Sentencia SL6361-2015/32159 de mayo 20 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6361-2015

Radicación 32159

Acta 15

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veinte de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «X. CONSIDERACIONES

Al examinar los contratos referidos por la censura, se observa que el actor se comprometió “a servir de intermediario entre terceras personas y COOMEVA”, labor que de acuerdo con el objeto contractual se ejecutaría sin que existiera “vinculación de carácter laboral con COOMEVA ni de colaboración, dependencia, subordinación, mandato o representación”; estas comprobaciones no fueron soslayadas por el Tribunal, en tanto sostuvo que las partes celebraron un contrato de corretaje, solo que a partir de la prevalencia del derecho material o real sobre el formal, analizó la prueba testimonial, en primer lugar, y dedujo que el actor tenía una dependencia de las accionadas y recibía órdenes de ellas, tenía jefe, “su labor se hacía con base en listados y papelería entregadas por estas, obligatoriamente debía asistir a reuniones en las cuales se pasaba lista de asistencia, que tenían que acudir a días de plantas asignados por las accionadas, debían cumplir con un presupuesto de ventas, hacer cobros que debía consignar a órdenes de las sociedades dentro de las 48 horas siguientes, al pago del asociado. Que el accionante participaba de concursos, rifas como incentivos, debía acudir a capacitación y plenarias”.

Además, precisó que lo anterior “aunado al llamado de atención, visible a folios 41 y 42, a las condecoraciones recibidas como campeón en plan medicina prepagada (fl. 14), campeón categoría señor (fl. 15) y demás condecoraciones (fls. 16 a 18, 287 y 288), o que se le entregará para su uso a título de “comodato”, los enseres propios de una oficina, dentro de las instalaciones de las accionadas (fl. 177), señalan elementos extraños a un contrato comercial de carácter profesional, que se supone se realiza con personas que tienen autonomía técnica, administrativa y que desarrollan su actividad en otros lugares y con sus propios equipos”, de donde concluyó que lo que existió entre las partes fue en realidad un contrato de trabajo, inferencia de la que surge patente la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, y que lo llevaron a desestimar los convenios suscritos; luego, no hay un desatino protuberante proveniente de su apreciación, en tanto más allá de lo que literalmente pudieran contener, aquello se había desvirtuado en razón a que el demandante fue subordinado, y en tal sentido lo que se presentó fue una relación ajena a la comercial.

En cuanto a la confesión del actor, por haber aceptado su inscripción en la Superintendencia Nacional de Salud a efectos de ejecutar actos de intermediación en el campo de los servicios de salud, es de advertir que dichas actuaciones se desarrollaban en el marco de los contratos ya reseñados, cuya formalización exigió la empresa, quien imponía las condiciones del servicio, de suerte que había que adelantar la inscripción ante el aludido ente estatal. La pregunta y respuesta, reseñadas en el cargo, contenidas en el interrogatorio que absolvió el demandante, es del siguiente tenor literal: “DÉCIMA PREGUNTA: Sírvase decir si es cierto que para ejecutar actos de intermediación en el campo de los servicios de salud, era necesario que usted estuviera inscrito en la Superintendencia Nacional de Salud. CONTESTÓ: Es cierto y aclaro que la Superintendencia de salud exigía la inscripción de los asesores para poder hacer labores de campo, afuera en la calle”; por ello, al estar atada la suscripción de los aludidos contratos con la exigencia de la inscripción para poder ejecutar los actos de intermediación, lo admitido por el actor en nada afecta la inferencia del Tribunal en punto a la naturaleza real del vínculo contractual que se discute, ni menos puede decirse que de allí se derive una confesión cuando precisamente lo que exteriorizó el demandante fue que dicha formalidad se hizo con la finalidad de enmascarar un verdadero contrato de trabajo que fue a la postre lo que concluyó el juzgador de segundo grado, sin que por tanto pueda derivarse algún error manifiesto en su valoración.

Las Escrituras Públicas en las que consta la constitución y reforma de la sociedad “Neftalí Montoya Ltda.”, que fuera inscrita ante la Administración de Impuestos Nacionales y la Cámara de Comercio de Medellín y cuyo representante legal era el actor, tampoco desdibujan de modo protuberante la realidad que halló probada el ad quem a partir de la lectura de otros medios de convicción, principalmente la prueba testimonial, comoquiera que tales actos fueron estimados inatendibles, frente al hecho que consideró real, como fue la prestación del servicio en las condiciones ya mencionadas, esto es, bajo directrices de un jefe, con elementos e instrucciones del empleador, aun cuando constituyera una sociedad de tipo comercial.

El certificado de folio 136, en el que se le señala la terminación del contrato de corretaje en nada desdibuja la conclusión del ad quem pues lo que hizo fue restarle valor en contra de lo que halló demostrado con otros elementos de juicio, tampoco puede decirse que existió un yerro protuberante al apreciarse la comunicación de folio 41 dirigida por la demandada al actor bajo el asunto “llamado de atención” y en el que entre otros se refiere a una queja sobre su gestión, el lapso para responder los mensajes, la manera en que entregó las facturas y en las que luego le solicita “respuesta por escrito a estas situaciones en un término no superior a 5 días, lo cual es muy importante para el análisis y toma de decisiones”, pues tal probanza la vio el Tribunal como una evidente muestra de una relación subordinada y ajena a la forma en la cual se trataba a un corredor, máxime cuando se la dirigió como Asesor de Salud Coomeva Medicina Prepagada S.A.

Las condecoraciones también fueron ponderadas por el juez plural sin que pueda decirse que cometió algún desafuero en su valoración, máxime cuando ellas dan cuenta que los estímulos dados a sus empleados también le eran entregados al actor y ello se desprende pues el Departamento de Mercadeo y Ventas lo exaltó como “Campeón Plan Salud Oral Medicina Prepagada” (fl. 16) “Premio al Subcampeón Categoría Senior Regional Medellín” (fl. 17), era constante participante de jornadas de “reinducción de Coomeva y sus empresas” (fls. 19 a 21) y además al margen de la denominación dada se le otorgó, durante el “término del contrato de corretaje” un “espacio de 55,94 mts ubicada en la Oficina de Medellín con el correspondiente equipo de oficina”, que a la poste era el sitio en que comparecía diariamente a dar cuentas sobre su labor, lo que incluso contrarió la propia cláusula segunda de los contratos de corretaje en los que se estipuló “AUTONOMÍA EL CORREDOR ejecutará el objeto de este contrato por su especial conocimiento del mercado, actuará por su propia cuenta, utilizando sus propios medios, con absoluta autonomía técnica y administrativa sin tener vinculación con COOMEVA ni subordinación jurídica de tipo laboral, mandato o representación por motivo de la indeterminación por relaciones de colaboración y dependencia y sus derechos se limitarán de acuerdo con la naturaleza del negocio derivado de este contrato a exigir el pago de la contraprestación económica acordada”, también el documento que se denuncia como inapreciado a folio 217 en el que se ratifica que además se le entregaba un “maletín ejecutivo, portafolio de servicios “como apoyo a mi desempeño como asesor comercial, me comprometo a cuidar y mantener en perfecto estado esta herramienta de trabajo”.

En nada hubiera incidido el documento de folio 12 en el que Coomeva le extiende los servicios de salud al actor, ni el detalle de evaluación de la inducción en la que participó, ni la póliza (fl. 22), tampoco afectaría la conclusión de los certificados de Cámara de Comercio de la demandada, ni la existencia de la sociedad Naftaly Montoya Ltda. (fls. 43 a 44, 49 a 52, 125 a 129, 130 a 131 y 133), pues lo que el juzgador descartó fue la autonomía del actor como representante legal de dicha persona jurídica, ante la comprobación de la subordinación jurídica, las quejas frente a las actuaciones del demandante (fls. 37 a 143 y 200 a 201) lejos de modificar la tesis del ad quem la refuerzan, en la media en que dan cuenta de que aquel siempre fue percibido como un empleado de la Cooperativa y no un Asesor Externo, o representante de la persona jurídica.

Las restantes probanzas denunciadas tampoco conducen a una conclusión opuesta a la adoptada por el ad quem, pues hacen referencia a pólizas y contratos de salud y comunicaciones como asociado que no tiene un impacto en la decisión pues vistas en conjunto no puede de ellas predicarse un yerro protuberante frente a lo deducido por el Tribunal sobre la existencia de una verdadera relación de trabajo.

Finalmente, corresponde señalar que, en razón a que con las pruebas calificadas en casación no emerge que el Tribunal hubiera incurrido en los errores endilgados, no es posible examinar las testimoniales, pues no tienen esa naturaleza.

En consecuencia, el cargo no prospera.

XI. RECURSO DEL DEMANDANTE

Pretende que se case parcialmente el fallo impugnado, “en cuanto absolvió a la codemandada SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. del reconocimiento y pago de la pensión sanción de jubilación y en cuanto limitó la condena a su cargo por concepto de indemnización por despido a la suma de $ 5.471.824.oo y por indexación a $ 5.287.913.oo e igualmente en cuanto condenó a la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE LOS PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” a pagar al demandante la suma de apenas $ 762.161.oo por indemnización por despido y $ 380.376.oo por indexación”, para que en instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, condene a SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. a reconocer y pagar al actor “la pensión sanción desde el momento en que cumpla 60 años de edad y la indemnización por despido con la correspondiente indexación, y a la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE LOS PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” la indemnización por despido en cuantía de $ 6.765.184.oo con su correspondiente indexación, “se solicita igualmente no casar la sentencia en lo demás y proveer sobre costas”.

Formula 6 cargos, fundados en la causal primera de casación laboral, los cuales tuvieron réplica oportuna.

XII. CARGOS PRIMERO Y SEGUNDO

En el primero, acusa la sentencia de violar directamente y por interpretación errónea “los artículos 67, 68 y 69 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 (que modificó el artículo 6º de la Ley 50 de 1990) y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887”. En el segundo, por la misma vía, acusa aplicación indebida de las mismas disposiciones legales.

En ambas acusaciones, tras cuestionar las 2 consideraciones jurídicas que sirvieron al Tribunal para negar la existencia de la sustitución patronal, anota:

De un lado da a entender que cuando una empresa se despoja de parte de su objeto asociativo y el mismo es asumido de manera independiente por otra empresa no se estructura una sustitución patronal.

De otra parte sostiene que la ausencia de prueba documental que tipifique la sustitución patronal impide que se reconozca esta figura jurídica.

Las premisas referidas sin duda no consultan el sentido y teleología del artículo 67 del Código Sustantivo del Trabajo.

La norma referida regula la figura de la sustitución patronal señalando que por la misma se entiende “todo cambio de un patrono, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”.

El entendimiento correcto de la norma referida permite arribar a la conclusión que dentro de las causas posibles para la sustitución de un empleador por otro, se puede tipificar el caso en que una empresa se despoje de parte de su objeto asociativo y el mismo sea asumido de manera independiente por otra.

El hecho referido (aceptado por el Tribunal) no puede ser descartado como causa idónea para que opere la sustitución. Si la nueva empresa asume parte del objeto social de quien era empleadora y continúa ejecutando los contratos de trabajo que esta había celebrado para el desarrollo de dicho objeto, resulta claro que se estructura la sustitución patronal.

De otro lado el Tribunal parece entender -apartándose del sentido del artículo 67 del CST- que la demostración de la sustitución patronal exige la presencia de prueba documental (“sin que hubiese prueba de que había operado una sustitución patronal con el actor, pues no obra documento alguno que tipifique dicha sustitución”).

Tal razonamiento resulta equivocado, pues las normas que regulan la sustitución patronal no exigen una prueba específica para su demostración, imperando el principio de libertad probatoria, que determina que dicha figura jurídica pueda ser acreditada a través de cualquier medio probatorio, sin que el Juez pueda exigir una formalidad específica para el efecto.

La recta interpretación de las normas que regulan la sustitución patronal, y especialmente del artículo 67 del CST, permiten llegar a la conclusión que el Tribunal Superior de Medellín se equivocó en el razonamiento jurídico que le sirvió de base para descartar la presencia de la sustitución patronal.

Como el Tribunal además incurrió en yerros fácticos para desestimar la sustitución patronal, y los mismos no pueden ser evidenciados en este cargo, es preciso -para efectos de la casación de la sentencia- conjugar este cargo con el tercero”.

XIII. TERCER CARGO

Denuncia el fallo impugnado de violar indirectamente y por aplicación indebida “el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, el artículo 28 de la Ley 789 de 2002 (que modificó al artículo 6º de la Ley 50 de 1990), los artículos 67, 68 y 69 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 8º de la Ley 153 de 1887”.

Le atribuye a la sentencia los siguientes errores de hecho:

1. Dar por demostrado sin estarlo que la relación laboral que ligó al demandante con SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. se inició el 1º de abril de 1998.

2. No dar por demostrado estándolo que el extremo inicial de la relación laboral que ligó al demandante con SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. corresponde al 1º de enero de 1992.

3. No dar por demostrado estándolo que SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. sustituyó como empleador a COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA”.

Reprocha la errónea apreciación de la comunicación mediante la cual COOMEVA le informó la sustitución patronal a Jairo Alonso Gómez (fl. 278), los contratos de corretaje obrantes a folios 24 a 28 y 39 a 40 y los testimonios de Alejandro López Ardila, Beatriz Eugenia Fernández, Aníbal de Jesús Betancur y Víctor Enrique Vélez; y falta de apreciación de las constancias expedidas por SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. (fls. 290, 317 y 318) y la confesión contenida en la respuesta a la reforma de la demanda (fl. 292, respuesta al hecho 15).

Censura la conclusión del Tribunal sobre los extremos temporales de la relación laboral, la cual tuvo como base los contratos de corretaje (fls. 24 a 27 y 39 a 40); aduce que el error de valoración “se estructura en cuanto a la fecha de iniciación de la relación laboral, pues la propia sociedad codemandada SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. acepta que la relación jurídica que existió entre las partes tuvo como fecha de inicio el 1º de enero de 1992”; agrega que el supuesto fáctico anterior se acredita con “los documentos obrantes a folios 290, 317 y 318 del expediente, los cuales no fueron apreciadas por el Tribunal”. Los reproduce y asegura que su texto no deja duda de que “la fecha de ingreso del demandante fue el 1º de enero de 1992 y no el 1º de abril de 1998. Si la propia sociedad demandada reconoce este hecho, no podía el Tribunal desconocer el mismo”.

Razona que tal reconocimiento de la demandada es coherente con la confesión que se deriva de “la respuesta dada a la reforma de la demanda”, puesto que al replicar al hecho 15 de dicha pieza procesal, la codemandada “confiesa los supuestos fácticos necesarios para el reconocimiento de la sustitución patronal”.

Expresa que si se manifiesta no aceptar la primera parte del hecho, ello implica correlativamente la admisión de la segunda parte del mismo, “aceptación que tiene el valor de confesión y que implica reconocer que “en el año 1995 cuando se creó jurídicamente SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A., el señor JAIME NEFATLY MONTOYA MONTOYA continuó comercializando normalmente los diferentes planes de medicina prepagada, tales como el plan colectivo, el plan familiar y el plan asociados”.

En torno a la prueba no calificada, asegura que los testigos permiten concluir en la existencia de la sustitución patronal invocada y añade que sus dichos “fueron apreciados en forma recortada por el Tribunal, pues este tuvo en cuenta los mismos para deducir la existencia de sendos contratos de trabajo, pero no los consideró para efectos de establecer la sustitución patronal invocada, pese a que resultan idóneos para tal efecto como antes se demostró”.

Expone que el documento obrante a folio 378, con el cual el Gerente de la COOPERATIVA comunica a Jairo Alonso Gómez Hoyos que con motivo de “la entrada en funcionamiento de Salud Coomeva Medicina Prepagada S.A. esta sociedad la sustituiría como empleadora en razón de que asumiría la actividad económica que “venía manejando Coomeva su antiguo patrón”, es claramente indicativo “de la sustitución patronal invocada, resultando equivocada la apreciación que del mismo hizo el Tribunal Superior de Medellín”.

Afirma que los anteriores planteamientos demuestran que “los contratos de corretaje suscritos por el demandante con SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. (obrantes a fls. 24 a 28) no resultan suficientes para deducir los extremos del vínculo laboral que realmente ligó al demandante con esta sociedad por lo cual puede afirmarse que el Tribunal se equivocó al deducir tal aspecto fáctico con base en los mismos”.

XIV. RÉPLICA DE SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.

Sostiene que la ausencia del presupuesto procesal demanda en forma, por la indebida acumulación de los procesos, frente a la parte demandada con quienes se conformó el litis consorcio necesario, es imposible una decisión de fondo; alude al artículo 25A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual regula la acumulación de pretensiones de varios demandantes frente a uno o varios demandados.

Critica a la censura por presentar conjuntamente dos conceptos de violación excluyentes, como son interpretación errónea y aplicación indebida y anota que en el proceso no se demostraron los 3 elementos básicos de la sustitución de patronos; cita varias sentencias de esta Sala.

XV. CONSIDERACIONES

Dado que los tres primeros cargos guardan evidente unidad temática, en los términos de la autorización concedida por los artículos 51 del Decreto 2651 de 1991 y 162 de la Ley 446 de 1998, se abordará conjuntamente el estudio de los mismos.

La glosa relativa a la acumulación de pretensiones debió ser propuesta en las instancias, pues en el recurso extraordinario no pueden dilucidarse aspectos como ese, en la medida en que se cercenaría la posibilidad de ser controvertido durante el desarrollo del proceso.

Cumple anotar que el ad quem no consideró viable declarar la sustitución patronal reclamada, toda vez que coligió que hubo coexistencia de contratos, dada la permanencia simultánea del actor al servicio de las 2 empresas. De allí que correspondía a la censura destruir tal inferencia, sin que lo logre, toda vez que se centra en demostrar la sustitución patronal, sin ocuparse de aquel soporte de la decisión que, por tanto, se mantiene inalterable dada la presunción de acierto y legalidad que reviste a la sentencia del Tribunal.

En ese sentido, como el sentenciador estimó que la Cooperativa vinculada al proceso continuó con su calidad de empleadora o contratante del actor, no podría aceptarse la existencia de la figura de la sustitución patronal, por faltar la evidencia del cambio de empleador por otro.

Las pruebas acusadas no conducen a una conclusión diametralmente opuesta a la que llegó el Tribunal. Lo que este juzgador dedujo es que en la Cooperativa operó una especie de escisión de la cual surgió la empresa de medicina prepagada, y que el accionante siguió al servicio de la primera, pero también comenzó a ejecutar su labor a la segunda, por manera que el contrato de trabajo que venía ejecutándose con la Cooperativa no pudo ser el mismo que se continuó desarrollando con la nueva sociedad.

Aunque no lo plasmó así en el acápite resolutivo del fallo, en las motivaciones el Tribunal dedujo que el actor tuvo 2 relaciones laborales: “La primera entre la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” entre el 1º de enero de 1992 y el 6 de abril de 2004, según se advierte de los contratos que militan a folios 28 a 42 y 69 a 103 de la respuesta a la demanda, en cuanto al extremo final”. En cuanto a la relación “del actor con SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA, se tendrá que la misma ocurrió entre el 1º de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2003, según se advierte de los contratos de corretaje, visible a 24 a 27 y 39-40 del expediente”.

Si bien, el juzgador colegiado ignoró la certificación incorporada al folio 290 del expediente, así como la respuesta dirigida al Juzgado por la enjuiciada (fls. 317 y 318), según las cuales el demandante fungió como corredor de SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. desde el 1º de enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2003, tal desacierto no tiene el carácter de manifiesto u ostensible, en tanto los documentos que incorporan los contratos celebrados entre MONTOYA MONTOYA y las accionadas, respaldan la inferencia del Tribunal, en la medida en que de lo que hay certeza absoluta es que inicialmente la vinculación se presentó con la Cooperativa, lo cual le resta poder de convicción a las documentales preteridas.

De otra parte, la secuencia cronológica que se desprende de los aparentes contratos de corretaje celebrados entre las partes, muestra que el primero (fls. 35 a 38) fue celebrado entre la Cooperativa y el demandante desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 1998 y, el segundo entre las mismas partes, entre el 4 de enero de 1999 y el 4 de enero de 2000 (fls. 28 a 32).

Con la otra demandada, se observa un contrato firmado el 21 de mayo de 1998, pero con efectos entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de ese año, evidencia que resulta suficiente para calificar de acertada la conclusión del Tribunal, en cuanto no halló demostrada la sustitución de empleadores, sino más bien dos relaciones de trabajo que se ejecutaron paralelamente.

No es admisible el ejercicio que propone la censura, en punto a la confesión que predica por el hecho de que la demandada negó la primera parte del hecho 15 de la demanda, lo cual supone que aceptó las restantes afirmaciones, por la sencilla, pero potísima, razón de que la confesión no puede ser inferida en la forma señalada, sino que debe ser expresa, como lo exige el numeral 4º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, de ninguna manera es factible considerar demostrada la sustitución patronal alegada, con base en la comunicación que milita al folio 378, en la que la Cooperativa informa al Director de Ventas que en adelante la empresa de medicina Coomeva será su empleadora, pues la decisión que la empresa tome con relación a una persona vinculada formalmente como empleado, no tiene por qué extenderse a otra que fue incorporada al servicio mediante una modalidad diferente.

Así las cosas, poco importa si el ad quem se equivocó al estimar que no puede haber sustitución patronal como consecuencia de la escisión de una persona jurídica, o si exigió que la demostración de dicho supuesto se encuentra restringido a la prueba documental, toda vez que como quedó visto, los elementos que la estructuran no fueron acreditados. De esta suerte, la pensión sanción que el demandante procura se imponga a SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. no cuenta con asidero fáctico plausible, en la medida en que deviene inequívocamente claro que tan solo le prestó servicios a esta persona jurídica durante 5 años y 9 meses, tiempo insuficiente a la luz de lo preceptuado en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, no prosperan estos cargos.

XVI. CUARTO CARGO

Dice que la sentencia impugnada viola directamente y por aplicación indebida “el Artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y el Artículo 28 de la Ley 789 de 2002 (que modificó el artículo 6º de la Ley 50 de 1990) en relación con el Artículo 8º de la Ley 153 de 1887”.

Al sustentar el cargo expresa:

Por tratarse de un cargo que se formula por la vía directa no se cuestionan las conclusiones fácticas plasmadas en la sentencia de segunda instancia. Por ello se acepta que la relación laboral que tuvo el demandante con SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S. A. se extendió entre el 1º de abril de 1998 y el 31 de diciembre de 2003 y que para esta anualidad el salario mensual correspondía a $ 4.690.135.00 (página 14 de la sentencia de segunda instancia).

Igualmente se acepta que la relación laboral que tuvo el demandante con la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” se extendió entre el 1º de enero de 1992 y el 6 de abril de 2004 debiéndose tomar como salario mensual el mínimo legal (páginas 12 y 13 de la sentencia de segunda instancia).

Anota que para liquidar las indemnizaciones por despido, el Tribunal tuvo en cuenta la prescripción alegada por las demandadas, sin percatarse que de conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, el término de prescripción “solo corre a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible” que, para el caso de la indemnización por despido, coincide precisamente con la fecha del despido y es a partir de allí donde “debe contar el término de 3 años”; posteriormente manifiesta:

El error del Tribunal consistió en aplicar la prescripción para efectos de considerar el extremo inicial a partir del cual debían liquidarse las indemnizaciones por despido a cargo de cada una de las entidades demandadas, lo cual es equivocado. Si el derecho se reclamó oportunamente la indemnización por despido debe liquidarse considerando los extremos de la relación laboral, sin que el efecto de la prescripción sea recortar el tiempo con respecto al cual ha de cuantificarse el derecho.

Sin duda la aplicación de la prescripción en forma parcial a la indemnización por despido constituye un yerro de carácter jurídico, pues la misma prescribe en todo o no prescribe, pero no hay lugar a aplicar la prescripción en forma recortada (como si puede suceder en relación con derechos de tracto sucesivo).

Si el Tribunal reconoce que la prescripción afecta los derechos causados a favor del demandante con anterioridad al 2 de abril de 2001 y el despido se produjo el 31 de diciembre de 2003 (en el caso de SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.) y el 6 de abril de 2004 (en el caso de la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA”) es claro que con respecto a las correspondientes indemnizaciones por despido no había lugar a tener en cuenta la excepción de prescripción propuesta.

(...).

Por lo tanto, y considerando en el caso de SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. los extremos de la relación laboral (1º de abril de 1998 y 31 de diciembre de 2003, salvo que prospere el cargo anterior y se acepte como fecha de ingreso el 1º de enero de 1992) deducidos por el Tribunal y el salario devengado por el demandante ($ 4.690.135.00) la indemnización por despido en aplicación del artículo 28 de la Ley 789 de 2002 corresponde a 80 días de salario, lo cual arroja un valor de $ 12.507.026.00 (el cual ha de ser indexado). Dicho valor obviamente resulta superior si prospera uno o algunos de los tres primeros cargos y se acepta como fecha de inicio de la relación laboral 1º de enero de 1992.

(...).

Igualmente en el caso de la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” considerando los extremos de la relación laboral (1º de enero de 1992 y 6 de abril de 2004) deducidos por el Tribunal y el salario mínimo legal (que fue el que dedujo el fallador de segundo grado) la indemnización por despido en aplicación del artículo 28 de la Ley 789 de 2002 (parágrafo transitorio) corresponde a 497.44 días de salario, lo cual arroja un valor de $ 6.765.184.00 (el cual ha de ser indexado)”.

XVII. CARGOS QUINTO Y SEXTO

En el quinto, denuncia la sentencia impugnada de violar directamente, por interpretación errónea de las normas reseñadas en el cargo anterior; al fundamentarlo, expone básicamente los argumentos vertidos en la cuarta acusación.

En el sexto, también por vía directa, acusa infracción directa de los preceptos aludidos y en el mismo sentido están orientados los argumentos que sustentan el cargo.

XVIII. RÉPLICA

Atribuye a la acusación los mismos defectos de técnica de los tres primeros cargos y en ese sentido cita algunos pronunciamientos de esta Sala atinentes al tema.

XIX. CONSIDERACIONES

Como ya se anotó, el Tribunal concluyó que entre el actor y las sociedades demandadas existieron dos relaciones laborales, la primera con la COOPERATIVA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” entre el 1º de enero de 1992 y el 6 de abril de 2004 y la segunda, con SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA desde el 1º de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2003.

A pesar de que muy escaso fue lo que argumentó el Tribunal en punto a la prescripción, es evidente que aplicó indebidamente los artículos 151 del Código Procesal y 488 del Sustantivo del Trabajo, puesto que para liquidar la indemnización por despido injusto tuvo en cuenta la prescripción, a pesar de que la exigibilidad del derecho a la indemnización marca el comienzo del conteo de dicho fenómeno extintivo, siendo que el derecho solo se causó al finalizar el contrato de suerte que desde allí, empezaron a correr los 3 años del término prescriptivo. Como no lo hizo así, no es más lo que debe anotarse para concluir en la prosperidad de los cargos analizados.

En sede de instancia, en lo que respecta a la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, valen las consideraciones expuestas al resolver el recurso de casación, para concluir que entre la fecha en que finalizaron los contratos de trabajo y la presentación de la demanda, no transcurrió el término establecido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral. En ese orden, la indemnización por despido sin justa causa queda como sigue:

Según el Tribunal, el actor laboró al servicio de la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” entre el 1º de enero de 1992 y el 6 de abril de 2004, es decir, un tiempo total de 12 años, 3 meses y 5 días; luego, de acuerdo con el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por artículo 6º de la Ley 50 de 1990, sin la reforma introducida por la Ley 789 de 2002, dado que para el 27 de diciembre de 2002, cuando cobró vigencia esta normatividad, el demandante contaba más de 10 años de servicio, en los términos del parágrafo transitorio del artículo 28 ibídem, al actor le corresponde como indemnización 45 días de salario por el primer año y 40 días adicionales por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero, para un total de 490 días, cifra que multiplicada por el salario diario devengado por el actor ($ 11.933.33) arroja como resultado $ 5.847.333.33, que indexados desde el 6 de abril de 2004 y el 30 de abril de 2015 ($ 3.185.066.38, para un total de $ 9.032.399.71).

En cuanto a SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A., se determinó que el demandante laboró a su servicio desde el 1º de abril de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2003, esto es, 5 años, 9 meses. En este caso, le es aplicable la enmienda de 2002, pues no llevaba 10 años de servicio cuando sobrevino la modificación y devengaba un equivalente superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2003, por manera que le corresponde como indemnización 20 días de salario por el primer año y 15 días adicionales por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero, para un total de 80 días, cifra que multiplicada por el salario diario devengado por el actor ($ 156.337.83) arroja como resultado $ 12.507.026.67, que indexados entre el 31 de diciembre de 2003 y el 30 de abril de 2015 ($ 7.326.475.99), alcanzan $ 19.833.502.66.

En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia en cuanto absolvió a las demandadas de la indemnización por despido sin justa causa y en su lugar se les condenará en la forma reseñada.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA y a favor de la parte actora, por cuanto hubo réplica al recurso que interpuso aquella persona jurídica que resultó infundado. Inclúyase como agencias en derecho $ 6.500.000.oo.

XX. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 16 de noviembre de 2006, corregida el 15 de diciembre del mismo año, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por JAIME NEFTALÍ MONTOYA MONTOYA contra SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. y la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA en cuanto al liquidar la indemnización por despido injusto, aplicó la prescripción trienal. No la casa en lo demás.

En instancia, revoca la sentencia de 9 de mayo de 2006, dictada por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín y, en su lugar, condena a la COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y PROFESIONALES DE COLOMBIA “COOMEVA” a pagar al actor $ 9.032.399.71; a SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A. a pagar $ 19.833.502.66, a título de indemnización por despido injusto, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

Costas, como se dijo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN».