Sentencia SL6436-2015/43610 de abril 15 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6436-2015

Rad.: 43610

Magistrada Ponente:

Dr. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Acta 11

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Ibagué, el 23 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por César Augusto Rondón Murillo contra la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los ríos Coello y Cucuana “Usucoello”.

I. Antecedentes

Con el escrito inicial, solicitó el actor que se declare que entre las partes existe un contrato de trabajo a término indefinido desde el 16 de noviembre de 1999; que el acuerdo suscrito el 13 de diciembre de 2004 por medio del que se puso fin a la relación laboral, no obedeció a un acto natural y voluntario del demandante, sino a una decisión propia de la entidad empleadora y que por tanto, se decrete la nulidad del mismo acto y la no existencia de solución de continuidad en el vínculo. Como consecuencia de lo anterior, pretendió principalmente que se condene a la demandada a reinstalarlo en su puesto de trabajo y a pagarle los salarios, prestaciones legales, extralegales y demás auxilios convencionales dejados de percibir.

En forma subsidiaria, pretendió que se declare que el contrato de trabajo terminó de manera unilateral y sin justa causa por parte del empleador, se imponga a la accionada la devolución de $551.711, deducidos de la liquidación final de prestaciones sociales y se la condene al pago de la indemnización moratoria, de los perjuicios materiales y morales, lo que resulte probado ultra o extra petita y las costas del proceso.

Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que celebró un contrato de trabajo escrito a término indefinido con la entidad demandada desde el 16 de noviembre de 1999, para desempeñar el cargo de contador; que su último salario promedio mensual ascendió a $2.791.475,oo; que desde el 17 de marzo de 2004, comenzó a ser víctima de “persecución laboral”, la cual inició con un llamado de atención sin haber sido oído en descargos por un supuesto incumplimiento de sus funciones; que posteriormente, fue llamado a rendir descargos el siguiente 23 de igual mes y año, por la presunta omisión en la presentación de los libros de contabilidad; que mediante oficio Nº 0695 de 7 de abril de 2004, el gerente general de la demandada le comunicó que la empresa había tomado la decisión de dar por terminado de manera unilateral y sin justa causa el contrato de trabajo y, que a través de oficio 0704 de 12 de abril de 2004, se le informó la revocatoria del anterior escrito.

Afirmó que pese a lo anterior, continúo siendo víctima de reconvenciones y llamados de atención; que el 22 de octubre de 2004, con memorando interno Nº 1200, le fue solicitado el reintegro de unos dineros; que el 4 de noviembre de 2004, mediante oficio 269, el gerente de la demandada solicitó permiso al entonces Ministerio de la Protección Social, a fin de llevar a cabo un despido colectivo de 24 funcionarios, “que finalmente retiró si tener que despedirlos, razón por la que la empresa desistió de su petición”; que el 5 de noviembre de 2004, le notificaron la iniciación de una investigación administrativa por la presunta responsabilidad en la liquidación de un contrato de trabajo, trámite que concluyó en la suspensión de su vinculación laboral por un día y la obligación de suscribir un compromiso de cancelar a la demandada la suma de $551.771,oo, por concepto mayor valor cancelado en la antedicha liquidación.

Así mismo, expuso que el 9 de noviembre de 2004 le otorgaron vacaciones las cuales fueron suspendidas por necesidad del servicio; que mediante memorando 301 de 11 de noviembre de 2004, el jefe administrativo le inició una nueva investigación por su presunta responsabilidad en la revisión, análisis y control del pago de un contrato, por lo que fue oído en descargos y se le impuso otro llamado de atención; que el 13 de diciembre de 2004, el jefe administrativo, el asesor y el gerente de la demandada, le reiteraron que debía manifestar por escrito su retiro voluntario a partir del día siguiente y que el 21 de diciembre debía suscribir un acta de conciliación ante el Ministerio de Trabajo; que respecto de tales hechos rindió una declaración juramentada en la que dejó constancia que suscribía la carta exigida, bajo presión; que el mismo día presentó su solicitud de terminación del contrato de trabajo y suscribió el acuerdo conciliatorios que fue elaborado totalmente por el empleador y en las instalaciones de la empresa, esto es, sin la presencia de “un funcionario público que la avalara”.

Añadió que durante el año 2004 fue objeto de seis memorandos de llamados de atención, tres investigaciones disciplinarias, dos sanciones administrativas, la “terminación del contrato de trabajo y nuevo reenganche” y múltiples llamados de atención verbales a los que se vio compelido; que nunca pretendió renunciar voluntariamente al cargo que venía desempeñando, pues actuó bajo presión o amenaza de que si no procedía de esa manera sería despedido con justa causa y sin el pago de la bonificación ofrecida; y que es beneficiario de la Convección Colectiva de trabajo suscrita entre la demandada y Sintrairritol (fls. 137 a 150).

La empresa convocada al proceso al dar contestación a la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas. En relación con los supuestos fácticos que soportan las súplicas, admitió el relacionado con el extremo inicial de la relación, su decisión previa de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa y la posterior retractación; las investigaciones administrativas y las consecuentes sanciones impuestas al demandante, de las que adujo no constituyeron persecución laboral alguna sino que son consecuencia de las «exigencias en función del trabajo»; la solicitud de terminación del vínculo laboral elevada por el trabajador; la suscripción del acuerdo conciliatorio en el que se incluye “el reconocimiento económico especial extralegal e incluye también el incentivo aprobado por la Junta Directiva”; la existencia del sindicato, del acuerdo convencional y la calidad del actor de beneficiario del mismo.

Propuso como excepciones las de ausencia de la causa invocada, ausencia de vínculo laboral posterior al retiro voluntario del trabajador, terminación del contrato por mutuo acuerdo entre las partes o a solicitud del demandante y pago total de la obligación convenida con el demandante (fls. 195 a 208).

II. Sentencia de primera instancia

Conoció de la primera instancia el Juzgado Laboral del Circuito de Espinal, que en sentencia de fecha 18 de noviembre de 2008, declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 16 de noviembre de 1999 y el 14 de diciembre de 2004, el cual terminó por mutuo acuerdo entre las partes. Negó las demás pretensiones de la demanda e impuso al demandante el pago de las costas del proceso (folios 335 a 346 del cuaderno 2).

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del actor, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión de primer grado y condenó al actor a pagar las costas causadas en segunda instancia (fls. 17 a 24 del cuaderno del tribunal).

Para tal decisión, estableció que el objeto de discusión se centra en determinar si el acto por medio del cual se terminó el vínculo laboral, se encuentra viciado de nulidad, en tanto el demandante, señaló en el escrito inaugural que los hechos que originaron la solicitud de terminación del contrato por mutuo acuerdo y la consecuente suscripción del acta respectiva, obedecieron a las “permanentes sugerencias hechas por el empleador en el sentido de que si no lo hacía perdería la bonificación y sería despedido con justa causa”.

Así, dejó por sentado: (i) que en reunión de la junta directiva de la accionada, llevada a cabo el 6 de diciembre de 2004, Acta Nº 867, se ratificó una reestructuración administrativa, para lo cual se implementó un plan de retiro voluntario, con el incentivo de un reconocimiento consistente en una bonificación, para quienes se acogieran libremente al mismo; (ii) que el 13 de diciembre de 2004, el demandante, presentó ante la secretaria de la Gerencia de la entidad demandada, escrito por medio del cual comunicó su decisión de dar por terminado su contrato de trabajo por mutuo acuerdo, a partir del 14 de diciembre de 2004 y, (iii) que en consecuencia, mediante acta de conciliación de fecha 13 de diciembre de 2004, el contrato de trabajo entre las partes se dio por terminado de manera consensuada y se liquidaron las prestaciones sociales del actor que, sumado a la bonificación referida, arrojó una suma de $25.110.741,oo.

Posteriormente, se ocupó de analizar los testimonios rendidos por José Hernán Calderón, Wilson Daniel Gordillo Ochoa, Bernardo Gutiérrez, Jaime Bonilla Cruz, Yuri Alexey Navarro Puentes y Alfonso Serrano Calderón, así como la prueba documental referente a la alegada persecución laboral. Luego de lo cual, concluyó que la terminación del contrato tuvo fuente en un acto propio y exclusivo del actor, como lo fue el envío de la carta de terminación del contrato por mutuo acuerdo, en el que manifestó que se acogía al plan de retiro compensado aprobado por la Junta Directiva mediante Acta Nº 867 de 6 de diciembre de 2004, donde se ratificó la necesidad de la reestructuración administrativa de la accionada, “para que quienes libremente se acogieran al mismo obtuvieran un incentivo consistente en una bonificación”, de donde infirió que “el demandante conocía con antelación las condiciones bajo las cuales se regiría el mentado acuerdo, pues de no haber sido así, no hubiese presentado la carta de terminación y al igual no se hubiese sometido a firmar el acta de conciliación que materializó el retiro compensado, pues se reitera, cada trabajador se encontraba en libertad de decidir si se acogía o no al plan de retiro”.

Afirmó que el actor hizo uso de su derecho a decidir y optó por acogerse al plan y suscribir el acta de conciliación referida, por lo que no resulta aceptable su afirmación de que su consentimiento fue vulnerado, máxime cuando tal circunstancia no se acreditó, en tanto los testigos –afirmó– fueron uniformes en señalar que no existió ningún tipo de presión, pues las supuestas persecuciones consistieron en los continuos memorandos, en las investigaciones administrativas y disciplinaras de la que fue objeto el actor, las cuales señaló, “tuvieron su causa y motivación y estuvieron revestidas en estricto sentido de garantías constitucionales como el derecho de defensa pues siempre se le escuchó en descargos y hasta tuvo la oportunidad de interponer recursos contra las decisiones que tomo la empresa”, por lo que no se puede esgrimir que la amenaza o intimidación por parte de la entidad accionada de terminar la relación laboral con justa causa “tuviera como causa los memorandos, llamados de atención etc., pues dichos actos y hechos ya habían sido objeto de investigación y de sanción”.

Finalmente concluyó:

Puestas así las cosas, estima la Colegiatura que esa no es, en manera alguna, la lógica con la que funcionan los acuerdos de retiro compensado. Si así fuera, cualquier trabajador podría acogerse a un plan de retiro, suscribir un acta de esa índole, acceder a una cuantiosa bonificación, disponer de ella y luego, a la vuelta de varios años, cuando ya se ha dispuesto de ese monto, argumentar vulneración de derechos y vicios en el consentimiento y lograr no solo su reintegro laboral sino también una cuantiosa indemnización.

Por último en relación con las declaraciones extraproceso rendidas por el demandante es sabido que las partes no se pueden beneficiar de su propio dicho, por lo que en nada ayudan a desentrañar lo pretendido por el recurrente.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente, que la Corte case el fallo recurrido, para que, en sede de instancia revoque el del a quo y, en su lugar, accede a las pretensiones de la demanda.

Con fundamento en la causal primera de casación propuso un cargo, que dentro del término de ley fue objeto de réplica y que la Corte procede a estudiar.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia impugnada de violar la ley sustancial por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida “del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5o literal b) de la Ley 50 de 1990, en concordancia con los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y los artículos 1501, 1502, 1508, 1513, 1514, 1515, 1603, 1625-8, 1740 y 1746 del Código Civil, en relación con los artículos 1, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 23, 55, 140, 340 del Código Sustantivo del Trabajo, y artículos 51, 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Refiere que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho manifiestos:

— Dar por demostrado sin estarlo que la terminación del contrato de trabajo del demandante, tuvo su fuente en un acto propio y del resorte exclusivo del actor.

— Dar por demostrado sin estarlo que la comunicación remitida por el actor a la demandada el 13 de Diciembre de 2004, fue un acto propio y del resorte exclusivo del actor.

— Dar por demostrado sin estarlo que en la comunicación remitida por el actor a la demandada el 13 de Diciembre de 2004, aquel estaba acogiéndose a un plan de retiro compensado.

— Dar por demostrado sin estarlo que el trabajador suscribió un “acta de conciliación que materializó el despido compensado”.

— Dar por demostrado sin estarlo que el trabajador demandante estaba en libertad de decidir si se acogía o no al Plan de retiro.

— No dar por demostrado estándolo que al demandante se le presionó para que hiciera dejación de su cargo, simulando una conciliación.

— No dar por demostrado estándolo que seis memorandos de llamados de atención, tres investigaciones disciplinarias, dos sanciones administrativas, el fallido despido del que en principio fue objeto el trabajador, y los múltiples llamados de atención, reconvenciones, conminaciones e intimidaciones de que fue objeto en un término de nueve meses, no constituyeron una continúa (sic) persecución laboral, pese a que antes de ese periodo el demandante nunca fue objeto de sanción alguna.

— Dar por demostrado sin estarlo que el acta levantada por la Junta Directiva de Usocoello el 6 de diciembre de 2004, bajo el Nº 867 contemplaba un Plan legítimo de reestructuración administrativa de esa empresa.

— No dar por demostrado estándolo que el texto del acta levantada por la Junta Directiva de Usocoello el 6 de Diciembre de 2004, bajo el Nº 867, contemplaba un perverso esquema orientado a disminuir la planta de personal, cuidándose de no exceder el porcentaje expresado en el artículo 40 del Decreto 2351 de 1965, subrogado por el 67 de la Ley 50 de 1990, para no incurrir en un despido colectivo.

— No dar por demostrado estándolo que la empresa demandada obró de mala fe al orientar el plan de retiro previsto el en acta levantada por la Junta Directiva de Usocoello el 6 de Diciembre de 2004, bajo el Nº 867, por el que se presionó el retiro del demandante.

Como pruebas no apreciadas, enunció:

1. Oficio visto a folio 126 y 127 del Cuaderno 2 (…) mediante el cual el asesor jurídico - Gerencia Usocoello le plantea al Ingeniero Rodrigo Antonio Camacho Sabogal, Gerente General E de Usocoello, retirar inmediatamente su solicitud, elevada ante el Ministerio de la Protección Social para obtener la viabilidad del Despido Colectivo.

En este oficio, que sirvió de guía para tomar las decisiones que adoptó la Junta Directiva de Usocoello mediante Acta Nº 867 del 6 de Diciembre de 2004, el asesor jurídico de la demandada advierte que la empresa debe cuidarse de no exceder el porcentaje expresado en el artículo 40 del Decreto Ley 2351 de 1965, acotando que el número de trabajadores vinculado con contrato de trabajo es de 158, razón por la que no podrían despedirse más de 22 empleados dentro del proceso de reestructuración.

2. Acta levantada por la Junta Directiva de Usocoello el 10 de diciembre de 2004, bajo el Nº 868, mediante la cual ese Organismo rector profirió el Acuerdo 098, actualizando el manual de funciones y suprimiendo algunos cargos de la planta de personal de la empresa.

Al respecto es del caso anotar que dentro de los cargos a suprimir no aparece el de contador que detentaba el demandante, amén de que, por el contrario, al actualizar el organigrama, la Sección de Contabilidad, queda con un Contador y dos auxiliares.

3. Comunicación vista a folio 209 del cuaderno 2 (…), mediante la cual el Gerente de Usocoello, mediante oficio 0194 del 12 de Febrero de 2007, le pide explicación al señor FABIO HENRY RAMIREZ (sic) FRANCO, sobre su escrito de diciembre 16 de 2004, dirigido al gerente de Usocoello, en el que se le inquiere para que precise lo afirmado por él, en el párrafo primero de tal misiva.

4. Comunicación vista a folio 210 del cuaderno 2 (…), mediante la cual el señor FABIO HENRY RAMIREZ (sic) FRANCO, explica al Gerente General de Usocoello, los alcances de su comunicación del 16 de Diciembre de 2004.

5. Comunicación vista folio 79 del cuaderno uno, suscrita por el señor FABIO HENRY RAMIREZ (sic) FRANCO, el 16 de Diciembre de 2004, relacionada con los dos documentos enunciados en los puntos que antecede, mediante la cual el mencionado señor RAMIREZ (sic) FRANCO, manifestó su desmotivación, por la decisión tomada por la Junta Directiva de la Empresa de designarlo como Auditor Interno, dado su desmejoramiento de posición en la Empresa, pero especialmente por el ambiente pesado que en ese momento atravesaba Usocoello y... “que justamente obligó a los salientes Contador y auditor interno a renunciar en la presente semana...”; acotando yo que tal contador era el señor CESAR (sic) RONDON (sic).

6. Oficio Nº 0271 del 4 de febrero de 2005, visto a folio 80 del cuaderno uno, mediante el cual el Jefe del Departamento Administrativo de Usocoello, remite al demandante CESAR (sic) AUGUSTO RONDON (sic) MURILLO, fotocopia de las cotizaciones de Seguridad Social y Caja de Compensación Familiar de los tres meses anteriores a la terminación de su contrato de trabajo.

7. Comunicación vista a folios 71 y 175 del cuaderno uno, cuyo contenido es idéntico al oficio visto a folio 70 del mismo cuaderno.

Y como medios de convicción indebidamente apreciados por el juez de segunda instancia refirió:

1. Comunicación vista a folio 70 del cuaderno uno, que cotejada con la vista a folio 71 y 175 del mismo cuaderno, permiten apreciar la utilización de un modelo pro forma, con el mismo tipo de letra, y la misma fecha de elaboración y entrega de las presuntas dimisiones voluntarias del señor CESAR (sic) RONDON (sic) y el señor HERNAN (sic) CALDERON (sic), el día 13 de diciembre de 2004, a las 4:30 y 4:35 p.m. respectivamente.

2. Declaración juramentada para fines extraprocesales rendida por CESAR (sic) RONDON (sic), ante la Notaría Segunda del Circulo de Espinal -Tolima, el día 13 de diciembre de 2004, a las 2:30 p.m., en la que el demandante reitera que nuevamente se ve precisado a dejar constancia de la persecución de algunos directivos de Usocoello en su contra, y que en consecuencia bajo presión se verá compelido a renunciar sin ser esa su voluntad.

3. Acta levantada por la Junta Directiva de Usocoello bajo el Nº 867, con ocasión de la sesión del 6 de diciembre de 2004, vista a folio 117 del cuaderno dos (…), que entre otras cosas recoge la orientación del asesor jurídico de Usocoello, a la que se hace alusión en el punto uno del capítulo correspondiente a las pruebas no apreciadas de esta demanda de casación.

Ello por cuanto el Colegiado de alzada consideró legítimo un supuesto Plan de Retiro Voluntario, a pesar de que del tenor literal del acta en cuestión se desprende la intención de la demandada de despedir a toda costa a 22 trabajadores, sin acudir al permiso de la autoridad competente, programando tales expulsiones en forma gradual para no incurrir en un despido colectivo.

Para ello según se lee en la misma acta, se adoptó como estrategia insinuarle (sic) la renuncia a unos trabajadores.

4. Documentos relacionados con los llamados de atención, investigaciones disciplinarias, sanciones administrativas, el fallido despido del que en principio fue objeto el trabajador, y los múltiples llamados de atención, reconvenciones, conminaciones e intimidaciones de que fue objeto el demandante en un término de nueve meses, y que reflejan una continúa (sic) persecución laboral, máxime si se tiene en cuenta que antes de ese periodo el actor nunca fue objeto de sanción alguna.

Memorando Interno SC 004-05, remitido por el señor CESAR (sic) RONDON (sic) al señor Gerente de Usocoello, visto a folio 10.

Oficio del 15 de marzo de 2004, remitido por el asesor jurídico de Usocoello al Gerente, visto a folio 11 y 12.

Memorando Interno Nº 0340 del 17 de marzo de 2004, por el cual se llama la atención al señor CESAR (sic) RONDON(sic), visto a folio 13.

Memorando Interno Nº 0341 del 17 de marzo de 2004, por el cual se solicita la apertura de investigación disciplinaria el señor CESAR (sic) RONDON (sic), visto a folio 14.

Respuesta dada por el señor CESAR (sic) RONDON (sic), al memorando remitido por el Gerente de Usocoello, el 17 de marzo de 2004, visto a folio 15.

Memorando sin número del 18 de marzo de 2004, firmado por el Ingeniero de Sistemas de Usocoello, informando fallas del sistema de información de la Empresa, visto a folio 16 y 17.

Oficio del 19 de marzo de 2004, por el cual el señor CESAR (sic) RONDON (sic), plantea al revisor fiscal de Usocoello, sus inquietudes en torno a la declaración de renta, visto a folio 18 y 19.

Memorando 061 del 19 de marzo de 2004, por el cual se informa al señor CESAR (sic) RONDON (sic), que debe comparecer a rendir descargos, visto a folio 20.

Oficio remitido el 23 de marzo de 2004, por el revisor fiscal al Gerente de Usocoello, visto a folio 21.

Descargos presentados por el señor CESAR (sic) RONDON (sic), el 23 de marzo de 2004, visto a folio 22 y 23.

Copia del acta de junta directiva de Usocoello del 17 de marzo de 2004, visto a folio 25 a 29.

Copia del oficio del 31 de marzo de 2004, sobre el concepto jurídico remitido por el asesor de Usocoello, visto a folio 30 y 31.

Informe de Auditoria externa cuenta 2810-15, visto a folio 32 y 33.

Oficio del 7 de abril de 2004, por el cual el Gerente de Usocoello da por terminado el contrato del señor CESAR (sic) RONDON (sic), visto a folio 34.

Copia del Paz y Salvo expedido con ocasión de la terminación del contrato, visto a folio 35.

Copia de la Liquidación final de prestaciones sociales, visto a folio 36. Copia del oficio 0704 por el cual se le informa al señor CESAR (sic) RONDON (sic), que la Gerencia de Usocoello revocó de terminar su contrato, visto a folio 37.

Copia del oficio del 12 de abril de 2004, con el que se solicita citar a una reunión en Usocoello, visto a folio 38.

Memorando Interno Nº 0565 del 20 de mayo de 2004, mediante el cual se llama nuevamente la atención al señor CESAR (sic) RONDON (sic), visto a folio 39.

Memorando Interno Nº 0630 del 10 de junio de 2004, mediante el cual ifse llama nuevamente la atención al señor CESAR (sic) RONDON (sic), visto a ‘folio 40.

Solicitud de vacaciones presentada por el señor CESAR (sic) RONDON (sic), vista a folio 41.

Memorando Interno Nº 281 del 4 de Noviembre de 2004, visto a folio 42.

Fotocopia del Memorando Interno Nº 1200 del 22 de octubre de 2004, visto a folio 43.

Fotocopia del oficio fechado el 5 de noviembre de 2004, bajo el radicado Nº 085-04, visto a folio 44.

Original del Memorando Interno Nº 1259 del 05 de noviembre de 2004, visto a folio 45.

Oficio del 9 de noviembre de 2004, por el cual se conceden vacaciones al señor CESAR RONDON, visto a folio 46.

Original de los descargos presentados por el demandante el 09 de Noviembre de 2004, visto a folio 47 y 48.

Original del Memorando Interno Nº 301 del 11 de noviembre de 2004, visto a folio 50.

Declaración extraproceso ante la Notaría Segunda del Circuito del El Espinal Tolima del 08 de Noviembre de 2004, vista a folio 51 y 52.

Original del documento de descargos presentados el 16 de noviembre de 2004, vista a folio 53 y 54.

Copia del oficio 2762 del 19 de Noviembre de 2004, por el cual se suspenden las vacaciones del señor CESAR (sic) RONDON (sic), vista a folio 55.

Original del Memorando Interno Nº 313 del 22 de noviembre de 2004, vista a folio 56.

Fotocopia de la Resolución 008 del 19 de noviembre de 2004, vista a folio 57 y 58.

Recurso de reposición contra la Resolución 008 del 19 de noviembre de 2004, presentado el 26 de noviembre de 2004, visto a folio 59 y 60.

Memorando interno Nº 324 del 26 de noviembre de 2004, vista a folio 61.

Fotocopia de la Resolución 012 del 26 de noviembre de 2004, vista a folio 62, 63 y 64.

Notificación personal de la Resolución 012, del 26 de noviembre de ‘2004, vista a folio 65.

Memorando interno Nº 330 del 1 de diciembre de 2004, vista a folio 65.

Fotocopia de la Resolución 0013 del 01 de diciembre de 2004, vista a folio 66 y 67.

5. Documento visto a folios 72, 73 y 74 del Cuaderno Uno, que Usocoello denominó Acta de Audiencia de Conciliación, del 13 de diciembre de 2004, elaborado y firmado por la demandada en sus equipos e instalaciones, sin la presencia de un Inspector de Trabajo, y menos de un Juez, y bajo las condiciones de presión referidas a lo largo del proceso y en esta demanda de casación.

Este documento debe ser apreciado en cotejo con los vistos a folios 197 y siguientes del Cuaderno dos (…), pues al analizarlos se puede apreciar que los mismos son similares al acta que aquí se cuestiona, lo que es lógico por cuanto no se requiere de mayor esfuerzo para establecer que las mismas fueron elaboradas dirigidas e impuestas por la parte demandada.

6. Pruebas no calificadas.

Testimonios de los señores JOSE (sic) HERNAN (sic) CALDERON (sic) CORREDOR (fls. 269 y siguientes), WILSON DANIEL GORDILLO (fls. 286 y siguientes), FABIO HENRY RAMIREZ (sic) FRANCOS (sic) (fls. 427 y siguientes).

En la demostración del cargo, afirma que el Tribunal incurrió en los yerros fácticos que le enrostra, en la medida que con la documental denunciada se demuestra que la empleadora ejerció presión indebida sobre el actor para que éste renunciara, con el fin de obtener una disminución en la planta de personal y no acudir a solicitar el permiso correspondiente ante el Ministerio del ramo y, que el acuerdo conciliatorio debe provenir de las partes, lo cual no ocurrió en este asunto, en tanto se utilizó un modelo “pro forma, con el mismo tipo de letra”, por lo que no se requiere mayor esfuerzo para establecer que las mismas fueron “elaboradas dirigidas e impuestas” por la demandada, “sin la presencia de un Inspector de Trabajo y menos de un Juez y bajo las condiciones de presión referidas”, afirma que la renuncia del trabajador debe ser libre, espontánea y debe obedecer a un verdadero acto de su voluntad y reproduce el art. 1502 del CC.

A continuación, advierte que el art. 140 del CST, establece que el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestado el servicio, lo cual resulta aplicable al sub judice, en tanto el acto de renuncia es nulo y, por tanto, debe “operar la restitución completa de las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto anulado”. Afinca su dicho en las sentencias CSJ SL, 23 oct. 1995, Rad. 7782 y CSJ SL, 30 sep. 2004, sin número de radicación y de la cual reproduce algunos apartes.

Se refiere a los testimonios rendidos por Fabio Henry Ramírez Franco, Hernán Calderón Corredor y Wilson Daniel Gordillo Ochoa, que afirma, dan cuenta de la “tensa situación” que tuvo que afrontar el actor, a efectos de que firmara la carta de renuncia y el acta de conciliación “ante notario”.

Igualmente, trascribe los arts. 51, 60, 61 y 145 del CPL y SS, para concluir que “de no haber incurrido en los yerros manifiestos y evidentes, por no apreciar algunas pruebas y apreciar defectuosamente otras, el fallo habría accedido a las pretensiones de la demanda introductoria”.

VII. La réplica

Al oponerse a la prosperidad del cargo, el replicante, le enrostrar errores en la técnica del recurso, entre ellos, que el censor no efectuó la consabida confrontación entre lo que expresa la prueba y lo que el sentenciador advirtió de ella y que pese a que el ataque está dirigido por la vía indirecta, en el discurso se involucran argumentos jurídicos.

Finalmente refiere que el actor escogió libre y voluntariamente la oferta de retiro “bonificado” que le ofreció la demandada y suscribió el acta de conciliación que hizo tránsito a cosa juzgada.

VIII. Consideraciones

Sea lo primero advertir que aunque la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación no es propiamente un modelo a seguir, lo cierto es que examinada en su integridad, se tiene que reúne las exigencias requeridas, por lo que los eventuales desatinos en que incurre el censor pueden ser superados por la Corte en virtud de lo dispuesto en el art. 51 del D. 2651/1991, adoptado como legislación permanente por el art. 162 de la L. 446/1998.

Así las cosas, la censura le enrostra al ad quem la comisión de diez (10) errores de hecho, que se resumen en tres temáticas, así:

El tribunal se equivocó, al no dar por demostrado:

1. Que el demandante fue sometido a presiones —“llamados de atención, investigaciones disciplinarias, dos sanciones administrativas, el fallido despido del que en principio fue objeto”—, por lo que su consentimiento expresado en la comunicación de terminación del contrato por mutuo acuerdo y en el arreglo conciliatorio suscrito entre las partes, estaba viciado.

2. Que dicho acuerdo no provino de las partes, en la medida que se utilizó un modelo “pro forma” elaborado por la empresa accionada, fue firmado en sus instalaciones y “sin la presencia de un Inspector de Trabajo y menos de juez”, todo lo cual, le resta validez.

3. Que la junta directiva de la sociedad accionada, contempló una reestructuración administrativa, orientada a disminuir la planta de personal —sin exceder el porcentaje expresado en la ley para no incurrir en un despido colectivo— y, que para tal efecto, estableció el plan de retiro, al cual, el actor se vio obligado a acogerse.

En tal orden, procede la Sala al estudio del cargo:

1. En cuanto a la primera de las temáticas planteadas, conviene precisar que el Tribunal evidenció que la terminación del contrato que unió a las partes, correspondió a un acto propio y exclusivo del actor, consistente en la remisión de la carta de terminación del contrato por mutuo acuerdo, en la que manifestó que se acogía al plan de retiro compensado aprobado por la Junta Directiva mediante acta Nº 867 de 6 de diciembre de 2004 y la posterior suscripción del arreglo correspondiente. Luego, aseveró que no resulta viable afirmar que su consentimiento fue vulnerado, máxime cuando la alegada amenaza o intimidación por parte de la entidad accionada a fin de terminar la relación laboral con justa causa, la hizo consistir en “los memorandos, llamados de atención etc., pues dichos actos y hechos ya habían sido objeto de investigación y de sanción”.

El recurrente, a efectos de demostrar los yerros en que incurrió el sentenciador, enlistó un cúmulo de pruebas que señaló fueron erróneamente apreciadas unas y no valoradas otras, de las cuales se extrae lo siguiente:

a) En el documento que reposa a folio 70, se observa que el demandante el 13 de diciembre de 2004, presentó al Gerente General de Usocoello, solicitud de terminación del contrato de trabajo por “mutuo acuerdo” que, en caso de ser aceptada, lo sería a partir del día 14 de igual mes y año, medio de convicción del cual no es viable inferir que la accionada lo realizó, ni que el actor fue constreñido a suscribirlo.

Así mismo, en el acuerdo visible a folios 72 a 74, las partes manifestaron expresamente su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo de manera consensuada. Igualmente, el trabajador declaró que obraba libre de cualquier apremio o presión y estarse a los términos del arreglo, sin que se observe que lo expresado estuviera viciado de error fuerza o dolo, situación que desvirtúa que el nexo laboral hubiere terminado por “presión” de la empleadora.

De las referidas documentales —que se constituyen en el eje fundamental de la decisión impugnada—, no encuentra la Corte que el ad quem hubiese distorsionado su contenido, ni tergiversado la voluntad explícita de las partes que las suscribieron, en cuanto, en la primera el actor manifestó su decisión de dar por terminado el contrato laboral por mutuo acuerdo y en la segunda que, con la cantidad dineraria que en ella se indicó, tanto trabajador como empleadora, entendían canceladas todas las obligaciones emanadas de la relación contractual que los unió.

En efecto, dice el acta de conciliación:

(…) 2. Que de acuerdo a lo solicitado por el trabajador en oficio presentado en diciembre 13 de 1004, este y el empleador han acordado terminar por mutuo consentimiento como lo estipula el artículo 61 numeral 1 literal b) del CST, el contrato de trabajo a término indefinido suscrito el día 16 de noviembre de 1994 a partir del día 14 de diciembre de 2004.

(...).

5. Que teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, las partes acuerdan conciliar todos los reclamos, derechos y beneficios que teniendo naturaleza laboral pudieron existir entre el trabajador (…), y (…) Usocoello (…).

7. Que el trabajador compareciente manifiesta obrar libre de cualquier apremio o presión y estar de acuerdo con todos los términos, planteamientos, conceptos, cuantías y pagos aquí estipulados (…).

Conforme lo anterior, no puede endilgarse al Tribunal la comisión de un error de hecho manifiesto que implique una valoración equivocada de dichos medios de convicción, en tanto se itera, de ellos emerge sin duda alguna que el actor solicitó acordar la terminación del nexo laboral que los unía y las cláusulas del acuerdo no sólo dan cuenta del mutuo consenso de las partes para tal efecto, sino también respecto del pago de los derechos laborales que de modo expreso se consignaron en él.

b) Entre las instrumentales que reposan a folios 10 a 67, obran los memorandos de llamados de atención dirigidos al actor, los descargos rendidos por éste y las sanciones que le fueron impuestas, las cuales —aduce el censor—, son demostrativas de la “persecución laboral” que ejerció la demandada en su contra, actuaciones que se resumen así:

 

FolioInstrumento
13Memorando interno de 17 de marzo de 2004. Dirigido por el gerente de la accionada al demandante. Se le solicita la presentación de los libros de contabilidad.
14Memorando interno de 17 de marzo de 2004. Emitido por el gerente de la accionada para el Jefe de Departamento Administrativo. Instruye acerca de la necesidad de iniciar investigación administrativa contra el actor, debido al no cumplimiento del manual de funciones a su cargo, específicamente la no presentación de los libros de contabilidad solicitados por la Junta Directiva (folios 25 a 29).
15Memorando de fecha 18 de marzo de 2004. Enviado por el actor a la gerencia, donde pone de presente la causa que originó la no presentación de los libros de contabilidad.
20Memorando de fecha 19 de marzo de 2004. Suscrito por el jefe de departamento administrativo y dirigido al accionante, mediante el cual éste es citado a diligencia de descargos, conforme la orden impartida por la Gerencia.
22 -23Diligencia de descargos del actor surtida el 23 de marzo de 2004.
30-31Concepto del Asesor Jurídico acerca de la investigación disciplinaria adelantada contra el actor.
39Memorando de fecha 20 de mayo de 2004. Remitido por el gerente general al demandante. Reconvención por cuanto infringió la obligación de no divulgar información que le puede causar perjuicio a la empleadora.
40Memorando de 10 de junio de 2004. Enviado por el gerente general al actor. Solicitud de cumplimiento de funciones debido a la no presentación de los estados financieros correspondientes al mes de abril de 2004, así como la información requerida por el revisor fiscal y auditoria externa.
45Memorando de fecha 5 de noviembre de 2004. Emitido por la gerencia y dirigido al actor. Se lo cita a diligencia de descargos por su presunta responsabilidad en la revisión y análisis de la liquidación del contrato de trabajo de Jairo Ordóñez, a quien se le cancelaron 30 días por concepto de indemnización y no 20 días como correspondía.
46 -48Diligencia de descargos del actor surtida el 9 de noviembre de 2004.
49Memorando interno de 11 de noviembre de 2004. Suscrito por el gerente de la accionada y remitido al asesor jurídico. Solicita iniciar investigación disciplinaria contra los funcionarios que adelantaron el proceso de contratación –entre ellos el hoy demandante- y realizar el análisis del posible detrimento patrimonial de la demandada con ocasión de la ejecución de los contratos 481/03 y 010/04.
50Memorando de fecha 11 de noviembre de 2004. Dirigido por el jefe de departamento administrativo al accionante, mediante el cual éste es citado a diligencia de descargos.
53-54Diligencia de descargos del actor surtida el 9 de noviembre de 2004.
57-58Resolución 8 de 19 de noviembre de 2004, se sanciona al actor con la suspensión del contrato de trabajo por un (1) día, debido a la liquidación errada del contrato de trabajo de Jairo Ordóñez.
59-60Recurso de reposición elevado por el actor contra el antedicho acto administrativo.
62-63Resolución 12 de 26 de noviembre de 2004, se sanciona al actor con llamado de atención, debido a la falta de verificación y análisis del contenido de las cláusulas correspondientes a los contratos Ns. 0010-04 y 481-03, y no exigir en la revisión, el concepto de los asesores jurídicos de la empresa.
66-67Resolución 13 de 1º de diciembre de 2004, mediante la cual se confirma la sanción impuesta en la resolución Nº 008 de 19 de noviembre de 2004.

 

Pues bien, resulta claro para la Sala que las documentales analizadas, no constituyen más que los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente les ha sido otorgada a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos, de donde surgió la imposición de las diferentes sanciones de que fue objeto el actor, que más allá de toda consideración, siempre estuvieron precedidas de las investigaciones correspondientes, en cuyo curso fue respetado el derecho de defensa del accionante. 

De ahí que tales sanciones no pueden ser catalogadas como conductas de “persecución laboral”, en la medida que responden a la facultad correccional que la ley le atribuye al empleador, materializada en la obligación impuesta a éste, de adoptar un reglamento de trabajo que permita mantener el orden y la disciplina en los establecimientos de trabajo.  

Luego, la emisión de memorandos dirigidos a solicitar exigencias o mejorar la eficiencia laboral —conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento—, tampoco puede ser constitutivos de “actos de presión”, como lo pretende hacer ver la censura. 

c) Aun cuando el censor cuestionó por su errada valoración los testimonios rendidos por José Hernán Calderón Corredor, Wilson Daniel Gordillo y Fabio Henry Ramírez Francos, lo cierto es, que al no ser prueba calificada en casación, se debió demostrar con base en prueba hábil, el desacierto en que incurrió el sentenciador, a efectos de entrar a apreciarlos, situación que en el presente caso no sucedió.  

Resulta claro entonces que de las probanzas antes señaladas y analizadas, no surge expresión de fuerza que hubiera apocado la voluntad del demandante o que acredite constreñimiento alguno para expresarla a través de su firma, hecho que presume cierto el contenido de su comunicación en la que solicitó que su contrato de trabajo terminara por mutuo acuerdo y del acuerdo en el que ratificó esa libre voluntad. 

2. Asevera el censor que el acuerdo suscrito entre las partes, carece de validez por cuanto se utilizó un modelo “pro forma” elaborado por la empresa, se suscribió “sin la presencia de un Inspector de Trabajo y menos de juez” y en las instalaciones de la accionada, todo lo cual, en su sentir, le resta validez.

Al punto, es de advertir que el hecho de que el acta que contenga el acuerdo celebrado entre trabajador y empleador haya sido elaborada por éste último, no constituye una circunstancia que determine la nulidad de aquélla, en tanto en ese documento, el trabajador impuso su firma en señal de aceptación, expresión de aprobación que como quedó visto en este preciso asunto, no fue desvirtuada por el recurrente.

En similar sentido ha tenido la oportunidad de pronunciarse la Sala, entre otras en la CSJ SL 449-2013, en la que se sostuvo:

Es conveniente señalar que no es circunstancia, relevante, que determine la nulidad de las conciliaciones celebradas el que el acta que las contenga haya sido elaborada y presentada por el empleador al funcionario que impartió su aprobación, pues en ese documento aparece la expresión de aprobación del trabajador, sin reserva de ninguna clase, la que se evidencia con la firma impuesta en señal de asentimiento.

Igualmente, la jurisprudencia laboral tiene definido que la consecuencia de que una conciliación no esté suscrita o aprobada por el funcionario competente, consiste en que el acuerdo de las partes plasmado en tal documento adquiere el carácter de una transacción que, como tal, no requiere el aval de autoridad competente alguna para su validez, siempre que la manifestación de las parte se haga en forma consciente, libre de apremio y se respeten los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

Dicha posición doctrinal aparece expuesta en la sentencia CSJ SL, 4 jun. 2008, rad. 33086, en la que se dijo:

En otro orden de consideraciones, también tiene asentado la Corte Suprema de Justicia que la consecuencia de que una “conciliación laboral” no esté suscrita o aprobada por el respectivo funcionario competente, que la autorice como garantía de protección de los derechos ciertos e indiscutibles, consiste en que dicho acuerdo adquiere la connotación de una “transacción” que no requiere para su validez como lo pretenden hacer ver los recurrentes, del aval de la autoridad competente, dado que basta que esa manifestación de voluntad de las partes se haga en forma consiente y libre de apremio, y no vulnere derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, para que aquella surta sus plenos efectos legales.

Bajo la misma línea, conviene precisar que no existe disposición legal alguna que le reste existencia o validez a un acuerdo suscrito entre trabajador y empleadora, por el hecho de que se hubiera celebrado en las instalaciones de esta última, de manera que dicha premisa tampoco resultaba relevante para atribuir per se, vicio en el consentimiento del trabajador con la entidad suficiente para desquiciar el acto y predicar su invalidez.

Así, desde cualquier óptica que se aborde el estudio de las circunstancias alegadas por el censor, en torno a los aspectos escriturales del acuerdo suscrito entre las partes, ninguna conduce a la existencia de un yerro, menos aún con la entidad de mayúsculo, a partir del cual se pueda configurar el vicio pretendido para dar al traste con aquél, y por tanto, no puede atribuirse al sentenciador de segundo grado ese tipo de dislate.

3. Finalmente, aduce el censor que la Junta Directiva de la sociedad accionada, contempló una reestructuración administrativa, orientada a disminuir la planta de personal y que para tal efecto, estableció el plan de retiro al que el actor se vio obligado a acogerse.

En cuanto a esta alegación, basta señalar que esta Sala ha sostenido con insistencia que no existe prohibición alguna que impida a los empleadores, públicos o privados, proponer planes de retiro a sus trabajadores por razones de reestructuración, pues tales propuestas son lícitas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o no.

Así lo consideró esta corporación en Sentencia CSJ SL, 4 abr. 2006, rad. 26071, reiterada con profusión, entre otras en la reciente providencia CSJ SL8987-2014:

(…) No sobra recordar lo que de antaño y de manera pacífica ha enseñado la Corte en el sentido de que no existe prohibición alguna que impida a los empleadores promover planes de retiro compensados, ni ofrecer a sus trabajadores sumas de dinero a título bonificación, por ejemplo por reestructuración, sin que ello, por sí solo, constituya un mecanismo de coacción, pues tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o rechazarlas, e incluso formularle al patrono ofertas distintas, que de igual manera pueden ser aprobadas o desestimadas por éste, por lo que no es dable calificar ni unas ni otras de presiones indebidas por parte de quien las expresa, pues debe entenderse que dichas ofertas son un medio idóneo, legal y muchas veces conveniente de rescindir los contratos de trabajo y zanjar las diferencias que puedan presentarse en el desarrollo de las relaciones de trabajo.

En definitiva, el ad quem valoró de manera razonada el caudal probatorio en que se apoyó, de conformidad con la libre apreciación de la prueba que consagra el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social y, en tal medida, no cometió los yerros enrostrados por la censura, pues la conclusión a la que arribó consistió en que la voluntad del demandante no estaba viciada de error, fuerza o dolo y que no hubo presión alguna ejercida por la accionada, a efectos de suscribir el acuerdo entre las partes, inferencias que no resultan contrarias a lo que arrojan las instrumentales que se analizaron y tampoco aparecen desvirtuadas con otros elementos de convicción incorporados al proceso.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la demanda de casación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandante recurrente. Se fija como agencias en derecho, la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 23 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por César Augusto Rondón Murillo contra la Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello y Cucuana “Usucoello”.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, Presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.