Sentencia 48152 de junio 4 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 48152

SL6978-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 19

Bogotá, D.C., cuatro de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

La controversia gira en torno a determinar si a la demandante le es o no aplicable la convención colectiva para efectos de obtener la reliquidación de la pensión de jubilación que le reconoció la ESE José Prudencio Padilla en calidad de empleada pública, pues estima que en virtud del artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, tiene un derecho adquirido, dada su calidad de trabajadora oficial.

El tribunal para revocar el fallo de su inferior cimentó su sentencia así:

Luego de apoyar su decisión en la sentencia proferida por esta corporación CSJ SL, 12 sep. 2006, rad. 26982 —que precisó la competencia respecto de los derechos de aquellos servidores del Seguro que como consecuencia de la escisión del ISS pasaron a las ESE sin solución de continuidad— dio por demostrado que la actora tuvo dos relaciones laborales, así: la primera, con el ISS entre el 22 de septiembre de 1975 y el 26 de junio de 2003 —fecha la cual operó la escisión del ISS—, en calidad de trabajadora oficial, vínculo del cual se derivaron unos derechos de carácter convencional, al ser la actora beneficiaria de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, por tener el sindicato negociante la representación mayoritaria según el artículo 3º de la CCT; la segunda, la que continuó con la ESE José Prudencio Padilla, sin solución de continuidad, del 27 de junio de 2003 hasta el 1º de noviembre de 2004, fecha a partir de la cual la ESE le reconoció una pensión de jubilación; enfatizó que la anterior conclusión la estableció dada calidad alegada por la actora como trabajadora oficial.

Agregó que como el primer vínculo laboral se ejecutó con el ISS y se agotó la respectiva reclamación administrativa la competencia es de la jurisdicción laboral; bajo esa óptica, indicó el ad quem que estudiaría las reclamaciones originadas hasta el 26 de junio de 2003, toda vez que las obligaciones laborales derivadas a partir de dicha fecha, incluida la pensión de jubilación estarían a cargo de la ESE, por mandato del Decreto 1750 de 2003, conforme lo estableció la Corte Constitucional en Sentencia C-314 de 2004. Luego de analizar las pruebas obrantes en el proceso —documentos reflejan los pagos de salario— correspondientes al periodo laborado con el ISS dedujo que de aquellos no se extraían los reajustes y reliquidaciones convencionales que alegó la demandante no le fueron cancelados, trayendo como consecuencia la absolución de dichas pretensiones, incluida la reclamación por reajuste pensional al dar por demostrado en el proceso que la pensión fue estructurada, en mayo de 2004, cuando la demandante ya no laboraba con el ISS sino con la ESE José Prudencio Padilla —entidad a la cual le correspondió el reconocimiento del derecho pensional—.

El ad quem previo a entrar al estudio las pretensiones derivadas de la relación laboral con la ESE, del 27 de junio de 2003 al 31 de noviembre de 2004, transcribió el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003; enfatizó que por regla general, dado el carácter especial de entidad pública descentralizada sus servidores son empleados públicos, salvo los que sin ser directivos desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales quienes serán trabajadores oficiales. De lo anterior concluyó que la actora incumplió con la carga de la prueba consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por no demostrar la condición que alegó de trabajadora oficial dentro de la estructura de la nueva entidad —a la que pasó sin solución de continuidad— e indicó que lo que sí quedó probado el trámite procesal es que la demandante se desempeñó como auxiliar de servicios asistenciales bajo la condición de empleada pública y que bajo dicha calidad le fue reconocida una pensión de jubilación, según da cuenta la Resolución 000944 expedida por la ESE. En consecuencia de lo anterior, el ad quem absolvió a la ESE de las pretensiones incoadas en su contra al no haber demostrado la actora su condición de trabajadora oficial; única posibilidad que tenía la demandante de que ésta jurisdicción profiriera condena en contra de aquella.

Entra la Corte al estudio de los cargos.

Ahora bien, al no haber sido materia de controversia en el proceso se dan por demostrado los siguientes supuestos: la actora laboró al servicio del ISS del 22 de setiembre de 1975 hasta el 26 de junio de 2003, como trabajadora oficial; pasó sin solución de continuidad a la ESE José Prudencio Padilla, laborando a su servicio desde el 27 de junio de 2003 hasta el 31 de octubre de 2004, en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales, como empleada pública; la ESE José Prudencio Padilla le reconoció a la señora Medrano de López una pensión de jubilación convencional por medio de la Resolución 000944, expedida el 26 de octubre de 2004, a partir del 1º de noviembre de 2004 (fls. 17 a 20); nació el 3 de mayo de 1954.

Debe indicar la Sala que no se equivocó el ad quem al concluir que la actora no tiene derecho al reajuste pensional deprecado a la luz del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo 2001-2004, suscrita por el ISS y su sindicato mayoritario, toda vez que su posición está a tono con lo asentado por esta corporación sobre los derechos de aquellos servidores que habiendo prestado sus servicios al ISS como trabajadores oficiales pasaron sin solución de continuidad a las ESE, bajo la condición de empleados públicos como consecuencia de la naturaleza jurídica de la nueva entidad.

Al punto esta corporación en sentencia CSJ SL, 23 jul. 2009, rad. 35.399 asentó en relación con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, en lo pertinente:

“De conformidad con el tenor literal del artículo trascrito, los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las ESE, se regirán por el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel nacional, lo que excluye la posibilidad de aplicar a estos servidores el régimen propio de los trabajadores oficiales que tenían antes de la escisión del Instituto de Seguros Sociales.

La Corte Constitucional para declarar inexequible la expresión o definición concerniente a lo que se debería entender por “derechos adquiridos” que contenía el citado artículo 18, según la Sentencia de constitucionalidad C-314 de 2004, en lo que interesa al recurso de casación, en esencia se fundó en lo siguiente:

“(...) Ya que la convención colectiva de trabajo es un sistema jurídico que rige contratos de trabajo determinados, es posible afirmar que, en lo que respecta a los trabajadores cobijados por ella, aquella es fuente de derechos adquiridos por lo menos durante el tiempo en que dicha convención conserva su vigencia. Por lo mismo, dado que la definición prevista en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003 deja por fuera los derechos derivados de las convenciones colectivas de trabajo por el tiempo en que fueron pactadas, aquella resulta restrictiva del ámbito de protección de tales derechos de conformidad con el contexto constitucional y, por tanto, debe ser retirada del ordenamiento jurídico.

De conformidad con lo dicho, esta corporación estima que la expresión (...) es inconstitucional por restringir el ámbito constitucional de protección de los derechos adquiridos, el cual, como se vio, trasciende la simple definición contenida en el artículo 18” (resalta y subraya la Sala) (sic).

De lo anterior se sigue, que la Corte Constitucional consideró que dentro de los “derechos adquiridos” que se debían respetar a quienes pasaran a ser empleados públicos de las empresas sociales del Estado, por razón de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, estaban también comprendidos aquellos que se derivaran de la convención colectiva de trabajo, pero lógicamente que se tratara de situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 1750 de 2003, los cuales debían cubrirse hasta por el tiempo en que fueron pactados.

Además, nótese que la mencionada motivación, cuando se refiere a quienes están cobijados por la convención colectiva, alude exclusivamente a los “trabajadores” para el caso oficiales, y por consiguiente lo resuelto por esa alta corporación no puede conllevar a que se entienda que dichos servidores o empleados públicos de las ESE se puedan beneficiar de ahí en adelante indistintamente de prerrogativas convencionales y menos sobre derechos que no se causaron cuando estos ostentaban la condición de trabajadores oficiales.

Bajo esta órbita, la vigencia del convenio colectivo de trabajo en relación a quienes por mandato legal se les cambio la naturaleza del vínculo laboral, y frente a derechos no adquiridos ni consolidados, no va más allá del momento en que mutaron de trabajadores oficiales a empleados públicos.

Adicionalmente, es pertinente precisar, que como no es factible jurídicamente aplicarle a un empleado público una norma convencional, máxime que la fuente legal de esta clase de derechos que lo es el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, se refiere expresamente a que las condiciones a fijar regirán son los “contratos de trabajo”; se colige que los empleados públicos de la empresa social del Estado Rafael Uribe Uribe, que a partir de la escisión del ISS que se produjo el 26 de junio de 2003 dejaron de estar vinculados por una relación contractual laboral, como ocurrió con la demandante, no pueden beneficiarse de la convención colectiva de trabajo; salvo que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, se trate de un derecho adquirido ya sea legal o convencional que se hubiera consolidado con antelación a la escisión del Instituto de Seguros Sociales y bajo la condición de trabajadora oficial; que no sería el caso del reconocimiento o reliquidación de la pensión de jubilación implorada en esta litis en los términos del artículo 98 convencional, por haberse causado el derecho como atrás se dijo el 16 de diciembre de 2004 siendo la accionante empleada pública.

Por consiguiente, tratándose de un empleado público de las ESE, los derechos consolidados o causados después de la entrada en vigencia del tantas veces mencionado Decreto 1750 de 2003, no es dable otorgarlos teniendo como fuente la convención colectiva de trabajo.

Finalmente, en lo que incumbe a la Sentencia de exequibilidad C-349 del 20 de abril de 2004, cabe decir que por virtud de que la misma se remite a lo expuesto en la Sentencia C-314 de 2004, sirven las mismas consideraciones para estimar que el respeto de los derechos adquiridos que allí se mencionan, se concibe en los términos antes expresados”.

De lo anterior se deriva que la demandante no puede pretender la reliquidación de su pensión de jubilación, fundamentando su petición en el artículo 18 del Decreto 1750 de 2003, dado que a la fecha de la escisión del ISS, 26 de junio de 2003, no había estructurado aún su derecho pensional, bajo la calidad de trabajadora oficial, toda vez que cumplió la edad exigida —50 años— hasta el 3 de mayo de 2004, cuando ya estaba al servicio de la ESE José Prudencio Padilla, como empleada pública, y bajo esas condiciones no estaba habilitada para reclamar la aplicación de la convención colectiva, porque esta no regula los derechos de los empleados públicos.

Por las razones antedichas el cargo no prospera.

X. Cargo tercero

Acuso la sentencia de violar la ley sustancial por la vía indirecta en el concepto de aplicación indebida del artículo 51, 60 y 61 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social a consecuencia del error manifiesto en que incurrió el fallador de segunda instancia.

El quebrantamiento de las normas atrás anotadas fue como consecuencia del error de hecho en que se incurrió en la sentencia de segunda instancia que fueron los siguientes:

1. No dar por demostrado estándolo, que a la señora Ruby Amada Medrano de López, las entidades demandadas no le pagaron los derechos convencionales, enlistados en las demanda del literal a) al o) (fls. 2 y 3) de la misma.

2. No dar por demostrado estándolo, que a la señora Ruby Amada Medrano de López, le reclamo por escrito el 1º de abril de 2005, a las entidades demandadas el pago de los derechos convencionales, indicados inmediatamente anterior.

3. No dar por demostrado estándolo, que a los apoderados de la señora Ruby Amada Medrano de López, el Seguro Social le contesto (sic) el 21 de abril de 2009, diciéndoles de una parte, que los derechos convencionales reclamados, los debía pagar la ESE José Prudencio Padilla y que en cuanto a la dotación de vestido de labor no había lugar a ella por encontrarse prescrita.

4. No dar por demostrado estándolo, que en los pagos de salarios de los meses de febrero, marzo y junio de 2003, no aparecen pagados por el ISS, los derechos convencionales reclamados, a la demandante.

5. No dar por demostrado estándolo, que en los pagos de salarios de los meses de: Julio (sic), septiembre, octubre de 2003 y enero de 2004, no aparecen pagados por la ESE José Prudencio Padilla, los derechos convencionales reclamados, a la demandante.

6. No dar por demostrado estándolo, que a la señora Ruby Amada Medrano de López, no le fueron liquidados ni pagados los derechos convencionales reclamados, en la cesantía definitiva.

7. No dar por demostrado estándolo, que en la nómina de personal no aparece los pagos convencionales solicitados.

Los anteriores protuberantes errores de hecho, llego el sentenciador por la falta de apreciación de las siguientes pruebas:

*Los derechos convencionales reclamados, aparecen enlistados en la demanda, de los numerales a) a o), de los (fls. 2 y 3).

— Peticiones hechas por los apoderados de la demandante, hechas las entidades demandadas, reclamando los derechos convencionales (fls. 9 a 14).

* Contestación de fecha 20 de abril de 2005 del ISS, a los apoderados de las demandadas, indicándole que los derechos convencionales reclamados, los debe pagar la ESE José Prudencio Padilla (fls. 15 y 16).

* En la nómina de pagos de salarios de los meses de febrero, marzo y junio de 2003, no aparecen pagados por el ISS, los derechos convencionales reclamados, por la demandante (fls. 23, 24 y 27).

* En la nómina de pagos de salarios de los meses de: julio, septiembre, octubre de 2003 y enero de 2004, no aparecen pagados por la ESE José Prudencio Padilla, los derechos convencionales reclamados, a la demandante (fls. 25, 26, 29 y 30).

* Liquidación de cesantía definitiva (fls. 302 y 303).

* En la nómina de personal elaborada el 30 de diciembre de 2004 de la demandante no se hace relación en dicha lista de los derechos convencionales solicitados (fls. 304 a 316).

Demostración:

1. La sentencia de segunda instancia, demandada aquí totalmente no valoro las siguientes pruebas:

* La respuesta dada por el Seguro Social el 20 de abril 2005, ante el reclamo de los derechos convencionales, donde dice el ISS que le corre traslado a la ESE José Prudencio Padilla que es la entidad competente para resolver sobre el asunto como último empleador de la demandante, porque dicha entidad asumió su reconocimiento y pago, por cuanto ella quedo automáticamente incorporados a la ESE José Prudencio Padilla donde se cumplían los requisitos previsto en la convención colectiva de trabajo. Que todas las reclamaciones deben hacerse ante esta entidad y que las causadas con anterioridad al 26 de junio de 2003 serán pagadas por el Instituto de Seguro Social.

* La nómina de personal que obra de los folios 304 a 316, que relaciona los pagos hechos a la demandante desde febrero de 2003, no aparece los derechos reclamados por la demandante de la convención colectiva de trabajo.

De haberse tomado en cuenta, las pruebas aquí señaladas el tribunal habría concluido de manera diferente a como lo hizo.

2. En la sentencia de segunda instancia, no se valoró correctamente las siguientes pruebas:

* Examinados uno a uno de los derechos convencionales reclamados, folios 3 y 4 de la demanda, de los pagos y deducciones de nómina de los meses de febrero, marzo y junio de 2003 (fls. 23, 24, 27 y 31), con toda nitidez se concluye que estos derechos convencionales nunca fueron pagados por el ISS. Similar conclusión a la anterior se establece de los folios 29 y 30, en el sentido de que la ESE José Prudencio Padilla tampoco pago dichos derechos convencionales.

Estos documentos evidencian que ninguna de las dos entidades pago en principio los meses de que da cuenta los derechos convencionales solicitados en el capítulo de declaraciones y condenas de la demanda, además como lo acepta el mismo Instituto de los Seguros Sociales en su respuesta a dicha petición, de no haberlos pagado y que ello correspondía a la ESE José Prudencio Padilla.

Contrario a lo pregonado en la sentencia de segundo grado aquí cuestionada, las pruebas aquí relacionadas no fueron valoradas, en el exacto contenido que ellas contienen, pues, de ellas infiere que los derechos convencionales no fueron pagados por las demandadas.

De haberles dado el exacto sentido de sus contenidos el tribunal hubiese concluido favorablemente a las pretensiones de la demanda.

Por las anteriores consideraciones el cargo está llamado a prosperar de acuerdo al alcance de la impugnación.

XI. Consideraciones de la Corte.

Advierte la Sala en la formulación del cargo un problema insuperable de orden técnico, por cuanto invoca la vía indirecta, sin acusar dentro de la proposición jurídica o la demostración del mismo como norma infringida alguna sustantiva del orden nacional que soporte los derechos controvertidos, pues la recurrente solo se limita a enlistar los artículos 51, 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, los que no tienen naturaleza sustancial, toda vez que no crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales, o sin que de aquellos se puedan concretar los derechos pretendidos en la controversia judicial.

Por lo anterior se desestima el cargo.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 3’150.000. Por secretaría tásense las demás costas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2009, por la Sala Laboral de Descongestión del tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso ordinario laboral seguido por Ruby Amada Medrano de López contra el Instituto de Seguros Sociales, en liquidación, y la empresa social del Estado José Prudencio Padilla.

Costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».