Sentencia SL6262 de mayo 14 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

SL6262-2014

Radicación 41213

Acta 16

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Corte

La controversia propuesta en el recurso extraordinario, de a quién corresponde el pago de la pensión de invalidez cuando quiera que el empleador aportante para el momento en que se estructuró la invalidez, o en otras palabras cuando se produjo la contingencia laboral, se encontraba en mora de pagar las cotizaciones debidas a buena cuenta del trabajador afiliado, ha sido tema de estudio en múltiples oportunidades por parte de la Corte, pues, en defensa de absolución de la administradora de pensiones a la cual se encontraba afiliado el trabajador a ese respecto, varios han sido los planteamientos que se han postulado en su momento, entre ellos, los aquí enarbolados por la recurrente: que no es dable depositar la dicha responsabilidad en el sistema de seguridad social por el mero hecho de contar el trabajador con la calidad de afiliado; que las acciones de cobro con que cuentan las administradoras de pensiones para perseguir el pago de las cotizaciones en mora no exoneran de responsabilidad a los empleadores aportantes; que el adelantar las dichas acciones de cobro contra los empleadores aportantes no es una exigencia legal para exonerar a las administradoras del pago que en esas circunstancias correspondería a los empleadores morosos; y que el posterior pago de las cotizaciones debidas a la ocurrencia de la contingencia laboral no purga la mora de los empleadores ni valida los aportes derivando la responsabilidad en las administradores de riesgos.

Pues bien, contrayéndose a ello la discusión del recurso, lo que cabe decir es que si bien es cierto que en un principio la Sala tomó partido por tener como responsable de la dicha prestación pensional al empleador moroso, lo cual se vio reflejado en providencias como aquella de la cual hace amplia cita la recurrente, también lo es que tal criterio fue rectificado en posterior sentencia de 22 de julio de 2008 (radicación 34.720), cuyas orientaciones han sido constantemente reiteradas hasta la presente, para citar apenas un ejemplo, en sentencia de 2 de octubre de 2013 (radicación SL710-2013 e interna 40.745), en la que la Sala razonó en los siguientes términos:

Las administradoras de pensiones tanto públicas como privadas son elemento estructural del sistema de seguridad social; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones, hoy tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público de la Seguridad Social bajo su “dirección, coordinación y control”, y autoriza su prestación a través de “entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, bajo el entendido de que toda su actividad ha de estar ordenada a cumplir con la finalidad de prestar el servicio público de la seguridad social.

Ciertamente las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio público de pensiones, su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de gestoras de la seguridad social, actividad que por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que les impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente les señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

“Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado.

En el caso de las entidades del régimen de prima media, pueden proceder al cobro coactivo para hacer efectivos sus créditos; los artículos 2º y 5º del Decreto 2633 de 1994 establecen el requerimiento previo, mediante comunicación escrita dirigida al empleador, como procedimiento en mora por el pago de los aportes a la seguridad social; y si dentro de los quince días siguientes al aviso no se pronuncia el empleador, señalan las normas aludidas, se procede a efectuar la liquidación, la cual presta mérito ejecutivo cuando se trate de administradoras del régimen solidario de prima media.

Por lo demás, para el caso específico del ISS, de conformidad con el Estatuto de Cobrazas previsto en el Decreto 2665 de 1988, debe tener por válidas transitoriamente las cotizaciones hasta tanto no se dé por calificada de incobrable la deuda por aportes, y sean declaradas inexistentes. Estas disposiciones se han de considerar vigentes por disposición de la Ley 100 de 1993, artículo 31, y por cuanto si bien se han expedido reglamentos en materia de afiliaciones, cotizaciones y aportes, no se ha hecho lo propio en materia de cobranzas.

De esta manera se rectifica una larga tradición jurisprudencial, de no atribuirle responsabilidad a las administradoras de pensiones en el caso de mora del empleador en el pago de cotizaciones a la seguridad social (resaltado fuera del texto).

De consiguiente, partiendo del hecho no haberse discutido que la hoy recurrente BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., no acreditó haber adelantado las gestiones de cobro para recaudar los aportes en mora de la empleadora, la prestación pensional reclamada es de su cargo.

En suma, no se equivocó el tribunal al acoger el citado y vigente criterio jurisprudencial y disponer que la pensión de invalidez reclamada en el proceso era de cargo de la administradora de pensiones y cesantías a la cual estaba afiliado el trabajador demandante.

De lo que viene dicho, no prospera el cargo.

Sin lugar a costas, porque no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín el 30 de enero de 2009, en el proceso laboral promovido por Orlando Aguirre Marín contra la sociedad BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S. A., al que fue llamada como litisconsorte la sociedad Velas y Velones don Pedro Limitada.

Sin costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».