Sentencia SL6032-2017/51275 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6032-2017

Rad. 51275

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Acta 15

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case totalmente la sentencia recurrida para que, en sede de instancia, confirme la decisión del juzgador de primer grado de reconocer la sustitución patronal y la revoque en lo demás, para darle prosperidad a las súplicas de la demanda.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal segunda de casación laboral, oportunamente replicados y que pasan a ser examinados por la Sala.

VI. Primer cargo

Se formula de la siguiente manera:

Acuso la sentencia recurrida por la causal segunda de casación, contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por cuanto la sentencia del Tribunal viola normas constitucionales y legales que “prohíben hacer más gravosa la situación del apelante único contenidas en los artículos 29 y 31 de la Constitución Política, 66 y 145 del Código Procesal del Trabajo, 350 y 357 del Código de Procedimiento Civil y 1º de la Ley 16 de 1969, infracción que se produjo como consecuencia, la transgresión de los preceptos que garantizan el derecho sustancial del que represento a obtener los derechos laborales producto de su relación laboral.

En desarrollo del cargo, el censor sostiene que, en virtud del principio de la no reformatio in pejus, al Tribunal le estaba vedado agravar la situación del demandante, en su condición de apelante único, y aniquilar la única declaración que lo favorecía, relacionada con la existencia de una sustitución patronal. Agrega que el Tribunal actuó sin competencia, al absolver a la demandada de todas las pretensiones, pues, una vez definida acertadamente la equivocación en que incurrió el a quo al dictar decisión inhibitoria, no podía “…entrar a debatir los motivos que tuvo la empresa demandada para desvincular unilateralmente al demandante para terminar absolviéndola de todas las pretensiones”.

Transcribe la parte resolutiva de las dos decisiones de instancia y dice que, tras una simple comparación, se puede evidenciar la grave violación a la garantía constitucional de la no reforma en perjuicio, que en materia laboral se constituye como causal autónoma de casación.

VII. Réplica

Subraya que en ninguno de los cargos el recurrente aclara si la violación normativa que denuncia ocurrió por la vía directa o indirecta y cuál fue la modalidad de infracción. Asimismo, que la sentencia del Tribunal estuvo fundada en una acertada valoración de las pruebas, que condujo a dar por demostrada la justa causa del despido, además de que dichas inferencias fácticas no fueron cuestionadas por la censura y soportan la legalidad de la sentencia gravada.

VIII. Consideraciones

El opositor se equivoca al reprochar que en el cargo no se hubiera precisado la vía por la cual habría ocurrido la violación normativa que presuntamente denuncia la censura, así como la modalidad de infracción, pues lo cierto es que la acusación se dirige expresamente por la causal segunda de casación laboral, que no requiere de tales previsiones.

Ello no obsta para clarificar que el censor sí se equivoca al formular el alcance de la impugnación, pues a pesar de que acude a la causal segunda de casación laboral en los dos cargos, lo que supondría sin más, de obtener prosperidad los mismos, que la decisión de primer grado recobre su validez, pide a un mismo tiempo la revocatoria de tal providencia para que se le dé prosperidad a las súplicas de la demanda, lo que resulta abiertamente improcedente. Esta sala de la Corte ha precisado al respecto:

Para adoptar la decisión que corresponde, importa recordar que el objeto de la causal segunda de la casación del trabajo no es la de quebrar el fallo del Tribunal para dictar la sentencia que la reemplace revocando, reformando o adicionando la sentencia del juzgado, sino, cuestión distinta, el de eliminar el defecto procedimental en que incurrió el juzgador al proferir una sentencia que reformó la del juzgado a quo en perjuicio de la situación procesal del apelante único o del beneficiario de la consulta, de manera que, eliminado el defecto peyorativo de la sentencia del Tribunal, la decisión de primer grado queda firme en los términos en que la dictó el juzgado. CSJ SL16159-2014.

Ahora bien, en aras de la claridad, es pertinente recordar que la causal segunda de casación laboral, de acuerdo con el numeral 2º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, subrogado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, opera cuando la sentencia de segunda instancia contiene decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. En tal sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha sido consistente en adoctrinar que la tarea del recurrente en casación, conforme a esta causal, debe ceñirse a demostrarle a la Corte de qué manera el juzgador de segunda instancia empeoró su situación sustancial, a pesar de fungir como apelante único del fallo de primer grado o favorecido por el grado jurisdiccional de consulta. En la sentencia CSJ SL, 23 nov 2010, rad. 36895, señaló la Sala:

Contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta”, es la segunda causal de casación laboral, a voces del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1964.

De acuerdo con la anterior disposición, un vicio in procedendo o un error de procedimiento se erige en motivo autónomo para (…) obtener la casación de una sentencia de segunda instancia pronunciada en una causa procesal del trabajo y de la seguridad social.

Tal autonomía de esa deficiencia en el procedimiento comporta que en casación no se va a averiguar y definir si hubo o no violación de la ley sustancial de carácter nacional, ya por la vía directa o jurídica, ora por la indirecta o fáctica.

La tarea a la que ha de aplicarse el tribunal de casación se circunscribe a examinar las sentencias dictadas en la primera y en la segunda instancias. Concretamente, su estudio va dirigido a observar qué se resolvió en cada una de ellas.

Justamente, el cotejo de las partes resolutivas de ambas sentencias es lo que servirá de base al juez de la casación para concluir si la de segunda agrava la situación del apelante único o de la parte en cuyo favor se tramitó la consulta, definida en la de primera.

El papel del recurrente se limita a mostrarle a la Corte cómo el fallo del Tribunal contiene decisiones que empeoran su situación, ya resuelta por el juzgado de conocimiento, en cuanto traducen un gravamen mayor o una disminución de los logros deducidos por el fallo de primer grado.

En correspondencia con lo anterior, la Corte también ha sostenido que la desmejora de la situación sustancial debe reflejarse en la parte resolutiva de las decisiones y no en sus consideraciones, además de que hacer más gravosa la realidad de la respectiva parte no comporta cualquier modificación de la decisión de primer grado, sino que debe poderse verificar una verdadera afectación de los intereses jurídicos ya logrados.

En el presente asunto, para la Sala es claro que el demandante no obtuvo alguna decisión favorable a sus intereses en el fallo de primer grado, pues, a pesar de la declaratoria de la existencia de una sustitución patronal entre la Electrificadora de Bolívar S.A. ESP y la Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP, que a nada conduce en su caso particular, el juzgador se inhibió de resolver las súplicas de la demanda, por una indebida acumulación de pretensiones, lo que, en los términos de la jurisprudencia, implica que el juez emitió un “…pronunciamiento formal que no satisface las aspiraciones de los sujetos procesales…” (CSJ SL580-2013, CSJ SL4607-2017).

De otro lado, si bien el actor fungió como apelante único y la determinación del Tribunal fue la de revocar la decisión de primer grado para, en su lugar, absolver a la demandada de las pretensiones de la demanda, lo cierto es que, real y sustancialmente, su situación no se vio agravada, pues, se repite, en el fallo de primer grado no obtuvo alguna resolución materialmente favorable a sus intereses que le pudiera ser desmejorada arbitrariamente. Y es que, en términos estrictos, para los intereses jurídicos de la parte actora nada cambia entre obtener una ausencia total de decisión, que corresponde a la inhibición, y una sentencia absolutoria, que niega sus pretensiones, de manera que no es posible advertir esa verdadera afectación de los intereses jurídicos ya logrados que requiere la causal segunda de casación laboral.

Así lo consideró la Sala en la sentencia CSJ SL, 21 feb. 2006, rad. 26217, en la que se dijo que:

Frente a lo último, puede afirmarse sin hesitación alguna, que no hay violación del principio de no reformar en perjuicio del único apelante en este caso, como lo advierte el censor, pues la razón de ser de la decisión adoptada por el Tribunal radica en el inciso último artículo 357 del C. de P. C. —aplicable al procedimiento laboral por analogía de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social—, que dispone que cuando apelada una decisión inhibitoria y sea revocada por el superior, este deberá proferir pronunciamiento de mérito, así sea desfavorable al apelante, lo cual conlleva a un estado de certeza y seguridad jurídica, en tanto las partes han obtenido de la Administración de Justicia la plena definición de su controversia jurídica, no dejándola latente y en incertidumbre, con lo que, sin duda, se da prevalencia al mandato superior según el cual debe primar el derecho sustancial sobre el formal o procedimental.

Por lo anterior, el cargo es infundado.

IX. Segundo cargo

Se formula de la siguiente manera:

Acuso la sentencia recurrida por la causal segunda de casación, contemplada en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, por cuanto la sentencia del Tribunal viola normas constitucionales y legales que establecen la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; establecidas en el artículo 53 de la C.P. así como también el prejuzgamiento que hizo el señor Juez colegiado cuando invadió el campo penal al señalar como culpable de una conducta criminosa al demandante sin estar funcionalmente autorizado para ello artículo 29 de la C.P. para absolver a la demandada con esto infringió en forma directa el artículo 66A del C.P. del T y de la S.S. en concordancia con el desconocimiento de la línea jurisprudencial sobre la materia establecida en la Sentencia C 968 de 2003.

En desarrollo de la acusación, el censor cuestiona al Tribunal por haber decidido una cuestión que no fue materia del recurso de apelación y, como consecuencia, de haber desconocido la garantía fundamental del debido proceso y el principio de consonancia.

En ese sentido, reproduce el texto del artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y alega que dicha norma impone límites a la competencia del juez de alzada, en función de los temas tratados por el apelante, por lo que el Tribunal,

[…] al asumir oficiosamente el tema del proceso disciplinario realizado al demandante no tuvo en cuenta que no es el Ad hoc para decidir la certeza por la cual se le estaba endilgando una conducta al demandante y que visto de otra forma nunca fue objeto de un pronunciamiento en materia penal que sería esta última el Juez autorizado para decidir la culpabilidad del demandante […]

En apoyo de su reflexión, transcribe apartes de las sentencias emitidas por esta corporación el 23 de mayo de 2006, rad. 26225, y del 22 de junio de 2007, rad. 30666, así como la proferida por la Corte Constitucional C 968 de 2003.

X. Consideraciones

En este cargo el censor incurre en una grave contradicción pues, a pesar de que hace uso de la causal segunda de casación laboral, recrimina al Tribunal por haber desconocido el principio de consonancia, lo que representa un juicio sobre la violación de la ley —artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social—, que debió plantearse por la causal primera de casación.

Tras ello, el recurrente mezcla inadecuada las dos causales de casación laboral, lo que conduce, sin mayores aditamentos, al rechazo del cargo. Esta sala de la Corte ha señalado al respecto que:

La violación del principio de la reformatio in pejus es un motivo autónomo para pedir la casación de la sentencia, cuyo estudio por parte del juez se concentra en la parte resolutiva de las sentencias de primera y segunda instancia, para efectos de establecer si esta le hizo más gravosa la situación al único recurrente. Por tal razón, a nada conduce señalar la violación directa de la ley, como lo hace el censor cuando se lamenta de la infracción directa del artículo 66 A del CPL, tratando, infructuosamente, de demostrar que la sentencia del ad quem está incursa en la causal segunda de casación. CSJ SL, 6 sep. 2011, rad. 38149.

Aparte de lo anterior, en desarrollo de la acusación, el censor no le muestra a la Corte, como era su deber, en qué medida el Tribunal habría hecho más gravosa la situación de la parte demandante, a pesar de que fungía como apelante única, y se dedica a cuestionar el hecho de que se hubieran examinado las conductas del actor que habrían llevado a la empresa a despedirlo con justa causa.

Y, en gracia de discusión, la Sala debe advertir que, una vez evidenciada la equivocación del a quo de inhibirse para fallar sin antes realizar una interpretación racional y armónica de la demanda, nada impedía al Tribunal adentrarse al estudio de las pretensiones del actor y evaluar las justas causas que había tenido la sociedad demandada para adoptar la decisión de despido. Tal proceder resultaba absolutamente lógico y acorde con el recurso de apelación de la parte demandante, en el que se adujo que no existía indebida acumulación de pretensiones y se requirió una decisión de fondo.

El cargo es infundado.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000.oo), que se incluirán en la liquidación que el juez de primera instancia haga, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por EDINSON RAFAEL ANILLO RODELO contra la ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A. ESP —ELECTROCOSTA—, hoy ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP - ELECTRICARIBE.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».