Sentencia SL6436-2015/43610 de abril 15 de 2015 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente:

Dr. Clara Cecilia Dueñas Quevedo 

SL6436-2015

Rad.: 43610

Acta 11

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VIII. Consideraciones

Sea lo primero advertir que aunque la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casación no es propiamente un modelo a seguir, lo cierto es que examinada en su integridad, se tiene que reúne las exigencias requeridas, por lo que los eventuales desatinos en que incurre el censor pueden ser superados por la Corte en virtud de lo dispuesto en el art. 51 del D. 2651/1991, adoptado como legislación permanente por el art. 162 de la L. 446/1998.

Así las cosas, la censura le enrostra al ad quem la comisión de diez (10) errores de hecho, que se resumen en tres temáticas, así:

El tribunal se equivocó, al no dar por demostrado:

1. Que el demandante fue sometido a presiones —“llamados de atención, investigaciones disciplinarias, dos sanciones administrativas, el fallido despido del que en principio fue objeto”—, por lo que su consentimiento expresado en la comunicación de terminación del contrato por mutuo acuerdo y en el arreglo conciliatorio suscrito entre las partes, estaba viciado.

2. Que dicho acuerdo no provino de las partes, en la medida que se utilizó un modelo “pro forma” elaborado por la empresa accionada, fue firmado en sus instalaciones y “sin la presencia de un Inspector de Trabajo y menos de juez”, todo lo cual, le resta validez.

3. Que la junta directiva de la sociedad accionada, contempló una reestructuración administrativa, orientada a disminuir la planta de personal —sin exceder el porcentaje expresado en la ley para no incurrir en un despido colectivo— y, que para tal efecto, estableció el plan de retiro, al cual, el actor se vio obligado a acogerse.

En tal orden, procede la Sala al estudio del cargo:

1. En cuanto a la primera de las temáticas planteadas, conviene precisar que el Tribunal evidenció que la terminación del contrato que unió a las partes, correspondió a un acto propio y exclusivo del actor, consistente en la remisión de la carta de terminación del contrato por mutuo acuerdo, en la que manifestó que se acogía al plan de retiro compensado aprobado por la Junta Directiva mediante acta Nº 867 de 6 de diciembre de 2004 y la posterior suscripción del arreglo correspondiente. Luego, aseveró que no resulta viable afirmar que su consentimiento fue vulnerado, máxime cuando la alegada amenaza o intimidación por parte de la entidad accionada a fin de terminar la relación laboral con justa causa, la hizo consistir en “los memorandos, llamados de atención etc., pues dichos actos y hechos ya habían sido objeto de investigación y de sanción”.

El recurrente, a efectos de demostrar los yerros en que incurrió el sentenciador, enlistó un cúmulo de pruebas que señaló fueron erróneamente apreciadas unas y no valoradas otras, de las cuales se extrae lo siguiente:

a) En el documento que reposa a folio 70, se observa que el demandante el 13 de diciembre de 2004, presentó al Gerente General de Usocoello, solicitud de terminación del contrato de trabajo por “mutuo acuerdo” que, en caso de ser aceptada, lo sería a partir del día 14 de igual mes y año, medio de convicción del cual no es viable inferir que la accionada lo realizó, ni que el actor fue constreñido a suscribirlo.

Así mismo, en el acuerdo visible a folios 72 a 74, las partes manifestaron expresamente su voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo de manera consensuada. Igualmente, el trabajador declaró que obraba libre de cualquier apremio o presión y estarse a los términos del arreglo, sin que se observe que lo expresado estuviera viciado de error fuerza o dolo, situación que desvirtúa que el nexo laboral hubiere terminado por “presión” de la empleadora.

De las referidas documentales —que se constituyen en el eje fundamental de la decisión impugnada—, no encuentra la Corte que el ad quem hubiese distorsionado su contenido, ni tergiversado la voluntad explícita de las partes que las suscribieron, en cuanto, en la primera el actor manifestó su decisión de dar por terminado el contrato laboral por mutuo acuerdo y en la segunda que, con la cantidad dineraria que en ella se indicó, tanto trabajador como empleadora, entendían canceladas todas las obligaciones emanadas de la relación contractual que los unió.

En efecto, dice el acta de conciliación:

(…) 2. Que de acuerdo a lo solicitado por el trabajador en oficio presentado en diciembre 13 de 1004, este y el empleador han acordado terminar por mutuo consentimiento como lo estipula el artículo 61 numeral 1 literal b) del CST, el contrato de trabajo a término indefinido suscrito el día 16 de noviembre de 1994 a partir del día 14 de diciembre de 2004.

(...).

5. Que teniendo en cuenta lo expuesto en los puntos anteriores, las partes acuerdan conciliar todos los reclamos, derechos y beneficios que teniendo naturaleza laboral pudieron existir entre el trabajador (…), y (…) Usocoello (…).

7. Que el trabajador compareciente manifiesta obrar libre de cualquier apremio o presión y estar de acuerdo con todos los términos, planteamientos, conceptos, cuantías y pagos aquí estipulados (…).

Conforme lo anterior, no puede endilgarse al Tribunal la comisión de un error de hecho manifiesto que implique una valoración equivocada de dichos medios de convicción, en tanto se itera, de ellos emerge sin duda alguna que el actor solicitó acordar la terminación del nexo laboral que los unía y las cláusulas del acuerdo no sólo dan cuenta del mutuo consenso de las partes para tal efecto, sino también respecto del pago de los derechos laborales que de modo expreso se consignaron en él.

b) Entre las instrumentales que reposan a folios 10 a 67, obran los memorandos de llamados de atención dirigidos al actor, los descargos rendidos por éste y las sanciones que le fueron impuestas, las cuales —aduce el censor—, son demostrativas de la “persecución laboral” que ejerció la demandada en su contra, actuaciones que se resumen así:

 

FolioInstrumento
13Memorando interno de 17 de marzo de 2004. Dirigido por el gerente de la accionada al demandante. Se le solicita la presentación de los libros de contabilidad.
14Memorando interno de 17 de marzo de 2004. Emitido por el gerente de la accionada para el Jefe de Departamento Administrativo. Instruye acerca de la necesidad de iniciar investigación administrativa contra el actor, debido al no cumplimiento del manual de funciones a su cargo, específicamente la no presentación de los libros de contabilidad solicitados por la Junta Directiva (folios 25 a 29).
15Memorando de fecha 18 de marzo de 2004. Enviado por el actor a la gerencia, donde pone de presente la causa que originó la no presentación de los libros de contabilidad.
20Memorando de fecha 19 de marzo de 2004. Suscrito por el jefe de departamento administrativo y dirigido al accionante, mediante el cual éste es citado a diligencia de descargos, conforme la orden impartida por la Gerencia.
22 -23Diligencia de descargos del actor surtida el 23 de marzo de 2004.
30-31Concepto del Asesor Jurídico acerca de la investigación disciplinaria adelantada contra el actor.
39Memorando de fecha 20 de mayo de 2004. Remitido por el gerente general al demandante. Reconvención por cuanto infringió la obligación de no divulgar información que le puede causar perjuicio a la empleadora.
40Memorando de 10 de junio de 2004. Enviado por el gerente general al actor. Solicitud de cumplimiento de funciones debido a la no presentación de los estados financieros correspondientes al mes de abril de 2004, así como la información requerida por el revisor fiscal y auditoria externa.
45Memorando de fecha 5 de noviembre de 2004. Emitido por la gerencia y dirigido al actor. Se lo cita a diligencia de descargos por su presunta responsabilidad en la revisión y análisis de la liquidación del contrato de trabajo de Jairo Ordóñez, a quien se le cancelaron 30 días por concepto de indemnización y no 20 días como correspondía.
46 -48Diligencia de descargos del actor surtida el 9 de noviembre de 2004.
49Memorando interno de 11 de noviembre de 2004. Suscrito por el gerente de la accionada y remitido al asesor jurídico. Solicita iniciar investigación disciplinaria contra los funcionarios que adelantaron el proceso de contratación –entre ellos el hoy demandante- y realizar el análisis del posible detrimento patrimonial de la demandada con ocasión de la ejecución de los contratos 481/03 y 010/04.
50Memorando de fecha 11 de noviembre de 2004. Dirigido por el jefe de departamento administrativo al accionante, mediante el cual éste es citado a diligencia de descargos.
53-54Diligencia de descargos del actor surtida el 9 de noviembre de 2004.
57-58Resolución 8 de 19 de noviembre de 2004, se sanciona al actor con la suspensión del contrato de trabajo por un (1) día, debido a la liquidación errada del contrato de trabajo de Jairo Ordóñez.
59-60Recurso de reposición elevado por el actor contra el antedicho acto administrativo.
62-63Resolución 12 de 26 de noviembre de 2004, se sanciona al actor con llamado de atención, debido a la falta de verificación y análisis del contenido de las cláusulas correspondientes a los contratos Ns. 0010-04 y 481-03, y no exigir en la revisión, el concepto de los asesores jurídicos de la empresa.
66-67Resolución 13 de 1º de diciembre de 2004, mediante la cual se confirma la sanción impuesta en la resolución Nº 008 de 19 de noviembre de 2004.

 

Pues bien, resulta claro para la Sala que las documentales analizadas, no constituyen más que los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente les ha sido otorgada a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos, de donde surgió la imposición de las diferentes sanciones de que fue objeto el actor, que más allá de toda consideración, siempre estuvieron precedidas de las investigaciones correspondientes, en cuyo curso fue respetado el derecho de defensa del accionante.

De ahí que tales sanciones no pueden ser catalogadas como conductas de “persecución laboral”, en la medida que responden a la facultad correccional que la ley le atribuye al empleador, materializada en la obligación impuesta a éste, de adoptar un reglamento de trabajo que permita mantener el orden y la disciplina en los establecimientos de trabajo.

Luego, la emisión de memorandos dirigidos a solicitar exigencias o mejorar la eficiencia laboral —conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento—, tampoco puede ser constitutivos de “actos de presión”, como lo pretende hacer ver la censura.

c) Aun cuando el censor cuestionó por su errada valoración los testimonios rendidos por José Hernán Calderón Corredor, Wilson Daniel Gordillo y Fabio Henry Ramírez Francos, lo cierto es, que al no ser prueba calificada en casación, se debió demostrar con base en prueba hábil, el desacierto en que incurrió el sentenciador, a efectos de entrar a apreciarlos, situación que en el presente caso no sucedió.

Resulta claro entonces que de las probanzas antes señaladas y analizadas, no surge expresión de fuerza que hubiera apocado la voluntad del demandante o que acredite constreñimiento alguno para expresarla a través de su firma, hecho que presume cierto el contenido de su comunicación en la que solicitó que su contrato de trabajo terminara por mutuo acuerdo y del acuerdo en el que ratificó esa libre voluntad.

2. Asevera el censor que el acuerdo suscrito entre las partes, carece de validez por cuanto se utilizó un modelo “pro forma” elaborado por la empresa, se suscribió “sin la presencia de un Inspector de Trabajo y menos de juez” y en las instalaciones de la accionada, todo lo cual, en su sentir, le resta validez.

Al punto, es de advertir que el hecho de que el acta que contenga el acuerdo celebrado entre trabajador y empleador haya sido elaborada por éste último, no constituye una circunstancia que determine la nulidad de aquélla, en tanto en ese documento, el trabajador impuso su firma en señal de aceptación, expresión de aprobación que como quedó visto en este preciso asunto, no fue desvirtuada por el recurrente.

En similar sentido ha tenido la oportunidad de pronunciarse la Sala, entre otras en la CSJ SL 449-2013, en la que se sostuvo:

Es conveniente señalar que no es circunstancia, relevante, que determine la nulidad de las conciliaciones celebradas el que el acta que las contenga haya sido elaborada y presentada por el empleador al funcionario que impartió su aprobación, pues en ese documento aparece la expresión de aprobación del trabajador, sin reserva de ninguna clase, la que se evidencia con la firma impuesta en señal de asentimiento.

Igualmente, la jurisprudencia laboral tiene definido que la consecuencia de que una conciliación no esté suscrita o aprobada por el funcionario competente, consiste en que el acuerdo de las partes plasmado en tal documento adquiere el carácter de una transacción que, como tal, no requiere el aval de autoridad competente alguna para su validez, siempre que la manifestación de las parte se haga en forma consciente, libre de apremio y se respeten los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador.

Dicha posición doctrinal aparece expuesta en la sentencia CSJ SL, 4 jun. 2008, rad. 33086, en la que se dijo:

En otro orden de consideraciones, también tiene asentado la Corte Suprema de Justicia que la consecuencia de que una “conciliación laboral” no esté suscrita o aprobada por el respectivo funcionario competente, que la autorice como garantía de protección de los derechos ciertos e indiscutibles, consiste en que dicho acuerdo adquiere la connotación de una “transacción” que no requiere para su validez como lo pretenden hacer ver los recurrentes, del aval de la autoridad competente, dado que basta que esa manifestación de voluntad de las partes se haga en forma consiente y libre de apremio, y no vulnere derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, para que aquella surta sus plenos efectos legales.

Bajo la misma línea, conviene precisar que no existe disposición legal alguna que le reste existencia o validez a un acuerdo suscrito entre trabajador y empleadora, por el hecho de que se hubiera celebrado en las instalaciones de esta última, de manera que dicha premisa tampoco resultaba relevante para atribuir per se, vicio en el consentimiento del trabajador con la entidad suficiente para desquiciar el acto y predicar su invalidez.

Así, desde cualquier óptica que se aborde el estudio de las circunstancias alegadas por el censor, en torno a los aspectos escriturales del acuerdo suscrito entre las partes, ninguna conduce a la existencia de un yerro, menos aún con la entidad de mayúsculo, a partir del cual se pueda configurar el vicio pretendido para dar al traste con aquél, y por tanto, no puede atribuirse al sentenciador de segundo grado ese tipo de dislate.

3. Finalmente, aduce el censor que la Junta Directiva de la sociedad accionada, contempló una reestructuración administrativa, orientada a disminuir la planta de personal y que para tal efecto, estableció el plan de retiro al que el actor se vio obligado a acogerse.

En cuanto a esta alegación, basta señalar que esta Sala ha sostenido con insistencia que no existe prohibición alguna que impida a los empleadores, públicos o privados, proponer planes de retiro a sus trabajadores por razones de reestructuración, pues tales propuestas son lícitas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o no.

Así lo consideró esta corporación en Sentencia CSJ SL, 4 abr. 2006, rad. 26071, reiterada con profusión, entre otras en la reciente providencia CSJ SL8987-2014:

(…) No sobra recordar lo que de antaño y de manera pacífica ha enseñado la Corte en el sentido de que no existe prohibición alguna que impida a los empleadores promover planes de retiro compensados, ni ofrecer a sus trabajadores sumas de dinero a título bonificación, por ejemplo por reestructuración, sin que ello, por sí solo, constituya un mecanismo de coacción, pues tales propuestas son legítimas en la medida en que el trabajador está en libertad de aceptarlas o rechazarlas, e incluso formularle al patrono ofertas distintas, que de igual manera pueden ser aprobadas o desestimadas por éste, por lo que no es dable calificar ni unas ni otras de presiones indebidas por parte de quien las expresa, pues debe entenderse que dichas ofertas son un medio idóneo, legal y muchas veces conveniente de rescindir los contratos de trabajo y zanjar las diferencias que puedan presentarse en el desarrollo de las relaciones de trabajo.

En definitiva, el ad quem valoró de manera razonada el caudal probatorio en que se apoyó, de conformidad con la libre apreciación de la prueba que consagra el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social y, en tal medida, no cometió los yerros enrostrados por la censura, pues la conclusión a la que arribó consistió en que la voluntad del demandante no estaba viciada de error, fuerza o dolo y que no hubo presión alguna ejercida por la accionada, a efectos de suscribir el acuerdo entre las partes, inferencias que no resultan contrarias a lo que arrojan las instrumentales que se analizaron y tampoco aparecen desvirtuadas con otros elementos de convicción incorporados al proceso.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Las costas del recurso extraordinario, por virtud de que la demanda de casación no salió avante y hubo réplica, serán a cargo de la parte demandante recurrente. Se fija como agencias en derecho, la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000) m/cte., que se incluirá en la liquidación que para tal efecto practique la Secretaría.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 23 de septiembre de 2009, en el proceso ordinario adelantado por César Augusto Rondón Murillo contra la Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello y Cucuana “Usucoello”.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».