Sentencia SL6230-2016 de mayo 11 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Gerardo Botero Zuluaga

SL6230-2016

Rad.: 43199

Acta 16

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ARMANDO ARIAS LONDOÑO, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 16 de septiembre de 2009, en el proceso que instauró el recurrente contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI EICE ESP.

I. ANTECEDENTES

El citado accionante llamó a juicio a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI EICE ESP, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato de trabajo y la vulneración del derecho fundamental a la igualdad al desconocer el empleador el principio de “a trabajo igual salario igual” y, como consecuencia de lo anterior, se condene al pago de las diferencias salariales entre el cargo de supervisor i y profesional II por la suma de $ 65.540.600,oo, a la reliquidación de las prestaciones sociales legales y extralegales por valor de $ 299.932.700,oo, al reajuste de aportes a la seguridad social en pensiones, la indemnización moratoria, indexación, lo que resulte extra y ultra petita, y las costas del proceso.

Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que se vinculó a la sociedad demandada como trabajador oficial, mediante un contrato de trabajo a término indefinido, a partir del 26 de septiembre de 1977, en el cargo de técnico III, registro 0593, adscrito a la gerencia de teléfonos, que es un puesto de trabajo operativo; que posteriormente fue ascendido a supervisor general; que luego durante más de diez (10) años, estuvo desempeñando el cargo de profesional II, en el área de capacitación de gerencia de telecomunicaciones; que hizo parte del grupo de desarrollo humano, en funciones y actividades iguales a las que efectuaba la trabajadora María Cristina Ceballos Cano; que por espacio de cuatro (4) años también realizó tareas de coordinación y asesoría de los círculos de participación y calidad, por lo que desarrolló proyectos de atención al cliente y de cultura organizacional; que con la resolución No. 001099 del 23 de junio de 2000, se le trasladó al Departamento de Salud Ocupacional, sin ningún aumento y a la fecha no se ha llevado a cabo su nivelación salarial, a pesar de ejecutar el mismo trabajo de la funcionaria antes mencionada que devenga como profesional II, mientras que él sigue recibiendo la asignación de supervisor general, lo que resulta totalmente discriminatorio; y que elevó varias peticiones o reclamaciones que le fueron contestadas en forma negativa, adeudándosele las diferencias salariales y prestacionales que se están demandando.

Continuó diciendo que el contrato de trabajo terminó el 15 de octubre de 2004, por el ofrecimiento de la sociedad demandada de una pensión anticipada voluntaria, lo cual fue aceptado y para ello suscribió conciliación ante el Ministerio de Trabajo, en la que se conciliaron los extremos temporales de la relación y la forma de finalización del vínculo; que en esa diligencia de manera ilegal se le hizo renunciar a sus derechos mínimos como trabajador, pues durante la vigencia del contrato se le discriminó todo el tiempo y no le fue cancelada la nivelación salarial que constantemente reclamaba, y en tales condiciones dicho acuerdo no puede hacer tránsito a cosa juzgada en este puntual aspecto; y que la empleadora actuó de mala fe y con la intención de atentar contra sus derechos, pues las diferencias salariales adeudadas no se incluyeron ni cancelaron en la liquidación final de prestaciones sociales, además que no es dable conciliar sobre derechos ciertos e indiscutibles.

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, admitió los extremos temporales de la relación laboral, la vinculación en el cargo de técnico III, el ascenso a supervisor general, la terminación del contrato de trabajo por el reconocimiento de una pensión anticipada, y la celebración de una conciliación laboral declarando a la empresa a paz y salvo por todo concepto, de los demás supuestos fácticos dijo que unos no eran hechos sino pedimentos de la demanda y que otros no son ciertos. Propuso la excepción previa de cosa juzgada y las de fondo que denominó inexistencia de la obligación o del derecho y la innominada.

En su defensa sostuvo que no existe ningún documento que hubiere encargado al demandante para desempeñar el cargo de profesional II, ni acto administrativo que hubiera dispuesto su traslado o nombramiento; que el actor se acogió libre y voluntariamente al plan de jubilación anticipado que le propuso la empresa, para lo cual renunció al cargo de Supervisor I y no a otro, que era el que ocupaba en la compañía, tal como se expresó en el acta de conciliación que se suscribió, en la que se dejó a paz y salvo al empleador por todo concepto, que lógicamente cubre cualquier reclamación pasada, presente o futura de su relación laboral; que el accionante está desconociendo los efectos de cosa juzgada del acto conciliatorio y, por ello, lo que ahora demanda no tiene ningún fundamento legal.

En la audiencia de conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, el juez de conocimiento que lo fue el Décimo Laboral del Circuito de Cali, mediante auto del 7 de diciembre de 2005 declaró probada la excepción previa de cosa juzgada y ordenó el archivo del expediente (fl. 300 y 301 del cuaderno principal); decisión que fue revocada por el tribunal con proveído del 5 de junio de 2007, en el que se dispuso que dicho medio exceptivo se resolviera en la sentencia que ponga fin a la instancia, y por ende que se continuara con el trámite normal del proceso.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, con sentencia calendada 30 de junio de 2009, declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, condenó a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI EICE ESP, a reconocer y pagar al demandante la diferencia de salario básico mensual entre el cargo de supervisor I y profesional II, durante el lapso comprendido del 1º de enero de 1999 al 15 de julio de 2004, tiempo en el cual desempeñó funciones en el grupo de desarrollo humano, así mismo dispuso la reliquidación de todos los beneficios salariales legales y extralegales a que haya lugar como consecuencia de la diferencia salarial ordenada y de conformidad con los valores relacionados en la parte considerativa de esta decisión, y condenó en costas a la accionada.

Para arribar a esa determinación, el a quo estimó que el demandante durante el tiempo reclamado sí cumplió con las funciones de profesional en el área de capacitación y desarrollo humano de la gerencia de teléfonos, desempeñando funciones en condiciones de igualdad, tanto en calidad como en cantidad, con relación a su compañera de trabajo María Cristina Ceballos Cano, sin que exista razones válidas que justifique el trato diferencial, excluyente y discriminatorio, lo que da lugar al pago de las diferencias salariales y prestaciones peticionadas, lo cual lleva a que se tenga por no probados los medios exceptivos propuestos por la demandada en su defensa.

III. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Apeló la entidad demandada y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con sentencia del 16 de septiembre de 2009, revocó el fallo de primer grado y en su lugar declaró probada la excepción de cosa juzgada propuesta al contestarse la demanda inicial, sin costas en la alzada.

El tribunal consideró como fundamento de su decisión, que las partes celebraron conciliación laboral a la finalización del vínculo laboral, cuyo texto aparece a folios 267 y 268, el cual pasó a reproducir para señalar, que habían acordaron en el numeral quinto “Que la liquidación definitiva de prestaciones sociales y acreencias laborales que arrojo la suma indicada en la cláusula anterior ha sido previamente conocida y revisada por el trabajador compareciente, encontrándola totalmente ajustada a su situación personal y a los derechos y prerrogativas legales y convencionales, por lo cual la acepta sin objeción alguna y declara expresamente estar conforme con ella y contener todos y cada uno de los conceptos que se le adeuda sin reparar sobre las cifras y rubros que se le pagan, anexando a la presente acta copia de dicha liquidación”; así mismo que en su numeral sexto el trabajador hoy demandante, declaró a paz y salvo a su empleador, por todo concepto de índole laboral, salarial o prestacional, indemnizatorio o sancionatorio, vacaciones y aportes a la seguridad social, sin que quede reclamación pendiente pasada, presente o futura, derivada de la relación laboral que vinculó a las partes, por los conceptos contenidos en el acta. Del mismo modo, que en el numeral séptimo de la conciliación, el actor manifestó expresamente que ha sido enterado del concepto de cosa juzgada que cobija el acuerdo conciliatorio, lo cual le pone fin a todas las controversias, acciones o reclamos, derechos u obligaciones de los comparecientes, y el hecho de que intente alguna demanda posterior constituye mala fe, temeridad y fraude procesal.

Arguyó que en consecuencia del texto de la citada acta de conciliación, se desprende la voluntad de las partes, de poner fin a cualquier reclamo que pudiera elevar el extrabajador con causa en la relación de trabajo que lo unió con su empleadora, a lo que se suma que en el acuerdo “No se excluyó de dicho pacto tópico alguno”, y, por el contrario, el demandante declaró a la entidad a paz y salvo por todo concepto y se comprometió a no iniciar ninguna acción ordinaria, además que la nivelación salarial y la reliquidación de salarios o prestaciones sociales que ahora se demandan, tenía sin lugar a dudas, el carácter de incierto o discutible para el momento en que se suscribió la conciliación y por ende era susceptible del referido acuerdo de voluntades.

Concluyó que en el presente asunto no se probó la ilegalidad de la conciliación, ni se evidencia en el mencionado pacto alguna causa ilícita que lo pudiera invalidar, en tanto ninguna motivación contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres condujo a su celebración y, por consiguiente, surte los efectos propios de la cosa juzgada, lo que impedía hacer un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones incoadas, como quiera que el accionante no podía haber instaurado una actuación procesal sobre un derecho ya conciliado, y en tales circunstancias se deberá declarar probada como excepción de mérito la cosa juzgada.

IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte CASE la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, confirme el fallo de primer grado.

Con tal propósito formuló un cargo que denominó “PRIMER CARGO”, por la causal primera de casación laboral, el cual se estudiará a continuación.

VI. CARGO ÚNICO

Acusó la sentencia recurrida por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, por violación de medio respecto de los artículos “19, 78 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998, 1º, 3º y 28 de la Ley 640 de 2001 y 332 del Código de Procedimiento Civil”, que condujo a la violación de los artículos “292 del Decreto 1333 de 1986; 41 de la Ley 142 de 1994; 6º del Decreto 1050 de 1968; 13, 25, 29, 53 y 123 de la Constitución Política; 3º y 467 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo; 1º, 4º, 5º, 8º, 11 y 49 de la Ley 6ª de 1945; 2º de la Ley 64 de 1946; 2º, 19, 37, 40, 43, 47, 48, 50 51 y 52 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945; 6º del Decreto 1160 de 1947; 2º de la Ley 72 de 1931; 5º y 11 del Decreto Ley 3135 de 1968, 1º de la Ley 244 de 1995; 8º, 13, 24, 29, 30, 32, 42 y 49 del Decreto Ley 1045 de 1978 y 45, 58 del Decreto Ley 1042 de 1978”.

Adujo que la anterior transgresión de la ley, tuvo ocurrencia porque el Tribunal cometió cuatro errores de hecho, consistentes en resumen, en dar por demostrado, sin estarlo, que la conciliación celebrada entre las partes involucró el derecho a la nivelación salarial que se persigue en el presente proceso, así como que el querer expreso de los contendientes fue poner fin a cualquier reclamo, ya que se declaró a paz y salvo a la empleadora demandada por todo concepto, lo que llevó al ad quem a considerar en contra de la evidencia, que tal nivelación salarial y sus efectos prestacionales son derechos inciertos como discutibles y, por ende, susceptible de acuerdo; y por el contario, no dar por acreditado, estándolo, que en dicho acto conciliatorio solo se planteó un acuerdo respecto de una pensión anticipada y voluntaria, más no por la mencionada nivelación salarial.

Sostuvo que los yerros fácticos que anteceden tuvieron su origen en la apreciación errónea del acta de conciliación del 15 de octubre de 2004, celebrada ante el Ministerio de Trabajo, visible a folios 267 y 268.

En el desarrollo del cargo sostuvo que a contrario de lo resuelto por el tribunal, el estudio correcto del acta de conciliación lleva inexorablemente a concluir que las partes comparecieron al Ministerio de Trabajo para convenir la terminación del contrato de trabajo y para concretar o precisar el reconocimiento de una pensión extralegal, determinando unas pautas para ello. Que si bien en la cláusula cuarta del acta de conciliación se indicó, como era obvio, que se cancelarían las prestaciones sociales generadas a la finalización del vínculo, tal circunstancia no implica de ninguna manera que el acuerdo verse sobre el monto de la liquidación final de prestaciones sociales, ni los conceptos o haberes legales y extralegales a que el trabajador tenga derecho, pues el simple pago de la liquidación definitiva no requiere de solemnidad alguna.

Indicó que el verdadero objeto de la conciliación fue la terminación mutua de la relación laboral y el reconocimiento de una pensión y, por tanto, no es dable deducir como lo hizo el tribunal, que se encontraba superada la diferencia por la nivelación salarial, máxime que las partes en el acuerdo celebrado “en ningún momento así lo comunicaron al funcionario competente”, luego no es dable entender que esa diferencia quedó conciliada.

Especificó que las cláusulas quinta, sexta y séptima del acta de conciliación, no se pueden analizar sin ligarlas a los temas objeto de conciliación, y menos para darles un alcance frente a controversias que no fueron materia de conciliación.

Que en relación a una determinada diferencia, las partes expresamente deben manifestar su intención de superarla, concretando “el derecho sobre el cual recaerá el acuerdo” y “la propuesta que logra auto-componer a los distanciados”, lo cual de no cumplirse “sencillamente no puede, siquiera, hablarse de conciliación”, ni el funcionario entrar a aprobarla.

Precisó que “La diferencia, el derecho o beneficio y la fórmula propuesta conforman el silogismo que implica todo acuerdo conciliatorio, luego el derecho conciliado, necesariamente, será el que manifiesten las partes en el momento de recurrir a ese mecanismo de solución de conflictos y no podrá, bajo ningún ángulo o punto de vista, decirse que recaerán los efectos de la conciliación sobre unos derechos o beneficios que no fueron objeto, siquiera, de conversación entre los sujetos que acuden a ese instituto y que tampoco se dejaron consignados en el texto del acta”.

Dijo que según se puede observar, frente a la nivelación salarial, no se dejó consignado que este punto hacía parte de dicho consenso, y en tales condiciones “el simple pago de una liquidación final de prestaciones sociales no puede comprenderse, sin error manifiesto, que cualquier consideración que se incorpore en el acta, así nada tenga que ver con el objeto de la conciliación, es suficiente para predicar la intangibilidad de la cosa juzgada y que estos efectos recaigan sobre hechos o controversias que se plantearon en ese acto”.

Remató diciendo que con lo antes expuesto, quedan demostrados los yerros fácticos, por violación de medio, al comprender el tribunal en forma equivocada que las partes tenían pleno convencimiento de superar la discusión a la que se contrae el presente proceso y que incluyeron esta reclamación respecto de la cual se declaró a paz y salvo al empleador; cuando lo cierto es que, el objeto de lo convenido fue otro, la terminación del nexo contractual y la pensión extralegal otorgada. Que la violación de fin surge cuando el ad quem trasmite los efectos de la cosa juzgada, en virtud de una conciliación que no tenía la identidad para tener por superadas todas las diferencias de las partes, que conduce a quebrar la sentencia impugnada y en sede de instancia a mantener la condena por nivelación salarial y reliquidación de prestaciones sociales, ya que las consideraciones de fondo del a quo no fueron impugnadas por la demandada.

VII. LA RÉPLICA

La entidad demandada opositora, solicitó de la Corte rechazar el cargo, por cuanto el recurrente con la acusación no logra derruir el soporte del tribunal, en cuanto a que la conciliación no adolece de vicios en el consentimiento y que no versó sobre una causa u objeto ilícito, además que es inaceptable que el demandante pida ahora la nivelación salarial como Profesional II, cuando en el acta de conciliación que hace tránsito a cosa juzgada, se dejó absolutamente claro que su cargo y salario era el de SUPERVISOR I, como se desprende del texto de la misma, y en la cláusula quinta del acuerdo el propio trabajador manifestó que la liquidación de prestaciones sociales y acreencias laborales por la suma de $ 32.847.670,oo, que previamente revisó, estaba totalmente ajustada a derecho y que no tenía ninguna objeción encontrándose conforme y, es por ello, que luego en la cláusula sexta se especificó que dicha conciliación zanjaba cualquier diferencia pasada, presente o futura referente a la relación laboral con EMCALI EICE ESP; resultando entonces la reclamación judicial por nivelación salarial carente de soporte jurídico y fáctico.

VIII. CONSIDERACIONES

El tribunal revocó la sentencia condenatoria de primer grado y declaró probada la excepción de cosa juzgada, con base en el acta de conciliación que celebraron los contendientes, en la que encontró: i) que en dicho acto, se manifiesta la voluntad de las partes sobre el querer expreso de poner fin a cualquier reclamo que pudiera elevar el extrabajador, con causa en la relación de trabajo que lo unió con su empleadora; ii) que el acuerdo no excluyó tópico alguno y por el contrario en el mismo se dejó expresa constancia que el trabajador declaró a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral y se comprometió a no iniciar ninguna acción ordinaria; iii) que el derecho a la nivelación salarial y la reliquidación de salarios y prestaciones sociales aquí demandados, tenía sin lugar a dudas, el carácter de incierto o discutible para el momento en que se celebró la referida conciliación y, por ende, era susceptible de ese acuerdo conciliatorio; iv) que no se probó la ilegalidad de la conciliación, ni se evidencia en dicho pacto causa ilícita alguna que pueda invalidarlo que sea contraria a la ley, al orden público o las buenas costumbres; y v) que al configurarse la cosa juzgada, el demandante no podía haber iniciado una actuación judicial para reclamar un derecho ya conciliado.

Del razonamiento del tribunal se desprende que en el acta de conciliación —cuya validez parcial fue puesta en entredicho por la parte actora, solo en lo que atañe al pago de salarios y prestaciones sociales— además del acuerdo a que llegaron los litigantes para finalizar el contrato de trabajo y reconocer una pensión anticipada voluntaria, para la Colegiatura también se concilió cualquier reclamo con causa en la relación laboral para evitar una eventual controversia judicial al futuro, que lógicamente comprendía la nivelación salarial como la reliquidación de prestaciones sociales demandadas en el presente proceso, máxime que eran derechos inciertos o discutibles para la fecha de celebración del acuerdo de voluntades.

La censura en esencia sostiene que la nivelación de salarios y la reliquidación de prestaciones sociales, no quedaron incluidos en el acto conciliatorio celebrado por las partes el 15 de octubre de 2004 ante el Ministerio de Trabajo, ya que el arreglo amigable únicamente giró en torno a la terminación del contrato de trabajo y la pensión extralegal concedida, para lo cual le endilgó al tribunal errores de hecho y la errada apreciación de la citada acta de conciliación.

Pues bien, desde ya debe decirse que el juez colegiado no pudo incurrir en ninguno de los yerros fácticos que le fueron atribuidos, como quiera que, no distorsionó el contenido del documento de conciliación, pues se atuvo exactamente a lo que muestra su texto que incluso reprodujo en algunos de sus apartes, sin hacerle decir nada distinto a lo que allí aparece como pactado por los contendientes.

En efecto, conforme a la documental obrante a folios 267 y 268 del cuaderno del juzgado, se observa que el arreglo amigable entre las partes, consistió de un lado, en la decisión de terminar por mutuo acuerdo la relación laboral junto con la aceptación del trabajador del ofrecimiento de una pensión anticipada voluntaria a conceder por el empleador en los términos allí estipulados, y por el otro, precaver un eventual litigio por cualquiera acreencia laboral que surja del contrato de trabajo, aspecto último que se extrae de lo pactado por los comparecientes en las cláusulas cuarta a séptima del acta de conciliación, que a continuación se transcriben:

CUARTO: Que por otra parte es del caso liquidar y pagar al trabajador todos los derechos prestacionales y acreencias laborales generados en la terminación del contrato de trabajo. Estos derechos ascienden a la suma sin incluir deducciones de ($ 32.847.670), según liquidación adjunta y que hace parte integral de la presente acta.

QUINTO: Que la liquidación definitiva de prestaciones sociales y acreencias laborales que arrojo la suma indicada en la cláusula anterior ha sido previamente conocida y revisada por el trabajador compareciente, encontrándola totalmente ajustadaa su situación personal y a los derechos y prerrogativas legales y convencionales, por lo cual la acepta sin objeción alguna y declara expresamente estar conforme con ella y contener todos y cada uno de los conceptos que se le adeuda sin reparar sobre las cifras y rubros que se le pagan, anexando a la presente acta copia de dicha liquidación.

SEXTO: Que con las sumas reconocidas y pagadas en este acto especial de conciliación, el trabajador se declara totalmente satisfecho y por ende expresamente manifiesta que la Empresa queda a pazy salvocon él por todo concepto laboral, salarial,prestacional, indemnizatorio, sancionatorio tales como cesantías, intereses, primas legales y extralegales, vacaciones, aportes a seguridad social, indemnizaciones de toda índole, y que en el curso de la relación laboral recibió cabal y oportunamente sus derechos salarialesy prestacionalesy en consecuencia nolequedareclamación algunaporhaceralaempresaporlosconceptoscontenidos enestaacta, niporningúnderechogeneradoconocasiónde la relación laboral que vinculó a las partes, es decir que queda resuelta cualquier reclamación pasada, presente o futura en cuanto a su relación laboral con EMCALI EICE ESP.

SÉPTIMO: El trabajador manifiesta expresamente que ha sido enterado del concepto de COSA JUZGADA que cobija el presente acuerdo conciliatorio, que es conocedor de que ello significa que lo aquí pactado no puede ser modificado por decisión alguna y ponefinatodaslascontroversias,acciones,reclamos,derechosyobligacionesdelaspartes,surgidasdelarelacióndetrabajo. Es decir que sabe que una vez suscrita la presente acta no queda con derecho a reclamo alguno en contra de la Empresa (...). (Subraya la Sala).

Por lo visto, no se exhibe desacierto fáctico en la apreciación de esta prueba documental, puesto que de lo pactado es admisible entender, como lo hizo el ad quem, que las partes además de solucionar lo referente a la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento y el otorgamiento de la pensión, buscaron también zanjar y poner fin a cualquier eventual controversia que existiera, sin que quedara reclamación pendiente alguna, es más al hacer alusión las partes de que se concilia y se declara a paz y salvo por todo concepto de carácter salarial o prestacional, entre otros, es comprensible arribar a la inferencia, que en el acuerdo de voluntades sí se incluyó lo atinente a diferencias de salario cualquiera que sea su origen y la consecuente reliquidación de prestaciones sociales.

Cabe destacar que la Sala ha adoctrinado que en asuntos de carácter laboral, la Conciliación tiene como objetivo no solo solucionar un conflicto existente sino también precaver uno eventual. En sentencia de la CSJ SL 1185-2015, 11 feb. 2015, Rad. 45510, se puntualizó:

Al respecto, debe recordar la Sala que la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante el cual, dos o más personas solucionan por sí mismas sus controversias, bajo la supervisión de un tercero neutral y calificado. Es un acto jurídico en el cual intervienen sujetos con capacidad jurídica en donde su consentimiento y voluntad están encaminados a dar por terminado un conflictoexistente o eventual. Con relación a los efectos de la conciliación, la jurisprudencia ha enseñado que por tratarse de un negocio jurídico en el que se verifica un acuerdo de voluntades, que además es supervisado por un tercero calificado, hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo (...).

Adicionalmente, como lo pone de presente la oposición, en el acta de conciliación los comparecientes expresamente dejaron constancia, que el actor Armando Arias Londoño “actualmente se desempeña en el cargo de SUPERVISOR I, registro Nº 593” y con base en lo devengado en ese cargo fue que se determinó la cuantía de la pensión anticipada voluntaria, sin que el trabajador dejara salvedad alguna de estar cumpliendo funciones en otro puesto de trabajo de superior categoría o que no estaba de acuerdo con el salario recibido, en cambio manifestó su total conformidad con la liquidación de prestaciones sociales que se le puso de presente y que se adjuntó a la diligencia para que hiciera parte integral de dicha acta.

En resumen, desde el punto de vista meramente fáctico, la conclusión del tribunal de que el querer de las partes al celebrar conciliación a la culminación del vínculo laboral, era también poner fin a los reclamos que tuviera el trabajador, pasados, presentes o futuros para precaver un litigio, se muestra razonada y coherente, lo que lleva a que se esté lejos de la comisión de un error de hecho con el carácter de ostensible, que en materia laboral “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida” (sentencia CSJ, 11 feb. 1994, Rad. 6043).

De otra parte, si bien la censura manifestó en uno de los errores de hecho que le atribuyó a la sentencia impugnada, que el tribunal se equivocó al considerar que la nivelación salarial y sus efectos prestacionales son derechos inciertos como discutibles y por tanto conciliables, se observa que en desarrollo del cargo no se ocupó de esta alegación, lo que significa que esa inferencia de la colegiatura en rigor quedó libre de ataque, lo cual también contribuye a que se mantenga incólume la decisión impugnada.

Por último, debe anotarse que lo argumentado en el ataque, en el sentido de que no le asiste razón al tribunal al sostener que la nivelación salarial y la reliquidación de prestaciones sociales sí fueron objeto de conciliación, por haberse conciliado la totalidad de acreencias laborales surgidas del contrato de trabajo del hoy demandante, ya que No se excluyó de dicho pacto tópico alguno”; pues en decir de la censura, el silogismo correcto, es que en el acuerdo conciliatorio para que tenga plenos efectos, se debe necesariamente incluir, en forma expresa e individualizada, toda diferencia, derecho o beneficio en controversia al igual que las fórmulas que propongan las partes que logren la auto-composición de los distanciados para cada acreencia, esto es, no de manera genérica sino específica, que conduce a que cualquier consideración que se plasme en el acta ha de versar únicamente sobre lo verdaderamente conciliado. Todo ello corresponde a un discernimiento más de índole jurídico que fáctico que debió proponerse por la vía adecuada que es la directa, como quiera que dilucidar la validez o efectos del acto conciliatorio por razón de su generalidad y no individualización de los conceptos y fórmulas de arreglo para cada acreencia de índole laboral, no surge del contenido del documento de conciliación sino de la interpretación o aplicación de la ley, situación que en los términos antedichos no es posible abordar su estudio por la senda de los hechos, que fue la que escogió el censor para orientar el ataque.

En conclusión, como la Sala sentenciadora fue buena observadora del acta de conciliación, en la medida que allí efectivamente aparece que las partes solucionaron unas diferencias y precavieron otras, no se configuran los errores de hecho endilgados y por ende el cargo no prospera.

Las costas en el recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no tuvo éxito y hubo réplica. Se fijan como agencias en derecho la suma de $ 3.250.000,oo, que se incluirán en la liquidación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso que instauró ARMANDO ARIAS LONDOÑO contra EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI EICE ESP.

Costas como se indicó en la parte motiva de este proveído.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Jorge Luis Quiroz Alemán, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas.