en un vehículo de la compañía, “sin ningún cuidado ni atención especial”, como la que hubiera brindado una brigada de seguridad o de primeros auxilios o un grupo de personas capacitadas para actuar en este tipo de riesgos profesionales, conforme lo establece el art. 348 del CST modificado por el art. 10 Dcto. 13 de 1967 y los arts. 2º y 10 num. 1, 2, 3, 7, 9 y 10 de la Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción; y que para el momento del accidente se encontraba con sus compañeros de trabajo Bladimir Taborda y Samuel Beleño.

Continuó diciendo, que por la gravedad de las lesiones múltiples en su integridad física a nivel de la columna vertebral, fue sometido a tratamientos médicos quirúrgicos, terapias físicas y sicológicas a las cuales sigue asistiendo; que como consecuencia del infortunio, quedó “postrado a una silla de ruedas” e inhabilitado de por vida para trabajar; que la junta de calificación regional de invalidez del Atlántico le determinó una pérdida de capacidad laboral del 78.85%, y por ello el 16 de julio de 2006 le fue reconocida una pensión de invalidez por parte de la ARP Seguros Bolívar, en cuantía equivalente al salario mínimo; que la falta de seguridad de la empresa respecto del compactador y la deficiencia de ese equipo, fue lo que ocasionó el accidente “debido a que este fue dejado en neutro, lo que activó el circuito ocasionando la caída del “burro” que el compactador sostenía produciendo aplastamiento en su mayor parte del cuerpo”; que su compañera Denis María Polo Pacheco y sus hijas María Camila y Luisa Fernanda, han padecido angustia y dolor por el accidente de su compañero y padre, ya que a sus 31 años de edad no podrá valerse por sí mismo, deberá hacer uso de sonda vesical y sondas, pues padece “paraplejia flácida”, que le impide la movilidad y tener relaciones sexuales, todo lo cual le está afectado sicológicamente porque “ya no puede cargar a sus dos menores hijas”, situación que lo ha llevado a disminuir su integración social.

La convocada al proceso contestó la demanda y se opuso a las pretensiones impetradas en su contra. En relación a los hechos, admitió que al demandante se le traslado a la clínica en un carro de la compañía para la prestación de los servicios médicos asistenciales y quirúrgicos, terapias físicas y psicológicas, que el actor quedó postrado en una silla de ruedas por las lesiones sufridas en la columna vertebral, que se le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 78.85%, y que al momento del accidente se encontraba en compañía de Bladimir Taborda y Samuel Beleño, respecto de los demás supuestos fácticos dijo que no eran ciertos. Formuló las excepciones previas de prescripción e inepta demanda, que fueron decididas en la audiencia de conciliación, saneamiento, fijación del litigio y primera de trámite, las cuales se declararon no probadas (fls. 277 y 278); y de fondo las que denominó inexistencia de obligaciones, buena fe, cobro de lo no debido y prescripción.

En su defensa sostuvo, que para la fecha del suceso, la máquina compactadora recibía mantenimiento mecánico, de donde se infiere que sí se daban las garantías de seguridad industrial a los elementos de trabajo para ser manejados por sus trabajadores; que la empresa “no es la directa responsable del precitado insuceso”, al ser ajena a ese repentino hecho, ya que el demandante no estaba de ayudante del mecánico, ni le estaban asignadas funciones de mantenimiento, sino que “se encontraba en otras actividades, pero en su procura de ayudar en la detención de aquella compactadora con una cuña, igualmente dicha máquina tropezaba el “burro” y éste le cae encima, luego surge otro caso fortuito también ajeno a la empresa, al mecánico e incluso a los ayudantes que realizaban esos mantenimientos de la compactadora”; que el accionante tuvo fue un gesto de colaboración que no está relacionado con una supuesta irresponsabilidad o falta de seguridad industrial; que la empresa “no podía mostrarse indolente ante un percance de tal magnitud” y por ello hizo uso de un transporte propio y de su conductor Carlos Pozo, a quien se le sumó la secretaria de la compañía Maribel Bolaño, para brindarle al promotor del proceso de manera oportuna e inmediata atención asistencial; que al trabajador en mención sus riesgos profesionales le fueron garantizados y el accidente que se presentó obedeció a circunstancias totalmente extrañas a su empleador, como “la propia o poca imprudencia ejecutada” por el accionante, al no precaver la existencia del “burro” y de las condiciones en que se encontraba la máquina en mantenimiento; y que en conclusión el actor “no previó las condiciones de fuerza que tiene la compactadora y sobre todo de ese “burro” que tropieza y es el que le cae encima”.

II. Sentencia de primera instancia

El juzgado segundo laboral del circuito de Barranquilla, profirió sentencia el 29 de septiembre de 2009 (fls. 338 a 349 del cuaderno principal), en la que condenó a la demandada a pagar la suma de $ 150.000.000,oo, por concepto de indemnización plena de perjuicios y las costas.

Al efecto, el a quo estimó que por el hecho de que el demandante haya reaccionado “tratando de ayudar o impedir un daño mayor con su actuación de solidaridad al tratar de detener el vehículo pesado que se deslizaba sin conductor colocándole una tranca, …no releva al empleador de su culpa patronal al ordenar mantenimiento de una maquinaria pesada, sin haberlo inmovilizado previamente para evitar precisamente en el mismo lugar donde se desarrollaba la actividad de construcción y en la cual operaban varios obreros, riesgos innecesarios en los cuales atentara contra su seguridad como sucedió con el deslizamiento incontrolable de la máquina pesada que en forma inadecuada estaba siendo reparada en el sitio de trabajo, tal como lo conceptuó la ARP Seguros Bolívar a (sic) realizar la visita en la investigación del suceso”, lo que genera el pago de la indemnización de perjuicios.

III. Sentencia de segunda instancia

Inconformes con la decisión de primer grado, ambas partes impugnaron, y el tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, profirió sentencia el 17 de junio de 2010 (fls. 401 a 416 del c. ppal.), por medio de la cual revocó en su integridad el fallo de primer grado y, en su lugar, absolvió a la empresa demandada del pago de la indemnización plena de perjuicios y condenó en costas a la parte actora.

Para arribar a tal decisión, el ad quem trajo a colación lo establecido en el art. 216 del C.S.T., que consagra, que para declarar la existencia de la culpa patronal del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo, la misma debe estar suficientemente comprobada, y de ser así surge el pago de la respectiva indemnización total y ordinaria por perjuicios. Del mismo modo, se refirió a lo adoctrinado en sentencias de la CSJ SL, 10 de abril de 1975, 29 nov. 1982 y 6 sep. 1990 sin citar radicación, para resaltar que en estos casos al trabajador es a quien le corresponde demostrar la culpa del patrono, pues no basta con probar la sola ocurrencia del accidente, y éste estará exento de responsabilidad si acredita que tuvo la diligencia y cuidado requeridos.

También rememoró lo dicho en sentencias de la CSJ SL, 30 de marzo de 2000, rad. 13212, con el objeto de destacar que “cuando en el accidente de un trabajador existe culpa de un compañero de trabajo, de esa sola circunstancia no puede deducirse de manera forzosa la responsabilidad laboral del empleador, puesto que ella existirá sólo en la medida en que logre establecerse suficientemente su culpa, por incurrir en incumplimiento de sus obligaciones de seguridad y protección, violación de las normas de salud ocupacional, deficiencias en la escogencia, vigilancia o capacitación de sus dependientes o por cualquier otra circunstancia de la que resulte comprobado suficientemente que el accidente de trabajo ocurrió por “culpa del patrono”; y 3 de mayo de 2006 rad. 26126, referente a la naturaleza subjetiva de la responsabilidad que da lugar a la indemnización ordinaria y total de perjuicios, de modo que, su establecimiento amerita “además de la demostración del daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad que, según lo señalado por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo general le corresponden”, y que la prueba de la culpa es el incumplimiento de la obligación que la ley le impone al empleador de ofrecerle al trabajador medidas de seguridad, ya que no se trata de la culpa de un tercero que le produce un daño a otro tercero, sino que corresponde es a la culpa de un contratante dentro de la ejecución del contrato de trabajo y que le causa un perjuicio al otro contratante, subrayó que “esa responsabilidad del patrono se deriva necesariamente de su incumplimiento de las obligaciones de darles protección y seguridad a los trabajadores y de suministrarles locales higiénicos y adecuados para la prestación del servicio y elementos indispensables para precaver accidentes o enfermedades profesionales”.

A reglón seguido indicó, que en el sub lite está plenamente comprobado el accidente de trabajo sufrido por el actor el 29 de octubre de 2005, en las instalaciones de la demandada, en la cual se desempeñó en el cargo de oficios varios - taller (fls. 12 a 16 y 45); que en el informe de dicho accidente se observa la siguiente descripción “el compactador tenía el cambio adentro no lo podían detener el señor Catalino trató de detenerlo con una cuña cuando se le iba a colocar al compactador tropezó el aparejo y este le cayó encima” (fl. 12); por su parte, que el acta de investigación y análisis de accidentes e incidentes de la ARP Seguros Bolívar, a la cual estaba afiliado el accionante, describió el infortunio en los siguientes términos “al momento de la investigación del accidente y al hacer la visita al taller el jefe de mantenimiento Franklin Leal informa que la máquina fue retirada del sitio, se identifica el compactador Raygo el cual continua en mantenimiento, el soporte de la diferencial y el distribuidor de combustible en el momento de estar realizando labores de aseo en el patio, el señor Catalino Martínez se percata que el compactador se rueda arrastrando el soporte de la diferencial, esta toma una piedra y se dirige al compactador para intentar pararlo, cayéndole el soporte de la diferencial sobre el cuerpo” y señala como causas básicas del accidente “reacción inadecuada. Otros - acción incorrecta de colaboración” (fls. 13-14). Luego se refirió al contenido del acta extraordinaria de copaso número 2005-024 del comité paritario de salud ocupacional, específicamente en lo que atañe a las versiones que allí aparecen de Franklin Leal y Juan Pablo Stand, quienes presenciaron el accidente y dan fe que la labor cotidiana del actor era barrer las instalaciones del taller y que por ayudar al mecánico a detener el compactador que se quedó sin control, tropezó y la máquina le cayó encima (fl. 16); así mismo aludió al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, que afirmó que desconoce cómo se presentó el infortunio y aclaró que la dotación de botas o uniforme del demandante era para cumplir funciones de limpieza, que consistía en barrer los patios del taller y limpiar vidrios, pues él no tenía ningún puesto asignado como operador de maquinaria, compactador, ni mecánico de la empresa (fls. 327 a 329).

Arguyó que las pruebas reseñadas que son concordantes, demuestran que el accidente de trabajo acaecido al actor, que cumplía era labores de aseo en el taller como empleado de oficios varios, ocurrió por su propia voluntad al colaborarle al mecánico que realizaba reparaciones en el compactador y evitarle un daño a los bienes de la empresa, sin que él previera el riesgo que se podía presentar al intentar detener dicho compactador y tropezar con el aparejo cayéndole sobre su cuerpo. Que igualmente tales probanzas acreditan que la máquina se desplazó sin control en razón a que el mecánico cuando ejecutaba las aludidas reparaciones, decidió probar el funcionamiento de ese equipo encendiéndolo sin que posteriormente se pudiera detener.

Manifestó que en el expediente no obran elementos de juicio que prueben que el accidente sufrido por el promotor del proceso, tuvo ocurrencia por culpa atribuible exclusivamente al empleador, ya sea por incurrir en algún incumplimiento de sus obligaciones de seguridad y protección, con violación de normas de salud ocupacional, o por deficiencias en la escogencia, vigilancia o capacitación de sus dependientes, “esto es, que haya actuado con negligencia, imprudencia, impericia o por cualquier otra circunstancia de la que resulte comprobada suficientemente que el accidente de trabajo ocurrió por su culpa”.

Por último, puso de presente que la misma parte actora en su demanda narró que “…el accidente es ocasionado por su afán de colaboración ya que al ver lo que estaba sucediendo no analizó el riesgo que esto le podía ocasionar a su integridad física, solo pensó en la manera de detener la máquina para que no le ocasionara daños materiales a la empresa” (fl. 2), y por lo tanto el accidente “no fue por culpa de su empleador, pues nótese que evidentemente el compactador si se hallaba inmovilizado y es el mecánico el que encendió el vehículo para probar su funcionamiento como parte del trabajo de mantenimiento, luego la posible imprudencia en que pudo haber incurrido el mecánico de la empresa demandada no es por sí sola una circunstancia que implique la responsabilidad del empleador, más aún cuando el accidente ocurre por la voluntad de ayudar del actor desprovista de toda prevención frente al peligro”, lo que impone absolver a la sociedad demanda y revocar la decisión del juez de primer grado, quedando así desatado el recurso de alzada de la accionada.

Añadió en cuanto al recurso de apelación del demandante, con el cual se pretende obtener un monto superior a la condena impartida por el a quo, que por las resultas de la alzada se hace innecesario su estudio.

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente, la sentencia del tribunal y, en sede de instancia, revoque el fallo del a quo, para en su lugar, condenar a la empresa demandada al reconocimiento y pago de la indemnización plena de perjuicios, en cuantía de $ 515.000.000,oo, solicitada en la demanda inicial. En subsidio, que se confirme la decisión de primer grado y se provea en costas como corresponda.

Con tal propósito y por la causal primera de casación laboral, formuló tres cargos que fueron replicados, los cuales si bien están dirigidos por distinta vía, se estudiarán conjuntamente, como quiera que denuncian similar conjunto normativo, contienen una sustentación que se complementa, persiguen igual cometido y la solución para todos es la misma.

VI. Primer cargo

Acusó la sentencia recurrida de violar por la vía directa, en el concepto de infracción directa, los arts. 56 y 57 num. 1º y 2º, 58 num. 6º, 199, 216, 348 y 349 del CST, en relación con los arts. 1.2, 25, 56, 53 y 228 de la C.N., 1604, 1613 y 1757 del Código Civil; 58, 60, 61 y 145 del CPT y SS, arts. 174, 175, 177, 187, 268, 276 y 279 del CPC, y el D. 1295/1994.

Para la sustentación del cargo, comenzó por advertir, que no es objeto de discusión que el demandante sufrió un accidente de trabajo en las instalaciones de la demandada el 29 de octubre de 2005, mientras desarrollaba su labor de oficios varios que desempeñó por espacio de 13 años. Que lo que se controvierte en casación es la culpa patronal de la empleadora demandada.

Reprodujo el texto de los arts. 56 y 57, num. 1º y 2º del CST, relativos a las obligaciones de las partes a nivel general y las obligaciones especiales del empleador, entre ellas el poner a disposición del trabajador protección contra accidentes laborales a fin de garantizarle la seguridad y su salud, para con ello sostener, que tales disposiciones fueron desconocidas por el tribunal, que condujo a que no considerara que la “culpa” existe cuando la empresa no prevé los efectos nocivos de sus actos o aun previéndolos confía imprudentemente en poder evitarlos, lo que comporta “la previsión de lo previsible”.

Arguyó que el ad quem, tampoco tuvo en cuenta el deber de solidaridad que le impone la ley al trabajador, que aparece consagrado en el art. 58 num. 6º, consistente en prestar la colaboración posible en casos de siniestro o riesgo inminente que afecte o amenace a las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Es por esto, que no es factible inferir que si el trabajador actúa de esta manera, se le pretenda endilgar la causa del insuceso, y por el contrario resulta clara la culpa del empleador que no prevé los riesgos que se podían ocasionar, al permitir efectuar trabajos en un sitio que no contaba con medidas de seguridad para tal fin.

Señaló que en los términos del art. 216 del CST, el tribunal debió condenar a la empresa al pago de la indemnización reclamada, pues no hay eximente de responsabilidad que impida el hecho dañoso, o de haber tomado las cautelas o precauciones para evitar que la maquinaria pesada que estaba siendo reparada en las instalaciones de la compañía se quedara sin control, lo que “demuestra la desprotección en la que se encontraban los trabajadores, y no es prueba de seguridad ni de cumplimiento del deber legal el argumento de que las áreas del taller se encontraban demarcadas ya que eso no significa protección, por lo que el tribunal se equivocó al considerar que el accidente acaecido fue por culpa del trabajador”.

Citó el art. 348 del CST e insiste en la obligación del empleador de garantizar el suministro de locales y equipos en condiciones que garanticen la seguridad de los trabajadores. También invocó los arts. 1604 y 1757 del CC, que en su decir no fueron tenidos en cuenta por el fallador de alzada.

VII. Segundo cargo

Atacó la sentencia del ad quem de violar por vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, el artículo 216 del CST, en relación con los arts. 1.2, 25, 53, 56 y 228 de la C.N.; 1604, 1613 y 1757 del Código Civil, 58, 60, 61 y 145 del CPT y SS, 174, 175, 177, 187, 268, 276 y 279 del CPC.

Para la demostración del ataque, sostuvo que por ser lo controvertido en casación, la culpa patronal ante el incumplimiento de la accionada en el cuidado ordinario o mediano que debió desplegar en sus instalaciones, así como el deber de protección y de seguridad para evitar accidentes como el sufrido por el trabajador demandante, se solicita la indemnización ordinaria de perjuicios que consagra el art. 216 del CST, precepto que “el fallador no aplica en debida forma”, ya que esa falta de diligencia y cuidado en una relación subordinada de trabajo, genera “culpa grave” que debe ser calificada por el juez de trabajo, y si el empleador pretende cesar su responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla conforme a los arts. 1757 y 1604 del C.C.

Trajo a colación lo dicho al respecto en sentencias de la CSJ SL, 4 de febrero de 2003 rad. 19357, 16 de marzo de 2005 rad. 23489 y SL, 24 de septiembre de 1992, 30 de junio de 2005 y 3 de junio de 2009 sin citar radicados, para lo cual transcribió algunos de sus apartes, destacando en la última de las mencionadas lo referente al “acto propio del accidentado”, que de presentarse no afecta la calificación de accidente de trabajo, como tampoco de darse la imprudencia profesional del trabajador accidentado, no neutraliza los efectos de la responsabilidad que le cabe a la empleadora.

Agregó, que en la sentencia de la CSJ, 10 de marzo de 2004, rad. 21498, se precisó el anterior criterio, para señalar que si bien no hay responsabilidad del empleador cuando el accidente ocurre por culpa atribuible exclusivamente al trabajador accidentado, sí se configura “cuando en tal infortunio concurra la culpa de los dos sujetos de la relación de trabajo, dado que no es posible que la responsabilidad laboral del empleador desaparezca por la compensación de las faltas cometidas por las partes”.

VIII. Tercer cargo

La censura acusó la sentencia del ad quem de violar por vía indirecta los arts. 56, 57 num. 1º y 2º, 199, 216, 348 y 349 del CST, en relación con los arts. 1.2, 25, 56, 53 y 228 de la CP, arts. 1604, 1613 y 1757 del C.C., 58, 60, 61 y 145 del CPT y SS, arts. 174, 175, 177, 187, 268, 276 y 279 del CPC.

Expuso que la anterior violación de la ley, se produjo por haber incurrido el tribunal en cuatro (4) errores de hecho, que se resumen en no dar por demostrado, estándolo, la existencia de la culpa patronal en el accidente sufrido por el actor en las instalaciones de la demandada, por falta de diligencia y de cuidado ante la ausencia de medidas de protección en el sitio de trabajo, lo cual genera el pago de la indemnización ordinaria plena de perjuicios del art. 216 del C.S.T., y por ende, el tribunal se equivocó al tener por acreditado que no hubo tal culpa u omisión de la empresa sino que la ocurrencia del infortunio fue por imprudencia del trabajador.

Dijo que dichos yerros fácticos tuvieron ocurrencia como consecuencia de la “inobservancia” de las pruebas documentales que atañen al reporte de accidente de trabajo (fl. 12), el informe de investigación y análisis del accidente por parte de la ARP (fls. 13, 14 y 15), y el acta extraordinaria copaso número

2005-024 (fl. 16), así como el interrogatorio de parte practicado a la representante legal de la demandada (fls. 327 a 329).

En el desarrollo del cargo, expresó que las pruebas denunciadas que no fueron debidamente observadas, muestran que “el accidente laboral acaecido en la empresa demandada y que causó daños y perjuicios en la integridad física al señor Catalino quien estaba al servicio de la empresa accionada”, que el día de los acontecimientos el actor en ejercicio de su labor, al percatarse que el compactador que estaba haciendo arreglado por el mecánico, no fue dejado en neutro y se deslizó sin control por el patio de la empresa, reaccionó tratando de impedir un daño mayor colocando una cuña para detenerlo, con el infortunio del desprendimiento del burro o aparejo que sostenía el vehículo pesado, lo cual le causó graves secuelas en su humanidad, situación “que da cuenta de la manera inadecuada en la que se arreglaba la maquinaria pesada en el patio de la entidad demandada … lugar inapropiado para dicha labor”.

Aseveró que además el tribunal “no observó lo manifestado por la ARP Seguros Bolívar en el Informe de Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes suscrito por el señor Pedro Rodríguez realizado en las instalaciones de la demandada, por cuanto este señala claramente como causas inmediatas del accidente ocurrido 1. omitir bloquear equipos contra movimientos inesperados y 2. No confirmar que el equipo se encontraba en neutro”.

Repitió lo manifestado en los cargos anteriores frente a los arts. 56, 57 y 216 del C.S.T.

IX. La réplica

El opositor solicitó desestimar los tres cargos, por cuanto frente al primero, por el contrario de lo sostenido por el recurrente, el tribunal aplicó las normas que integran la proposición jurídica, en especial el art. 216 del C.S.T. en que se funda la pretensión incoada, y en tales condiciones no se presenta la infracción directa de la ley sustancial; que en relación al segundo, la censura no explicó en que consiste la interpretación errónea que le atribuye a la sentencia impugnada; y respecto del tercero, las pruebas que se acusan como dejadas de apreciar, sí fueron valoradas por el fallador de alzada, y fueron precisamente las que le sirven de soporte a la decisión.

X. Consideraciones

Los tres cargos en esencia, están encaminados a demostrar que el tribunal erró al considerar que el accidente de trabajo que sufrió el demandante, el 29 de octubre de 2005 en las instalaciones de la demandada, no tuvo ocurrencia por culpa atribuible exclusivamente al empleador. Los dos primeros, por la vía directa, porque no aplicó los arts. 56, 57 num. 1º y 2º, 58 num. 6º y 348 del C.S. del T., en relación con las obligaciones de protección y de seguridad que le incumben al empleador para con sus trabajadores, y la de procurar los locales apropiados o elementos adecuados de protección para garantizar la seguridad como la salud, ya que la falta de diligencia y cuidado en una relación subordinada de trabajo genera “culpa grave” del empleador, dando lugar al reconocimiento y pago de la indemnización total u ordinaria de perjuicios prevista en el art. 216 ibídem; y el tercero por la senda indirecta, porque habría inobservado las pruebas, que en decir del recurrente, acreditan cómo sucedió el infortunio, y también la manera inadecuada en que se arreglaba la maquinaria pesada en el patio de la empresa, que era un lugar no apropiado para esa clase de labor, lo cual causó el insuceso.

Planteadas así las cosas, desde el punto de vista jurídico, la decisión impugnada con respaldo en pronunciamientos jurisprudenciales, estuvo fundada en las siguientes premisas: (i) Que en los términos del art. 216 del C.S.T., la culpa del empleador en un accidente de trabajo debe estar suficientemente comprobada; (ii) Que para el reconocimiento y pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios, no basta con probar la ocurrencia del accidente, sino que el trabajador debe demostrar la culpa patronal y éste quedará exento de responsabilidad si acredita que tuvo la diligencia y cuidado requeridos; (iii) Que cuando en el accidente se presenta culpa de un compañero de trabajo, de esa única circunstancia no puede deducirse de manera forzada la responsabilidad del empleador, pues aquella existirá en la medida que se logre establecer con suficiencia su culpa, por incurrir en incumplimiento de sus obligaciones de seguridad y protección, violación de normas de salud ocupacional, deficiencias en la escogencia, vigilancia o capacitación de sus dependientes o por cualquier otra circunstancia de la que resulte comprobado la mencionada culpa patronal; y (iv) Que además del daño a la integridad o a la salud del trabajador, debe estar debidamente establecido el incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad, como quiera que la ley le impone ofrecerle al empleado medidas de seguridad y suministrarle locales higiénicos y adecuados para la prestación del servicio y elementos necesarios para precaver accidentes.

Y desde la órbita de lo fáctico, para el tribunal: 1º) el demandante el día del infortunio se encontraba cumpliendo labores de aseo en el taller como empleado de oficios varios; 2º) el accidente de trabajo tuvo ocurrencia cuando el actor por voluntad propia, decidió colaborarle al mecánico que realizaba reparaciones a un compactador que se quedó sin control al momento de probar su funcionamiento, y con ello evitar un daño a los bienes de la empresa, sin prever el riesgo que se podía presentar al intentar detenerlo y tropezar cayéndole encima la máquina; 3º) Que el compactador se hallaba inmovilizado y es el mecánico el que enciende el vehículo para probarlo, esto como parte de la labor de mantenimiento, imprudencia del compañero de trabajo que por sí sola no implica responsabilidad del empleador, más aún cuando lo que aconteció tuvo origen en la voluntad de ayudar del accionante desprovista de toda prevención contra el peligro; y 4º) Que no obran elementos de juicio que demuestren el incumplimiento del empleador demandando, en sus obligaciones de seguridad y protección, o la violación de normas de salud ocupacional, ni deficiencias en la escogencia, vigilancia y capacitación de sus dependientes, o que el patrono haya actuado con negligencia o impericia.

Pues bien, en relación con los medios de convicción denunciados, aun cuando la censura afirmó que fueron “inobservados”, mirando en su contexto la acusación, queda al descubierto que aquello que se quiso decir fue que no se observaron debidamente. Al abordar su estudio, se pone de presente que corresponden al reporte de accidente de trabajo (fl. 12), el informe de investigación y análisis del accidente por parte de la ARP (fls. 13 a 15), el interrogatorio de parte absuelvo por la demandada (fls. 327 a 329), y el acta extraordinaria de copaso número 2005-024 (fl. 16), pruebas que a primera vista muestran exactamente lo que estableció el tribunal, en relación con la descripción del accidente que se produjo el día 29 de octubre de 2005, encontrándose el demandante en las instalaciones de la compañía cumpliendo labores cotidianas de aseo en el patio, lugar en el que permanecía un compactador en reparación, y el mecánico encargado del mantenimiento lo encendió para probar su funcionamiento, luego al tratar de apagar el vehículo no le respondió porque el cambio quedó adentro, de lo cual al percatarse el demandante, reaccionó y trató de colaborar para detenerlo colocándole una cuña, pero tropezó y le cayó encima causándole daños en su integridad física.

Pero sucede, que si se aprecian tales probanzas con más detenimiento, en especial el acta de investigación y análisis de accidentes de trabajo e incidentes de la A.R.P Seguros Bolívar, se observa que el ad quem en lo atinente a las conclusiones de la citada investigación, las miró fraccionadamente, pues se limitó a señalar las “causas básicas” referidas al trabajador demandante, o sea la “reacción inadecuada” y la “acción incorrecta de colaboración”; dejando de lado, la descripción de las denominadas “causas inmediatas” que aluden a la acción ejercida por el mecánico de la empresa, que son: 1º “Omitir bloquear equipos contra movimientos inesperados” y 2º “No confirmar que el equipo se encontraba en neutro”; así mismo, pasó por alto las recomendaciones de la ARP que tienen que ver con “medidas propuestas para intervenir las causas del accidente” que se contraen a la “fuente” para que al realizar dicha actividad de mantenimiento se proceda a “bloquear equipos que se encuentren en mantenimiento”, de “medio” a fin de que se efectué la “elaboración procedimiento de trabajo seguro para las diferentes tareas en el taller” y, con respecto al “trabajador” que se le brinde “capacitación en prevención de riesgos” (fl. 14 del cuaderno principal); aspectos últimos, que resultan de gran relevancia en este asunto, pues al valorar en forma completa el documento de investigación del accidente de trabajo que sufrió el accionante, en conjunto con las demás probanzas que estimó el tribunal, no resulta de recibo que en la sentencia impugnada se arribe a la conclusión que el infortunio ocurrió exclusivamente “por la voluntad de ayudar del actor desprovista de toda prevención frente al peligro”, ya que también se evidencia que concurren otras causas atribuibles al empleador, que se traducen en la falta de cuidado debido y la no vigilancia sobre los actos impropios de sus dependientes o servidores que generan daño, es decir, que en esta oportunidad la empresa no tomó las medidas de previsión necesarias para evitar esta clase de accidentes, y por el contrario, toleró y permitió que al interior de las instalaciones, en el patio en que se encontraban trabajadores que no eran de mantenimiento, se probaran vehículos o compactadores con fallas técnicas, sin seguir un procedimiento de trabajo seguro, que incluye el bloquear los equipos y asegurarse que en el evento de requerir ponerlos en marcha se despeje el área y que la máquina se pueda detener, lo que refleja que efectivamente no se tomaron las precauciones o acciones del caso para proteger y darle seguridad al personal que labora en ese lugar, como el demandante, quien al percatarse de la situación de peligro trató de impedirla, en actitud de colaboración en procura de que no se presentaran víctimas o se hiciera un daño a las instalaciones de la demandada, lo que no es censurable, salvo que hubiera recibido capacitación o instrucción al respecto, que no está acreditado ni invocado que la hubo, en el sentido de dejar que ello sucediera antes que anteponer su humanidad en procura de evitar que ocurriera un suceso mayor. Lo que significa, que el juez de apelaciones apreció con error el anterior material probatorio.

De ahí que de la correcta valoración de dichas pruebas, no es dable colegir que con el acto reflejo o instintivo del trabajador demandante ante una situación inesperada, se configure una responsabilidad única de la víctima, cuando es palpable que el responsable del daño causado a dicho operario es el empleador demandado, así el hecho generador hubiera provenido de un dependiente o subordinado suyo.

Nótese que la defensa de la sociedad accionada estribó básicamente en endilgar la responsabilidad del trabajador demandante en la generación de su propio accidente, lo cual el fallador de alzada lo acogió de manera equivocada, al errar en la valoración de las pruebas, que se constituye como suficiente para quebrar la sentencia recurrida.

Hasta lo aquí expresado, se concluye que el tribunal incurrió en una deficiente valoración probatoria y cometió los yerros fácticos atribuidos por la censura en el tercer cargo.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, es pertinente recordar, que para el reconocimiento y pago de la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el art. 216 del C.S.T., además de la ocurrencia del riesgo, accidente de trabajo o enfermedad profesional, debe estar la “culpa suficientemente comprobada” del empleador, responsabilidad que tiene una naturaleza eminentemente subjetiva, que lleva a que se establezca en estos casos no solo el daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, sino que se demuestre también el incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad, que le exige tomar las medidas adecuadas atendiendo las condiciones generales y especiales del trabajo, tendientes a evitar que el trabajador, como se dijo, sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos del trabajo.

Cuando el empleador incumple culposamente dichos deberes derivados del contrato de trabajo, se presenta la responsabilidad de indemnizar al trabajador que sufre el infortunio laboral o la enfermedad profesional, respecto de los daños que le fueran ocasionados con ese proceder, que comprende toda clase de perjuicios, ya sean materiales o morales. En otras palabras, la abstención en el cumplimiento de la diligencia y cuidados debidos en las relaciones subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que exige la citada normativa legal.

La prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador demandante, según las reglas de la carga de la prueba, lo que significa que demostrada en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, se genera la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios causados, y teniendo en cuenta que de conformidad con lo consagrado en el art. 1604 del Código Civil la prueba de la “diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo”, si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquélla, tal como lo dispone el art. 1757 ibídem

Frente a este aspecto puntual de la carga de la prueba en procesos dirigidos a indagar por la culpa patronal en la ocurrencia de accidentes de trabajo, en sentencia de la CSJ SL13653-2015 del 7 de octubre de 2015, se puntualizó que “esta Sala de la Corte ha dicho insistentemente que “…la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en realización del trabajo…” (CSJ SL2799-2014)”. Adicionalmente, … ha dicho que a pesar de lo anterior “…cuando se imputa al patrono una actitud omisiva como causante del accidente o la enfermedad profesional, a éste le corresponde demostrar que no incurrió en la negligencia que se le endilga, aportando las pruebas de que sí adoptó las medidas pertinentes en dirección a proteger la salud y la integridad física de sus trabajadores” (CSJ SL7181-2015)”, lo que quiere decir que al trabajador le atañe probar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio, pero que por excepción con arreglo a lo previsto en los arts. 177 C.P.C. hoy 167 CGP y 1604 C.C., cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la carga de la prueba y es “el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores”. 

Del mismo modo, la Corte tiene adoctrinado que la indemnización total ordinaria de perjuicios por responsabilidad contractual, se genera no solo cuando el empleador ha sido autor directo del insuceso, sino también cuando el accidente se produce por el hecho de uno de sus colaboradores, ello desde luego por causa o con ocasión del trabajo. En esta dirección la Sala se ha referido a lo que se ha denominado “culpa in vigilando o in eligendo”, para sostener que empleador responde por el daño causado por sus representantes o trabajadores dependientes en desarrollo de sus actividades o labores. En sentencia de la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 35097, al respecto se precisó:

(…) como la demandada era una persona jurídica, la responsabilidad le resultaba atribuible por el hecho de sus agentes o dependientes, toda vez que los actos de los agentes son, a la vez, sus actos propios.

Y lo anotado es así por cuanto tal afirmación refleja nada más y nada menos que la regla general que, en sentir de la Corte, se desprende del artículo 2349 del Código Civil que consagra la responsabilidad laboral de que aquí se trata —concordante con otras que refieren los efectos de la responsabilidad derivada de institutos jurídicos como la representación laboral o de otros como la culpa in vigilando o in eligendo (ejm., art. 32 del C.S.T.)—, pues dicho precepto establece que los empleadores responden del daño causado por sus trabajadores (llámense representantes, dependientes, simples trabajadores o cualquiera otra expresión acorde con lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-1235 de 2005), con ocasión del servicio prestado por éstos a aquéllos, daño dentro del cual debe considerarse el que se produce en ejecución del contrato de trabajo titulado en la ley como accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Por eso, cumple también precisar que la mentada disposición contiene una excepción particular a la citada regla, o sea, la de que no habrá lugar a la responsabilidad predicada si apareciere probado que el comportamiento dañino de éstos no fue el propio de su condición o calidad de trabajadores, representantes, dependientes o servidores en general, y que dicho comportamiento no pudo ser previsto o impedido por el empleador no obstante emplear el cuidado ordinario y la autoridad competente para tal efecto. Excepción que de aparecer probada, como lo ha sostenido la Corte, hará recaer la responsabilidad del daño causado no sobre el empleador o empresario, sino sobre sus representantes, trabajadores, dependientes o servidores.

Por manera que, asienta la Corte, la norma aludida contiene la regla general de responsabilidad patronal frente a los daños causados por sus representantes o dependientes, trabajadores o servidores, pero también la excepción a la misma, la cual, en atención a lo previsto en los artículos 1757 del mismo Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, impone al empleador que quiere derruir la aplicación de la indicada regla general en eventos como los de la llamada culpa patronal prevista en disposiciones como los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 de la Ley 6ª de 1945, acreditar en el proceso, tanto la conducta impropia de sus servidores, como la de su propia imposibilidad para preverla o impedirla empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente a su condición de empleador o empresario. De tal suerte que, atendidas las reglas de la carga de la prueba en los términos precisados para la disposición en cita es que puede concluirse, como ya lo ha asentado de tiempo atrás la jurisprudencia, que la prueba del proceso es la que permite, en principio, establecer la responsabilidad del daño causado en cabeza del empleador o empresario o, en su defecto y al final de las diferentes variables en que tal fenómeno jurídico puede derivar, exclusivamente en la de sus representantes, trabajadores, dependientes o servidores.

Proyectado lo anterior al caso bajo examen, y tal como se analizó en precedencia cuando se aludió a los yerros fácticos, se colige que en relación con el accidente de trabajo que sufrió el actor, cuya causa inmediata fue la omisión de uno de los dependientes o subordinados de la sociedad demandada, encargado de la reparación del vehículo compactador, en definitiva no resulta dable atribuir su ocurrencia a una imprudencia de dicho mecánico ajena a los deberes de diligencia y cuidado debidos en la realización del trabajo que le incumben al empleador, como la parte accionada lo quiere hacer ver, pues al estar plenamente acreditado el daño a la integridad y a la salud del trabajador demandante, cuando se encontraba desarrollando sus labores cotidianas de aseo en el patio de la empresa, e igualmente evidenciado el incumplimiento de la convocada al proceso en materia de protección y seguridad, al no contar con un sitio o local acondicionado de manera suficiente para los trabajos de mantenimiento y permitir la reparación de una máquina pesada, sin cerrar el acceso al área de riesgo para prevenir que alguien pasara y se accidentara, ni haber inmovilizado previamente el compactador para evitar lo que sucedió el día de los acontecimientos en que rodó ese equipo de manera descontrolada, al ponerlo en marcha el mecánico para probarlo sin tomar las precauciones del caso, lo cual se traduce en la falta de medidas adecuadas por parte de la empleadora que garanticen un trabajo seguro, conforme lo advirtió la Administradora de Riesgos Laborales ARL que investigó el infortunio, y que según quedó visto con la anterior reseña jurisprudencial, el empleador demandado en estos eventos es quien debe responder por el daño causado por uno de sus trabajadores dependientes.

De ahí que sea dable afirmar que la demandada no cumplió con la carga procesal de demostrar que actuó con diligencia y precaución, para resguardar la salud y la integridad de los trabajadores que laboraban en el patio donde aconteció el infortunio, entre ellos el actor, por lo que la empresa no acató las obligaciones generales de protección y seguridad para con sus subordinados que consagra el art. 56 del C.S.T. y las obligaciones especiales indicadas en el art. 57 ibídem numerales 1º y 2º, como lo puso de presente la censura. Lo que significa, que la empleadora no acreditó que haya tenido una conducta como la jurisprudencialmente descrita que la eximiera de responsabilidad, en cuanto a haber desplegado la vigilancia debida y todas las gestiones necesarias para prevenir este tipo de accidentes, ni adoptado las precauciones apropiadas para que otros trabajadores como el personal de aseo, no se vieran afectados por situaciones lamentables como la ocurrida al interior de las instalaciones el día 29 de octubre de 2005. 

Lo precedente trajo consigo que el tribunal también cometiera el yerro jurídico enrostrado en la acusación orientada por la vía directa, al haber distorsionado el alcance del art. 216 del CST, al concluir que las circunstancias que rodearon el infortunio no constituían culpa del empleador, sino una responsabilidad exclusiva del trabajador.

Por lo dicho, se casará la sentencia impugnada en cuanto exoneró a la sociedad demandada de la responsabilidad por el accidente de trabajo sufrido por el demandante y la absolvió de las pretensiones incoadas.

XI. Sentencia de instancia

La Sala, en sede de instancia, abordará el estudio de los recursos de apelación de las partes. Por cuestión de método, se resolverá en primer lugar el presentado por la parte accionada, en la medida que pretende se le exima de la responsabilidad del empleador por culpa patronal y, con ello que se le absuelva del pago de la indemnización solicitada, para luego adentrarse en el análisis del instaurado por el demandante.

1) Del recurso de la parte demandada (fls. 350 a 355 del cuaderno principal).

Centra su inconformidad con la decisión del a quo, en los siguientes puntos: (i) que no quedó demostrado en el plenario que el empleador fuera el “realmente culpable con la ocurrencia del mencionado accidente”, o que “pretermitiera las garantías de la seguridad social y la seguridad industrial”, como quiera que “siempre ha tenido dentro de su política el de garantizar y darle protección a sus trabajadores, al punto de ofrecerse los primeros auxilios que la misma ley impone”; que “la propia imprudencia del actor” fue la generadora del accidente, al “pretender colaborar para detener esa maquinaria pesada”, imprudencia que en decir del apelante “estaba más allá de sus propias previsiones”; que el demandante no era el encargado de realizar tareas de mantenimiento ni de ser ayudante del mecánico, y que además de la imprevisión existió un hecho fortuito o fuerza mayor al tropezar el accionante cuando el compactador estaba en movimiento y le cayera encima, lo que exime a la empresa de responsabilidad; (ii) que el empleador quedó subrogado de asumir contingencias tanto asistenciales, en pensiones y protección de riesgos profesionales, por parte de las entidades del Sistema de Seguridad Social, ya que el actor estuvo afiliado a la ARP Seguros Bolívar y recibe una pensión de invalidez; y (iii) que son excluyentes las pretensiones de indemnización de perjuicios por el accidente de trabajo cuyo titular es el demandante, con los perjuicios de su núcleo familiar, al no darse ninguna relación de causalidad entre la familia del trabajador y la empresa, a lo que se suma que el monto de la condena impuesta no tiene un soporte legal y técnico.

En lo que atañe al primer punto, relativo a que las pruebas no demuestran la culpa del empleador demandado, la Sala se remite al análisis probatorio que se llevó a cabo en sede de casación, en el que quedó claro que en el sub lite se invirtió la carga de la prueba, pues al ser un hecho indiscutido la ocurrencia del accidente de trabajo del demandante así como el daño a su integridad o a la salud que le produjo su invalidez, y que los medios probatorios además de acreditar el actuar de la víctima, dejaron al descubierto que el infortunio laboral tuvo ocurrencia por el hecho de uno de los dependientes de la empresa, sin que la demandada hubiera tomado las medidas pertinentes de protección y seguridad para evitar esta clase de sucesos, le correspondía a la parte pasiva de la litis demostrar que actuó con cuidado, diligencia y precaución, lo que no se evidencia en las probanzas que apreció el tribunal, ni en las demás que obran en el plenario, como tampoco acreditan de un lado que el mecánico hubiera obrado en contra de instrucción o reglamentación existente en la empresa, ni por otra parte que ésta hubiera hecho todo lo previsible para evitar el daño, lo cual origina el reconocimiento y pago de la indemnización reclamada de que trata el art. 216 del CST.

Adicionalmente debe decirse, que el proceder del actor el día de los hechos, no corresponde propiamente a una imprudencia de su parte, ni mucho menos constituye fuerza mayor o caso fortuito, que desvirtúe la responsabilidad del empleador derivada de la culpa in vigilando o in eligendo, sino al deber de socorro que éste entendió era su obligación en ese momento, conducta que como lo señala el recurrente en casación está ampara en una de las obligaciones especiales que le conciernen al trabajador, la contenida en el art. 58 num. 6º consistente en “prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa o establecimiento”, lo cual no genera culpa atribuible a dicho operario. Sin embargo, en gracia de discusión que se admitiera que en tal infortunio ha mediado tanto culpa del trabajador como del empleador, la verdad es que no exonera a éste último de reparar los perjuicios ocasionados por su culpa, pues la Sala ha sostenido pacíficamente que la responsabilidad laboral de la empleadora no desaparece por la compensación de las faltas cometidas por las partes (Sentencia de la CSJ SL, 3 de junio de 2009, rad. 35121). 

Frente a la segunda inconformidad de la demandada apelante, referente a no estar obligada a pagar la indemnización ordinaria y total de perjuicios, por tener afiliado al actor a la seguridad social, debe señalarse que el sistema general de riesgos profesionales cubre los riesgos que por su propia naturaleza genera el trabajo, mientras que los daños ocasionados al trabajador por conducta culposa o dolosa del patrono, le corresponde resarcirlos a ese empleador en forma total y plena, atendiendo el régimen general de las obligaciones. El hecho que el demandante por la reparación tarifada de riesgos reciba una pensión de invalidez de origen profesional por parte de la ARL tal como se certificó a folio 122 del cuaderno del juzgado, no tiene ninguna incidencia frente a la reparación plena de perjuicios por culpa patronal que asume el empleador, ya que poseen distinta finalidad, pues la primera es de naturaleza prestacional y la segunda meramente indemnizatoria en la modalidad subjetiva que hace parte de un riesgo propio del derecho laboral, sin que pueda operar el descuento de la mencionada indemnización plena de perjuicios con lo pagado por la ARL por la prestación de invalidez (Sentencias de la CSJ SL, 12 de noviembre de 1993, rad. 5868, reiterada en la SL-7884-2015, 28 de mayo de 2015, rad. 2015, así como la del 13 de marzo de 2012, rad. 39798).

En el tercer punto relativo al monto de la condena impuesta y la forma en que el a quo tasó la indemnización plena de perjuicios, se estudiará conjuntamente con el recurso de alzada de la parte actora.

2) En cuanto a la apelación del demandante (fls. 356 y 357 del cuaderno principal).

Reprocha en el recurso, que la condena por indemnización por culpa patronal del art. 216 del CST ascendiera a la suma de $ 150.000.000,oo, cuando el valor estimado y demandado es de $ 515.000.000,oo, con el argumento —en síntesis— de que “a raíz de este accidente, el demandante quedó en tan deplorables condiciones físicas, que lo llevaron a múltiples tratamientos físicos, psicológicos, quirúrgicos, siendo este último la vía para que adquiriera el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH) sida, sumado al uso permanente de sonda vecical (sic) … además de paraplejia flácida, no puede tener relaciones sexuales con su señora esposa pese a su temprana edad de 31 años, además se le ha diagnosticado hepatitis B debido a las innumerables transfusiones a la (sic) que ha sido sometido; además del resquebrajamiento de su núcleo familiar en donde hay dos menores de edad…”, agregando que “lo que se busca dentro de este proceso es la indemnización ordinaria de perjuicio (sic) tenido en cuenta que la pensión que recibe… es el salario mínimo y esto no alcanza para cubrir sus necesidades básicas familiares, debido a que su señora no puede laborar porque se encuentra enferma de cáncer linfático y esto le impide realizar una labor determinada…”.

Al respecto, se observa que el juez de primera instancia tomó en consideración “las condiciones físicas, morales, familiares en que se encuentra la víctima del accidente o de la enfermedad” así como que el accidente de trabajo por culpa patronal dejó como secuela “una lesión severa en la columna vertebral, la cual le produjo una invalidez permanente (fl. 60), hecho que le causó parálisis y estado de depresión, y tristeza y ansiedad (fls. 65-70), con dificultad en la relación conyugal, se muestra irritable en (sic) inconforme con su estado de invalidez (fl. 77), poco comunicativo, sufre de pesadillas por su imposibilidad de volver a caminar (fl. 73), aislamiento, desanimado por su estado de invalidez, problemas conyugales (fl. 82), bloqueo emocional, no tiene erección, relación marital variable por su estado de ánimo por la invalidez (fls. 83, 84), comportamiento de sus hijas con rebeldía por el estado de incapacidad de su padre (fl. 84), sueños intranquilos (fl. 88), estado de ansiedad, desesperanza, depresivo (fl. 90), angustiado por no alcanzar el monto de lo cancelado por la pensión de invalidez en los gastos familiares (fl. 93), hipersensible a las situaciones adversas, este estado emocional ha sido posterior al accidente (fl. 102)…”.

Como también consideró “que de acuerdo al diagnóstico médico que obra en el expediente se tiene a folio 32 vuelta columna lumbar con fractura 15 cuerpo vertebral, por accidente de trabajo tiene trauma medular, shock medular” y que “en el caso materia de estudio cuando sucedió el accidente de trabajo el 29 de octubre de 2005 a la edad de 29 años, es decir en la plenitud de su juventud y al haberle causado todas las secuelas arriba enunciadas y los padecimientos físicos, psicológicos, morales y emocionales que le han generado al reclamante aunado a la corta edad que poseía al momento del insuceso, que truncó su productividad laboral, impidiendo lograr una mejor calidad de vida personal y para su familia, teniendo en cuenta que en la actualidad la vida probable activa de las personas en Colombia se ha establecido en la edad de 75 años, considera el Despacho que la indemnización de perjuicios reclamada se debe tasar en la suma de $150.000.000,oo millones de pesos”.

Con todo lo cual, observa la Corte que los factores que la parte impugnante reclama, sí fueron tenidos en cuenta y aunque si bien no es procedente acceder a lo solicitado por la parte demandante, de aumentar dicha condena al valor de $ 515.000.000,oo, pues se aleja de toda objetividad, la cuantía establecida de $ 150.000.000,oo merece ser revisada, pues pese a que el a quo tuvo en cuenta todos los aspectos mencionados y que en últimas corresponden al lucro cesante y a perjuicios morales, no se los discriminó, condenando a una cifra global de 150 millones.

Por ello, entendiendo que la parte accionada apeló de la sentencia en su integridad pretendiendo la absolución total de la sociedad accionada, y por ende no ser obligada al pago de ningún valor por la indemnización reclamada, al mismo tiempo que la parte actora pretende que la suma de condena sea de $ 515.000.000,oo, la Sala realizó las operaciones matemáticas pertinentes, atendiendo además que la condena debe ser específica y concreta, con base en el art. 307 del CPC, hoy art. 283 del CGP, aplicable por analogía en materia laboral; además de que, de esta manera quedará resuelto lo que la parte demandada, también recurrente en apelación, echó de menos, cuando aseguró que frente al monto de la condena “no hay un soporte legal, o un concepto técnico que pueda estimarse como resultado de un estudio que avale esos supuestos perjuicios imputables a mi representado”.

En relación a la forma de liquidar este tipo de perjuicios, se ha pronunciado la Sala en oportunidades anteriores, en donde se fijaron los parámetros a tener en cuenta, tal como ocurrió en la sentencia de la CSJ SL, 30 de junio de 2005, rad. 22656, reiterada en la del 2 de octubre de 2007, rad. 29644, y la SL 695-2013, 2 de octubre de 2013, rad. 37297, entre otras, en la que se dijo: 

“En cuanto tiene que ver con el ‘lucro cesante’, habrá de distinguirse el “pasado”, esto es, el causado a partir de la terminación del vínculo laboral del actor y hasta la fecha del fallo, pues, durante el término anterior, esto es, de la fecha del accidente (10 de octubre de 1996) a la de desvinculación laboral (7 de mayo de 1998), se impone entender, por no existir en el recurso extraordinario reclamación al respecto, que la empleadora cumplió sus obligaciones laborales con el trabajador y, por ende, no se generó esa clase de perjuicio, del ‘lucro cesante futuro’, es decir, el que a partir de la fecha de la providencia se genera hasta el cumplimiento de la expectativa probable de vida del trabajador, y para su cálculo se seguirá el criterio adoptado por la Sala en sentencia reciente de 22 de junio de 2005 (rad. 23.643), en la que se dijo que se acogerían las fórmulas, adoptadas también por la Sala de Casación Civil de la Corte para calcular estos conceptos indemnizatorios en diversas sentencias, entre ellas, las de 7 de octubre de 1999 (exp. 5002), 4 de septiembre de 2000 (exp. 5260), 26 de febrero de 2004 (exp. 7069) y más recientemente de 5 de octubre de 2004 (exp. 6975), en las cuales se calcula, el primer concepto, multiplicando el monto del salario promedio devengado para la fecha de retiro, actualizado hasta la fecha de la sentencia, por el factor de acumulación de montos que incluye el factor correspondiente por ese período al 0.5% mensual (6% anual) por interés lucrativo; y el segundo concepto, partiendo del monto del lucro cesante mensual actualizado, para luego calcular la duración del perjuicio —atendida la expectativa probable de vida del perjudicado, y reducida aritméticamente a un número entero de meses desde la fecha de la sentencia—, para concluir en el valor actual del lucro cesante futuro, previa deducción del valor del interés civil por haberse anticipado ese capital, atendiendo de paso el criterio propuesto por la moderna doctrina, de la siguiente forma:

“Lucro cesante pasado:

“VA = LCM x Sn”

“Donde:

“VA = valor actual del lucro cesante pasado total más intereses puros lucrativos”

“LCM = lucro cesante mensual actualizado”

Sn] =(1+ i ) n -1
i

“Siendo:

“n = Número de meses a liquidar”

“i = Tasa de interés de 0.5 mensual (6% anual)”

“Lucro cesante futuro:

“VA = LCM x An”

“Donde:

“VA = valor actual del lucro cesante futuro”

“LCM = lucro cesante mensual”

a n =(1+ i ) n -1
i (1+i ) n

“Siendo:

“n = Número de meses de incapacidad futura”

“i = Tasa de interés de 0.5 mensual (6% anual)” 

“Importa señalar que, en este caso, a diferencia de la considerado en otras oportunidades, entre ellas la citada por la Corte en la sentencia atrás reseñada, el porcentaje de la merma de la capacidad laboral del trabajador sí se debe tener en cuenta a efectos de calcular el lucro cesante pasado y, en consecuencia, el futuro, por no aparecer prueba en el expediente de que, con independencia del mismo, el actor quedara impedido para desempeñar su oficio, pues, al contrario, como se anotó, lo ejerció hasta el 7 de mayo de 1998 cuando se terminó la relación laboral”.

Así las cosas, para la liquidación pertinente, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 78.85%, con fecha de estructuración 29 de noviembre de 2005, conforme al dictamen de la junta regional de calificación de invalidez del Atlántico, obrante a fls. 46 a 49; la fecha de nacimiento del demandante 12 de octubre de 1976 (fl. 11); el salario devengado para el año 2005 equivalente al mínimo legal $ 381.500,oo (D. 4360/2004), actualizado al 31 de marzo de 2016 en cuantía de $689.455,oo; una tasa del 6% de interés anual; y que actualmente cuenta con 39,47 años de edad y una expectativa de vida de 41,80 años (502 meses); y al aplicar las fórmulas matemáticas en la forma descrita en el antecedente jurisprudencial que se acaba de reproducir, arroja un lucro cesante consolidado por valor de $ 93.101.519,60 y un lucro cesante futuro por la suma de $ 99.817.805,63, para un total a pagar de $ 192.919.325,20 por concepto de indemnización plena de perjuicios.

Lo anterior es dable discriminarlo en el siguiente cuadro:

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En cuanto a los perjuicios morales, se observa que al quedar acreditado en el plenario que con el infortunio laboral sufrido por el actor, con una pérdida de capacidad laboral considerable del 78,85%, le produjo una gran aflicción debido al compromiso grave de sus facultades de locomoción al quedar postrado en una silla de ruedas, que le impide llevar una vida del todo normal, lo que también le causa inmensa pena y angustia, hay lugar a proferir condena por esta concepto, al igual que por las alteraciones sufridas por el actor en la vida de relación social, entre ellas no poder tener relaciones sexuales, que es el daño que afecta la aptitud y disposición a disfrutar de la dimensión de la vida en cualquiera de sus escenarios sociales, y en tales condiciones, la Sala con apoyo en el arbitrio juris, fija por dichas súplicas un valor que se estima en $ 50.000.000,oo.

En este orden, se tiene que la indemnización por lucro cesante consolidado y futuro derivado de la culpa patronal, más los perjuicios morales, totalizan la cantidad de $ 242.919.325,20. Debe aclararse que el demandante no tiene legitimidad para demandar perjuicios adicionales para cada uno de los miembros del núcleo familiar, ya que demandó únicamente en su nombre.

Por último, debe anotarse que las ulteriores enfermedades que le hayan sobrevenido al demandante como el VIH (SIDA) y la hepatitis B, a las que hace alusión la parte recurrente en los argumentos de su impugnación, no tienen alcance para aumentar el monto de los perjuicios, en la medida en que se trata de situaciones que no está acreditado que directamente se hayan originado con el accidente de trabajo sufrido por el trabajador y que le generó el trauma de columna lumbar con fractura 15 del cuerpo vertebral, por lo que no tienen la incidencia que relama el apelante para incrementar el valor de la condena.

En dichos términos quedan resueltos los recursos de apelación presentados por las partes.

En conclusión, en sede de instancia, se CONFIRMA la sentencia de primer grado, en cuanto declaró la culpa del empleador en el accidente de trabajo, pero se MODIFICA la suma objeto de condena a favor del demandante y a cargo de la sociedad accionada, en los guarismos antes indicados, pero no en el monto solicitado por la parte demandante.

No hay lugar a costas en casación por cuanto el recurso extraordinario salió avante. En segunda instancia, no se causaron; las de primera instancia como se determinó en el fallo del a quo.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 17 de junio de 2010, proferida por la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral promovido por Catalino Martínez Vergara contra Construcciones e Inversiones Beta Ltda. - Consinbe Ltda.

En sede de instancia, se CONFIRMA la sentencia condenatoria de primer grado, en cuanto declaró la culpa del empleador demandado, y se MODIFICA, respecto del valor a pagar al demandante y a cargo de la sociedad demandada, por concepto de indemnización plena y ordinaria de perjuicios, que asciende a un total de doscientos cuarenta y dos millones novecientos diecinueve mil trescientos veinticinco pesos con veinte centavos ($ 242.919.325,20), discriminados así:

Lucro cesante consolidado……….…. $ 93.101.519,60

Lucro cesante futuro…………….…… $ 99.817.805,63

Perjuicios morales……………….…… $ 50.000.000,oo

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de Sala.