Sentencia 54168 de mayo 7 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 54168

SL6099-2014

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta Nº 15

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Fue interpuesto por la accionada y con él pretende que la Corte case la sentencia impugnada, y en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado, y en su lugar, se le absuelva de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito presenta un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y que enseguida se estudia.

VI. Único cargo

Por la vía directa, acusa la sentencia recurrida de haber aplicado indebidamente los artículos 6º del Decreto 758 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 16 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º, 2º, 3º, 6º, 8º, 14 y 17 de la Ley 153 de 1887, 45 de la Ley 270 de 1996, “violación que condujo a la falta de aplicación de los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993”.

En su desarrollo, señala que la norma aplicable era el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 comoquiera que la fecha de estructuración de la invalidez acaeció en vigencia de la ley ejusdem.

Se duele que el Tribunal haya aplicado al caso las normas derogadas por la Ley 100 de 1993, pues esos reglamentos únicamente se mantienen vigentes para los casos de los beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la citada ley en lo concerniente a la pensión de vejez.

Señala que no es posible, so pretexto de la condición más beneficiosa, que se haya dejado de aplicar la Ley 100 de 1993, “pues los hechos demostrados no enfrentan dos o más normas vigentes, que ofrezcan duda sobre su alcance o contengan disposiciones encontradas”.

VI. La réplica

Con sustento en la doctrina de esta corporación, aduce que sería un error jurídico desconocer el principio de la condición más beneficiosa que emana del artículo 53 de la Constitución Nacional.

Agrega que sería ineficaz para el sistema si se negara el derecho pensional a quien ha cotizado el número mínimo de semanas para tener acceso a la prestación de invalidez conforme al régimen anterior, por el solo hecho de que ha variado la normativa.

En cuanto a la ausencia de un régimen de transición para la pensión de invalidez, aduce que a diferencia de la situación de vejez, la de invalidez es improbable de predecir, y por ende, “no regulables por un régimen de transición”.

VII. Se considera

Dada la orientación jurídica del cargo, no se discute que la demandante fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del 58.5% estructurada el 16 de junio de 2002; que para el momento en que entró en vigencia el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, tenía más de 300 semanas cotizadas, y que no cotizó 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se produjo su estado de invalidez.

Pues bien, sobre el asunto esta Corte ha sostenido en innumerables oportunidades que cuando la invalidez del afiliado ocurre en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, y se encuentra acreditado el número mínimo de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990 —cotizadas durante su vigencia—, es posible estudiar el reconocimiento de la pensión de invalidez a la luz de esta última norma, en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

Al respecto y con miras a dar respuesta a los cuestionamientos del recurrente, es suficiente con remitirnos a los argumentos contenidos en la Sentencia CSJ SL, 10 jul. 2007, rad. 30085, en la que la Sala expresó:

En relación a este puntual aspecto, como lo pone de presente el juez colegiado, la Sala replanteó el tema y en sentencia del 5 de julio de 2005 Radicado 24280, reiterada en decisiones del 19, 25 y 26 de julio del mismo año, Radicación 23178, 24242 y 23414, respectivamente, y recientemente en fallos del 31 de enero, 30 de marzo y 24 de julio de 2006 radicados 25134, 27194 y 27514, rectificó el criterio que se venía acogiendo y por mayoría sostuvo que pese a no alcanzarse a cotizar 26 semanas durante el año anterior al estado de invalidez, empero al tener el afiliado un número considerable de semanas cotizadas, concretamente más de 300 en cualquier época, tiene derecho a la pensión de invalidez.

En la primera de las decisiones rememoradas, que dan respuesta en gran parte a los interrogantes planteados por el censor, la Corte razonó diciendo:

“(....) El tribunal exigió el cumplimiento de las cotizaciones al ISS, en la proporción señalada por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en tanto que la censura argumenta que tal requisito contraviene los principios de la seguridad social.

Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993, como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para este de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado, entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

Y entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría, sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 49 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de las instituciones legalmente previstas.

Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones tan suficiente —971— que, de no haber variado la normatividad, se repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su acaecimiento.

Es indudable que el propósito del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 fue hacer más sencillo el reconocimiento de la pensión de invalidez, frente a las disposiciones anteriores a su vigencia que regulaban el tema.

Efectivamente dentro del antiguo régimen era indispensable para pensionarse haber cotizado como mínimo 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al advenimiento de la invalidez o un mínimo de 300 semanas en cualquier tiempo, mientras que en el nuevo régimen basta estar cotizando y haber completado 26 semanas en el momento de invalidarse o las mismas 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a ese insuceso para conseguir el mismo resultado.

Pero sería una paradoja jurídica entender que quien había cotizado dentro del régimen anterior con abundancia de semanas, como acontece con la actual demandante, quede privada de la pensión por falta de las 26 semanas exigidas en el nuevo régimen, ya que de antemano tenía consolidado un amparo para sobrellevar la invalidez dentro del régimen antiguo, amparo este que ni los principios constitucionales tutelares del trabajo humano ni la justicia y la equidad permiten desconocer. Más aun cuando la entidad obligada a reconocer la pensión de invalidez ya lo estaba dentro del antiguo régimen, sin que ahora pueda escudarse en el nuevo, para abstenerse de cumplir ese deber jurídico que de antemano ya pesaba sobre tal entidad.

Aun cuando pudiera argumentarse que la ausencia legal de un régimen de transición frente a la pensión de invalidez, como sí lo tiene la de vejez, impide tener en cuenta las cotizaciones pagadas suficientemente por quien no aportó el mínimo de 26 semanas requerido en el mencionado artículo 39 de la Ley 100 de 1993, cabe decir que la situación es distinta en uno u otro caso, porque en la de vejez es viable para el legislador considerar la mayor o menor aproximación a la edad y al total de cotizaciones exigidas bajo un régimen, para determinar el grupo de la población que eventualmente puede acceder a esa prestación (por el transcurso del tiempo — hecho determinable—, ya para completar cierta edad, o, para sumar un periodo de cotizaciones); mientras que en la de invalidez, obedece a contingencias improbables de predecir, y por ende, no regulables por un régimen de transición.

Desde la anterior perspectiva, la invalidez simplemente llega, y ese hecho impide, a quien la padece en más del 50% (proporción establecida legalmente, igual en el Acuerdo 049 de 1990, que en la Ley 100 de 1993), laborar y procurarse un modo de subsistencia, de forma que el sistema no puede dejar de prestarle la asistencia debida, teniendo en cuenta las cotizaciones antecedentes a ese estado, las cuales, sin lugar a duda, deben tener un objetivo práctico, tendiente a no dejar desamparado a quien aportó al régimen, así que posteriormente, al cumplir la edad para una eventual pensión por vejez, de esta no puede despojársele, pero mientras ello sucede, no debe quedarse sin defensa, por la ineficacia, que pretende la demandada, se le dé a las citadas aportaciones, que finalmente contribuyeron a la consecución de la prestación, por vejez, por invalidez o por muerte”.

El anterior criterio se ha mantenido inalterado al interior de la Corte en sentencias como la CSJ SL, 12 abril 2011, rad. 39836, CSJ SL, 27 sept. 2011, rad. 36341, CSL SL, 15 mayo 2012, rad. 39204, entre muchas otras.

En consecuencia, el cargo propuesto se desestima.

Dado que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de seis millones trescientos mil pesos ($ 6.300.000.00).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 29 de abril de 2011, en el proceso seguido por María Elena Hernández Ordóñez contra el Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones—.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».