Sentencia SL702-2017/73546 de enero 25 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL702-2017

Radicación 73546

Acta 2

Magistrado ponente

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso extraordinario de anulación interpuesto por el apoderado de la empresa Comercializadora Internacional Santandereana de Aceites SAS, C.I. Saceites SAS, contra el laudo arbitral proferido el 25 de junio de 2015 y aclarado el 5 de octubre del mismo año, dentro del conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal, y la sociedad recurrente.

I. Antecedentes

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal, presentó pliego de peticiones el 4 de septiembre de 2012 ante la empresa Comercializadora Santandereana Internacional de Aceites, C.I. Saceites SAS, que dio origen a un proceso de negociación colectiva. Una vez agotada la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran llegado a algún acuerdo, el Ministerio del Trabajo, a través de las resoluciones 836 de 1º de abril de 2013, 4313 de 30 de septiembre de 2014 y 766 de 3 de marzo de 2015, constituyó e integró un tribunal de arbitramento obligatorio, con el fin de que resolviera definitivamente el diferendo colectivo suscitado entre las partes.

Luego de haber sido instalado el tribunal el 5 de mayo de 2015, el día 25 de junio de 2015 fue proferido el laudo arbitral que hoy es objeto de impugnación, el cual fue aclarado el 5 de octubre de la misma anualidad (fls. 273-287 y 341-342, cdno. ppal.).

II. El laudo arbitral

Para los fines que interesan a la definición del recurso extraordinario de anulación, el tribunal resolvió, entre otros, los siguientes aspectos:

(...).

RESUELVE:

(...).

ART. 2º—Auxilio sindical.

La empresa dará a Sinaltrainal mensualmente una suma equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 3º—Permisos remunerados.

I) Permisos remunerados

A partir del presente laudo, la empresa reconocerá a los trabajadores los siguientes permisos remunerados en las fechas relacionadas a continuación:

I) Permiso para Navidad y para 31 de diciembre.

(...).

II) Remuneración para otros festivos.

(...).

d) Jueves Santo. En caso de que se labore, se liquidará como dominical sin compensatorio independientemente que les corresponda o no ese día descansarlo. En el evento en que la empresa decida que no se labore se remunerará como un dominical con compensatorio más las horas extras y recargos nocturnos que hubiesen causado ese día.

e) Viernes Santo. Ese día no se labora. Se remunerará como un dominical con compensatorio más las horas extras y recargos nocturnos que se hubiesen causado ese día.

Cuando se presente un día festivo entre semana y para el caso concreto de los trabajadores del departamento de producción, en razón a sus turnos preestablecidos y sin solución de continuidad, les puede corresponder laborarlo o tomarlo como día de descanso obligatorio, se liquidará en el primer caso, como dominical sin compensatorio y en el segundo caso, como un dominical con compensatorio.

III) Permiso por muerte de un familiar

En el evento en el que las exequias del cónyuge, hijos, progenitores, abuelos, hermanos y suegros se realicen fuera del departamento de Santander se otorgarán dos días calendario adicional a lo que otorga la ley de luto.

(...).

ART. 8º—Aumento de salarios.

A partir del primero (1) de enero de 2016, a los trabajadores beneficiarios del presente laudo, el salario básico se incrementa en una suma equivalente al porcentaje de aumento que decrete el Gobierno Nacional al salario mínimo legal mensual vigente más un punto (salario básico + 1).

IV. Recurso de anulación

Fue interpuesto por la empresa y concedido por el tribunal. Esta Sala avocó el conocimiento del asunto y ordenó correr traslado a la organización sindical que presentó escrito de oposición (fls. 5-6, cdno. ppal.).

En la fundamentación del recurso extraordinario, la empresa recurrente aduce que el laudo arbitral fue emitido por fuera del término legalmente establecido para ello, por cuanto el tribunal fue instalado el 5 de mayo de 2015 y solicitó una prórroga para fallar de treinta (30) días, lo cual implicaba que emitiera la decisión hasta máximo el 19 de junio de 2015, término que no se tuvo en cuenta, pues el laudo fue proferido tan solo hasta el 25 de junio de la misma anualidad, esto es, 4 días después de finalizado el plazo legal.

Adicionalmente, resalta que, a pesar de que los árbitros solicitaron al Ministerio del Trabajo una nueva prórroga para fallar por la incapacidad de la Doctora María de la Luz Arbeláez, dicho ente no concedió tal autorización, ni las partes firmaron algún documento que permitiera extender el plazo para emitir el laudo, circunstancia que impone su anulación integral, al haberse proferido por fuera del tiempo legalmente establecido para ello.

De igual forma, aduce que los literales e) y d) del numeral 2º de la petición 5, así como el numeral 3º y el punto 30 configuran una evidente inequidad, al establecer beneficios superiores a los consagrados en el pacto colectivo celebrado con los propios trabajadores, tal como se sostuvo en la Sentencia SU-569 de 1996 de la Corte Constitucional, por lo que debe brindarse el mismo trato a todos los asalariados que se hallen en el mismo contexto laboral.

Precisa que lo dispuesto sobre Jueves y Viernes Santo no tuvo en cuenta las normas legales establecidas para su reconocimiento y se procedió sin más a consagrarlos como si se tratara de un dominical con día compensatorio, cuando el artículo 179 del CST dispone que los días festivos se deben reconocer como si se tratara de un domingo ocasional, es decir, con el 75% de recargo o un día compensatorio, a elección del trabajador. Además, alega que el tribunal consagró un beneficio superior al establecido en el pacto colectivo, generando inequidad y desigualdad entre los trabajadores.

Frente al permiso por fallecimiento de un familiar, resalta que en el pacto colectivo únicamente se reconoce un día adicional para los trabajadores que deban viajar fuera de Santander, de suerte que los árbitros dispusieron una mayor garantía a la que tenían todos los trabajadores, en desconocimiento de lo pregonado por la Corte Constitucional en la sentencia atrás referida.

Señala que el auxilio sindical impuesto por el tribunal, en cuanto que la empresa tiene que pagar al sindicato la suma mensual de dos (2) salarios mínimos legales vigentes, genera un grave perjuicio económico, pues constituye un beneficio superior al que se puede reconocer debido a la situación económica de la empleadora, dado que se produce un sobrecosto, máxime que el sindicato solo cuenta con 8 afiliados de los 91 trabajadores que tiene la compañía y que la decisión de los árbitros debe tomarse con base en la equidad y teniendo en cuenta la situación de las partes, tal como se sostuvo por esta Sala de la Corte en las sentencias CSJ SL, 26 feb. 2014, rad. 59713 y CSJ SL, 2 may. 2012, rad. 53128.

Finalmente, aduce que el tribunal dispuso un incremento salarial desde el 1º de enero de 2016, sin analizar la situación de otros grupos de trabajadores, que habían logrado aumentos inferiores, lo cual conduce a una abierta inequidad en detrimento de los postulados de la Corte Constitucional y de esta corporación, tal como los sostenidos en la sentencia CSJ SL, 4 nov. 2009, Rad. 42666, además de que constituye una obligación que la empresa no puede asumir en razón de sus condiciones económicas y financieras.

V. Oposición

La organización sindical manifiesta que si bien el laudo debía ser emitido el 19 de junio de 2015, lo cierto es que ello no sucedió debido a que la Doctora María de la Luz Arbeláez, árbitro designado por la empresa y residente en la ciudad de Bogotá, se comunicó con los restantes falladores para decir que, por motivos de salud, no podía viajar a Bucaramanga, pues se encontraba incapacitada por 5 días, de manera que si existió un incumplimiento fue de parte de la citada, quien sistemáticamente omitió sus obligaciones. Agrega que lo decidido por los árbitros se ajusta a sus competencias y es equitativo.

VI. Consideraciones

La función de esta corporación, en sede del recurso extraordinario de anulación, de conformidad con el artículo 143 del CPT y de la S.S., se limita a verificar la regularidad del laudo arbitral, proferido con ocasión de un conflicto colectivo de intereses, así como a corroborar que aquel no haya extralimitado el objeto para el cual fue convocado o que no haya vulnerado derechos o facultades constitucionales, legales o convencionales consagrados a favor de cualquiera de las partes o que no contenga cláusulas abiertamente inequitativas para estas. De igual forma, cuando los árbitros tienen competencia para definir algún aspecto y no lo hacen declarándose inhibidos, podrá la Sala devolver el expediente a fin de que efectúen el pronunciamiento correspondiente.

En la Sentencia SL17703-2015, sobre el papel de la Corte, en sede del recurso extraordinario de anulación, se asentó:

El artículo 143 del CPT y S.S. prevé:

ART. 143.—D. 1818/98, art. 195. Homologación de laudos de tribunales especiales. El laudo que profiera un tribunal especial de arbitramento, cuando el arbitraje fuere de carácter obligatorio, será remitido con todos sus antecedentes al Tribunal Supremo del Trabajo (hoy Sala Laboral de la Corte Suprema), para su homologación, a solicitud de una de las partes o de ambas, presentada dentro de los tres días siguientes al de su notificación. El tribunal, dentro del término de cinco días, verificará la regularidad del laudo y lo declarará exequible, confiriéndole fuerza de sentencia, si el tribunal de arbitramento no hubiere extralimitado el objeto para el cual se le convocó, o lo anulará en caso contrario.

Si el tribunal hallare que no se decidieron algunas de las cuestiones indicadas en el decreto de convocatoria, devolverá el expediente a los árbitros, con el fin de que se pronuncien sobre ellas, señalándoles plazo al efecto, sin perjuicio de que ordene, si lo estima conveniente, la homologación de lo ya decidido.

A partir de una lectura de esa disposición pueden derivarse tres (3) actuaciones que le corresponde adelantar a esta Sala de la Corte al momento de resolver un recurso de anulación: (I) declarar exequible el laudo, confiriéndole fuerza de sentencia o, lo que es lo mismo, no anularlo; (II) anularlo cuando aparezca fundado un motivo de invalidez; (III) devolver el expediente al tribunal cuando los árbitros hayan omitido decidir sobre algunos puntos para los cuales fueron convocados.

De la mano con esas tres posibilidades de orden legal en las que puede desembocar el resultado el recurso, y de forma muy excepcional, la jurisprudencia de esta corporación, en aras preservar la voluntad de los árbitros y, en esa medida, salvaguardar el arbitraje como uno de los medios eficaces y óptimos para la solución de los conflictos colectivos, ha aceptado la viabilidad de introducir (IV) “(...) precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa” (CSJ SL, 15 may. 2007, rad. 31381). Con ello, se busca conservar el contenido esencial de algunas cláusulas, mediante la precisión, modificación o aclaración de algunas notas o frases que, de no existir, hacen que la disposición sea perfectamente rescatable.

Evidentemente, para que ello sea así, debe existir un pronunciamiento positivo de los árbitros respecto a algún punto del pliego de peticiones, que, en aras de su asepsia, la Corte pueda entrar a condicionar o modular para despojarlo de los elementos que lo hacen abiertamente inequitativo o ilegal.

De esta forma, el abanico de decisiones que puede adoptar la Corte al resolver el recurso de anulación es un tanto restringido, pues se contrae a esas tres posibilidades (anula, no anula o devuelve) y a una cuarta muy excepcional (condiciona o modula). Por las mismas razones, no podría entrar a anular una cláusula y a continuación, dictar una decisión de reemplazo, dado que su competencia, por disposición legal, se agota en la anulación.

Al respecto, en Sentencia CSJ SL13016-2015, esta Sala explicó:

(...) la competencia de la Corte se contrae a (i) invalidar una determinada decisión cuando exhiba un motivo de anulación o (ii) declararla exequible en caso contrario; o (iii) a devolver el expediente a los árbitros cuando hayan omitido pronunciarse respecto de un punto sobre el cual se encuentren en el deber de hacerlo. Pero en definitiva no tiene atribuciones para dictar un fallo de reemplazo, sustituyendo el deber de los árbitros de decidir en equidad.

Siendo ello es así, es de advertir que el recurso de anulación propuesto por la organización sindical no puede tener éxito, puesto que, en últimas, lo que se persigue con él es que esta Sala, por vía del recurso extraordinario, anule parcialmente unas disposiciones del laudo y conceda unos auxilios y beneficios no reconocidos expresamente por el tribunal de arbitramento.

Bajo el anterior marco, la Corte se pronunciará sobre cada uno de los puntos objeto de inconformidad expuestos por la sociedad recurrente en el recurso de anulación, en el orden propuesto, así:

i) Emisión extemporánea del laudo arbitral

De conformidad con la normatividad que regula el arbitramento en materia laboral, el tribunal que resuelve conflictos colectivos de intereses debe emitir el laudo arbitral dentro del término de diez (10) días contados desde su integración y, en todo caso, las partes pueden ampliar este plazo, tal como se encuentra previsto en los artículos 459 del Código Sustantivo del Trabajo y 135 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

A la luz de estas disposiciones legales, la jurisprudencia de esta corporación ha logrado extraer tres reglas que permiten predicar la validez de un laudo arbitral, a saber, i) que la decisión del tribunal de arbitramento debe ser emitida dentro de los diez (10) días contados desde su integración; ii) que este plazo puede ser ampliado por las partes en conflicto y, en el caso de los arbitramentos obligatorios, esta facultad también reside en el Ministerio del Trabajo; y iii) que la solicitud de prórroga o ampliación debe ser presentada antes de la expiración del plazo inicial o de una prórroga previa aun cuando la concesión se efectúe después del vencimiento de dicho término.

Asimismo, esta Sala ha sostenido que el cumplimiento de los mencionados términos o plazos para emitir el laudo resulta trascendental para predicar la plena competencia de los árbitros a la hora de decidir la controversia y que, en caso de una omisión o inadvertencia, la decisión será extemporánea, lo cual afectará necesariamente su validez.

En la Sentencia CSJ SL, 2 may. 2012, rad. 53128, la Sala sostuvo:

“Lo anterior quiere decir, que el laudo arbitral ha de proferirse dentro del término de los diez (10) días que estatuyen dichos preceptos legales o dentro de la prórroga que convengan las partes. Debe aclararse, que tratándose de arbitramentos obligatorios, como en este caso ocurre, esa facultad de ampliar el plazo para decidir, también la tiene el Ministerio de la Protección Social. Vencidos estos plazos, cesa la misión arbitral y el laudo extemporáneo carece de validez por incompetencia de jurisdicción.

La Sala en sentencia del 15 de septiembre de 2009 radicado 40817, sobre esta temática, puntualizó lo siguiente:

“(...) Esta corporación, en desarrollo del artículo 135 del Código de Procedimiento Laboral, de tiempo atrás clarificó el asunto aquí propuesto. Mediante fallo de 5 de noviembre de 1992, Rad. 5651, precisó:

“En cuanto al término para proferirse el laudo, se tiene:

“a) Debe ser dictado dentro de los diez días contados desde la integración del tribunal.

“b) El plazo puede ser ampliado por las partes en conflicto y tratándose de arbitramentos obligatorios, que es el caso, esa facultad también la tiene el Ministerio de Trabajo.

“c) La solicitud de prórroga o ampliación debe ser presentada antes de la expiración del plazo inicial o de una prórroga previa, aun cuando la concesión se haga después del vencimiento de dichos términos.

“Con el cumplimiento de estos requisitos se estima que un laudo arbitral no adolece del vicio de la extemporaneidad y no afecta, por lo tanto, uno de los presupuestos procesales comunes como lo es de la competencia.

“Esta Sala de la Corte en sentencia de homologación del 20 de agosto de 1970 se expresó así:

“Por ser la actividad de los árbitros, dentro de los conflictos laborales colectivos sujetos a su decisión, una actividad que no es permanente, sino transitoria y ocasional, ella está condicionada a que el pronunciamiento de sus fallos se haga no en cualquier tiempo sino dentro de las precisas circunstancias de temporaneidad rigurosamente establecidas en la ley. Así, si el tribunal arbitral se convoca, integra y constituye debidamente y si pronuncia el fallo, además, en la oportunidad legal, habrá obrado entonces con plenitud de jurisdicción, sin que pueda dudarse entonces de su competencia al dirimir el conflicto” (G. J., CXXXV, 427)”.

“Y con anterioridad la corporación había consignado esta enseñanza:

“En relación a la jurisdicción y competencia de los árbitros en los conflictos laborales, los artículos 459 del Código Sustantivo del Trabajo y 135 del Código de Procedimiento Laboral disponen que ellos deben proferir el fallo dentro del término de diez (10) días, contados desde la integración del tribunal, plazo que es susceptible de ser prorrogado o ampliado siempre que la solicitud de prórroga se haga antes de expirar el plazo preclusivo que la ley concede al tribunal para pronunciar su fallo (G. J., tomo 127, pág. 52)”.

Siguiendo las directrices precedentes, la solicitud para ampliar el término legal en comento, debe ser presentada antes de la expiración del plazo inicial o de una prórroga previa, además contar con la autorización de las partes o del Ministerio de la Protección Social cuando se trate de un arbitramento obligatorio, que son quienes están facultados por la ley para conceder esos plazos”.

En el caso objeto de estudio, la Sala encuentra que, tal como lo aduce la empresa recurrente, el laudo impugnado fue proferido por fuera del término previsto en los artículos 459 del CST y 135 del CPT y de la S.S., por lo que el tribunal carecía de competencia para emitirlo, tal como pasa a explicarse.

De conformidad con los folios 1- 4 del cuaderno principal, el tribunal de arbitramento, convocado por el Ministerio del Trabajo para resolver el conflicto colectivo suscitado entre la Comercializadora Internacional Santandereana de Aceites SAS, Saceites SAS, y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sintrainal, fue instalado el día 5 de mayo de 2015 y, ese mismo día, solicitó a las partes una prórroga de treinta (30) días “calendario”, por escrito, contados a partir del 19 de mayo de 2015, “en atención a lo extenso de los documentos”, de manera que la prórroga fue solicitada por el tribunal en debida forma, en los términos de la jurisprudencia transcrita, esto es, antes del vencimiento de los diez (10) días iniciales para fallar, contemplados en el artículo 459 del CST, pues estos finalizaban el 18 de mayo de 2015, no obstante que la misma fue aprobada de común acuerdo solamente hasta el 20 de mayo de la misma anualidad, al momento de la celebración de la audiencia, tal como consta a folios 12 a 16 y 71 y 72 del cuaderno principal.

De todas formas, es de resaltar que la extemporaneidad del laudo arbitral surge del hecho de que la empresa y el sindicato concedieron al tribunal un término de treinta (30) días calendario, contados desde el 19 de mayo de 2015, tal como fue peticionado por los propios falladores, por lo que, tal como lo aduce la recurrente, el vencimiento de la prórroga se dio el 17 de junio de 2015, de donde se concluye que, al haber los árbitros emitido el laudo el 25 de junio, efectivamente carecían de competencia para resolver la controversia suscitada entre las partes, pues había que respetar su manifestación de voluntad en cuanto a que se trataba de treinta (30) días calendario y no hábiles, la cual fue expresa, clara y unívoca.

Bajo el anterior panorama, se impone que como los falladores carecían de competencia para emitir la decisión, pues, para el momento en que lo hicieron, ya estaba vencido el plazo otorgado por las partes, es por lo que la Corte debe anular, al haber sido proferida con ausencia total de competencia, tal como lo hizo en la providencia CSJ SL, 16 jun. 1995, Rad. 7965, en la que asentó:

“Es así entonces como en esta perspectiva compete a la Corte examinar si los árbitros evacuaron su encargo en el espacio de tiempo que la ley les concede para el efecto, según los claros términos del artículo 459 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo contenido es el siguiente: “Los árbitros proferirán el fallo dentro del término de diez (10) días contados desde la integración del tribunal. Las partes podrán ampliar este plazo.

Ha explicado también repetida e inveteradamente esta Sala de la Corte que el dicho término se cuenta desde la instalación del tribunal de arbitramento, puesto que solo a partir de ese momento puede asumir el estudio del tema sometido a su decisión. En efecto, entre otros muchos pronunciamientos sobre el particular, dijo la Corte en sentencia de homologación del 21 de septiembre de 1972:

“... esta corporación ha sostenido como también lo sostuvo el Tribunal Supremo del Trabajo que los diez días de que habla el artículo 459 del Código Sustantivo del Trabajo deben contarse a partir de la instalación del tribunal de arbitramento, porque es en esa fecha cuando en realidad se ha producido su integración con la presencia conjunta de todos los árbitros y que el Ministerio de Trabajo está facultado para conceder la prórroga, por ser esta entidad la que convoca a los tribunales de arbitramento obligatorio. No encuentra la Sala convincentes los argumentos del recurrente para se(sic) varíe la jurisprudencia sobre el particular, que fue calificada en providencia del veinte de agosto de mil novecientos setenta, dictada en el recurso de homologación en el cual fueron parte la Clínica Bogotá S.A. y su sindicato de trabajadores. Dijo así esta corporación:

“... Por tratarse de un acto jurídico complejo, en efecto, la resolución ministerial que designa los árbitros inicia apenas la etapa de integración; producida la resolución, ella puede ser materia de impugnación; una vez en firme, los miembros del tribunal han de ser notificados, deben manifestar su aceptación o rechazo, pueden ser recusados por las partes y están obligados a tomar posesión del mandato; y en últimas deben instalarse formalmente, momento en el cual termina realmente el acto de integración y comienza a contarse, el plazo que tienen los árbitros para emitir su fallo. La Corte reafirma así, con este sentido y alcance, lo que una antigua doctrina suya había expresado en síntesis: “No basta que los árbitros acepten y tomen posesión de sus cargos para que se entiende integrado el tribunal de arbitramento, sino que es preciso que este se instale, mediante la reunión de la totalidad de sus miembros” (...).

Por último, de que proferir el laudo los árbitros por fuera del término legalmente señalado, en las condiciones ya vistas, o dentro de una prórroga pedida, una vez vencido el mismo término produce nulidad absoluta, sí que ha sido abundante la jurisprudencia de esta corporación, por vía de ejemplo se citan solo estas.

En la sentencia de homologación del 21 de febrero de 1957 se dijo:

(...).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA SIN VALIDEZ EL LAUDO RECURRIDO.

Vistas así las cosas, por sustracción de materia, se hace innecesario el estudio de los demás reproches presentados por la empresa recurrente en contra del laudo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. ANULAR el laudo arbitral proferido el 25 de junio de 2015 y aclarado el 5 de octubre del mismo año dentro del conflicto colectivo suscitado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal, y la empresa Comercializadora Internacional Santandereana de Aceites SAS, C.I. Saceites SAS.

Cópiese, notifíquese y envíese el expediente al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.