Sentencia SL5790-2014 de mayo 7 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL5790-2014

Radicación 40610

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la demandada Ingetec S.A., concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver previo estudio de la demanda del recurso extraordinario y la réplica del demandante y de Protección S.A.

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, y en sede de instancia revoque la del juzgado y absuelva a la empresa de las súplicas de la demanda inicial.

Para tal efecto formuló tres cargos, así:

Cargo primero

Acusa la sentencia por vía directa:

por aplicación indebida, los artículos 113, 115 a 127 y 139 numeral 5º de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 2º, 4º, 14 y 17 del Decreto-Ley 1299 de 1994; 71 del Acuerdo 44 de 1989, 67 del Decreto 2665 de 1988; 1º del Decreto 1887 de 1994; 7º del Decreto 510 de 2003; 1º del Decreto 1513 de 1998.

En la sustentación afirma el impugnante que dentro de las hipótesis previstas en el artículo 14 del Decreto-Ley 1299 de 1994, no se prevé que las empresas particulares que hubieren incumplido la «obligación de afiliación y pago de aportes a favor del trabajador», tengan que emitir y expedir un bono pensional en esos eventos.

Agrega que:

Si el tribunal hubiera advertido que mi prohijada no se enmarca dentro de los ‘emisores’ que taxativamente consagra la norma en comento, habría concluido que tampoco se encuentra legitimada para expedir un título valor, aspectos estos que de manera copulativa e inexorable deben ser satisfechos para el reconocimiento de un bono pensional y que el tribunal desconoció (D. 510/2003, art. 7º y D. 1513/98, art. 1º).

En ese orden de ideas, no es jurídicamente viable aplicar instituciones que nacen con ocasión de la Ley 100 de 1993 a situaciones pasadas consolidadas incluso antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, pues la norma en comento en lo benéfico de sus instituciones no puede convertirse en panacea para enmendar los eventuales errores o ajuste propios de sistema patronal o de seguros sociales.

Más adelante señala que:

De conformidad con el artículo 71 del Acuerdo 44 de 1989 el empleador responde por las prestaciones que se causaron con anterioridad a la fecha de inscripción, por tanto son diferentes las consecuencias de la falta de afiliación al sistema de las de la afiliación tardía, porque los empleadores que no afilien a los trabajadores a la seguridad social deben asumir directamente la obligación de pago de las prestaciones correspondientes, pero no los que sí afilien pero lo hagan extemporáneamente, a quienes no se les puede condenar a una obligación irredimible, pues por el contrario se redime con el pago de cotizaciones atrasadas con los intereses moratorios y eventualmente con las sanciones que tenga a bien imponer la respectiva entidad administradora de pensiones.

Obviamente, si una empresa incumple la obligación de cotizar, ese comportamiento no queda impune, sino que se castiga con medidas tales como el pago con intereses de aportaciones, tal y como lo dispone el artículo 67 del Decreto 2665 de 1988, vigente para la época de los hechos:

(…).

Así lo ha entendido la honorable Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias, entre otras, en la del 8 de junio de 2000, radicación 13.724, reiterada en sentencia del 30 de agosto de 2005, radicación 21378, y del 31 de julio de 2007, radicación 27.333.

El demandante opositor esgrime que el cargo tiene defectos de técnica porque se acude a la modalidad de aplicación indebida de unas disposiciones, pero se sustenta la acusación con una presunta interpretación errónea de las mismas lo cual resulta desatinado; además dice, se refiere a normas que no fueron tenidas en cuenta por el tribunal.

Añade que la decisión del tribunal se ajusta a derecho, en la medida en que reconoce que el demandante se ha visto perjudicado en su derecho a que su bono pensional comprenda todo el tiempo laborado al servicio de Ingetec S.A.

Protección S.A. a su vez precisa que no fue demandada en la perspectiva de que se le impusiera condena alguna, pues lo único que le correspondería sería recibir el valor dejado de aportar por la empresa Ingetec S.A. a la seguridad social en el evento de una condena en tal sentido, para ser abonado en la cuenta de ahorro individual del afiliado.

IV. Consideraciones de la Corte

Son hechos establecidos en el proceso y que no se discuten dada la orientación jurídica del cargo que: i) el actor laboró para Ingeteg(sic) S.A. entre el 8 de julio de 1963 y el 28 de febrero de 1965; y desde el 11 de julio de 1966 hasta el 10 de julio de 1986; ii) fue afiliado por cuenta de la demandada al Instituto de Seguros Sociales a partir del 1º de junio de 1980 y hasta el 30 de junio de 1986, habiendo cotizado en ese periodo 313 semanas; iii) se trasladó al fondo de ahorro individual con solidaridad administrado por Protección S.A. el 1º de noviembre de 1997; iv) cumplió 62 años de edad el 25 de abril de 2002.

1. Cuestiona el recurrente la decisión del tribunal, porque estima que dentro de las hipótesis previstas en el artículo 14 del Decreto 1299 de 1994, no está contemplada la posibilidad de que las empresas particulares que hubieren incumplido el deber «de afiliación y pago de aportes a favor del trabajador”, tengan la obligación de emitir y expedir un bono pensional y en esa medida, tal precepto resultó indebidamente aplicado.

Al respecto se ha de precisar que para confirmar la condena del a quo a Ingetec S.A., de emitir un bono o título pensional que complemente el reconocido por el Ministerio de Hacienda, y que cubra la diferencia en el valor que debía corresponder a este último, ocasionada por el incumplimiento de la empresa demandada del deber de afiliación y pago de aportes a pensión al Instituto de Seguros Sociales por cuenta del demandante durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1967 y el 10 de julio de 1986, el tribunal se apoyó en jurisprudencia de esta corporación.

En efecto, el sentenciador invocó concretamente la Sentencia CSL SL, 25 mayo 2005, rad. 25165, según la cual cuando el empleador incumple la obligación de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social o no paga los aportes de conformidad con los salarios realmente devengados por ellos, asume las consecuencias de su omisión y debe reconocer «el reajuste correspondiente al bono pensional, de conformidad con la liquidación que realice la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público».

Ahora bien, en esa misma providencia, que en el punto fuera reiterada en la Sentencia CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 40250, clarificó esta corporación que las empresas privadas podían expedir bonos pensionales, y que cuando la Ley 100 de 1993 en el artículo 33 hacía referencia a empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, comprendía aquellos que tuvieran un deber pensional, entre otras razones, por no haber afiliado o no cumplir oportuna y suficientemente con el deber de cotizar. Dijo textualmente la Sala:

Sobre el punto central del cargo, es decir que la empresa demandada, legalmente no es emisora de bonos pensionales, es pertinente anotar que si bien el artículo 118 de la Ley 100 de 1993 al determinar las clases de bonos pensionales, en su ordinal c señala a los expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, la restricción por dedicación exclusiva se ha de entender limitada a las cajas pensionales, más no a las empresas, pues esa especialización sólo puede ser atribuida a un ente que tenga función propia reconocer y pagar pensiones; no debe caber duda de esta interpretación al concordar la norma en comento con otros artículos de la misma ley, que reglamentan por separado las exigencias para las empresas de las de las cajas provisionales; así por ejemplo, en el artículo 115, en literal c se habla de los bonos pensionales de las empresas, y el d, de los de las cajas provisionales, y aquel condicionamiento sólo está erigido para éstas últimas entidades.

Los empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, tomando un aparte de la literalidad del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, son aquellos que frente al actor tienen un deber pensional, porque no fueron subrogados totalmente por una administradora de pensiones, ora porque no se afilió el trabajador al sistema, ora se hizo luego de diez años de servicios, ora no se cumplió oportuna y suficientemente con el deber de cotizar.

En idéntica línea, la reforma al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, verificada por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que en el literal d) previó para el cómputo de semanas para pensión de vejez en el régimen de prima media «El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador», lo hizo a condición de que el empleador omiso, traslade «con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional»; todo lo cual refrenda la viabilidad legal de que los empleadores omisos no solo puedan sino que deban, expedir bonos o títulos pensionales.

Para el régimen de ahorro individual esa posibilidad está prevista en los artículos 60 literal h) de conformidad con lo esclarecido por la Corte en la Sentencia CSJ SL, 22 nov. 2011, rad. 40250, —donde debe entenderse que los empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, comprende aquellos que tengan un deber pensional pendiente frente al trabajador o afiliado—, y en el artículo 65 sobre garantía de pensión mínima de vejez, de la Ley 100 de 1993, que son del siguiente tenor:

ART. 60.—El régimen de ahorro individual con solidaridad tendrá las siguientes características:

(…).

h) Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los afiliados al régimen que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o entidades del sector público, o presado servicios como servidores públicos, o trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargos las pensiones de sus trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente;

(…).

ART. 65.—Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

PAR.—Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.

Y como se vio líneas atrás, esos parágrafos del artículo 33 de la Ley 100, prevén la expedición de bonos o títulos pensionales por parte de los empleadores privados omisos, dado que cuando el literal d) del parágrafo 1º ya citado, se refiere a: «El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador», no hace distinción, por lo que quedan comprendidos naturalmente los empleadores privados.

En cuanto la decisión del tribunal está en armonía con el criterio jurisprudencial imperante sobre el tema, no incurrió en un desatino jurídico, por lo que es infundada la queja del recurrente.

2. Con referencia al fundamento legal para deducir la responsabilidad de los empleadores omisos en estos eventos, y frente al incumplimiento de obligaciones acaecidas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 como aquí acontece, que es el otro aspecto propuesto en esta acusación, tiene asidero en el deber que en aquella época ya tenían de afiliar a sus trabajadores al Instituto de Seguros Sociales y de cotizar, que al haber sido desatendido en forma total o parcial, tiene incidencia en un derecho pensional que estaba en camino de estructuración a la entrada en vigor del sistema general de pensiones.

En la Sentencia CSL SL de 20 mar. 2013, rad. 42398, que conviene rememorar, y que fue reiterada en la CSJ SL 646-2013, señaló esta Sala de la Corte que la obligación del empleador de responder por el tiempo servido por el trabajador sin la afiliación debida, ha existido desde el momento mismo en que surgió el deber de afiliar al trabajador al Instituto, y que cuando la pensión no se causó antes de la Ley 100 de 1993, existe una expectativa sobre ese derecho que queda regulado por esa normatividad y sus modificaciones.

En otras palabras, la desatención total o parcial, de las obligaciones frente al régimen existente en la materia en épocas precedentes a la vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando afecte prerrogativas pensionales cuya maduración o consolidación opere bajo el imperio de esta normatividad, puede comprometer la responsabilidad de los empleadores incumplidos con sujeción a las reglas del nuevo sistema, aunque de distintas maneras, dependiendo del perjuicio irrogado al extrabajador o afiliado, y del régimen pensional al cual se hayan acogido. En algunos casos deberá responder íntegramente por la prestación (L. 100/93, art. 133); pagar cotizaciones y sus intereses moratorios; cálculos actuariales; o títulos o bonos pensionales; o la diferencia en el valor de éstos o de las prestaciones.

En la Sentencia CSJ SL 646-2014, dijo la Sala:

Juzga conveniente la Corte comenzar por recordar que la falta de afiliación o la afiliación tardía del trabajador al sistema general de pensiones, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, no acarrea rigurosa e inexorablemente a cargo del empleador remiso el pago de la prestación que hubiere otorgado dicho sistema en el evento de haberse cumplido con la obligación de inscribirlo. Lo anterior porque, a no dudarlo, existen eventos en los cuales el empleador debe reparar el perjuicio de una forma diferente al de asumir directa y exclusivamente la pensión o, incluso, hay situaciones en donde al empleador no le corresponda adjudicarse ninguna carga económica.

En la reforma verificada al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a través del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, el legislador al introducir el literal d) contempló expresamente la posibilidad de sanear las situaciones irregulares generadas por la inobservancia del deber de afiliación incluso antes de la vigencia del sistema general de pensiones —que ya había sido admitida por la jurisprudencia, sentencia rad. 40250 citada—, toda vez que la norma no distingue, y porque precisamente el objetivo de la disposición es abrir la puerta a la convalidación de esos tiempos de servicios precedentes para que se traduzcan en semanas de cotización para efectos de la pensión de vejez del sistema general de pensiones, de aquellos trabajadores o afiliados que efectivamente prestaron esos servicios subordinados, pero que por omisión no fueron afiliados o lo fueron tardíamente.

Cabría preguntarse si ese precepto, que se refiere al régimen de prima media, aplica para el sub lite, en que se trata de una pensión de vejez del régimen de ahorro individual. La respuesta tiene que ser afirmativa, en primer lugar, porque en este caso la omisión en el deber de afiliación que se tradujo en una afiliación tardía por un lapso considerable —entre el año de 1967 y el 1º de junio de 1980— se presentó frente al régimen de invalidez, vejez y muerte administrado por el Instituto, es decir al régimen de prima media, y en segundo lugar, porque esa previsión no es extraña al régimen de ahorro individual, pues a ella remite como arriba se vio, el artículo 65 de la Ley 100 referido a la garantía de pensión mínima de vejez.

Lo que sucede es que lo que varía es la consecuencia, para los eventos en que el trabajador o afiliado permanezca en el régimen de prima media, la obligación se determina con base en el cálculo actuarial referida al título pensional, y cuando haya traslado al fondo de ahorro individual como en este caso, en la medida en que el perjuicio irrogado al afiliado fue la diferencia en el valor del bono pensional tipo A modalidad 2, debe responder por ella de conformidad con las reglas propias que rigen su cálculo. Esta solución fue adoptada por ejemplo, en Sentencia CSJ SL, de 5 jul. 2005, rad. 23216.

Vale la pena igualmente, traer a colación las enseñanzas de la Corte plasmadas en la Sentencia CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 37.173, recordadas en la providencia CSJ SL 646-2013, donde se afirmó que:

…la seguridad social resulta ser un todo jurídico integral favorable al beneficiario, cuando se cumple con los requisitos que perentoriamente exige la ley tanto al empleador como al trabajador. Y en el caso de que sea el empleador quien no los cumpla (por ejemplo incumplir el deber de afiliar al trabajador), deberá el primero responder por los beneficios sociales a que tiene derecho quien debiendo ser afiliado por él no lo fue,…

Se ha de precisar también, que la regulación contenida en la Ley 797 de 2003 a la que se ha venido haciendo referencia rige para esta contienda, en cuanto la situación pensional del demandante y concretamente lo relativo a su bono pensional, no quedó totalmente definido antes de la entrada en vigor de la norma en comento, por cuanto el bono pensional que le corresponde a cargo del Ministerio de Hacienda, tiene como fecha de redención o causación el 30 de enero de 2011, como de manera reiterada lo indicó la oficina de bonos pensionales de ese ministerio en oficio de 27 de junio de 2007, obrante a folios 227 a 232 del expediente, sin que lo relativo a dicho bono haya sido objeto de controversia en este proceso.

Allí se indicó:

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 20 del Decreto 1748 de 1995, el bono pensional del señor Jesús María Sierra Madriñán se redimirá normalmente el 30 de enero de 2011, fecha más tardía entre que el beneficiario cumpla 62 años de edad, y la fecha en que completaría 1000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara ininterrumpidamente a partir de FC.

Por último, cumple aclarar que no se trató aquí de mora en el pago de algunas cotizaciones que pudiera remediarse con la satisfacción de su importe y el pago de intereses moratorios como lo alega el impugnante, sino que el conflicto versa sobre las consecuencias negativas sufridas por el demandante de cara al valor de su bono pensional que es un componente esencial del capital destinado a financiar su pensión, por la omisión del empleador en el deber de afiliación, por un periodo de tiempo importante —entre el año de 1967 y el 1º de junio de 1980—, que es una situación distinta a la prevista en el artículo 67 del Decreto 2665 de 1988.

Por las razones anteriores, no prospera el cargo.

Cargo segundo.

Acusa la sentencia porque:

incurrió en una violación medio de los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil; 66 A del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social; 29 de la Constitución Política, lo que lo condujo a que violara indirectamente por aplicación indebida los artículos 113, 115 a 127 y 139 numeral 5º de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 2º, 4º, 14 y 17 del Decreto-Ley 1299 de 1994; 71 del Acuerdo 44 de 1989, 67 del Decreto 2665 de 1988; 1º del Decreto 1887 de 1994; 7º del Decreto 510 de 2003; 1º del Decreto 1513 de 1998.

Cita como errores manifiestos de hecho:

1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor tiene derecho a un bono pensional tipo A que debe ser expedido por Ingenieros Civiles y Eléctricos S.A. ‘Ingetec S.A.’.

2. No dar por demostrado, estándolo, que la verdadera pretensión del señor Jesús María Sierra Madriñán radicaba en que se condenara a mi prohijada a pagar el capital constitutivo de la diferencia entre lo que debía valer el bono pensional a que tiene derecho el accionante si hubiera efectuado la totalidad de las cotizaciones al ISS durante el tiempo de trabajo.

Los anteriores yerros son consecuencia de la errónea apreciación de la demanda inicial (fls. 2 a 11).

En el desarrollo argumenta que: El tribunal apreció erróneamente la demanda (fls. 2-11) pues de ella se desprende de forma paladina que la pretensión principal del demandante consistía en que se condenara a Ingetec a pagar el capital constitutivo de la diferencia entre lo que debía valer el bono pensional a que tiene derecho el accionante si hubiera efectuado la totalidad de las cotizaciones al ISS durante el tiempo de trabajo con destino a la cuenta individual de ahorro pensional que posee el demandante en el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección (fls. 2 y 3), y no obstante ello, el tribunal decidió confirmar la sentencia de primera instancia en la que, como se mencionó anteriormente, el juez ordenó a la demandada a emitir un bono o título pensional a favor del demandante, lo cual no se compadece del tenor literal de las pretensiones y que además lo llevó a vulnerar las normas que se acusan en la proposición jurídica.

La parte actora replica la acusación y dice que sobre el punto de inconformidad del recurrente, su queja resulta extemporánea toda vez que debió solicitar sentencia complementaria.

V. Consideraciones de la Corte

Referente a lo que el censor denomina primer error de hecho, en realidad es una alegación jurídica que fue respondida con ocasión de la primera acusación.

En relación con el segundo yerro fáctico, que le atribuye equivocación al tribunal que lo indujo a desatender la congruencia, en cuanto la condena a emitir un título o bono pensional que complemente el reconocido por el Ministerio de Hacienda, y que cubra la diferencia en el valor que debía corresponder a este último, es diferente de la pretensión de la demanda inicial de una condena a pagar el capital constitutivo de dicha diferencia, es lo cierto que no existe tal desatino en el fallo gravado.

Como lo afirmó la Corte en Sentencia CSJ SL, 4 dic. 2007, rad. 29693, con la emisión del bono se titulariza el derecho del afiliado a ese capital, y él se traduce en dinero «contante y sonante» al momento de su redención, «es decir, cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional, o cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia, o cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994».

Dado que este caso se trataría de una emisión materializada del bono pensional y se entiende que se trata de un bono pensional cuyo derecho a la redención ya ha sido causado, resultaría aplicable lo establecido en el artículo 6º del Decreto 1474 de 1997, que modificó el artículo 17 del Decreto 1748 de 1995 y le introdujo el parágrafo 3º que a la letra dice:

«Cuando se cause el derecho a redención de un bono aún no emitido, se hará el pago, sin que sea necesaria la expedición física del título, y el valor del bono se calculará de acuerdo con lo establecido en este decreto”.

Así las cosas, en realidad la condena implica el pago inmediato, en la cuenta individual del afiliado y en dinero efectivo, del capital constitutivo de la diferencia del valor del bono pensional en los términos y bajo las reglas definidas por el tribunal.

No prospera el cargo.

Cargo tercero

Acusa la sentencia de «violar directamente, por aplicación indebida, los artículos 3º del Decreto 1474 de 1997 en concordancia con el artículo 12 del Decreto 1748 de 1999».

En la demostración sostiene:

En efecto, mediante Decreto 1748 de 1995, el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, expidió las normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los decretos-leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993. Y a través del Decreto 1474 de 1997 se derogó, modificó y adicionó algunos artículos del Decreto Reglamentario 1748 de 1995 y dictó otras disposiciones.

Con base en estas normas aplicable (sic) a situaciones distintas a la pedida por el demandante, se condenó a mi representada al pago de los intereses moratorias del bono pensional. Los preceptos aplicados por el tribunal son todos posteriores a los hechos y reglamentaron disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, fecha ostensiblemente posterior al período comprendido entre el 1º de enero de 1967 y el 10 de julio de 1986 en el que se pretende que se emita y expida el bono pensional a cargo de Ingetec.

Así las cosas, no se puede pretender darle efectos retroactivos a una disposición que regula las situaciones configuradas con posterioridad al 1º de abril de 1994 y darle aplicación a la misma respecto de hechos que se consolidaron antes de julio de 1986, bajo el amparo de otras disposiciones normativas.

La oposición del demandante hace referencia a que en el escrito de apelación, la empresa no atacó en forma expresa la condena proferida por el a quo en lo que toca con los intereses moratorios, motivo por el cual no podían ser objeto de reparo en casación.

VI. Consideraciones de la Corte

En lo que toca con la condena a los intereses moratorios, y para dar respuesta al opositor, es de anotar que en el escrito de apelación de la empresa Ingetec S.A. (fls. 276 a 278), se consignó: «La empresa Ingeteg S.A., no está obligada por ley a expedir dicho bono, como tampoco a cancelar los intereses que fija la sentencia, sino hay lugar a lo principal menos a lo accesorio, me remito al artículo 115, literal c) de la Ley 100 de 1993 y al literal c) del artículo 2º del Decreto 1299, …»; si bien se trató de una apelación consecuencial respecto de la eventual caída de la condena principal, no puede afirmarse que no se controvirtió el aspecto relativo a dichos intereses.

Independientemente de lo anterior, es lo cierto que el tribunal no se pronunció sobre el tema de los intereses moratorios, por lo que el censor debió solicitar una sentencia complementaria en los términos del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la integración dispuesta por el artículo 145 del estatuto procesal laboral y de la seguridad social, no siendo el recurso de casación el remedio procesal pertinente en esos eventos.

Se desestima la acusación.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente y en favor de los opositores en un 50% a cada uno. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 6’300.000. Por secretaría tásense las demás costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de diciembre de 2008, corregida el 9 de febrero de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Jesús María Sierra Madriñán contra Ingenieros Civiles y Eléctricos «Ingetec S.A.» y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.»