Sentencia 46067 de febrero 12 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6181-2014

Radicación 46067

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Recurso de casación

Lo interpuso la demandante, quien persigue que se case totalmente la sentencia recurrida y, en sede de instancia, la Corte revoque el fallo absolutorio de primer grado para, en su lugar disponer las condenas solicitadas en la demanda inicial.

Con tal objeto invocó la causal primera de casación laboral contemplada en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social artículo 87, modificado por el Decreto 528 de 1964, artículo 60 y la Ley 16 de 1969, artículo 7º, y formuló un cargo que no fue replicado, el cual se estudiará a continuación.

VI. Cargo único

Atacó la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 467, 471 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo.

Violación que se produjo como consecuencia de los siguientes errores manifiestos de hecho, que el censor asegura cometió el tribunal:

1. No dar por demostrado estándolo, que la señora Betty del Carmen Vega tiene derecho a la prima de antigüedad consagrada en el artículo 77 de la convención colectiva.

2. Dar por demostrado sin estarlo, que para acceder a la proporción de la prima de antigüedad, basada en el inciso final del artículo 77 de la convención colectiva, entre la finalización del contrato de trabajo y el disfrute de la pensión no debe haber solución de continuidad.

Manifestó que los errores de hecho que anteceden, se derivaron de la errónea apreciación de la convención colectiva de trabajo celebrada entre la empresa demandada y SintrateleCartagena, vigente para los años 2003-2004, específicamente su artículo 77 (fls. 21 a 57).

Para sustentar la acusación, la censura puso de presente, que la terminación de los contratos laborales por liquidación de la empresa demandada se asimilaba a un despido injusto y, por tanto, la situación se encuadraría en el primer aparte del parágrafo del artículo 77 de la convención colectiva, pero que en este asunto no resultaría aplicable, porque como lo estableció el tribunal, para ese momento a la actora le hacían falta más de los seis meses señalados para el reconocimiento de la prima de antigüedad proporcional.

Señaló que el ad quem no tuvo en cuenta que la parte final del citado artículo 77 de la convención colectiva de trabajo estipula que ‟igualmente tendrá derecho a la liquidación proporcional de esta prima cualquiera que fuese el tiempo que le faltare para obtenerla a quienes salgan a disfrutar de la pensión de jubilación por voluntad propia o por mandato de la empresa” (resaltado es del texto original), y que, en estas circunstancias, como la liquidación de la empresa se equipara a un despido sin justa causa, resulta forzoso concluir que en el escenario de las personas que salen a disfrutar de la pensión de jubilación convencional, deberá clasificarse esa decisión como ‟mandato de la empresa”.

Precisó que el yerro del tribunal consistió en dotar a la convención colectiva artículo 77, parte final, de un significado a la palabra ‟disfrutar” diferente al real y darle una connotación temporal que no tiene, entendimiento que resulta restrictivo y negativo al trabajador. Además, el texto convencional no dice que el disfrute de la pensión está concatenado o debe ser simultáneo con el reconocimiento de la prestación y, por consiguiente, el disfrute puede darse a partir de la fecha de terminación de la relación laboral, o tiempo después ‟así pase (sic) uno, dos, tres o diez años”, ya que pueden surgir acontecimientos que retarden el otorgamiento de la pensión, a más que de la definición del término “disfrutar” tomada del diccionario de la lengua española como “percibir los productos, ventajas y utilidades de una cosa, gozar de salud, comodidad, etc. Aprovecharse el favor”, no se deduce que el disfrute sea inmediato al hecho; por el contrario, dicho término se utiliza para situaciones futuras.

Aseveró que cuando la terminación del vínculo contractual lo es por la liquidación de la empresa, se debe entender que no es por voluntad del trabajador. Que en este caso la demandante tenía cumplido en exceso el tiempo indicado en el artículo 85 de la convención colectiva de trabajo para obtener la pensión de jubilación, y es por ello que sale a disfrutar de la pensión a partir del 12 de julio de 2003 por mandato de la empresa, siendo en consecuencia aplicable el referido artículo 77 convencional en su parte final. Por lo anterior, la accionada tiene derecho a recibir la prima de antigüedad proporcional, quedando de esta manera los yerros fácticos endilgados demostrados.

Finalmente, manifestó que una vez quebrada la sentencia impugnada, en sede de instancia y para efectos de liquidar la mencionada prima de antigüedad con el consecuente reajuste de la pensión especial de jubilación, se deberá tener en cuenta que la actora estaba afiliada al sindicato y se beneficiaba de las convenciones colectivas de trabajo; también, que la duración de su contrato de trabajo fue del 20 de agosto de 1969 hasta el 13 de junio de 2003, y que se generaron los salarios moratorios reclamados.

VII. Se considera

Debe comenzar la Sala por advertir que, conforme a lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure, es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran y, a más de esto, como lo ha reiterado la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta.

El cargo persigue quebrar la sentencia de segundo grado, en cuanto confirmó el fallo absolutorio del a quo. Para esto el censor endilga dos errores de hecho, tendientes a demostrar que el tribunal se equivocó al concluir que para acceder a la proporción de la prima de antigüedad basada en el inciso final del artículo 77 de la convención colectiva de trabajo, no debía existir solución de continuidad entre la finalización del contrato de trabajo y el disfrute de la pensión. Reprocha al ad quem haber concluido que en virtud de que la finalización del vínculo de la actora se hizo efectivo el 13 de junio de 2003 y la pensión convencional comenzó a disfrutarse a partir del 12 de julio de 2003, no se reúnen los presupuestos de tal estipulación convencional para tener el derecho a dicha prima. Para ello denunció la errónea apreciación del texto convencional.

En la sustentación, el censor señaló que el texto convencional no dice que el ‟disfrute” de la pensión deba ser simultáneo con su reconocimiento, a fin de poder obtener el pago proporcional de la prima de antigüedad y, por tanto el disfrute puede ser a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo o tiempo después, incluso con uno o varios años de diferencia, pues el término disfrutar se utiliza para situaciones futuras y, en este caso, a la accionante se le reconoció luego de su retiro una pensión por mandato de la misma empresa desde el 12 de julio de 2003, lo que se acomoda a las exigencias del parágrafo del citado artículo 77 de la convención colectiva de trabajo.

Pues bien, la cláusula cuestionada que contiene el beneficio de la prima de antigüedad y que corresponde a la convención colectiva de trabajo 2003-2004, es del siguiente tenor literal:

Cláusula 77: Prima de antigüedad (C.C. 91, C21): La cláusula décima novena de la convención colectiva 1988-1989 queda así: La empresa como estímulo a sus trabajadores por los servicios que le presten dará una prima de antigüedad en la siguiente proporción:

a) Los que completen cinco (5) años el valor de treinta (30) días de salario.

b) A los que completen diez (10) años el valor de cincuenta (50) días de salario.

c) A los que completen quince (15) años el valor de sesenta y cinco (65) días de salario.

d) A los que completen veinte (20) años el valor de ochenta (80) días de salario.

e) A los que completen 25, 30, 35 años el valor de ciento cinco (105) días de salario.

PAR.—El trabajador que fuera despedido sin justa causa faltándole un lapso de seis (6) meses o menos para completar un periodo que lo haría acreedor a una prima de antigüedad, tendrá derecho al pago proporcional de la que le habría correspondido. Igualmente tendrá derecho a la liquidación proporcional de esta prima cualquiera que fuese el tiempo que le faltare para obtenerla a quienes salgan a disfrutar de la pensión de jubilación por voluntad propia o por mandato de la empresa (resalta la Sala, fls. 47 y 48, cdno. del juzgado).

Para la Corte, la intelección que el tribunal le imprimió al parágrafo de la cláusula convencional transcrita se acomoda a su tenor literal y no da lugar a un yerro fáctico con el carácter de manifiesto o evidente.

Lo anterior es así, habida cuenta que de su texto efectivamente se desprende que un trabajador despedido sin justa causa para que tenga derecho al pago proporcional de la prima de antigüedad, requiere que a ese momento le falte seis (6) meses o menos para completar un período quinquenal.

Del mismo modo, resulta razonado que, al referirse tal estipulación a que también tendrán derecho a la cancelación proporcional de tal prima, cualquiera que fuese el tiempo que le faltare para su obtención, ‟quienes salgan a disfrutar de la pensión de jubilación por voluntad propia o por mandato de la empresa”, se entienda que tal prerrogativa va dirigida a las personas a quienes se les finaliza el contrato para que entren a disfrutar de su jubilación, ya sea porque el trabajador opte por solicitar su pensión o la empresa la conceda. Y bajo esta órbita es lógico que el disfrute de la pensión sea ‟inmediato” o contiguo a la terminación de la relación laboral, que es lo que infirió la alzada del aparte final del artículo 77 de la convención colectiva de trabajo.

Por lo dicho, es dable concluir, como lo hizo el juez de apelaciones, que el empleado o trabajador que se enmarque en la situación de la segunda parte o eventualidad del parágrafo en comento, para poderse beneficiar de esa prima extralegal de antigüedad en forma proporcional debe salir jubilado de la empresa inmediatamente opere su retiro, pues del texto convencional no aflora que ese derecho se extienda igualmente a aquellos extrabajadores que en un futuro o tiempo después adquieran una pensión a cargo de la empresa, razonamiento que no se muestra incoherente o descabellado.

En el sub examine, para el 13 de junio de 2003 cuando se produjo el despido de la actora, a esta le faltaban más de seis (6) meses para cumplir 35 años de antigüedad, concretamente un (1) año, diez (10) meses y dieciocho (18) días y su retiro o despido obedeció a la liquidación de la empresa. Por ello, no reúne los presupuestos de la primera parte del parágrafo de la cláusula 77 de la convención colectiva de trabajo para el pago de la prima de antigüedad reclamada.

Igualmente debe decirse, que conforme se desprende de la resolución de reconocimiento de la pensión especial de jubilación consagrada en la cláusula 85 de la convención colectiva de trabajo (fls. 7 a 11, cdno. del juzgado), la demandante solicitó y se le concedió dicha pensión extralegal o convencional tiempo después de su desvinculación laboral, habiéndosele en consecuencia otorgado a partir del 12 de julio de 2003, por cuanto en esa fecha fue que completó requisitos y arribó a los 50 años de edad, por haber nacido el mismo día y mes del año 1953. En estas condiciones, la accionante tampoco satisface los presupuestos de la segunda parte del mencionado parágrafo del artículo 77 convencional, para la cancelación de la aludida prima de antigüedad en forma proporcional, de acuerdo con la interpretación racional del tribunal que lo llevó a concluir que la actora no tenía derecho a esa prerrogativa extralegal.

Así las cosas, no se erige como descabellada la valoración probatoria del tribunal, con base en la apreciación de la cláusula de marras, siendo tal postura razonada y ajustada a lo estipulado por las partes convencionalmente y por consiguiente no queda otro camino que respetarla y mantenerla.

Cabe agregar, que al no ser las estipulaciones de una convención colectiva de trabajo normas legales sustanciales de alcance nacional, solo en el evento de una interpretación absurda por parte del sentenciador la Corte puede separarse de ella para derivar un yerro ostensible por la errónea valoración de una prueba, situación que no ocurre en esta oportunidad.

Ahora bien, no desconoce la Sala que la apreciación que le imprime el recurrente en casación a la aludida cláusula convencional también es razonada; pero mientras esta corporación no encuentre irracional o alejado totalmente del texto convencional el entendimiento dado por el juzgador, no es viable dar por acreditado un error de hecho con el carácter de manifiesto o protuberante.

Sobre esta precisa temática, concerniente a la estimación de la prueba de la convención colectiva de trabajo, cuando admite más de una interpretación razonada, la cual queda enmarcada dentro de la potestad de apreciar libremente los medios probatorios otorgada a los jueces por el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 61, entre otros pronunciamientos, en sentencia de la CSJ SL, 28 de enero de 1998, rad. 10170, reiterada en casaciones del 30 de junio de 2005, rad. 24938 y 25 de junio de 2009, rad. 35549, la Sala adoctrinó:

Planteada la situación así, se tiene que frente a dos ejercicios hermenéuticos en torno a una misma norma convencional, igualmente atendible por su desarrollo lógico y racional, no es posible concluir que se dé un yerro fáctico de tal entidad que dé lugar a la prosperidad del cargo en el recurso extraordinario de casación, ya que como se expresó en sentencia del 22 de octubre de 1997, radicación 9839, la “(...) Sala ha sostenido en reiteradas providencias que respecto al alcance y extensión de textos convencionales, no se configura error de hecho capaz de hacer prosperar cargo en casación cuando este se sustenta en el planteamiento de alternativa de interpretación de precepto de acuerdos colectivos al menos tan racionalmente acogibles como los expuestos por el ad quem, pues ello además implicaría inmiscuirse en el fuero que a tal juzgador le otorga el artículo 61 del CPL.

En este orden de ideas, no es factible concluir en la presente causa, que al valorarse la norma convencional en comento —que valga decir, no es del todo clara en su redacción—, se hubiere presentado una mala apreciación de este medio de convicción.

Por todo lo expresado, el tribunal no pudo cometer los yerros fácticos atribuidos por la censura y el cargo no prospera.

De las costas del recurso de casación, no hay lugar a ellas por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, calendada 30 de julio de 2008, en el proceso adelantado por Betty del Carmen Vega Hernández contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cartagena - TeleCartagena S.A. ESP en Liquidación.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».