Sentencia SL6473-2014 de mayo 21 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrada Ponente

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

SL6473-2014

Radicación 60193

Acta 17

Bogotá, D.C., veintiuno de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Del texto íntegro de la demanda de casación se infiere que la recurrente pretende la casación parcial de la sentencia del tribunal, pues su inconformidad solo se contrae a los factores salariales que deben incluirse para obtener la mesada inicial, y por ello la Sala se inmiscuirá en el estudio propuesto.

Tal y como se plantea el recurso extraordinario, no existe reparo en cuanto a que al demandante le asiste derecho a la pensión restringida de jubilación a partir del 14 de mayo de 2011 cuando cumplió 60 años de edad, por haber laborado un lapso superior a los 15 años al servicio de la extinta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, y haberse retirado por mutuo acuerdo el 16 de noviembre de 1991, y así reunir los presupuestos del artículo 8º de la Ley 171 de 1961; tampoco hay inconformidad en que la prestación debe indexarse, ni en relación con la fórmula aplicada para ello.

Los reparos del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales se enfocan concretamente a los factores que para liquidar la pensión restringida de jubilación tuvo en cuenta el sentenciador de segundo grado, pues en su criterio, solo debió incluirse el factor fijo que el empleador reconoció al liquidar las prestaciones sociales, excluyendo el promedio de otros rubros, cuya naturaleza también salarial no desconoció, a más que no sirvieron de base para los aportes a pensión, los que según las leyes 62 de 1985 y 33 de 1985 no deben involucrarse.

Sobre el particular ha de señalarse que la disposición legal que regula específicamente la pensión restringida de jubilación, es el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, que indica: “la cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios” (destacado fuera del texto), norma que el Tribunal en estricto sentido aplicó, al remitirse de manera concreta a la documental de folios 14 y 15, en los que explícitamente se reconocieron a favor del actor, no solo factores fijos en cuantía de $167.429, sino otros, que calificó de «variables», en cuantía de $101.507,74, pero igualmente con la naturaleza salarial, que sumó y de los cuales concluyó que el promedio en el último año de labores fue de $268.936,74.

Así las cosas, en ningún error jurídico pudo haber incurrido el sentenciador, tampoco en uno fáctico con la categoría de protuberante o evidente que se exige en casación para dar al traste con el fallo, cuando siguiendo la preceptiva legal que regulaba el asunto y la certificación expedida por el Ministerio de Agricultura sobre los valores reconocidos al demandante en el último año de sus servicios, consideró que de allí debía partir para obtener el valor de la prestación; si bien es cierto el documento de folios 14 y 15 discrimina los diferentes conceptos que ingresaron al patrimonio del actor, también lo es que los mezcla, sin distinción, por ser todos ellos salario, para efectos de liquidar las prestaciones sociales; y si el Tribunal hubiera analizado las documentales que asegura la censura no vio, a igual conclusión habría arribado por cuanto allí no se incluyen cifras diferentes a las consignadas en la certificación ya referida.

Ahora bien, la recurrente a pesar de reconocer que al demandante le asiste el derecho contemplado en el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, se duele de que el tribunal no hubiera aplicado la Ley 62 de 1985, en cuanto modificó la Ley 33 de ese mismo año, esto es, que alude a que la liquidación de la pensión debe hacerse con base en los rubros que sirvieron de base a los aportes para ese concepto; no obstante la Ley 33 de 1985, no regula la pensión restringida de jubilación, por lo que el sentenciador no podía invocarla ni tampoco la Ley 62 de 1985, que modificó el artículo 3º de la primera, que se reitera, se ocupa de otro tipo de pensiones.

De otra parte, la tesis de la recurrente desconoce el principio de inescinbilidad de la norma consagrado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que impone que la aplicación de una regla de derecho se haga de manera íntegra; así las cosas, pretender que para el reconocimiento de la pensión restringida se acuda a la Ley 171 de 1961, pero que para la liquidación la misma, se aplique la Ley 33 de 1985, es improcedente.

Finalmente, en lo que hace a la inconformidad de la condena al pago de la mesada catorce o adicional, por contrariar el Acto Legislativo 1 de 2005, es suficiente advertir que la pensión se causó en noviembre de 1991, por manera que no puede resultar afectada por la enmienda constitucional.

En consecuencia los cargos no prosperan; las costas en el recurso de casación serán a cargo de la recurrente; se incluirán las agencias en derecho, en cuantía de $6.300.000, a favor de la única replicante, parte actora.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Gilberto Arturo Suárez Agudelo contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las costas en el recurso de casación como ya se dijo.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».