Sentencia SL6570-2015/45894 de mayo 6 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL6570-2015

Radicación 45894

Acta 14

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., seis de mayo de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de octubre de 2009, en el proceso seguido por Néstor González Mejía contra la Caja Popular Cooperativa, Cajacoop.

I. Antecedentes

El citado accionante solicitó que mediante sentencia judicial se declarará que entre él y Cajacoop existió un contrato de trabajo desde el 19 de enero de 1998 hasta el 30 de abril de 1999 y se condene a la referida entidad a pagarle la diferencia salarial existente entre el cargo de gerente jurídico y el de vicepresidente jurídico, “por haber desempeñado y ocupado este último cargo entre el 1º de octubre de 1998 y 30 de abril de 1999”. Como consecuencia de ello, pidió el pago de las prestaciones sociales legales y extralegales causadas desde el 19 de enero de 1998 hasta el 30 de abril de 1999; la reliquidación de la liquidación definitiva con base en un salario de $ 10.503.000, correspondiente al cargo de vicepresidente jurídico; la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social o, en su defecto, la entrega directa de esos dineros para que proceda a entregarlas al respectivo fondo de pensiones y EPS; la indemnización del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no consignación oportuna de cesantías del año 1998; la indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa por parte del trabajador; la indexación; lo ultra y extra petita y las costas procesales.

En respaldo a sus pretensiones, refirió que mediante Resolución 1889 de 19 de noviembre de 1997, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ordenó la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de Cajacoop; que ingresó a laborar en favor de la demandada el 19 de enero de 1998, en el cargo de gerente de la oficina jurídica, con un salario de $ 5.601.600; que durante ese tiempo estuvo bajo la dependencia y subordinación de la Caja Popular Cooperativa.

Afirmó que a partir del 1º de octubre de 1998 y hasta el 30 de abril de 1999, ejerció el cargo de vicepresidente jurídico de Cajacoop, en reemplazo del doctor Samuel Felipe Mejía Hoyos, quien pasó al cargo de presidente - agente especial de esa misma entidad, y que, durante ese tiempo, continuó recibiendo la misma remuneración, a pesar de que el sueldo de vicepresidente jurídico ascendía a la suma de $ 10.503.000.

Clarificó que, inicialmente, la entidad accionada le pagó el sueldo correspondiente al cargo de vicepresidente jurídico, empero, posteriormente, se le ordenó reintegrar la diferencia entre el sueldo asignado al gerente jurídico y al vicepresidente jurídico.

Recabó en que por haber sido encargado como vicepresidente jurídico, para un empleo que se encontraba vacante, debió pagársele la diferencia salarial.

Finalmente, refirió que fue “presionado” a presentar renuncia irrevocable el 30 de marzo de 1999, la cual le fue aceptada mediante oficio de fecha 30 de abril de la misma anualidad, con efectividad a partir del 1º de mayo de 1999. Resaltó que la aceptación de la renuncia desbordó los 30 días “que tiene de vigencia cualquier renuncia laboral”, tipificándose, en consecuencia, un despido ilegal (fls. 12-20).

Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones. De sus hechos, únicamente admitió que el demandante tuvo que reintegrar los dineros por la diferencia de honorarios entre la asesoría de la gerencia jurídica y la asesoría de la vicepresidencia jurídica.

En su defensa expuso que la Caja Popular Cooperativa se encontraba intervenida desde el 19 de noviembre de 1997, por disposición del Departamento Nacional de Cooperativas (hoy Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, Dansocial); que por mandato de la Resolución 1889 de 19 de noviembre de 1997, expedida por esa entidad administrativa, se designó a la sociedad CAV Asociados Ltda., para actuar como agente interventor de Cajacoop, y que, desde esa misma anualidad, la representación legal de esta última entidad, estuvo a cargo de la primera, cuyos socios eran los señores Carlos Alberto Valderrama (q.e.p.d.) y Samuel Felipe Mejía Hoyos; que, por ello, el primero de los mencionados asumió entonces como agente especial de la Caja Popular Cooperativa y designó al señor Samuel Felipe Mejía Hoyos como vicepresidente jurídico y administrativo.

Relató que para esa época, el entonces agente especial decidió vincular al demandante en el cargo de gerente jurídico, mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 19 de enero de 1998; que al fallecer el señor Valderrama, la representación legal de la Caja Popular Cooperativa fue asumida por su suplente Samuel Felipe Mejía Hoyos, quien —como se dijo— era vicepresidente jurídico y administrativo; que el señor Mejía Hoyos y su colega y consanguíneo Néstor González Mejía, hoy demandante, eran los únicos que tenían poder de decisión.

Refirió que mediante comunicación de 30 de septiembre de 1998, el presidente de Cajacoop, señor Samuel Felipe Mejía Hoyos, le informó al demandante que a partir de esa fecha quedaba encargado de las funciones de la vicepresidencia jurídica y administrativa “devengando los mismos honorarios que actualmente percibe como gerente del departamento jurídico, el cual continua bajo su dirección y responsabilidad, según el contrato de prestación de servicios profesionales vigente”, entre otras razones, “porque no existe ninguna diferencia o distinción entre las funciones de vicepresidente jurídico y las funciones de gerente jurídico”.

Dijo que, de manera “abusiva”, mediante comunicación de fecha 18 de febrero de 1999, dirigida al señor Samuel Felipe Mejía Hoyos, el demandante solicitó el pago de los honorarios correspondientes al cargo que desempeñaba, informando, además, que a partir de esa fecha presentaría cuentas de cobro ajustadas al valor del cargo de vicepresidente y que, en caso de que tal propuesta no fuera aceptada, procedería a las devoluciones a que hubiera lugar.

Señaló que, de “mala fe”, el demandante, motu proprio, decidió asignarse los honorarios que consideró correspondían al cargo de vicepresidente jurídico y administrativo, y, obrando consecuente con esa determinación, para la segunda quincena del mes de enero de 1999, empezó a presentar cuentas de cobro por más del doble del valor de los honorarios que había convenido en el contrato de prestación de servicios profesionales.

Que en respuesta a la comunicación del 18 de enero de 1999, el señor Samuel Felipe Mejía Hoyos, le informó al demandante que no era posible acceder a esa solicitud de aumento de honorarios, entre otras razones, porque el Dansocial había ordenado expresamente a la presidencia de la Caja Popular Cooperativa proceder con el desmonte de sus vicepresidencias y “en consecuencia no tendría ninguna presentación tal nombramiento en propiedad”. Agregó que en esa misma misiva, se le ordenó la devolución de los honorarios.

Puntualizó que en la Caja Popular Cooperativa no existía un manual de funciones; que las funciones de gerente jurídico y vicepresidente jurídico y administrativo eran idénticas y, por lo mismo, era imposible que se presentara un encargo; que ante la similitud de funciones entre ambos cargos, la Caja Popular Cooperativa recibió del Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, Dansocial, la instrucción de desmontar las vicepresidencias; que en carta de fecha 30 de marzo de 1999, el demandante decidió dar por terminado su contrato de prestación de servicios, decisión que fue aceptada el 20 de abril de esa misma anualidad.

Informó que para evitar una discusión sobre los derechos del demandante, Cajacoop procedió a liquidarle las prestaciones sociales por un valor de $ 17.621.369, “haciendo una ficción de la relación civil en laboral”, las cuales fueron consignadas a órdenes del Juzgado Veinte Laboral del Circuito. Agregó que esa liquidación, incluyó los rendimientos de las cesantías del año 1998, “como si hubieran sido consignadas en un fondo administrador de cesantías”.

Formuló las excepciones de cobro de lo no debido, pago, compensación, inexistencia de la obligación y prescripción (fls. 36-44).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, mediante fallo del 8 de abril de 2008, absolvió a la entidad accionada de las pretensiones incoadas en su contra (fls. 413-420).

Importa anotar que para el juzgado, la relación que entre las partes fue civil, se redimensionó a una de carácter laboral, porque la demandada decidió elaborar una liquidación de prestaciones sociales y vacaciones al finalizar el contrato. Por lo mismo, coligió que entre las partes existió un contrato de trabajo que tuvo vigencia entre el 19 de enero de 1998 y el 30 de abril de 1999. Negó el reajuste salarial porque, básicamente, la decisión de Cajacoop de solicitar al actor la prestación de un servicio adicional en el cargo de vicepresidente jurídico, estuvo sustentada en razones válidas, además que, no se demostró que existieran diferencias significativas entre este cargo y el de gerente de oficina jurídica o que se hubiesen desmejorado sus condiciones de empleo.

III. Sentencia de segunda instancia

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación del demandante, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la del a quo (fls. 413-420).

Estimó el tribunal que el problema jurídico que debía resolver se limitaba a determinar si al actor le asistía el derecho a la diferencia salarial entre los cargos de gerente jurídico y el de vicepresidente jurídico, así como a las indemnizaciones peticionadas.

Para dar una respuesta a ese interrogante, comenzó por precisar que estaba por fuera de discusión la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, desde el 19 de enero de 1998 hasta el 30 de abril de 1999, así como el hecho de que a partir del 30 de septiembre de 1998, la accionada lo encargó de las funciones de la vicepresidencia jurídica.

Sentados esos dos puntos, procedió a reproducir un pasaje de la comunicación a través de la cual se le confió al promotor del proceso las funciones de la vicepresidencia jurídica y administrativa, para, a partir de su contenido señalar que ese encargo se hizo a título de “colaboración y apoyo”. De igual manera, afirmó que en esa misiva no quedaron dudas de que sus funciones no serían retribuidas, pues allí se anotó que devengaría “los mismos honorarios que actualmente recibe como gerente del departamento jurídico”. Agregó que esa situación era conocida por el actor, de suerte que su declaración rendida en el interrogatorio de parte, según la cual “no se convino nada al respecto, se me encargó y no se me dijo nada del salario”, no era cierta.

Recalcó que los términos del encargo desde un principio el demandante los entendió, al punto que el 18 de enero de 1998, dirigió una comunicación al presidente de Cajacoop, en la que le propuso una remuneración por sus servicios, con la salvedad de que si no era aceptada, devolvería los honorarios pagados con ocasión de las cuentas de cobro. Dijo también que estas pruebas eran indicativas de que “desde un inicio no hubo intención de las partes en que tales funciones fueran remuneradas, y que las mismas fueron prestadas a título de colaboración”.

Recabó en que para obtener un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, el accionante debía acreditar los hechos en que se fundaron sus pretensiones relativas a la nivelación salarial, de suerte que, le competía demostrar (i) que el sueldo del vicepresidente ascendía a la suma de $ 10.503.000 mensuales y (ii) que “las funciones a él encomendadas como vicepresidente eran las mismas que las que ejecutó el anterior vicepresidente y que lo hizo en igualdad de eficiencia”.

En cuanto a lo primero (i), dijo que en el contrato de prestación de servicios suscrito entre el señor Samuel Felipe Mejía Hoyos y la demandada, conforme al cual, el primero ejercería las funciones de vicepresidente jurídico, se pactaron unos honorarios por valor de $ 9.000.000, diferentes a los que señaló el actor en su demanda, a pesar de que en la liquidación final del señor Samuel Felipe Mejía Hoyos se hubiera tenido como salario base una cifra equivalente a $ 10.503.000.

En torno a lo segundo (ii), que consideró el aspecto más relevante, recalcó que para dar aplicación al principio a trabajo igual salario igual, era ineludible no solo demostrar que se trataron de similares labores, sino, además, que fueron ejecutadas en igualdad de eficiencia, de manera que si bien en el juicio “se ha indicado que tal parámetro de comparación está establecido con base en la labor ejecutada por el anterior vicepresidente jurídico, es lo cierto que dentro del proceso no se demostró que el demandante se hubiera encargado de la secretaría general, de la dirección de la oficina jurídica o que hubiere coordinado todos los procesos jurídicos, tal como le fue encargado al anterior vicepresidente según el contrato de prestación de servicios visible a folios (sic) 345”.

Por último, refirió que en este asunto no era posible realizar un juicio de comparación, porque el actor no solo omitió indicar cuáles fueron las funciones que en virtud del encargó desarrolló, sino que tampoco suministró los elementos de convicción orientados a establecer plenamente la igualdad en su ejecución “con similares condiciones de eficiencia, responsabilidad, intensidad y calidad de trabajo”.

La indemnización por despido indirecto la desestimó porque en la carta de renuncia no se precisaron los motivos o hechos que la originaron (fls. 436-442).

IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende la parte actora que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo, y en su lugar, acceda a las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación.

VI. Cargo único

Por la vía indirecta, atribuye a la sentencia recurrida la violación de la ley sustancial, en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 143, 127, 128, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 186, 189, 192, 253, 254, 306 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; 51, 52, 55, 60, 61 y 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social; y 174, 175, 177, 251, 252, 253, 254 y 268 del Código de Procedimiento Civil.

Señala que el quebrantamiento de las citadas disposiciones, se produjo por los siguientes errores manifiestos de hecho:

1. No dar por demostrado estándolo, que el doctor Samuel Felipe Mejia (sic) Hoyos, en su condición de vicepresidente jurídico de Cajacoop fue encargado de la presidencia - agente especial de la misma por muerte del titular.

2. No dar por demostrado, estándolo, que Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic), en su condición de gerente jurídico de Cajacoop fue encargado de la vicepresidencia jurídica en el reemplazo de Samuel Felipe Mejia (sic) Hoyos quien a su vez fue encargado de la presidencia - agente especial de Cajacoop.

3. No dar por demostrado estándolo, que tanto Samuel Felipe Mejia (sic) Hoyos como Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic), no fueron nombrados o ascendidos de vicepresidente jurídico a presidente - agente especial, y de gerente jurídico a vicepresidente jurídico de Cajacoop, sino encargados de dichos cargos.

4. No dar por demostrado estándolo, que la condición de encargado de Samuel Felipe Mejia (sic) Hoyos permitió devengar la remuneración como presidente - agente especial de Cajacoop debido a que dicho cargo se encontraba vacante por muerte de su titular.

5. No dar por demostrado estándolo, que al encargar a Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic) del cargo de vicepresidente jurídico, en reemplazo del titular quien a su vez devengaba el sueldo de presidente - agente especial, le daba el derecho de devengar el sueldo de vicepresidente jurídico durante el tiempo que durara dicho encargo.

6. No dar por demostrado estándolo, que antes de la muerte del titular del cargo de presidente - agente especial, existían los cargos de vicepresidente jurídico y gerente jurídico, con funciones diferentes, y cuyos cargos eran ocupados y desempeñados por dos (2) personas diferentes: Samuel Felipe Mejia (sic) Hoyos y Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic).

7. No dar por demostrado estándolo, que el doctor Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic) recibió la diferencia entre el cargo de vicepresidente jurídico y gerente jurídico de Cajacoop.

8. No dar por demostrado estándolo, que el doctor Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic), debió devolver la diferencia de sueldo entre vicepresidente jurídico y gerente jurídico de Cajacoop, a pesar de haber desempeñado dicho cargo y que el titular devengara el sueldo de presidente - agente especial de Cajacoop.

9. No dar por demostrado estándolo, que la reestructuración y orden de supresión de las vicepresidencias de Cajacoop se dieron en abril del 2001, cuando ya no laboraba Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic) en Cajacoop.

10. Dar por demostrado, sin estarlo, que Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic), no ocupo (sic) y desempeño (sic) el cargo de vicepresidente jurídico en condición de encargado, cuando su titular desempeñaba otro cargo superior vacante.

11. No dar por demostrado estándolo, que una situación es nombrar a un trabajador como titular de un cargo y otra es encargarlo de un cargo.

12. No dar por demostrado estándolo, que cuando a Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic) se le encargo del cargo de vicepresidente jurídico tenía derecho a devengar el sueldo correspondiente a dicho cargo porque el titular estaba devengando el sueldo de presidente - agente especial que había quedado vacante por muerte de quien desempeñaba dicho cargo.

Refiere que los yerros fácticos se originaron en la apreciación errónea de las siguientes pruebas:

1. La demanda que obra a los folios 12 a 20 del expediente.

2. El interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada visto a folios 73 a 76.

3. Oficio de fecha 30 de septiembre de 1998 suscrito por el presidente de Cajacoop encargando al demandante de la vicepresidencia jurídica visto al folio 246 y 247.

4. Oficio de fecha 18 de enero de 1999 suscrito por Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic) visto al folio 233.

5. Oficio de fecha 18 de enero de 1999 suscrito por Felipe Mejia (sic) Hoyos al demandante visto a los folios 227 y 228.

6. Oficio de fecha 26 de febrero de 1999 suscrito por la gerente de recursos humanos visto al folio 229.

7. Comprobante de pago de nómina de febrero de 1999 del demandante visto al folio 226 A.

8. Comprobante débito - crédito 154346 visto al folio 224.

9. Comprobante débito - crédito 154377 visto al folio 225.

10. Comprobante débito - crédito 154391 visto al folio 226.

11. Liquidación definitiva de prestaciones sociales del demandante vista al folio 193.

12. Oficio de fecha 24 de agosto de 1999 suscrito por la jefe de recursos humanos de Cajacoop y sus anexos dirigido al Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, D.C. - Consignación de prestaciones sociales visto a los folios 186 a 197.

Dice que esos errores también se produjeron por la falta de valoración de las siguientes pruebas:

1. Oficio de fecha 8 de febrero de 1999 suscrito por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas visto al folio 347.

2. Memorando de fecha 17 de febrero de 1999 suscrito por el presidente de Cajacoop visto al folio 348.

3. Oficio de fecha 24 de marzo de 1999 visto al folio 349.

4. Concepto jurídico de fecha 21 de abril de 1999 visto a los folios 359 a 361.

5. Concepto jurídico de fecha 26 de julio de 1999 sobre caso Nestor Gonzalez (sic) Mejia (sic) visto a los folios 395 a 399.

6. Certificación de fecha 13 de marzo del 2001 vista al folio 400.

7. Oficio de fecha 22 de junio de 1999 de la gerente de recursos humanos de Cajacoop visto al folio 198.

8. Circular reglamentaria - reestructuración administrativa de Cajacoop de fecha 11 de abril del 2001, posterior al retiro del demandante vista a los folios 338 a 341.

En sustento de su acusación, comienza la censura por señalar que no es materia de controversia que entre las partes existió un contrato de trabajo entre el 19 de enero de 1998 y el 30 de abril de 1999 y, por ello, la litis se centra en la reclamación de la diferencia salarial entre el cargo de vicepresidente jurídico y gerente jurídico, con todo lo que esa declaración conlleva en punto a la reliquidación de prestaciones e indemnizaciones.

Arguye que se encuentra plenamente demostrado que el demandante en su condición de trabajador de Cajacoop, fue encargado en la vicepresidencia jurídica, debido a que el titular fue a su vez encargado de la presidencia - agente especial, tal como se desprende de la confesión hecha por la representante legal, la contestación de la demanda y las documentales aportadas al expediente.

Que si bien de acuerdo al oficio de 30 de septiembre de 1998 se le informó que sería encargado de la vicepresidencia jurídica y administrativa, así como que devengaría los mismos honorarios, lo cierto es que “no se le estaba trasladando, o nombrando, u ascendiendo en forma definitiva, para que de allí se determinara si su sueldo sería igual o mayor”; de suerte que, al ser objeto de la figura del encargo con las condiciones especiales que se dieron en este caso, debía operar el principio consagrado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo de a trabajo igual salario igual, el que, además, es irrenunciable.

Aduce que el demandante, por haber desempeñado y ocupado el cargo de vicepresidente jurídico tenía derecho a recibir la remuneración asignada a ese empleo, porque quien era su titular estaba devengando la remuneración del presidente - agente especial de Cajacoop; que el hecho de seguir devengado la misma remuneración de gerente jurídico es ineficaz y violatoria de los artículos 143 y 147 del Código Sustantivo del Trabajo, “porque el empleador no podía privar del pago de dicha diferencia cuando no se iva (sic) a dar un doble pago y el cargo a ocupar estaba transitoriamente vacante (...)”.

Insiste en que si hubiera sido nombrado, ascendido o trasladado se le hubiera podido fijar su sueldo como vicepresidente jurídico, pero no cuando ha sido encargado.

Resalta que, con independencia de quien hubiera propuesto el pago de la diferencia salarial, tenía ese derecho dado su carácter irrenunciable al tenor de lo dispuesto en los artículos 143 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, pues está demostrado que en Cajacoop existían dos cargos (gerente jurídico y vicepresidente jurídico), y por lo mismo, no es cierto que no se haya probado la existencia de los dos cargos y sus funciones. Tan así —dice—, que las vicepresidencias fueron suprimidas hasta abril de 2001, cuando el demandante ya no laboraba en Cajacoop.

Finaliza su exposición con que el tribunal se equivocó al no dar por demostrado que, en su condición de vicepresidente jurídico encargado, tenía derecho a percibir la remuneración de dicho cargo, porque su titular estaba regentando el empleo de presidente - agente especial, devengando la remuneración asignada a ese cargo.

VII. La réplica

Presenta la parte demandada unas disertaciones tendientes a explicar que el contrato que suscribió el demandante con Cajacoop no era laboral sino de prestación de servicios; que la demandada se sujetó de buena fe a lo que había suscrito; que las sentencias de instancia no tienen razón para aceptar la existencia de un contrato de trabajo; que el hecho de que, después de haber consultado con abogados laboralistas se hubiera optado por la consignación de la liquidación, no significa aceptación del vínculo laboral. Señala, asimismo, que busca el actor demostrar derechos no establecidos, sobre los que no se procuró acreditar las funciones o cargos correspondientes, como bien lo asentó el tribunal.

VIII. Consideraciones

La conclusión del tribunal estuvo precedida de las siguientes premisas: (i) las funciones de la vicepresidencia jurídica que se le encargaron al actor, fueron a título de “colaboración y apoyo”; (ii) el demandante conoció, desde la fecha del encargo, cuál sería su remuneración, de manera que “desde el inicio no hubo intención de las partes en que tales funciones fueran remuneradas”; (iii) la parte actora no probó los supuestos fácticos de su demanda, ya que no acreditó que el salario asignado al cargo de vicepresidente jurídico en verdad ascendiera a la suma de $ 10.503.000, como tampoco (iv) que las funciones que ejecutó fuesen desempeñadas en las mismas condiciones de eficiencia, responsabilidad, intensidad y calidad que el anterior vicepresidente jurídico.

Como puede fácilmente advertirse, la sentencia del tribunal estuvo soportada en un entramado de razonamientos que el recurrente debía combatir en casación, y, sin embargo, su discurso se limitó a que, por el hecho de haber sido encargo como vicepresidente jurídico, tenía derecho a la diferencia salarial.

Por lo demás, cabe recordar, que el tribunal en ningún momento desconoció que el demandante fue encargado de las funciones de la vicepresidencia jurídica, es más, ese fue un hecho que dejó por fuera de discusión. Lo que estimó es que esas funciones que se le encomendaron, lo fueron a título de “colaboración y apoyo”, aspecto este sobre el que la censura no hizo ninguna reflexión.

Por otra parte, resalta la Sala que uno de los fundamentos más trascendentales del fallo impugnado, como el mismo tribunal lo destacó, es que para dar aplicación al principio de a trabajo igual salario igual, es deber de la parte actora demostrar que el trabajo desempeñado lo fue en igualdad de “condiciones de eficiencia, responsabilidad, intensidad y calidad de trabajo”, lo que en este caso se traducía en la carga de acreditar que el trabajo que el demandante ejecutó fue de igual valor al que desarrolló el anterior vicepresidente jurídico. Sin embargo, ningún comentario o argumento le mereció a la censura este razonamiento del juez de alzada, el cual, además, debía ser planteado por la vía directa, que es la senda adecuada para plantear argumentos de carácter jurídico, como el relativo a la carga de la prueba.

Cumple recordar, que teniendo en cuenta la presunción de acierto y legalidad de que está revestida la sentencia de segunda instancia, al recurrente le corresponde derruir todos y cada uno de los fundamentos en que se soporta la decisión, so pena de que esta permanezca incólume. Al respecto, la Corte ha sostenido que “no son suficientes las acusaciones parciales, de tal suerte que es carga del recurrente en casación destruir todos los soportes del fallo impugnado, pues aquel que se deje libre de cuestionamiento será suficiente para mantener en pie la decisión que se impugna, que bien se sabe, llega al estrado casacional amparada con las presunciones de legalidad y de acierto, que deben ser derruidas por el impugnante” (CSJ SL, 3 feb. 2009, rad. 31284).

Para finalizar, estima la Sala oportuno añadir a todo lo anterior, dos cosas. La primera, es que para la aplicación del principio de igualdad salarial o retributiva, no es suficiente que un trabajador desempeñe, formalmente el mismo cargo de otro, puesto que, de cara a la regulación legal de la materia (CST, art. 143), lo relevante a la hora de determinar si dos trabajadores realizan un trabajo de igual valor, es que ambos desempeñen el mismo puesto, en la misma jornada y con las mismas condiciones de eficiencia, como esta corporación lo explicó en Sentencia CSJ SL16217-2014, al precisar que “(...) aparte de un puesto igual y una jornada igual, para exigirse la igualdad retributiva es necesario que haya similar efectividad (“eficiencia” en los términos del CST) entre los trabajadores que se comparan”.

Desde este punto de vista, la circunstancia de que al demandante se le hayan encargado formalmente las funciones de la vicepresidencia jurídica y administrativa de Cajacoop, nada dice en torno a que sus habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y, en general, competencias, hubiesen sido similares o idénticas a las del anterior vicepresidente jurídico, al punto que su aporte profesional a la compañía tuvo igual repercusión cualitativa y cuantitativa.

La segunda anotación que debe hacer la Corte, es que las razones que expuso el presidente - agente especial de Cajacoop para negar el aumento salarial del demandante, relativas a la complicada coyuntura por la que atravesaba la entidad y la orden de Dansocial de desmontar sus vicepresidencias, son admisibles, si se tiene en cuenta que, para esa época, por razón de la situación de persistente iliquidez de Cajacoop, que colocaba en inminente riesgo el ahorro y patrimonio de sus asociados y la confianza pública, el entonces Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (hoy Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, Dansocial) ordenó la toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes (fls. 134-138); y, por lo mismo, el director de esa entidad administrativa, le indicó al presidente - agente especial de Cajacoop, la necesidad de proceder con el desmonte de las vicepresidencias (fl. 152), lo cual le fue informado al actor mediante misiva del 18 de febrero de 1999, con la que se le dio respuesta a su solicitud de reajuste salarial.

En consecuencia, la determinación de Cajacoop de no incrementar los ingresos del accionante, estuvo, además, respaldada en unas circunstancias objetivas y relevantes, que, para la Sala, son razonables, y no resultan deslegitimadas por el hecho de que solo hasta el año 2001, la demandada hubiese procedido con el desmonte formal de sus vicepresidencias, en tanto que, tampoco existen argumentos orientados a demostrar que hasta esa fecha siguieron operando en condiciones de normalidad.

El cargo resulta infundado.

Dado que hubo réplica, las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 3.250.000).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de octubre de 2009, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por Néstor González Mejía contra la Caja Popular Cooperativa, Cajacoop.

Costas como se indicó en la parte motiva

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.