Sentencia SL6286-2017 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Fernando Castillo Cadena

SL6286-2017

Rad.: 62413

Acta 15

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil diecisiete (2017).

EXTRACTOS: «IV. RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolverlo.

(...).

IX. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La discusión planteada por el recurrente radica, en esencia, en que los medios instructivos denunciados, fueron indebidamente valorados o no contemplados por el juzgador de segundo grado y, en ese horizonte, se equivocó al soslayar que: (i) la exigencia de la convivencia se suple con la procreación de un hijo en cualquier tiempo; y (ii) hubo convivencia real, pese a que el causante laboraba en la ciudad de Barranquilla.

Se impone a la Sala recordar lo que antaño ha enseñado en torno a que cuando el ataque se endereza por la vía de los hechos no es cualquier desatino del juzgador el que da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de «manifiesto». Ese carácter emerge de transgresiones fácticas patentes, provenientes de equivocaciones en el examen de los elementos de juicio que conforman el haz probatorio, ya bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora por no haberlos estimado.

No basta que el recurrente dé explicaciones así sean razonables sobre los eventuales asertos erróneos del fallador o que se limite a enfrentar sus conclusiones con las de éste, sino que además debe identificar y demostrar el desacierto de hecho ostensible debe acreditar, con base en el contenido de las pruebas, qué es lo que ellas en verdad acreditan y su incidencia en la equivocada resolución judicial.

Bajo las aristas en precedencia procede la Sala a analizar el ataque, lo cual arroja el siguiente resultado:

1º) La exigencia de la convivencia se suple con la procreación de un hijo en cualquier tiempo.

Aunque elucidar si el requisito de convivencia estatuido en la letra b del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se suple con la procreación de un hijo, comporta un análisis o estudio de naturaleza jurídica y no fáctica, lo cierto es que esta Corte en Sentencia CSJ SL 13186-2015, del 15 sep. 2015, Rad. 54428, reiteró doctrina sentada en providencia CSJ SL, del 19 jul. 2011, Rad. 35933, así:

2º) La circunstancia de haber procreado dos hijos sustituye el requisito de convivencia. 

En lo atinente a este argumento planteado por la recurrente, se impone a la Sala rememorar sus enseñanzas en torno a que la exigencia de la convivencia no se suple con la procreación de uno o más hijos en cualquier tiempo, sino, según lo señalado en la letra a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debe ser dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del pensionado o del afiliado que estaba a las puertas de alcanzar el estatus de jubilado (sentencias del 22 de noviembre de 2006, radicación 26566, 19 de septiembre de 2007, radicación 31586, 16 de diciembre de 2008, radicación 33003 y 12 de agosto de 2009, radicación 36579). 

Ahora bien, nótese que las hijas del causante nacieron el 26 de noviembre de 1995 y 3 de marzo de 1998, es decir, por fuera de los dos años anteriores a la fecha del deceso de su padre.

Como en el asunto bajo escrutinio no se constata dicho supuesto fáctico, no le asiste razón a la censura frente a este particular reproche.

Así las cosas, la decisión del tribunal aparece acertada, como quiera que reitera lo que ha venido sosteniendo la Sala.

2º) Sobre la convivencia real, pese a que el causante laboraba en la ciudad de Barranquilla.

También ha enseñado esta Sala, con persistencia, que para efectos de determinar el derecho a la pensión de sobrevivientes del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado o del pensionado fallecido, la convivencia no desaparece cuando los esposos o compañeros permanentes no pueden vivir bajo el mismo techo, por circunstancias particulares originadas en el trabajo, la salud, la fuerza mayor, etc., que no impidan ni signifiquen la pérdida de la comunidad de vida ni la vocación de la vida en común, dado que lo que interesa para que esa convivencia exista es que en realidad se mantengan, el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento espiritual, característicos de la vida en pareja (sentencias CSJ SL, del 22 jul. 2008, Rad. 31.921 y del 19 jul. 2011, Rad. 35933).

2.1 La dependencia económica por sí misma no es razón suficiente para conceder la prestación.

Al respecto se debe puntualizar, que es criterio asentado por la jurisprudencia que para que el cónyuge pueda acceder a la pensión de sobrevivientes de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no es suficiente con la demostración del requisito formal del vínculo matrimonial, sino que es menester que se demuestre la efectiva convivencia de la pareja, como elemento indispensable para entender que está presente el concepto de familia que es la amparada por la seguridad social.

En lo referente a la dependencia económica se ha de señalar que en relación con el cónyuge, compañero (a) permanente y los hijos menores la ley supone que la muerte del causante les genera un estado de carencia económica, en esa medida para adquirir la condición de beneficiarios de las prestaciones por muerte no se le exige la demostración de dicho requisito (fallo CSJ SL, de 18 nov. 2009, Rad. 36664).

En la perspectiva trazada, de tiempo atrás tiene dicho la Sala que en el caso concreto del cónyuge y los compañeros permanentes el concepto de convivencia comprende circunstancias que van más allá del meramente económico, pues implica el acompañamiento espiritual permanente, proyecto familiar común, apoyo económico, el compartir la vida de pareja y la cohabitación bajo el mismo techo, que es la regla. De lo anterior surge que el criterio económico en el caso de la pareja para ser beneficiarios de la pensión de supervivientes, más que de subordinación de uno respecto del otro, se entiende como de colaboración y apoyo mutuos, y es un elemento indicativo que converge con otros para determinar si existe convivencia, es decir, que tiene una dimensión jurídica distinta al caso de los hijos mayores inválidos, padres y hermanos inválidos, donde la subordinación económica es una exigencia determinante para estructurar el derecho. La dependencia económica entonces, por no ser un ingrediente normativo autónomo para adquirir la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en el caso del cónyuge y de los compañeros permanentes, por sí sola no basta para que ellos puedan reclamar el derecho, pues se itera, en esos casos se exige es la convivencia efectiva en los términos que lo ha entendido la jurisprudencia (Sentencia CSJ SL, del 22 nov. 2011, Rad. 42792)

Lo explicado fue precisamente lo que echó de menos el Tribunal.

2.2 En torno al elenco probatorio controvertido.

2.2.1. Resolución 25577 del 9 de junio de 2008.

Entre varios aspectos que consigna este acto administrativo, encontramos el «que en el cuaderno administrativo obra declaración juramentada rendida por DINA ANTONIA RAMOS GRAU Y RAFAEL ÁNGEL RAMOS GRAU quienes manifestaron ante el Notario (...) Que el señor Leonidas Ramos Ortiz nunca desamparo (sic) economicamente (sic) a su esposa, la señora CONCEPCIÓN GRAU TORRES. Y no existe otra declaración juramentada, diferente a la transcrita anteriormente, del (sic) cual se pudo establecer que la peticionaria demuestra la dependencia economica (sic) con el causante mas no depone la convivencia con el causante de conformidad con la normatividad vigente para la epoca (sic) del fallecimiento del causante».

Al analizar este medio de persuasión la Sala sentenciadora coligió que: (i) «la actora es cónyuge del afiliado, pero la Caja Nacional de Previsión Social EICE niega el reconocimiento de la prestación, por haber demostrado la actora dependencia económica y no la convivencia con el causante de conformidad a la normatividad vigente para la época en que falleció el finado», y (ii) que allí se dice que «la actora es cónyuge, y de esa calidad no se deriva la convivencia».

Pues bien, el tribunal apreció correctamente dicha documental, por virtud de que no distorsionó su contenido y se atuvo a su tenor literal, es decir, que vio lo que objetivamente la probanza exhibe. Entonces, se itera, no alteró su contenido material y, por ende, no incurrió en yerro alguno.

Ahora, debe advertir la Corte que en modo alguno de la mencionada resolución es dable arribar a la certeza de que la actora y el causante convivieron como cónyuges, y que lo hubieran hecho durante el período que exige la ley, esto es, dos años anteriores al deceso.

Tampoco, con dicha prueba se acredita que el causante tuvo que separarse de la cónyuge supérstite por razones de trabajo en la ciudad de Barraquilla.

2.2.2. En lo que respecta a los testimonios.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, la prueba por testigos no es hábil para estructurar un desacierto de hecho en la casación del trabajo, norma que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-140 de 29 de marzo de 1995.

De suerte que como no es una probanza calificada en casación para estructurar errores de hecho, su revisión sólo es procedente, cuando se haya demostrado el desacierto con un medio de prueba idóneo, como lo son, la inspección judicial, el documento auténtico, o la confesión judicial, circunstancia que impide el estudio por la Corte, lo que necesariamente conduce a que se mantengan incólumes las inferencias obtenidas de su apreciación, y con ellas, en su integridad, el fallo impugnado.

En conclusión, en virtud de la anterior orientación jurisprudencial el juez colegiado no se equivocó, toda vez que no está acreditada la convivencia de la actora con el causante en los dos años precedentes al fallecimiento de este, en consecuencia, el cargo no sale victorioso.

Sin condena en costas en el recurso extraordinario, por cuanto no oposición.

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 12 de marzo de 2013, en el proceso que instauró MARÍA CONCEPCIÓN GRAU DE RAMOS contra la señora BEATRIZ BALMACEDA TOVAR y la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL EICE EN LIQUIDACIÓN.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de la Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán».