Sentencia SL69-2018/60445 de enero 31 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 60445

Acta 3

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

Decide la Sala el recurso de casación que interpuso BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 5 de diciembre de 2012, en el proceso que Alix Yasmina Suárez Pinto quien actúa en nombre propio y en representación de su hija Yuli Patricia Rodríguez adelanta en su contra, trámite al cual se vinculó a Empoleticia ESP como litisconsorte necesario.

Acéptase el impedimento manifestado por el magistrado Fernando Castillo Cadena para conocer del presente asunto.

I. Antecedentes

La citada accionante en nombre propio y en representación de su menor hija, promovió demanda laboral contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. con el propósito de que se declare que entre Elvis Jaime Rodríguez y la administradora de pensiones existió un contrato de vinculación y asistencia social, y que entre aquel y la demandante se configuró una unión marital de hecho. En consecuencia, se condene a la pasiva a pagar la pensión de sobrevivientes como consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente y padre de la menor, las mesadas pensionales causadas, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los perjuicios materiales y morales, la indexación de las sumas adeudadas, lo que el juez encuentre probado extra y ultra petita y las costas del proceso.

En respaldo de sus pretensiones, refirió que constituyó una unión marital de hecho con el causante desde junio de 1987 hasta el 9 de junio de 2003, fecha en la que falleció su compañero permanente; que como consecuencia de esa relación nacieron Yuli Patricia y Elvis Jaime Rodríguez Suárez; que al momento de la muerte, el de cujus trabajaba en la empresa de Obras Sanitarias de Leticia ESP, la cual lo vinculó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías el 9 de enero de 2001; que solicitó el reconocimiento de la prestación ante la administradora de pensiones, quien respondió negativamente su solicitud, toda vez que no contaba con el número de semanas requeridas para tal fin dado que la empleadora no había efectuado la totalidad de los aportes, y que en cumplimiento de una acción de tutela, Empoleticia ESP realizó el pago de las cotizaciones que hacían falta para completar tal requisito (fls. 205 a 218).

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, al dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones. En cuanto a los hechos, admitió los relacionados con el fallecimiento de Elvis Jaime Rodríguez, la existencia de los menores Yuli Patricia y Elvis Jaime Rodríguez Suárez, los extremos temporales de la relación laboral, la afiliación a la administradora de pensiones y el pago de aportes con posterioridad a la muerte del causante. Propuso como excepciones las de buena fe, prescripción, compensación y la genérica (fls. 249 a 260).

Por su parte, el llamado a integrar el contradictorio, Empoleticia ESP en liquidación, al dar respuesta al libelo inicial se opuso a lo pretendido. En cuanto a los hechos, admitió los relacionados con los extremos temporales de la relación laboral, la afiliación a la administradora de pensiones y el pago de aportes con posterioridad a la muerte del afiliado. Propuso como excepciones las de cumplimiento de la obligación de sufragar los aportes, inexistencia de la obligación, buena fe y compensación (fls. 279 a 290).

II. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Leticia, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo de 23 de marzo de 2012 (fls. 320 a 333), resolvió:

1. Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva.

2. Como consecuencia de lo anterior, condenar a la demandada BBVA Horizonte Pensiones y Censatías (sic) S.A. (…) a pagar la pensión de sobrevivientes a la menor Yuli Patricia Rodriguez (sic) Suarez (sic), en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente a partir del 23 de septiembre de 2007, por la prosperidad del fenómeno prescriptivo, junto con los incrementos de ley, por las razones expuestas en la parte considerativa del fallo.

3. Condenar al BBVA Horizonte Pensiones y Cesantias (sic) S.A., al pago de las sumas adeudadas indexadas desde la fecha de interrupción de la prescripción, esto es, desde el 23 de septiembre de 2007, hasta la fecha en la que la accionada incluya en nómina de pensionados a la demandante, por todo el tiempo que dure su minoría de edad y hasta que cumpla los 25 siempre y cuando demuestre que se dan los presupuestos de ley para ello.

4. Condenar en el 80% de las costas a la demandada.

5. Contra este fallo procede el recurso de apelación ante el honorable Tribunal Superior de Cundinamarca.

III. Sentencia de segunda instancia

Al resolver el recurso de apelación que interpuso la administradora de pensiones, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante la sentencia recurrida en casación, confirmó la decisión del juez de primera instancia (fls. 347 a 353).

Precisó que estaba debidamente probado: (i) que Elvis Jaime Rodríguez falleció el 8 de junio de 2003; (ii) que la menor Yuli Patricia Rodríguez es hija del causante, y (iii) que este estuvo afiliado a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantía desde el 9 de enero de 2011. Por lo anterior, consideró que lo que era materia de discusión se circunscribía a determinar a cargo de quién estaba la pensión reclamada.

Luego, manifestó que el tema de inconformidad ya había sido dilucidado en otras providencias que tienen como fundamento la línea jurisprudencial elaborada a partir de la sentencia CSJ SL, jul. 22/2008, rad. 34270 —citada in extenso—, según la cual, si el empleador omite pagar los aportes al sistema, de tal forma que impide el acceso a las prestaciones y, la administradora falta a su deber de cobro, es a esta a quien le corresponde el pago de la prestación de los afiliados o beneficiarios.

IV. Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandada, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada para que, en sede de instancia, se revoque el fallo de primer grado y, en su lugar, se absuelva a la accionada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra.

Con tal propósito, formula un cargo por la causal primera de casación, que no fue objeto de réplica.

VI. Cargo único

Acusa la sentencia por la vía directa en la modalidad de “interpretación errónea de los artículos 22 y 24 de la Ley 100 de 1993, lo que trajo como consecuencia la infracción directa de los artículos 48 de la Constitución Política, 3º del Decreto 2280 de 1994, 39 del Decreto 1406 de 1999 y 53 del Decreto 1406 de 1999 y la aplicación indebida del artículos (sic) 73 y 74 de la Ley 100 de 1993”.

El impugnante comienza por señalar que de conformidad con los artículos 22 y 24 de la Ley 100 de 1993 no es posible concluir que las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías tienen la obligación de hacerse cargo de las pensiones cuando los empleadores incurren en mora en el pago de aportes al sistema, pues el primero señala la responsabilidad del contratante en el pago de su aporte y el de sus trabajadores, y el segundo, que corresponde a las entidades administradoras adelantar las acciones de cobro cuando se presenta el incumplimiento de dicha obligación, pero ninguna de esas normas refiere a qué ocurre cuando el fondo de pensiones omite cumplir con tal obligación, de modo que no es posible colegir su responsabilidad en el pago de las prestaciones en tales eventos.

En consideración a lo anterior, afirma que esta Corporación debe revisar el criterio jurisprudencial en el que se apoyó el Tribunal, puesto que el sistema de seguridad social integral tiene por objeto cubrir los riesgos y contingencias que anteriormente estaban a cargo de los empleadores, siempre y cuando se haya cumplido con ciertas exigencias como la afiliación al mismo y el pago de las cotizaciones en los términos establecidos en la ley. Luego, si no se cumple con esos requisitos no se puede trasladar la carga a las entidades administradoras de pensiones, sino que le correspondería al empleador incumplido pagar las prestaciones.

Así mismo, aduce que la teoría que rige actualmente, le impone una responsabilidad objetiva a las entidades de seguridad social, que podrían turbar el sistema de seguridad social, pues estimularía la evasión de las cotizaciones, generaría una sustitución de la obligación de realizar los aportes por la de afiliar al trabajador y provocaría conductas fraudulentas y de mala fe.

VII. Consideraciones

Sobre el punto jurídico en cuestión, esto es, la mora del empleador en el pago de cotizaciones al sistema pensional, esta Corporación de forma reiterada ha señalado que las administradoras de pensiones deben agotar diligente y oportunamente las gestiones de cobro ante los empleadores, de suerte que, de omitir tal obligación, deben responder por el pago de la prestación a que haya lugar, según la normativa aplicable.

Así lo adujo la Corporación en sentencia CSJ SL, oct. 28/2008, rad. 32384, en los siguientes términos:

Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia recientemente en sentencia de 22 de julio de 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia sobre los efectos de la mora patronal y estableció el criterio de que cuando se presente omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y esto impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios.

Precisó la Corte para el caso de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro.

Los siguientes son los términos de la sentencia referida:

“Las administradoras de pensiones tanto públicas como privadas son elemento estructural del sistema de seguridad social; mediante ellas el Estado provee el servicio público de pensiones, hoy tienen fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, cuando le atribuye al Estado la responsabilidad por la prestación del servicio público de la seguridad social bajo su “dirección, coordinación y control”, y autoriza su prestación a través de “entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley”.

“Las administradoras de pensiones han de estar autorizadas para fungir como tales si cumplen una serie de requisitos que las cualifican, bajo el entendido de que toda su actividad ha de estar ordenada a cumplir con la finalidad de prestar el servicio público de la seguridad social.

“Ciertamente las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio público de pensiones, su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no sólo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo que se realiza en cada persona que queda desprotegida por haberse cernido sobre sí una enfermedad o trauma que lo deja inválido, o la muerte sobre el miembro de la familia del cual depende, o sobre su afiliado cuando le llega el momento de su retiro de la vida productiva por imposición o disfrute de la vejez.

“Es razón de existencia de las administradoras la necesidad del sistema de actuar mediante instituciones especializadas e idóneas, ubicadas en el campo de la responsabilidad profesional, obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a la calidad de gestoras de la seguridad social, actividad que por ejercerse en un campo que la Constitución Política estima que concierne a los intereses públicos, se ha de estimar con una vara de rigor superior a la que se utiliza frente a las obligaciones entre particulares.

“Por lo dicho es que la responsabilidad de las administradoras de pensiones es de carácter profesional, la que le impone el deber de cumplir puntualmente las obligaciones que taxativamente le señalan las normas, cumplirlas todas con suma diligencia, con prudencia y pericia, y además todas aquellas que se le integran por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual.

“Dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro como lo dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

“Si bien la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador (L. 100/93, art. 22), antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es menester examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro.

“El afiliado con una vinculación laboral cumple con su deber de cotizar, desplegando la actividad económica por la que la contribución se causa. Esto genera un crédito a favor de la entidad administradora, e intereses moratorios si hay tardanza en el pago.

“Las administradoras de pensiones y no el afiliado, tienen por ley la capacidad de promover acción judicial para el cobro de las cotizaciones, por lo tanto no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.

“Se ha argüido que la atribución de las prestaciones en caso de mora en las cotizaciones a las administradoras de pensiones afecta el equilibrio financiero del sistema; pero es que éste no puede obtenerse disminuyendo la cobertura y en perjuicio del trabajador que sí cumplió con su deber ante la seguridad social como era causar la cotización con la prestación de sus servicios, sino mediante la acción eficaz de las administradoras de pensiones de gestionar el recaudo de los aportes, pues ese mecanismo no puede valer para proteger a las administradoras contra riesgos causados y no para la protección del afiliado”.

Dicha postura ha sido reiterada por esta Sala de forma constante, entre otras, en las sentencias CSJ, SL45173, feb. 6/2013; CSJ, SL907-2013; CSJ, SL5429-2014; CSJ, SL4818-2015; CSJ, SL8082-2015; CSJ, SL15718-2015; CSJ, SL16814-2015; CSJ, SL4952-2016; CSJ, SL6469-2016; CSJ, SL13266-2016; CSJ, SL15980-2016; CSJ, SL4892-2017; CSJ, SL15699-2017; CSJ, SL17518-2017; CSJ, SL19891-2017 y CSJ, SL20767-2017.

De conformidad con lo expuesto, para efectos de contabilizar las semanas cotizadas por el aportante a fin de verificar si se cumplen los presupuestos legales tendientes a obtener el derecho pensional, deben tenerse en cuenta las consignadas oportunamente, así como las que se encuentran en mora o, como en este caso, las que se pagaron de manera extemporánea, dada la falta de gestión de cobro por parte de la administradora a la que aquel se encuentre afiliado.

Finalmente, no se trata, como lo sugiere la censura, que la teoría que impera actualmente avale el reconocimiento y pago de pensiones a cargo de las administradoras de pensiones, desconociendo la obligación que tiene los empleadores de efectuar las cotizaciones, pues a la conclusión cuya revisión impetra el recurrente, ha llegado la Corporación por el ejercicio hermenéutico de las normas que armónicamente integran el sistema e imponen obligaciones a unas y otros para garantizar el derecho a la pensión de los trabajadores, así como para afianzar el equilibrio financiero del sistema en el que insoslayablemente tienen interés los fondos de pensiones, con el objetivo de lograr la eficiencia de su funcionamiento en beneficio propio y, además, como valor o principio supremo, para cumplirle a sus afiliados con el pago de las prestaciones a su cargo.

En ese orden, se concluye que el ad quem no cometió el yerro jurídico que se le endilga al tener en cuenta los periodos en mora en la contabilización de las semanas para acceder a la pensión de invalidez.

Por lo visto, el cargo es infundado.

Sin costas en el recurso extraordinario, toda vez que la demanda no tuvo réplica.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario laboral que Alix Yasmina Suárez Pinto quien actúa en nombre propio y en representación de su hija Yuli Patricia Rodríguez adelanta contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.

Sin costas.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Fernando Castillo Cadena (impedido), presidente de la Sala.—Gerardo Botero Zuluaga.—Jorge Mauricio Burgos Ruiz.—Clara Cecilia Dueñas Quevedo.—Rigoberto Echeverri Bueno.—Luis Gabriel Miranda Buelvas.—Jorge Luis Quiroz Alemán.