Sentencia SL5620-2016 de abril 27 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Gerardo Botero Zuluaga

SL5620-2016

Rad.: 46209

Acta 14

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016).

EXTRACTOS: «VII. CONSIDERACIONES

Sea lo primero advertir, que la entidad recurrente en casación, no discute ninguna de las conclusiones del juez colegiado relativas a la norma que regula el presente asunto, que corresponde al parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por virtud de la cual se le concedió el derecho a la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios demandantes del afiliado fallecido.

Lo que controvierte el ataque, es que la prueba documental concerniente a la historia laboral del causante, en la que se basó el ad quem para obtener el número de semanas cotizadas durante la vida laboral, esto es, 1.389,7, e inferir que se cumplía con el número mínimo de aportes requerido en el régimen de prima media, carecía por completo de valor probatorio, ya que fue aportada extemporáneamente por la parte actora, luego de proferido el fallo de primer grado, concretamente con los alegatos de conclusión ante el tribunal, y si bien la misma se decretó de oficio por la segunda instancia, el auto que lo dispuso no fue debidamente notificado a las partes, por cuanto la constancia de notificación en Estado que aparece en el texto de la providencia, es irregular, situación que no le permitió al Instituto demandado ejercer en debida forma el derecho de contradicción, además que tal documental no está firmada por la parte pasiva, lo que para el censor lleva a que se transgredan las normas instrumentales denunciadas, como violación de medio, con la consecuente vulneración del precepto legal sustantivo que integra la proposición jurídica.

Lo primero que hay que recordar, es que la casación del trabajo contempla la violación de la ley sustancial del orden nacional, sin embargo excepcionalmente cabe la acusación de normas procesales como violación de medio, que se presenta cuando aquellas son el instrumento o vehículo que conduce a la transgresión del precepto legal sustantivo. Igualmente, es criterio adoctrinado de la Sala, que las disposiciones contentivas de reglas de procedimiento, pueden ser objeto de discusión en el recurso extraordinario por la vía directa, por cuanto antes de incurrir el sentenciador en un equivocado entendimiento de los hechos por errónea apreciación o falta de valoración de las pruebas, que genera errores manifiestos de hecho, lo que en realidad en estos casos se infringe es la ley instrumental que gobierna la producción, aducción, aportación, validez y decreto de los elementos probatorios legalmente admisibles, entre otros aspectos procesales.

Es por ello, que al estar orientado el cargo por la senda directa o del puro derecho, para despacharlo, la Sala se ceñirá al estudio de los discernimientos netamente jurídicos, sobre el aspecto procesal que plantea la censura, es decir, la valoración probatoria del documento referente a la historia laboral del asegurado fallecido.

Pues bien, de conformidad con el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, “El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo”. De ahí, que como lo prevé la citada normativa, allegar a tiempo las probanzas, implica que las partes las aporten dentro de las oportunidades legales o etapas procesales correspondientes, esto es, con la demanda inicial, su respuesta, la reforma a la demanda y su contestación, o en el transcurso del proceso cuando no se tengan en su poder, antes de que se profiera la decisión que ponga fin a la instancia, siempre y cuando hubieran sido solicitas como prueba y decretadas como tal. Por consiguiente, los documentos que no son incorporados debidamente resultan inoponibles, no siendo viable que de manera desprevenida los litigantes aporten cualquier prueba en estas condiciones, para que se les imparta valor probatorio y se tengan en cuenta en la decisión de fondo.

Sobre este puntual tema de aportación de pruebas en tiempo y en legal forma, en sentencia de la CSJ, SL 30 mar. 2006, rad. 26.336, que fue reiterada en decisión SL 12 noviembre de igual año, radicación 34267, se dijo:

Los jueces están obligados a proferir su decisión apoyados únicamente en las pruebas que regular y oportunamente se han allegado al proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, y a su vez para que una prueba pueda ser apreciada deberá <solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello> conforme lo enseña el artículo 183 ibídem. 

Lo anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 60 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que reza: <El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo>. 

Así las cosas, importa destacar que una prueba es inexistente o más bien inoponible en la medida que no sea debidamente incorporada al proceso, esto es, de manera regular y en tiempo, dado que no basta con que una de las partes en forma desprevenida o extemporánea la hubiera allegado y que como consecuencia de ello obre en el expediente, para que el juzgador pueda válidamente considerarla e impartirle valor probatorio al momento de proferir la decisión de fondo, pues en estos casos se requiere del pronunciamiento previo del juez de conocimiento en relación a su aportación, a efecto de cumplir con los citados principios y por ende con el debido proceso al tenor del artículo 29 de la Carta Mayor. 

Lo dicho significa, que no es viable la apreciación de una prueba inoportunamente allegada y menos que no hubiese sido decretada como tal en alguna de las etapas procesales prescritas para esos específicos fines, puesto que permitirlo, sería ir en contra del mandato de la mencionada norma constitucional que señala como <nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso>”. 

A su turno, el artículo 54 ibídem regula las pruebas de oficio, y al respecto estipula que además de los medios de convicción pedidos por los contendientes, “el juez podrá ordenar a costa de una de las partes, o de ambas, según a quien o quienes aproveche, la práctica de todas aquéllas que a su juicio sean indispensables para el completo esclarecimiento de los hechos controvertidos”, eventualidad en la cual dichas probanzas se incorporarán en el momento en que se practiquen o recauden.

Adicionalmente el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, modificado por el artículo 41 de la Ley 712 de 2001, establece los casos en que se puede ordenar y practicar pruebas en la segunda instancia, el primero “Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica” y la segunda, cuando el tribunal dispone la práctica “de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta” que corresponde a las facultades oficiosas del ad quem. En uno y otro caso es potestad del Juez Colegiado, de la cual podrá hacer uso durante el trámite de la segunda instancia, y no una imperativa obligación. Y el artículo 84 ibídem estipula “Consideración de pruebas agregadas inoportunamente. Las pruebas pedidas en tiempo, en la primera instancia, practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación o consulta”.

Tratándose de pruebas oficiosas, tanto el Juez de primera como segunda instancia, deben procurar hacer uso de ellas cuando se busca amparar derechos fundamentales como lo sería una pensión que es objeto de litigio, y en tales circunstancias, se ha recalcado que los funcionarios judiciales deben emplear todos los medios que se encuentren a su alcance para su concreción, para que no se vulneren ni pongan en peligro los mismos como lo exige la Constitución Política, que protege el carácter fundamental de los derechos a la seguridad social y en especial de índole pensional. En sentencia de la CSJ, SL 15 abril de 2008 radicado 30434, reiterada en casación de la CSJ, SL 23 oct. 2012, radicado 42740, la Sala sostuvo: “Ciertamente, la naturaleza tutelar del derecho laboral, con mejor razón cuando en su ámbito se despliega la seguridad social, obliga al juez a actuar para superar las deficiencias probatorias o de gestión judicial, cuando se sospecha que de ellas pende, como en el sub lite, una irreparable decisión de privar de protección a quien realmente se le debía otorgar”.

Bajo el anterior contexto, al descender al caso que nos ocupa, es necesario extraer de la actuación procesal surtida, lo siguiente: (i) que desde la demanda inaugural, la parte actora solicitó como prueba la historia laboral del afiliado fallecido, al relacionar entre los medios probatorios, un acápite de “Oficios: Solicito señor juez, que mediante oficio se solicite a la coordinadora de historia laboral y nómina de pensionados del Instituto de los Seguros Sociales Seccional Antioquia, allegue copia de la historia laboral en pensiones, incluyendo los pagos como independiente y en el régimen subsidiado a través de Prosperar” (fl. 8 del cuaderno del juzgado); (ii) que dicha petición fue decretada como prueba por el juez de conocimiento en la primera audiencia de trámite, y se dispuso librar el correspondiente oficio que en efecto se elaboró y fue retirado por la parte interesada (fls. 30 y 48 ibídem); (iii) que el apoderado de los demandantes informó al juzgado el trámite dado al mencionado oficio y allegó copia del mismo con la constancia de radicado en el ISS del 20 de noviembre de 2008 (fls. 50 y 51 ídem); (iv) que el a quo, sin esperar la respuesta del citado oficio, profirió sentencia el 9 de marzo de 2009; (v) que la parte actora al sustentar el recurso de apelación contra el fallo absolutorio de primer grado, aportó fotocopias simples del reporte de semanas cotizada al ISS (fl. 62 a 72 ejusdem); (vi) antes de que el Juzgado concediera el recurso de apelación a los accionantes, el jefe dpto. historia laboral y nómina pensionados del Instituto de Seguros Sociales, remitió con destino al proceso copia de la historia laboral del asegurado Jorge Iván Jurado Ospina, con oficio 26200.01.01 de 24 de marzo de 2009 (fls.73 a 80 del cuaderno principal); (vii) tribunal el 18 de junio de 2009, otro oficio del mismo dpto. historia laboral y nómina de pensionados del ISS, remitiendo la misma historia laboral del causante (fls. 83 a 90 ibídem); (viii) el apoderado de las demandantes con los alegatos de conclusión ante el tribunal, radicados el 19 de febrero de 2010, pese a que ya obraba en el expediente la referida historia laboral, volvió y la entregó en original, incluso con oficio remisorio del ISS (fls. 95 a 103 ídem); y (ix) el tribunal previamente a dictar sentencia, con auto del 24 de febrero de 2010, decretó como “prueba de oficio” las tantas veces mencionada historia laboral, refiriéndose a los folios “95-111 del expediente” (fl. 112 ejusdem).

Del anterior recuento de actuaciones procesales, queda al descubierto, que la aludida historia laboral del afiliado fallecido, en la que figura el reporte de semanas cotizadas durante su vida laboral, fue solicitada por la parte actora y decretada como prueba desde el comienzo de la litis, que la misma no se allegó en el curso de la primera instancia porque el propio Instituto demandado que la tenía en su poder no la remitió oportunamente, pese que los demandantes radicaron en tiempo el oficio librado por el juzgado solicitándola, lo que significa, que no existió de ninguna manera culpa de parte accionante por su no obtención. Igualmente, en el trámite del recurso de apelación, tanto el jefe dpto. historia laboral y nómina de pensionados del ISS como los demandantes hicieron llegar tal documento al proceso, y si bien el tribunal legalmente pudo haber ordenado su incorporación con base en la potestad que le concede el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, bajo el primer supuesto que trae la norma, esto es, “Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar su práctica”, en concordancia con el artículo 84 ibídem que permite ser consideradas en la segunda instancia las pruebas pedidas en tiempo y allegadas inoportunamente, decidió hacer uso de sus facultades oficiosas sin necesidad, decretándola otra vez como prueba, cuando no era una probanza distinta, ni un elemento probatorio nuevo, sino una misma información que se solicitó como prueba mediante oficio, susceptible de valoración probatoria, lo que de plano descarta que sea una prueba extemporánea.

El proceder del tribunal tiene su justificación, porque al evidenciarse que el asegurado fallecido contaba con un número suficiente de semanas cotizadas al ISS para dejar causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, esposa e hijas menores, era indispensable el esclarecimiento de este primordial aspecto en las instancias, con el propósito de definir en justicia el derecho controvertido, y por tanto, la colegiatura estaba en la obligación de verificar la densidad real de semanas aportadas al Sistema General de Pensiones y procurar obtener la prueba completa, para poderle dar el valor probatorio correspondiente a la documental que no solo obraba en los folios que refiere el recurrente sino en otros, máxime siendo un derecho fundamental el que estaba en discusión.

Sobre el tema de pruebas que han sido aportadas con posterioridad a la primera instancia, esta Sala en un caso con características similares, en Sentencia CSJ SL, 19 mayo 2009, rad. 35908, expresó:

El censor recrimina la decisión del tribunal, en cuanto tuvo como respaldo probatorio, para proferir la sentencia recurrida, el documento que obra a folios 69 a 71 del expediente, no obstante ser una prueba que fue aportada extemporáneamente, y que no debió ser estimada por carecer de validez dada la forma de aducción al proceso.  

Para la Sala, si bien es cierto que el documento de marras, donde figura la “Relación de novedades Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual – Pensión”, fue incorporado al expediente sólo con la sustentación del recurso de apelación que la parte actora formuló contra la sentencia de primera instancia, sí era procedente que se estimara por el Tribunal para la decisión que finalmente adoptó. 

Lo anterior por cuanto, ese medio de prueba fue solicitado por la propia entidad demandada al contestar la demanda, y ordenado por el juez de primera instancia, al punto que, mediante los oficios del 11 de mayo de 2006 (fl. 52) y julio 25 de 2007 (fl. 57), se requirió al Instituto de Seguros Sociales para que lo remitiera al proceso, situación que descarta de antemano la extemporaneidad que predica el censor al plantear el cargo.

En efecto, para el caso específico objeto de estudio, si la cuestionada prueba documental fue solicitada y decretada en oportunidad legal, el hecho de incorporarse después de haber proferido su decisión el juez de primera instancia, no priva al fallador de segundo grado de valorarla, conforme lo establece el artículo 84 del Código de Procedimiento Laboral, tal cual lo ha precisado esta. (Ver sentencia del 24 de febrero del presente año, Rad. 30854).

En el mismo sentido se pronunció la Sala en Sentencia CSJ SL, 12 nov. 2008, rad. 34267, en la que se puntualizó que “Pues bien, en esta causa, encuentra la Sala, como bien lo aseveró la censura, que la información contenida en la prueba documental en comento sí “fue solicitada en la demanda y decretada por el juzgado”, y en estas condiciones no era pertinente calificar de extemporánea e irregular su aducción y aportación”.

De suerte que, la prueba reseñada no se puede tener como extemporánea y goza de plena validez probatoria, resultando procedente que se estimara al proferirse la sentencia de segundo grado.

Por otro lado, en cuanto a la argumentación de la entidad recurrente de que no tuvo la oportunidad de controvertir la historia laboral del causante, porque el sello de “ESTADO” que notificó el auto del tribunal que decretó oficiosamente la prueba, en su decir es irregular, no es de recibo, en primer lugar porque la constancia de notificación que aparece a folio 112 del cuaderno principal dándole publicidad, en ningún momento fue tachada de falsa por alguna de las partes, y en segundo término, aun cuando la prueba la solicitaron las demandantes, provino de la misma parte demandada Instituto de los Seguros Sociales que la remitió por conducto de una de sus dependencia, por ello no la desconocía y perfectamente pudo haberla refutado.

Corolario a todo lo expuesto, no hubo la violación de medio de normas procedimentales que se alega en el cargo y, por ende, no se presentó la aplicación indebida de los preceptos sustantivos indicados.

Consecuencialmente el tribunal no incurrió en un yerro jurídico y el cargo no prospera.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que no obstante ser el cargo infundado, no fue objeto de réplica.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Doce de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 3 de marzo de 2010, en el proceso que instauró LUCÍA HELENA ZAPATA JARAMILLO, en causa propia y en representación de sus hijas menores ALEXIA KARINA y ANA ROSA JURADO ZAPATA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”.

Sin costas, conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, Presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas».