Sentencia SL6390-2016/48064 de abril 13 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6390-2016

Rad.: 48064

Acta 12

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil dieciséis

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el 12 de abril de 2010, en el proceso que Yolanda Castaño Restrepo Adelanta contra el BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., trámite al cual se vinculó a Jackeline Ramírez Carmona en calidad de litisconsorte necesaria.

Se acepta el impedimento presentado por el Magistrado Fernando Castillo Cadena.

I. Antecedentes

La citada demandante pidió el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo Germán Andrés Espinosa Castaño, el 28 de septiembre de 2007. Asimismo, solicitó el pago de las mesadas adeudadas, los intereses de mora y que se ordene a la administradora accionada “que se abstenga de pagar cualquier prestación económica a la señora Yackeline (sic) Ramírez Carmona”. 

Fundamentó tales pedimentos en que su hijo Germán Andrés Espinosa Castaño, el 14 de octubre de 2006, contrajo matrimonio con Jackeline Ramírez; a quien su cónyuge lo abandonó dos meses después de la boda, a raíz de que fuera diagnosticado con VIH positivo; que esta, no volvió a preocuparse por la suerte de aquel; que a mediados de enero de 2007, debido al deterioro en su estado de salud y al abandono físico y moral de su esposa, su hijo regresó al hogar de sus progenitores; que por razón de la enfermedad terminal diagnosticada, BBVA Horizonte S.A. le reconoció, el 29 de junio de 2007, una pensión de invalidez y que, finalmente, falleció el 28 de septiembre de esa anualidad.

Narró que, conjuntamente con su esposo, solicitó a la administradora accionada el pago de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada con el argumento de que existía otra persona con mejor derecho, es decir, la cónyuge. Señala que tiene derecho a la prestación reclamada, por cuanto la señora Jackeline Ramírez y su hijo tan solo convivieron dos meses después de contraer nupcias; adicionalmente, porque “no recibe pensión alguna; su sustento lo ha derivado de la colaboración de su fallecido hijo German (sic) Andres (sic) Espinosa Castaño y de la pensión de su esposo” (fls. 2-5).

Al dar respuesta a la demanda, BBVA Horizonte S.A. se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, aceptó que entre Espinosa Castaño y Jackeline Ramírez Carmona existió un vínculo matrimonial; que al mencionado, quien falleció el 28 de septiembre de 2007, se le había reconocido previamente una pensión de invalidez; que la actora reclamó la pensión de sobrevivientes y le fue negada, y que el esposo de esta se encuentra pensionado.

En su defensa manifestó que el causante relacionó a la cónyuge en la solicitud que elevó para que le fuera reconocida la pensión de invalidez, de manera que al existir una persona con mejor derecho, los padres resultan desplazados según lo previsto en el artículo 74 de la L. 100/1993. Señaló, adicionalmente, que la actora no dependía económicamente de su hijo, en tanto confesó recibir colaboración de su esposo.

Solicitó la integración del litisconsorcio necesario con la señora Jackeline Ramírez Carmona y, para rebatir las pretensiones de la demanda, formuló las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, falta de causa en las pretensiones, carencia de acción, ausencia de derecho sustantivo, buena fe, prescripción, compensación y la innominada o genérica (fls. 31-36).

Por intermedio de curador ad litem y en virtud de su citación al proceso como litisconsorte necesario, la señora Jackeline Ramírez Carmona manifestó acogerse “a las pretensiones de la demanda, toda vez que sean probados los hechos en que se fundamenta la misma”. De sus hechos, aceptó el matrimonio entre el pensionado fallecido y la persona a la que representa, el reconocimiento de la pensión de invalidez en favor del causante y su fallecimiento; frente a los demás, dijo no constarle o ser apreciaciones llamadas a ser resueltas por el juez (fls. 64-65; 68-69).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo del 12 de abril de 2010, negó las pretensiones de la demanda respecto de BBVA Horizonte S.A. (fls. 119-128).

III. Sentencia de segunda instancia

Por apelación de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la de primer grado.

En sustento de su decisión, el Tribunal consideró que el problema jurídico que debía resolver consistía en “determinar si a la señora Yolanda Castaño Restrepo le asiste el derecho a que el BBVA le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su hijo Germán Andrés Espinosa Castaño, cuando quiera que éste tenía un vínculo matrimonial vigente al momento de su deceso”.

Con apoyo en el artículo 74 de la L. 100/1994, estimó que los padres únicamente adquieren la condición de beneficiarios, cuando no exista cónyuge, compañera permanente e hijos, dado que éstos tienen un mejor derecho frente a aquellos.

En esa dirección y luego de dejar por sentado que en este caso no existía prueba de la disolución del matrimonio que contrajo el pensionado fallecido el 14 de octubre de 2006, concluyó:

Así las cosas, no cabe duda entonces, que al existir un vínculo matrimonial con sociedad conyugal vigente al momento del deceso de quien en vida respondía al nombre de Germán Andrés Espinosa Castaño, la cónyuge de éste, Jackeline Ramírez Carmona, desplaza inmediatamente a su progenitora, por lo dicho en las líneas que preceden, no importa el tiempo durante el cual la pareja haya compartido el mismo techo, lecho y mesa, razón por la cual, estima esta Sala que la decisión de primer grado fue acertada, en cuanto negar las pretensiones incoadas en contra del ISS (sic), así las cosas, resulta inocuo entrar a analizar la dependencia económica de la señora Castaño Restrepo respecto de su hijo fallecido, como quiera que éste (sic) no ostenta la calidad de beneficiaria de éste en la calidad de madre de aquél.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, condene al BBVA Horizonte S.A. a satisfacer las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula tres cargos, por la causal primera de casación. No hubo oposición.

VI. Cargo primero

Por la vía directa y en el concepto de interpretación errónea, le atribuye a la sentencia impugnada la violación de los artículos 46 y 47 de la L. 100/1993, en relación con el artículo 42 de la C.P.

Sostiene la censura que el Tribunal interpretó equivocadamente el artículo 47 de la L. 100/1993, por cuanto uno de los presupuestos normativos de la pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge o compañera permanente, es la convivencia, supuesto que no cumplió la señora Jackeline Ramírez Carmona, ya que “solo convivieron 15 días, no procrearon hijos, pues ante la enfermedad del señor Espinosa (VIH SIDA) le fue imposible”. Aduce que, por ello, “no es suficiente la existencia de un vínculo legal al momento de la muerte o por los 15 días de convivencia, sino que es indispensable el lleno de todos los requisitos”.

Asegura que de conformidad con el derecho canónico, la presencia de una enfermedad infectocontagiosa da lugar a la nulidad del matrimonio católico, la cual si bien no fue planteada por las partes debido a lo rápido que avanzó la enfermedad, es un aspecto que debe ser tenido en cuenta por la Corte en aras de adoptar su decisión.

Expresa que la señora Ramírez Carmona “no tiene derecho alguno”: primero, por el escaso tiempo de convivencia; segundo, por haber abandonado a su esposo y, tercero, porque en la fecha de reconocimiento de la pensión de invalidez, no se encontraba conviviendo con su cónyuge. Refiere que todo lo anterior se corrobora con la declaración de voluntad que Espinosa Castaño realizara ante notario el 3 de septiembre de 2007, en la cual, autorizó a su madre para que siguiera devengando la pensión en razón a que fue la única persona que lo acompañó durante su enfermedad.

En desarrollo de su discurso, se remite a la Sentencia C-111/2006 de la Corte Constitucional para señalar que la dependencia no debe ser total y absoluta. En torno a esto, asevera que el causante colaboraba con los gastos del hogar y, en el momento en que se casó, su familia dependió tan solo de la pensión de su padre. Sin embargo, aclara que lo anterior fue “momentáneo”, puesto que “el señor Espinosa, no sabía que tenía VIH Sida, fue después de su luna de miel, que se enteró y su Esposa Jackeline Ramírez, lo abandona, retornando el señor Espinosa a su hogar, (el cual solo abandono (sic) por menos de dos meses), consiguiendo trabajos temporales, y en los cuales no duraba, debido a sus quebrantos de salud, y laboraba para poder colaborar a sus padres en sus obligaciones económicas”.

Explica que el juez de alzada, al “exigir” la demostración de la dependencia económica total y absoluta, hizo nugatorio el derecho a la pensión de sobrevivientes, en detrimento de derechos constitucionales de mayor entidad “al someter a los padres a una situación de abandono, miseria e indigencia”.

Refiere “en cuanto a la imposibilidad de mantener el mínimo existencial”, que para la época del deceso de su hijo, su padre estaba pasando por una situación económica difícil, lo que lo forzó a endeudarse para pagar los medicamentos de alto costo no cubiertos por el POS, “los cuales eran difícil de suplir, aún con las dos pensiones (las pensiones del padre y del hijo)”. Aduce que en tal contexto, la dependencia económica siempre supondrá la verificación de un criterio de necesidad, sujeción o sometimiento al auxilio sustancial del hijo, que les permita a los padres, después de su muerte, llevar una vida digna.

Por último, se ocupa de las reglas que ha asentado la jurisprudencia para determinar si una persona es dependiente o no, en perspectiva al concepto de mínimo vital cualitativo.

VII. Cargo segundo

Por la vía directa, le endilga al juez de segundo grado la aplicación indebida de la jurisprudencia de la Corte Constitucional vertida en la sentencia C-111/2006.

Señala que, por fuera de lo mencionado con antelación, la existencia de otro ingreso económico, como lo es la pensión de su esposo, no desvirtúa la dependencia económica de la madre respecto a su hijo, toda vez que ésta, no tiene que ser total y absoluta. De esta forma y con respaldo en una colilla de pago que dice haber allegado en los alegatos en segunda instancia, afirma que la pensión del padre del fallecido es inferior a un salario mínimo, “la cual se nivelaba con la ayuda que daba su hijo”.

Finalmente, reproduce algunos pasajes de la Sentencia C-111/2006 de la Corte Constitucional.

VIII. Cargo tercero

Le imputa a la sentencia la violación de la ley sustancial por la vía directa, “pues no hubo una correcta apreciación del material probatorio”.

Para su demostración, el recurrente afirma que hubo una incorrecta valoración de los medios de convicción, “puesto que si se hubiera dado un análisis detallado de la historia clínica completa aportada al proceso, el Juez de segunda instancia, hubiera podido analizar cuál fue el tiempo real de convivencia entre las partes en primer lugar; en segundo, el juez no tuvo en cuenta la última declaración de voluntad del señor German Andrés Espinosa, con la cual se puede esclarecer cualquier otra duda acerca de la convivencia y de la separación de las partes como consecuencia de su enfermedad. Tercero, se solicita que esta entidad analice si es de su menester las declaraciones dadas por las personas allegadas al señor Espinosa”. En consecuencia, pide que se tenga en cuenta “si es menester”, la “última declaración de voluntad del señor Germán Andrés Espinosa” y las declaraciones extraproceso de Ana de Jesús Ramírez, Alba Cecilia Castaño, Lina María Grisales y César Augusto Pineda.

IX. Consideraciones

1. El recurrente incurre en dos equívocos en la demanda de casación: uno, dar por sentado un hecho, que no lo está y, otro, dirigir su ataque contra argumentos que no fueron expuestos por el Tribunal en su sentencia.

En cuanto a lo primero, cabe decir, que el juez de alzada no emitió un pronunciamiento favorable a la codemandada Jackeline Ramírez Carmona, dado que, en ninguno de los pasajes de la sentencia expresó que la citada tuviera derecho a la pensión de sobrevivientes o que hubiera convivido 5 años con el causante. Adicionalmente, no podía hacerlo, toda vez que la cónyuge convocada a proceso no se opuso a las pretensiones de la demanda ni hizo valer su carácter de beneficiaria excluyente y privilegiada, solicitando en su favor la prestación, de modo que el juez de segundo grado no estaba habilitado para concederle algo que, en definitiva, no demostró interés en reclamar.

En relación con lo segundo, es preciso clarificar que el Tribunal no dijo nada sobre la dependencia económica de la madre respecto del hijo, ya que, a su modo de ver, la circunstancia legal de no poderse reputar a la demandante como beneficiaria de la pensión, en razón de la coexistencia de otra persona con mejor derecho, hacía “inocuo entrar a analizar la dependencia económica de la señora Castaño Restrepo respecto de su hijo fallecido, como quiera que éste (sic) no ostenta la calidad de beneficiaria de éste en la calidad de madre de aquél”. Por lo mismo, tampoco le exigió a la actora la demostración de una dependencia económica total y absoluta, como se asegura.

2. No obstante estos desaciertos, el recurrente sí formula un reproche jurídico válido contra la sentencia del Tribunal, consistente en la errada interpretación que ese colegiado le dio a la disposición contenida en el artículo 47 de la L. 100/1993, reproducida en el artículo 74 de misma ley, para las pensiones de sobrevivientes del régimen de ahorro individual con solidaridad.

En efecto, el razonamiento interpretativo del juez ad quem, según el cual los padres no adquieren la calidad de beneficiarios, cuando esté de por medio un vínculo matrimonial vigente, independientemente de si la cónyuge tiene derecho o no a la pensión de su esposo fallecido, es errado.

Ello se debe a que, de acuerdo con el literal e) de los artículos 47 y 74 de la L. 100/1993, los padres del causante son beneficiarios siempre que no exista “cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho”. Vale decir, cuando, a pesar de existir cónyuge, compañero permanente e hijos, éstos no cumplan los requisitos para tener derecho a la pensión, el juzgador debe seguir agotando el orden de prelación incorporado en esas normas. 

Lo anterior podría darse en situaciones tales como cuando el cónyuge no tiene la convivencia mínima de 5 años con el causante y no hay hijos de por medio, o cuando estos son mayores de edad y no se encuentran estudiando, o superan los 25 años de edad. En estos casos, adviértase que, a pesar de existir beneficiarios, éstos no tienen derecho a la pensión por no cumplir los requisitos legales y, por este motivo, debe seguirse agotando el orden de prelación hasta llegar a los padres que dependan económicamente del causante o, en su defecto, a los hermanos inválidos. 

En este orden de consideraciones, las reflexiones del Tribunal son equivocadas, pues, se itera, para que la cónyuge excluya a los padres, es necesario que tenga derecho a la pensión, es decir que satisfaga a cabalidad los requisitos legales.

3. No obstante que el cargo es fundado, no se casará la sentencia, habida cuenta que en sede de instancia se llegaría a la misma conclusión absolutoria, ya que, al revisarse el derecho de la demandante a la pensión, esta Sala advierte que no se configura el requisito de la dependencia económica de la madre en relación con el hijo.

Es cierto que a partir de la sentencia C-111/2006 de la Corte Constitucional, la dependencia económica no tiene que ser total y absoluta; lo cual, quiere decir que si bien debe existir una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo, tal situación no excluye que aquellos puedan percibir rentas o ingresos adicionales, a condición que estos no sean suficientes para garantizar su independencia económica, es decir, que esas rentas no alcancen a cubrir los costos de su propia vida (CSJ SL400-2013, CSJ SL816-2013, CSJ SL2800-2014, CSJ SL3630-2014, CSJ SL6690-2014, CSJ SL14923-2014). 

Ha estimado la jurisprudencia del trabajo que la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a los padres-demandantes y, al demandado, el deber de desvirtuar esa sujeción material mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica de los padres para solventar sus necesidades básicas (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026). 

En el sub examine, la demandante no acreditó su dependencia económica respecto a los recursos de su hijo, ya que en el expediente no existen pruebas sólidas que respalden esa relación material. Así, no hay evidencia de las contribuciones que su hijo en vida hizo para satisfacer sus distintas necesidades fundamentales, como su alimentación, vivienda, salud, recreación, servicios públicos esenciales, entre otros.

Por el contrario, lo que sí está probado, es que su esposo cuenta con una renta regular y periódica, derivada de una pensión de la Policía. Hecho que, sumado a otras circunstancias, como la existencia de una casa de su propiedad, el cuidado de su hijo enfermo con cargo a los recursos de su padre y su dependencia económica en relación con su cónyuge, terminan por esclarecer que la demandante no estuvo subordinada materialmente a su hijo para su propia subsistencia.

En efecto, la actora en la demanda inicial, admitió que su esposo era pensionado, afirmación que resulta corroborada con la aseveración de la testigo Zoila Rosa Batero Suárez, quien aseguró que el cónyuge de la demandante “es pensionado de la policía”.

En segundo lugar, la misma testigo, quien dijo ser enfermera, sostuvo que los servicios de inyectología y los medicamentos que le aplicaba al causante durante el tiempo en que estuvo enfermo, los pagaba su padre; y que la actora, en el lapso en que su hijo estuvo casado, dependió económicamente de su esposo. Aseguró igualmente, que la casa donde residen es de propiedad de estos.

En tercer lugar, la testigo Zulma Correa de Medina, señaló que mientras el causante estuvo enfermo con sus padres y tuvo la pensión, “les colaboraba”; ratificó, asimismo, que la casa era de propiedad de estos, y que la actora dependía económicamente de su esposo y su hija, cuando ésta trabajaba.

Ahora, aunque es cierto que la citada declarante afirmó que el causante les colaboraba a sus padres, también lo es que, dicha expresión, en el contexto en el que fue emitida, debe entenderse no en el sentido de que estos estuvieran subordinados a la ayuda económica de su hijo, sino que éste les ayudaba o colaboraba en sus gastos habituales; circunstancia que es enteramente entendible, ya que si el causante estuvo pensionado y vivió en la casa de sus padres, luce razonable que haya colaborado en determinados gastos de su hogar, como usualmente lo hacen dos personas que comparten una misma casa o habitación para vivir y en razón de lo cual se reparten o distribuyen cargas monetarias. O como generalmente lo hacen los hijos respecto de los padres, al suministrarles ciertos alivios económicos o apoyo en algunas erogaciones.

Por lo demás, está contribución no puede tomarse como un elemento determinante del derecho de la demandante. La jurisprudencia ha insistido mucho en que la verificación de una simple colaboración o ayuda que los hijos otorguen a sus padres, y que sea irrelevante para la satisfacción de sus necesidades básicas esenciales, excluye la existencia una situación real de subordinación económica (CSJ SL8406-2015).

Finalmente, en cuanto a lo afirmado por la actora en la demanda inicial, en el sentido que, después de la ruptura de su relación con su pareja, su hijo regresó enfermo a su hogar y allí permaneció con sus padres hasta su muerte, tiempo durante el cual estuvo al cuidado de éstos, cabe decir que esta situación de acompañamiento moral o cuidado familiar de padres a hijos, o incluso, la que pueda darse a la inversa, no es un factor relevante para definir la dependencia económica, en vista a que éste requisito legal se da en función de las contribuciones materiales que los hijos efectúen en favor de los padres, con la intención de garantizar sus condiciones mínimas existenciales.

El cargo no prospera.

Sin costas en el recurso.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia dictada el 12 de abril de 2010 por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral que Yolanda Castaño Restrepo adelanta contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., hoy Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., trámite al cual se vinculó a Jackeline Ramírez Carmona en calidad de litisconsorte necesaria.

Sin costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas, presidente de Sala—Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Luis Quiroz Alemán.