Sentencia SL658-2015/44735 de enero 28 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL658-2015

Radicación 44735

Acta 1

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «VII. CONSIDERACIONES

Con las excepciones previstas en su propio texto, la Ley 100 de 1993 pretendió la consolidación de un único régimen de seguridad social, aplicable a todos los habitantes del territorio nacional, con el propósito de lograr un crecimiento en términos de calidad y de cobertura. Por supuesto, por razones de variada índole, diferentes sectores de trabajadores no quedaron integrados, expresamente, los enlistados en el artículo 279 de dicho ordenamiento, en el que no se menciona a los aviadores civiles.

Huelga decir que el propio numeral 2º del artículo 139 del Estatuto de Seguridad Social, declarado exequible según sentencia C-376/1995, confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para ajustar las normas de aviadores civiles y fue por ello que expidió el Decreto 1282 de 1994, en el que se estableció el “régimen pensional de los aviadores civiles” que dispuso en su artículo 1º que “el sistema general de pensiones contemplado en la Ley 100 de 1993 se aplica a los aviadores civiles, con excepción de quienes están cobijados por el régimen de transición y las normas especiales previstas en el presente Decreto”, de allí que quienes contaron con 40 años o más en el caso de hombres y 35 en el de mujeres, así como haber cotizado o prestado servicios durante 10 años o más, se regían por otras disposiciones.

A su vez, el inciso 2º del referido artículo 1º define a los aviadores civiles como aquellas personas que “sean titulares de una licencia válidamente expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por medio de la cual se les haya habilitado para desempeñar las funciones de piloto o copiloto civil, cualquiera que sean las modalidades que contemplen los reglamentos”; sin hacer relación únicamente a los Pilotos Comerciales, como lo indica la censura, de manera que en ese concepto se podían comprender a los que desempeñan esa labor en fumigación, en la medida en que también cuentan con la licencia expedida por la Aeronáutica Civil, habilitante para ejercer dicha profesión.

Por su parte, el artículo 12 creó la Junta Especial de Calificación de Invalidez “Para las personas de que trata el presente Decreto”, integrada por representantes del Gobierno, del gremio que agrupe a los aviadores civiles y sus empleadores, “de ternas presentadas al Ministro de Trabajo y Seguridad Social por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, y la Asociación de Transportadores Aéreos Colombianos, ATAC, quienes deberán ser expertos en medicina aeronáutica”, de lo cual, necesariamente, se desprende que las valoraciones que requieran todos los aviadores civiles que posean una licencia expedida por la UAEAC, pueden ser realizadas por dicho organismo especializado en medicina aeronáutica, por la sencilla, pero potísima razón de contar con mayor conocimiento en el área específica de la medicina aeronáutica, sin importar si la causa de la incapacidad es profesional o común, entre otras razones, porque el artículo 11 del Decreto en mención preceptúa que “Se considera inválido un aviador civil que por cualquier causa de origen profesional o no profesional no provocada intencionalmente, hubiere perdido su licencia para volar que le impida ejercer la actividad de la aviación a juicio de la junta de que trata el articulo siguiente. En todos los demás aspectos las pensiones de invalidez de los aviadores civiles en actividad se regirá por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993” lo que deja sin piso el argumento del censor según el cual esta pensión no estaba prevista en estos eventos y por tanto no existía competencia para su decisión máxime cuando es el propio Decreto el que, atendiendo la especial situación de los aviadores reguló su función.

Fluye claro el acierto del juez de la alzada, toda vez que no solo los aviadores civiles pertenecen al sistema integral de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993, conformado por los subsistemas de pensiones, salud y riesgos laborales, sino que además la Junta Especializada de Calificación de que trata el artículo 12 del Decreto 1282 de 1994, tiene plena competencia para evaluar la pérdida de capacidad laboral de todos los pilotos de aviación, en los eventos descritos de quienes estuvieron en el régimen de transición así no se encuentren vinculados a Caxdac, pues no es esta la condición de que trata el precepto legal, sino que la facultad de dicho ente está supeditada a la existencia de la licencia expedida por la Aeronáutica Civil, requisito al margen de la discusión en esta sede judicial.

En ese orden, el argumento de la impugnante no encuentra de donde asirse, en la medida en que, paralelo al sistema general de riesgos profesionales, el legislador no previó la existencia de un modelo especial de riesgos laborales para el gremio de los aviadores civiles, sino que creó un órgano especializado al que encargó de practicar las evaluaciones médicas de dichas personas, en aras de establecer su pérdida de capacidad laboral, no sólo en punto al porcentaje de la misma, sino de su origen, dado que no se advierte una sola razón que justifique la limitación que propone la censura, sino que más bien se impone que el dictamen sea integralmente emitido por una misma entidad.

De otro lado, dado que no se trata de una prueba ad substantiam actus, el principio de libertad probatoria que impera como regla general en nuestro sistema procesal, es una razón adicional a lo expuesto para concluir en el fracaso de la única acusación formulada por la enjuiciada, toda vez que de acuerdo con el mismo, no se observa motivo para no tener el experticio como prueba hábil que demostrare la invalidez y su origen, siendo que de lo que no hay duda es de la aptitud científica de la Junta Especializada para conceptuar sobre la materia.

En consecuencia, el cargo es infundado e impróspero, de suerte que se mantendrá el fallo gravado, que se acompasa con lo resuelto en la sentencia de revisión de tutela 871 de 19 de agosto de 2005, en cuanto concedió el amparo impetrado por el demandante y dispuso reconocer la pensión de invalidez “con fundamento en el dictamen de la Junta Especial de Calificación de Invalidez”.

No se imponen costas en esta sede, dada la ausencia de oposición.

VIII. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por CÉSAR LUIS QUIJANO MELO contra COLMENA RIESGOS PROFESIONALES.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN».