Sentencia SL6097-2015 de mayo 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

SL6097-2015

Rad.: 64253

Acta 15

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «X. Consideraciones

Dado que el basamento del fallo impugnando en el presente proceso consistió en la declaratoria de la cosa juzgada, frente a los reparos de la censura que se pueden rescatar de los cargos primero y segundo formulados por la vía directa, le corresponde a la Sala reiterar lo que tiene asentado de vieja sobre los elementos constitutivos de la figura declarada por el ad quem y sus efectos, a saber:

1. Sobre los elementos de la cosa juzgada.

En la labor hermenéutica de la Corte, en decisión del 23 de octubre de 2012, radicación 39.366, la Sala expuso:

Puestas así las cosas, importa previamente recordar que la fuerza de la cosa juzgada —denominada también ‘res iudicata’— se impone por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, cuando quiera que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto (eadem res), se funda en la misma causa que aquél donde se profirió la sentencia (eadem causa petendi) y entre ambos hay identidad jurídica de partes (eadem condictio personarum - eadem personae).

Razones de orden mayor imponen la necesidad de evitar ventilar nuevamente un mismo litigio cuando sobre éste ya se ha asentado de manera definitiva el pensamiento de su juzgador natural, por manera que, al tenerse por superada la controversia mediante la sentencia judicial en firme, ésta adquiere las características de ‘definitividad’ e ‘inmutabilidad’, que al lado de tener por solucionado el conflicto, otorgan a las partes comprometidas certeza del derecho discutido y seguridad jurídica sobre lo decidido.

Pero para que la cosa juzgada adquiera la fuerza que persigue la ley, no basta que solamente una o dos de las identidades antedichas se reflejen en el nuevo proceso; como tampoco, para negarla, que por la simple apariencia se desdibujen los elementos que la conforman, esto es, el objeto del proceso, la causa en que se funda y los sujetos entre quienes se traba la disputa. Por eso, para que se estructure la cosa juzgada, de una parte, deben concurrir, necesariamente y en esencia las tres igualdades anotadas, y, de otra, deben aparecer identificados claramente los elementos que las comportan.

La cosa juzgada es una institución que por perseguir los objetos de certeza y seguridad jurídica anunciados, así como puede ser alegada por la parte interesada desde el mismo umbral del proceso a través de las llamadas excepciones previas que por sabido se tiene tienden a impedir el adelantamiento irregular del proceso, también puede ser declarada oficiosamente, aún en la segunda instancia, pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil —artículo 282 del nuevo Código General del Proceso—, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que concede al juzgador dicha posibilidad, salvo las consabidas restricciones respecto de la nulidad, la compensación y la prescripción, las cuales deben ser siempre alegadas, no puede entenderse derogado por la vigencia del artículo 66 A del código procedimental últimamente citado. Por manera que, en cuanto a dicha alegación no asiste razón alguna a los recurrentes, dado que, como se ha asentado, la cosa juzgada interesa al orden público y, por tanto, bien pueden los jueces de segundo grado declararla, aún, de oficio. CSJ SL 15814 de 2014.

Conforme a lo anterior ningún reparo merece las consideraciones jurídicas que hizo el ad quem en torno a la interpretación y aplicación del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil.

Son a todas luces inconducentes e infundados los argumentos con los cuales pretende el recurrente atribuirle al ad quem el supuesto yerro jurídico consistente en haberle dado trámite a la apelación que el propio recurrente interpuso contra la sentencia del a quo y haber proferido decisión en segunda instancia, la que ahora objeta porque, en su entender, una sentencia basada en la cosa juzgada no admite recurso alguno.

El censor confunde la sentencia ejecutoriada que resuelve una controversia en un proceso contencioso, la cual ciertamente ya no admite recurso alguno, con la sentencia del a quo que se produce en un segundo proceso de doble instancia y declara probada la cosa juzgada por encontrar identidad de partes, causa y objeto respecto de aquella, en aplicación del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil.

Esta segunda providencia si es susceptible del recurso de apelación y, por tanto, es posible que el juez de alzada revise las consideraciones en torno a la declaratoria de cosa juzgada, para este concluir si la confirma, la revoca o la modifica.

Por tanto, no incurrió el juez colegiado en yerro alguno al darle trámite y decidir la apelación interpuesta contra la sentencia del a quo proferida en el actual proceso.

Por demás, la censura le achaca a la sentencia la violación directa de la ley con el argumento de que el ad quem, al declarar la cosa juzgada, no se dio cuenta de que no podía darla por configurada al faltar, en su criterio, identidad de objeto y de sujetos, a pesar de que, al inicio de la demostración del primer cargo, dice admitir todos los supuestos fácticos del fallo recurrido.

La ausencia de los dos elementos que según la censura se presentan en el sublite y que impedían declarar la cosa juzgada tienen que ver con los supuestos fácticos de la controversia, por tanto la inconformidad en torno a ellos al recurrir en casación la respectiva decisión solo se puede plantear en un cargo por la vía indirecta, con la indicación de las pruebas que el juzgador apreció equivocadamente o las que dejó de valorar y el razonamiento explicativo de cómo esta actuación del juez colegiado incidió en las resultas del proceso, con la demostración de que si no hubiera actuado así, la decisión sería otra.

Por otra parte, la censura cuando presenta el cargo tercero por la vía indirecta, no atina en cuestionar la identidad de objeto y de sujetos establecida en segunda instancia, haciéndolo mediante la formulación de, al menos, un yerro que invite a la Sala a examinar la demanda del proceso anterior y las sentencias que cobraron ejecutoria en ese entonces, dado que, inexplicablemente, se desvía del basamento del fallo objeto del recurso extraordinario y se dedica a demostrar unos supuestos yerros que a la vista son irrelevantes para el caso, pues apuntan a demostrar que el ad quem no tuvo en cuenta que la demandada había confesado que la pensión del actor era de carácter convencional, que la pensión fue otorgada al actor a partir del 2 de enero de 1981, al igual que se había equivocado en la valoración de la convención colectiva de 1997, como si el juzgador hubiese estudiado el fondo del asunto, cuando lo cierto es que el juez colegiado no lo hizo con la justificación de la cosa juzgada.

Pero más extraño y contradictorio resulta que le critique al tribunal el no haber dado por demostrado que existía cosa juzgada para el banco, al momento de aplicar al actor la compartibilidad y la no compatibilidad con base en la convención de 1997, pues justamente el ad quem lo que hizo fue establecer que ya el tema de conflicto entre las partes había sido decidido en proceso anterior, mediante sentencias que habían cobrado ejecutoria.

El tribunal fundamentó su decisión de declarar la cosa juzgada básicamente en que era absolutamente claro que la cuestión fáctica argüida en el proceso ordinario laboral que en el pasado había suscitado la sentencia condenatoria emitida el 5 de julio de 2002, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esta ciudad, y posteriormente confirmada por la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de junio de 2004, era coincidente con la debatida en el sublite, puesto que, en uno y otro caso, la cuestión fáctica sacó a relucir, como tema de debate, la compatibilidad y compartibilidad pensional, en virtud de las cuales el actor estaba propugnando por el reconocimiento, devolución y pago por cuenta del banco de las mesadas pensionales de vejez, al achacarle a dicha entidad la realización de los descuentos de la prestación última citada.

Al ad quem le bastó cotejar los hechos del libelo del antiguo proceso, con los de la demanda incoada en el presente, para advertir que el tema controversial es idéntico, aunque observó que, lingüísticamente, estaba descrito de forma diversa. Enseguida, al ubicarse en el objeto del proceso, concluyó que no le quedaba otra alternativa que asentar que la cosa juzgada estaba configurada en el sublite. Hizo la precisión de que el a quo del primer proceso, de manera explícita, al referirse a los beneficios que se adscribían en cabeza del actor, esto es la compatibilidad entre la pensión de jubilación que el banco le defirió al actor, con la pensión de jubilación que, en su momento le reconoció el ISS, previno que ello operaba de forma temporal, pues, ese despacho judicial, en efecto, sobre el particular asentó lo siguiente:

En el caso de marras se trata de un derecho pensional habilitado por la convención que hace parte de la regulación obrero-patronal y por ende constituye un aspecto formal de la ley para las mismas, así como también lo es el derecho pensional (vejez) que por orden legal lo adquiere el trabajador al cumplir los requisitos mínimos que dicha ley dispone al efecto, de tal manera que teniendo tales fuentes legales y pertinentes estos derechos no pueden perderse so pretexto que no se hizo su reclamo en su debida oportunidad o cuando se procedió hacerlo al entrar en vigencia disposición que sobre ella se cambiara o modificara, es decir, como se afronta en esta situación de estudio que solo hasta el año de 1997 el patrono Bancario y el Sindicato denominado ANEBRE establece la incompatibilidad de estas dos pensiones, montos pensionales que se encuentran causados en un cien por ciento (100%) del valor de sus respectivas jubilaciones ya que hasta este año que se menciona tienen el carácter de compatibles. Subrayas del tribunal.

De lo anterior, dijo el juez de alzada que fluía que ya había sido objeto de escrutinio por parte de la administración de justicia el conflicto que nuevamente promovió el actor en el presente proceso.

Destacó que la legislación le otorgaba al accionante la facultad de solicitar aclaración, corrección o adición de la sentencia, conforme a las directrices contenidas en los artículos 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en virtud del artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, y, desde luego, la potestad de impugnar ordinaria o extraordinariamente las decisiones judiciales que habían sido proferidas en el pasado, en orden de obtener la enmienda o revocatoria de los puntos con los cuales no comulgaba, pero que, en modo alguno, es válido promover una nueva acción, cuando al final de cuentas, el litigio ya había sido ventilado con su anuencia implícita, al no haber hecho uso de los instrumentos legales conforme se había visto.

Así las cosas, precisa esta Sala que, frente a los dos cargos formulados por la vía directa, se tiene que el impugnante se debía ceñir a las premisas fácticas asentadas por el ad quem, consistentes en que i) había identidad de objeto de este proceso respecto de uno anterior, cuál era la compatibilidad y la compartibilidad entre la pensión a cargo del banco y la reconocida por el ISS; ii) esta controversia ya fue resuelta en proceso anterior, mediante sentencias de primera y segunda instancia que cobraron ejecutoria, donde el a quo reconoció la compatibilidad de estas dos pensiones, pero lo hizo en forma temporal, solo hasta el año 1997, cuando el empleador y el sindicato establecieron la incompatibilidad de pensiones, decisión que fue confirmada en segunda instancia en respuesta de la apelación de la demandada; iii) que el actor no ejerció en dicho proceso la facultad de aclaración, corrección o adición de la sentencia previstos en los artículos 309 al 311 del Código de Procedimiento Civil, ni los medios de impugnación ordinarios o extraordinarios, en orden a obtener la enmienda de los puntos que no compartía.

Respecto a esta última parte, entiende la Sala que el ad quem, por enmienda de lo no compartido que no persiguió el demandante en su momento a través de los medios legales, se refiere a que la parte actora, en su oportunidad, había podido apelar la decisión para obtener la eliminación del límite de tiempo que fue impuesto por el a quo a la compatibilidad pensional al momento de reconocerla a favor del accionante y que, a su vez, fue confirmada en segunda instancia cuando se resolvió el recurso de la demandada, única apelante, pero lo visto es que aquel no lo hizo, y, entonces, el accionante, en desacuerdo con la compatibilidad reconocida de forma temporal, decide promover un nuevo proceso para intentar subsanar su omisión, no siendo esto válido en razón a los efectos de la cosa juzgada; sobre lo cual guarda silencio el recurrente, por lo que conserva intacta su presunción de legalidad y le sigue sirviendo de soporte al fallo.

La censura, infructuosamente, se propone desquiciar la sentencia del tribunal proferida dentro del sublite con el argumento infundado, además de inapropiado para un cargo por la vía jurídica, se itera, de que el ad quem se equivocó al no darse cuenta de que faltaba la identidad de partes y la de objeto, porque, en su criterio, el primero no se daba en razón a que el banco, en el proceso anterior, estuvo representado legalmente por una persona diferente a la que actuó como tal en el presente; y que lo mismo ocurrió con el apoderado judicial.

Es infundado pretender sustentar la ausencia de identidad de partes, aunque se hubiese realizado también por un cargo por la vía indirecta, por el solo hecho de que una de ellas actuó con diferentes representantes legales, puesto que el cambio de representante legal o de apoderado no afecta para nada la identidad de la parte actuante dentro de un proceso judicial.

Lo mismo se ha de predicar de la falta de identidad de objeto alegada por el impugnante, porque en este proceso, según su dicho, se están reclamando prestaciones diferentes a las del primero.

Tal y como el propio objetor de la sentencia lo dice en el infructuoso propósito de demostrar la supuesta violación de las normas señaladas que le atribuye al juez colegiado, el derecho pensional comprende prestaciones de tracto sucesivo, como son las mesadas; por tanto, no admite duda alguna de que el objeto del proceso no cambia por el solo hecho de que ahora, de cara al anterior litigio, se estén reclamando la compatibilidad de mesadas correspondientes a meses diferentes y a valores diferentes por los incrementos experimentados en virtud de la ley, pues es claro, como lo dijo el ad quem, sin que este razonamiento se halla logrado derrumbar con el ataque de la censura, de que tanto en el proceso anterior como en el presente se sometió a debate la compatibilidad y la compartibilidad de la pensión de jubilación a cargo del banco y de la pensión de vejez por cuenta del ISS, con la advertencia por parte del juez de alzada de que esta controversia ya había sido resuelta en el proceso anterior, por lo que declaró configurada la excepción de cosa juzgada.

Tampoco, en el cargo por la vía indirecta, desmiente el recurrente que el a quo del primer litigio reconoció la compatibilidad entre las pensiones a cargo del empleador y cargo del ISS, pero de forma limitada en el tiempo hasta 1997, cuando en la nueva convención de esta calenda se pactó la compartibilidad, según lo dicho por el juzgador de aquella vez. Decisión que, se itera, fue confirmada. Por lo cual, se ha de decir una vez más que esta premisa fáctica conserva intacta su presunción de legalidad y le sigue sirviendo de soporte a la decisión objeto del presente recurso.

Tan solo en el cargo por la vía directa, respecto a la compatibilidad temporal reconocida en proceso judicial anterior, la censura le critica al tribunal del sublite que hubiese avalado esa decisión del a quo precitada, al declarar la cosa juzgada, porque, en su criterio, esto no era posible, dado que, estima, no se podía aplicar la convención colectiva de 1997 al caso del actor porque su pensión fue reconocida en 1981.

El recurrente, con dicho reparo, confunde que el ad quem del presente proceso, al declarar probada la cosa juzgada, no entró a examinar si la decisión del a quo de la otra vez, referente a la compatibilidad temporal, estaba o no conforme a derecho; e ignora abiertamente el objetor de la sentencia que el tribunal no lo hizo porque admitió que tenía vedado hacerlo, dado que, indiscutiblemente, no tenía competencia para volverse a pronunciar sobre un asunto que ya había sido resuelto en otro proceso.

Lo que hizo el juez colegiado a través de la decisión objeto del recurso que ocupa ahora la atención de la Sala, justamente, fue respetar los efectos legales de la cosa juzgada, al inhibirse de estudiar el fondo del asunto, por haber encontrado, de forma fehaciente, que la controversia puesta en su conocimiento mediante el recurso de apelación interpuesto dentro del actual juicio era igual a la que ya había sido resuelta en otro trámite contencioso y ordinario que culminó con sentencias que cobraron su ejecutoria. Y, como él también lo asentó, a consecuencia de la cosa juzgada encontrada tenía vedado revisar nuevamente el fondo del asunto, es decir establecer si procedía o no la compatibilidad pensional, lo cual es lo que en el fondo pretendió la parte actora con el presente proceso, aunque no lo dijera con estas palabras; y el problema a resolver no resultaba ser otro, así lo pidiera de forma distinta, como fue el de solicitar el reconocimiento, la devolución y pago de las mesadas retenidas ilegalmente por parte del banco y recibidas del ISS, puesto que, conforme a lo acabado de ver, el banco lo que en realidad estaba haciendo era aplicando la compatibilidad temporal amparado en la sentencia ejecutoriada de un proceso anterior.

De todo lo observado se sigue que, de acuerdo con lo establecido por el juez colegiado, la compatibilidad de las pensiones de jubilación y vejez reconocidas al actor de parte del banco y del ISS, respectivamente, objeto del presente proceso, ya fue resuelta en proceso anterior, mediante decisiones que se encuentran debidamente ejecutoriadas, donde se reconoció la compatibilidad pensional aunque de forma temporal hasta 1997, y que la parte actora, en su momento, no apeló la decisión del a quo; tan solo impugnó la demandada, es decir fue única apelante, y resultó vencida en cuanto a la imposición de la compatibilidad temporal.

Por tanto, la sentencia de primera instancia de la otra vez cobró ejecutoria en los términos en qué fue proferida, sin que la parte actora, para subsanar su omisión de no haber apelado oportunamente, pueda hacer uso de un segundo proceso para revivir la controversia, puesto que ella debe atenerse a las consecuencias que generan sus propios acciones y omisiones.

A más de que no se le puede atribuir a los efectos de la cosa juzgada declarada por el ad quem el desconocimiento de derechos irrenunciables a la seguridad social, según lo alegado por el recurrente en la demostración de los cargos, como quiera que, de manera alguna, serían los efectos de la cosa juzgada los causantes directos de la posible afectación del derecho pensional, sino que la causa inmediata, de darse tal afectación alegada por la censura, sería la no impugnación de la sentencia del a quo de entonces, actuación que le correspondía a la misma parte actora, quien no apeló y dejó que la decisión de primera instancia cobrara ejecutoria, sin que fuera examinada por el superior funcional de quien la profirió.

Lo anterior basta para concluir que los cargos no han de prosperar, sin que amerite pronunciamiento sobre las disconformidades relacionadas con el acuerdo celebrado entre el banco y el ISS para efectos del pago de las pensiones de vejez por el primera, puesto que no guardan relación ni inciden con la cosa juzgada declarada en la sentencia, cuya presunción de legalidad se mantiene intacta tras el estudio de las acusaciones de la parte actora.

Finalmente se ordenará remitir copia de las sentencias de primera y segunda instancia de este proceso y del anterior que obran en el sublite, fls. 420 al 438, y 510 al 519; y del presente fallo, a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla para que investigue las posibles faltas cometidas por el apoderado de la parte demandante, en el presente y anterior proceso, en el ejercicio de los mandatos especiales conferidos por el accionante para que fuera representado en ambos procesos.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente, dado el resultado del recurso y que hubo réplica. Se le condena a pagar la suma de $3.250.000, por concepto de agencias en derecho.

XI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Primera Dual de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 28 de febrero de 2013, en el proceso que instauró Miguel Antonio Marenco Castro contra el Banco de la República.

Costas se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».