Sentencia SL6261-2014 de mayo 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 51626

Acta: 016

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación.

En la demanda con la cual lo sustentan, que no fue replicada, pretenden que la Corte case la sentencia acusada, y en sede de instancia, acceda a los pedimentos de su demanda inicial, los cuales transcriben.

Para tal propósito le formulan un cargo, al que titulan ‘Primer Cargo’, que se resolverá enseguida.

VI. Único cargo.

Acusan la sentencia de violar «(…) la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de interpretación indebida, de los artículos 14 y 41 de la Ley 142 de 1994, lo que desembocó en violar además el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, el artículo 4º del Decreto 2527 de diciembre 4 de 2000, “Por medio del cual reglamentan los artículos 36 y 52 de la Ley 1993, parcialmente el artículo 17 de la Ley 549 de 1999».

Solicitan los recurrentes a la Corte que para resolver su ataque tenga en cuenta la sentencia de 1º de abril de 2008 (Rad. 32.433), pues consideran que su situación es idéntica a la allí resuelta.

Y aseveran que aun cuando es cierto que por razón de la Ley 142 de 1994 la demandada pasó a ser una empresa de servicios públicos domiciliarios, y que esa clase de empresas, privadas y mixtas, se rigen en sus relaciones laborales con sus servidores por el Código Sustantivo del Trabajo, también lo es que cuando ellos terminaron su relación laboral, en agosto de 1998, la naturaleza de aquélla era la de empresa de servicios públicos de carácter oficial, y que por efectos de la sustitución patronal «la atención de las obligaciones pensionales no cesan respecto a aquellos trabajadores ya vinculados antes de la Ley 142 de 1994 (jul. 11/94) conservando los antiguos trabajadores vinculados a dichas empresas con anterioridad a la transformación aquellas prerrogativas o situaciones jurídicas concretas señaladas en norma, siempre que dichas prerrogativas legales superen el mínimo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, y sin perjuicio de continuar obteniendo los beneficios y prestaciones extralegales consagrados en convención o pacto colectivo de trabajo».

Concluyen que por virtud del Decreto 2527 de 2000 y el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, ellos no pierden su transición ni el régimen legal aplicable, de modo que fue un error del Tribunal afirmar que ellos no eran trabajadores oficiales y por eso no les aplicaba la Ley 33 de 1985.

VII. Consideraciones de la Corte.

No resulta nada claro cuáles son la vía y la modalidad de violación de la ley que los recurrentes atribuyen a la sentencia atacada, pues por la ‘vía indirecta’ que se dice orientar el único cargo que contra ella dirigen no es dable apartarse de los razonamientos jurídicos del juzgador, que es a los cuales en su desarrollo se alude al afirmar, en síntesis, que el cambio de naturaleza jurídica de una empresa de servicios públicos, de oficial a particular o mixta no afecta a los servidores que ya venían a ella vinculados; como tampoco es dable edificar adecuadamente el cargo por esa vía de violación de la ley si no se indican los yerros probatorios en que incurrió el juzgador, los medios de prueba que valoró con error o dejó de valorar y los defectos concretos que sobre cada uno de ellos cometió, así como su trascendencia en la decisión, cuestiones todas ellas que para nada preocuparon a los recurrentes al desarrollar el cargo.

Tampoco es atinado indicar como modalidad de violación de la ley del trabajo y de la seguridad social la ‘interpretación indebida’, por ser sabido que las modalidades concebidas en la normativa respectiva, los artículos 87 y 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo son la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea, ninguna de ellas a las que se refiere la acusación.

Por otro lado, las únicas normas que se señalan por los recurrentes como violadas por la irregular ‘vía indirecta, en la modalidad de interpretación indebida’, por la cual enderezan su reproche al fallo del Tribunal, son los artículos 14 y 41 de la Ley 142 de 1994 —pues sobre las demás no se endilga vía o modalidad de violación alguna—, que sabido es no son normas del trabajo o de la seguridad social por referirse la primera a las definiciones de las expresiones utilizadas en ese estatuto de los servicios públicos domiciliarios y la segunda no es una norma sustancial propiamente dicha por no crear, modificar o extinguir derechos susceptibles de concretar en el trabajador, sino lo que es dado en llamar una norma secundaria de reconocimiento, por servir para identificar las normas que se aplicarán a los servidores de estas nuevas empresas, con lo cual se incumplen las exigencias de las preceptivas procesales ya indicadas, las cuales fueron morigeradas por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, declarado norma permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Además, en el desarrollo del cargo pretenden la aplicación de un precedente jurisprudencial de la Corte invocando la similitud de su situación a la allí tratada, cuando quiera que el asunto resuelto el 1º de abril de 2008 (Rad. 32.433) dista totalmente de lo aquí estudiado, dado que en ese asunto no se discutieron los tiempos de servicio oficial del actor, que es la base del fallo aquí atacado, sino la posibilidad de haberse generado el efecto de cosa juzgada a una conciliación y proceder o no la condena del pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 respecto de la pensión prevista en la Ley 33 de 1985, situaciones totalmente distintas a las planteadas en el fallo del Tribunal que a través de este recurso se ataca y, obviamente, a las que debieron ocupar la atención de los recurrentes.

Y como si lo dicho no fuera suficiente para ver lo deleznable del ataque, los recurrentes se limitan a sostener, contradictoriamente, que aun cuando es cierto que por razón del artículo 41 de la Ley 142 de 1994 los servidores de las empresas de servicios públicos domiciliarios privadas y mixtas en que se transformaron las entidades descentralizadas que venían cumpliendo la citada actividad empresarial, quedaron regidos por el Código Sustantivo del Trabajo en sus relaciones laborales, por estar ellos vinculados con la que fue demandada desde antes de la sustitución patronal de que dio cuenta el proceso y estar amparados por el régimen de transición por contar con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994, siguieron siendo trabajadores oficiales hasta completar los 20 años de servicio oficial exigidos por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión de jubilación oficial.

A ese respecto, habida consideración de que los límites temporales de la prestación de servicios advertida por el tribunal no es materia de discusión en el recurso, es suficiente recordar lo asentado por la jurisprudencia de la Corte en sentencia de 27 de oct de 2009, Rad. 36075, en el siguiente sentido:

Aunque dirigidos por diferentes sendas, lo que se pretende en los dos cargos, en esencia, es demostrar que la transformación de la empresa demanda de empresa industrial y comercial del Estado en empresa de servicios públicos domiciliarios no afectó la condición de trabajador oficial del actor, que, para el censo, que a mantuvo hasta el momento en que terminó el contrato de trabajo, de tal suerte que le resulta aplicable el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.

“No comparte la Corte el razonamiento jurídico del impugnante, pues la transformación de la empresa demandada implicó una modificación en el régimen laboral aplicable a sus trabajadores, pues como lo precisó la Corte en la sentencia de 11 de julio de 2003, Radicación 20290: “De otro lado, el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, dispuso que los trabajadores que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos domiciliarios, privadas o públicas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidos al Código Sustantivo del Trabajo y a lo que disponga dicha ley”.

“Por razón de lo dispuesto en el citado artículo de la Ley 142 de 1994, y dado el efecto general inmediato que tienen las leyes laborales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, la modificación del régimen laboral de los trabajadores de las empresas de servicios públicos domiciliarios que mudaron su naturaleza cobija los contratos de trabajo que se encuentren en curso, a partir, eso sí, del momento en que produzca efectos la transformación de la respectiva empresa, pues ese régimen laboral no es inmodificable, de modo que la pertenencia al mismo no es un derecho irreversible. No admitir ese efecto modificatorio, sería restarle consecuencias a lo dispuesto en la norma en comento, que, desde luego, tiene efectos retrospectivos, conforme se anotó.

Es claro, así las cosas, que en casos como el que convoca ahora la atención de la Corte, no puede hablarse de un derecho adquirido del trabajador al mantenimiento del régimen jurídico de orden legal que regía su relación laboral antes del cambio de naturaleza jurídica de su empleadora, pues ello significaría desconocer el mandato legal que determina cuál es el estatuto laboral aplicable a empresas como la aquí demandada, régimen cuya fijación, también lo ha explicado esta Sala, es competencia exclusiva del legislador, quien también goza de la facultad para determinar la estructura de la administración del Estado.

Así lo dijo la Corte en la sentencia del 25 de agosto de 2000, Radicación 14146, en la que se trajeron a colación los criterios vertidos en las sentencias del 16 de mayo de 1996 (Rad. 8114) y del 19 de septiembre de 1985 (Rad. 11609) cuyos razonamientos jurídicos, pese a hacer referencia a la viabilidad de la conversión del régimen laboral de trabajadores oficiales en el de empleados públicos, mutatis mutandis son aplicables a la situación de hecho presentada en el presente proceso, por cuanto aluden a las consecuencias de la transformación de entidades del Estado, que es el asunto aquí ventilado.

Se dijo por la Corte:

Y ello es así porque, como ha tenido oportunidad de explicarlo la Corte, el vínculo jurídico de un servidor público, y las consecuencias que de allí se derivan en materia del régimen laboral que le resulte aplicable, no es una situación inmodificable o inmutable, pues puede ser variado por normas posteriores, de modo que la calidad de empleado público o trabajador oficial no constituye un derecho adquirido.

Asilo expresó en la sentencia del 16 de mayo de 1996 (Rad. 8114), en la que precisó que ‘el criterio expuesto por el recurrente es interesante y respetable, y la Corte no desconoce que encuentra respaldo en conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Sin embargo, al transformarse la relación del trabajador vinculado por contrato de trabajo en una vinculación legal y reglamentaria, la voluntad de la ley así expresada no puede ser desconocida en ningún caso por el empleador. Tal desconocimiento no puede darse ni en virtud de un acuerdo de voluntades ni por mera liberalidad, sin incurrir en un acto a todas luces ilegal’.

Al respecto ha sido jurisprudencia constante de la Corte la que aparece expresada en la sentencia de 19 de septiembre de 1985 (Rad. 11609), en la que dijo lo siguiente:

El artículo 50 del Decreto Ley 3135 de 1968 tiene dispuesto que quienes sirvan a empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales, excepto aquellos que en los estatutos de la respectiva entidad se clasifiquen como empleados públicos.

Tales estatutos, expedidos con acomodo a la ley, aunque no son reglas jurídicas de observancia general para los habitantes del país, cuyo conocimiento se presume por la totalidad de las gentes y cuya existencia debe demostrarse por quien los invoque en juicio, sí tienen la calidad de normas de orden público, con imperio inmediato, por cuanto regulan la vida institucional de una persona jurídica que hace parte del Estado y las relaciones entre el dicho ente y quienes estén vinculados a su servicio.

“Por consiguiente, cualquiera modificación que se introduzca a las disposiciones estatutarias se aplica inmediatamente, sin que valga alegar la existencia de situaciones jurídicas individuales que se afecten con esa variación como pretexto para exceptuarse de aquel imperio de las nuevas provisiones, desde luego que frente a las leyes de orden público no puede predicarse la existencia de derechos adquiridos intangibles, porque el interés general de la colectividad, representado en esas leyes, debe prevalecer siempre sobre el interés particular, según lo enseña la Constitución Política”

A sí las cosas, la modificación de la clasificación del cargo que ocupaba la hoy recurrente, que en virtud de la decisión por ella tomada en su caso no surtió efectos, no traía aparejada la extinción de su vínculo laboral, pues, como lo admite en su recurso, esa circunstancia no está contemplada como modo de legal de terminación del contrato de trabajo, por lo que su relación laboral hubiera continuado, aun cuando ya no gobernada por un contrato sino como una relación exclusivamente regulada por la ley.

“Aparte de ello, y como surge del criterio de la Corte plasmado en la sentencia atrás transcrita, por no existir un derecho adquirido a mantener su alegada condición de trabajadora oficial, es claro que podía la Empresa Municipal de Teléfonos modificar sus estatutos y establecer una nueva clasificación de los empleados a su servicio, incluyendo por supuesto a la impugnante, sin que de esa variación fuera dable deducir la existencia de perjuicios, los que, de otra parte, no se produjeron por cuanto que, como se dijo, la reclasificación de su empleo no produjo efectos por terminarse la relación de trabajo antes de que comenzara a regir”.

De conformidad con los citados criterios, para los efectos de la indemnización moratoria deprecada, nada importa que, cuando el demandante comenzó a prestar sus servicios, tuviera la calidad de trabajador oficial, pues lo que interesa es el régimen laboral que se le aplicaba cuando se terminó el vínculo, esto es, cuando pudo haberse causado el derecho a esa indemnización.

El recurrente argumenta que el artículo 41 de la Ley 142 de 1994 estableció una diferencia respecto del régimen laboral aplicable a empresas como a demandada, que variaron su naturaleza jurídica, manteniendo el carácter de trabajadores oficiales a quienes venían prestando sus servicios al momento de la transformación. Pero no encuentra la Corte ningún elemento de juicio que permita, al interpretar el citado artículo de manera razonable, obtener la inferencia propuesta por la censura.

En efecto, la norma es del siguiente tenor literal:

“Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley. Las personas que presten sus servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta Ley se acojan a lo establecido en el parágrafo del artículo 170., se regirán por las normas establecidas en el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968”.

La anterior disposición legal debe armonizarse con el artículo 17 de ese estatuto, que señala:

Naturaleza. Las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta ley.

Parágrafo 1º Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones, deberán adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado.

Mientras la ley a la que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política no disponga otra cosa, sus presupuestos serán aprobados por las correspondientes juntas directivas. En todo caso, el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en esta ley. La Superintendencia de Servicios Públicos podrá exigir modificaciones en los estatutos de las entidades descentralizadas que presten servicios públicos y no hayan sido aprobados por el Congreso, si no se ajustan a lo dispuesto en esta ley.

“Parágrafo 2º Las empresas oficiales de servicios públicos deberán, al finalizar el ejercicio fiscal, constituir reservas para rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas”.

Es claro, entonces, que, interpretándolo de manera sistemática con el 17, el artículo 41 lo que establece es que las empresas oficiales cuyos propietarios no optaran por transformarlas y no desearan que su capital estuviera representado en acciones, si no tenían la calidad de empresas industriales y comerciales del Estado, debían transformarse en una de ellas, caso en el cual a sus trabajadores se les aplicaría el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968. Pero, respecto de aquellas empresas que se convirtieron en empresas en acciones, como la aquí demandada, es claro que el citado artículo fijó una regla general, para todos los trabajadores: la aplicación del Código Sustantivo del Trabajo.

Por manera que no es jurídicamente posible, a la luz de lo que correctamente entendido surge del citado artículo, que en una empresa que preste servicios públicos domiciliarios que adquirió esa naturaleza luego de ser industrial y comercial del Estado, existan dos regímenes laborales diferentes para sus trabajadores, dependiendo de la fecha en que comenzaron a prestar sus servicios, esto es, si antes o después de la mutación de la naturaleza de la empresa.

“Lo anterior, a juicio de la Corte, es suficiente para desestimar los cargos””.

Así las cosas, sin que sea menester resaltar mayores deficiencias al único cargo de la demanda de casación, y como al fondo la discusión que se plantea se contrae exclusivamente al régimen laboral de los servidores de la demandada, pues los razonamientos del tribunal para despachar negativamente la pretensión subsidiaria de la demanda inicial no causaron ninguna inquietud a los recurrentes, resultando incólumes en la sede de casación, debe concluirse que no se demostró yerro alguno del juzgador al sostener que el tiempo del servicio oficial de los recurrentes sólo se contabilizaba hasta la transformación de la entidad en una empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta, y por ende, en sus respectivos casos resultaron insuficientes para acceder al derecho pensional reclamado.

Con todo, las deficiencias técnicas observadas y lo deleznable de las argumentaciones de los recurrentes en la sede casacional, imponen a la Corte recordar el carácter extraordinario, y por tanto, técnico, del recurso de casación, así como reiterar que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, tarea que se entiende es la que compete a las dos instancias regulares del proceso y excepcionalmente a la Corte cuando funge como tal, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se orienta a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el tribunal observó las preceptivas jurídicas que como parte del sistema normativo propio estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto, mantener el imperio e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales de las partes. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se confrontan, directa o indirectamente, las normas pertinentes al caso y la sentencia, no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

A fin de lograr que se cumpla el objeto del recurso extraordinario, la demanda de casación no puede plantearse aduciendo razones a lo sumo admisibles en un alegato de instancia, en el cual es posible argüirlas libremente, y es por eso que dicha demanda debe reunir no solo los requisitos meramente formales que permiten su admisión, sino que requiere de un planteamiento y desarrollo lógicos, que se muestren acordes con lo propuesto por quien hace valer el recurso, el cual, por la seriedad de los fines que persigue, exige que el recurrente cumpla cabalmente con la carga de demostrar la ilegalidad de la sentencia acusada.

Es por ello que si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno u otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo.

La inteligente labor de persuasión que debe llevar a cabo quien recurre una sentencia en casación no puede ser suplida con afirmaciones extrañas a las conclusiones del fallo del tribunal o a espaldas de la técnica del recurso de casación, o desprovistas de toda sindéresis y mínima lógica, como se insiste, en últimas, fue lo que pasó en el asunto de marras.

De lo que viene dicho, la acusación se desestima por infundada.

Sin costas en casación, por cuanto no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia del 26 de enero de 2011, proferida por Tribunal Superior de Cartagena, en el proceso promovido por Donaldo Solano Díaz y Ernesto Redondo Méndez contra la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen».