Sentencia SL702-2018 de marzo 14 de 2018

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL702-2018

Radicación: 53721

Acta 006

Magistrado Ponente:

Dr. Omar de Jesús Restrepo Ochoa

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «IV. Recurso de casación

Interpuesto por el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(…).

VIII. Consideraciones

Le asiste razón a la réplica, en cuanto a los defectos de orden técnico en la demanda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con lo establecido en el artículo 87 ibídem, subrogado por el 60 del Decreto 528 de 1964, que la hacen inestimable.

Observa la Sala que, el alcance de la impugnación, entendiendo por tal el acápite del escrito de la demanda extraordinaria que denominó «petición», fue mal formulado, pues pretende el recurrente que se case la sentencia del ad quem, sin establecer si quiere la casación parcial o total de la misma, sin precisar qué aspira que se anule de la decisión, si todo o parte, ni qué pretende de la Sala como tribunal de instancia, en relación con la sentencia proferida por el a quo, esto es, que se confirme, se modifique o se revoque, limitándose a pedir que se le conceda el derecho solicitado en la demanda, lo que resulta insuficiente en el recurso extraordinario que es estrictamente rogado.

En el único cargo formulado, en su proposición jurídica, señaló el recurrente como norma sustancial violada una disposición que se encontraba derogada, para la fecha en la que pretendía le fuera aplicada; tratándose de una norma que según adujo, conservó vigencia en su caso, por virtud de una cláusula convencional, era el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, la disposición sustantiva de carácter nacional que debió necesariamente integrar la proposición jurídica.

En cuanto al concepto de infracción o modalidad de violación de la ley sustancial que endilgó el censor a la sentencia, se precisa que la interpretación errónea, solo es posible en la vía directa o jurídica, cuando el tribunal se equivoca en el ejercicio interpretativo de la norma aplicable, no en la vía indirecta por la que se encauzó el cargo, que cuestiona las conclusiones fácticas que incidieron en la decisión, y en la que, como se ha reiterado, la única modalidad con cabida, es la aplicación indebida, la que posteriormente también adujo, respecto al mismo precepto normativo, lo que se constituye igualmente en un desacierto cuando se formula en un mismo cargo.

Conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, subrogado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, tratándose de error de hecho «es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que éste aparezca de manifiesto en los autos», además, solo es motivo de casación cuando proviene de la falta de apreciación o de la apreciación errónea de una prueba calificada, esto es, un documento auténtico, una confesión o una inspección judicial; y dispone el literal b) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que «En caso de que se estime que la infracción legal ocurrió como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué clase de error se cometió».

Pese a la vía escogida, el recurrente no relacionó los errores de hecho en los que presuntamente incurrió el ad quem, la clase de error, en qué consistió, ni las pruebas calificadas que, por su falta de apreciación o equivocada valoración, lo hubiesen llevado a cometer tales yerros. Y no podría entender esta Sala que lo que pretendió fue formular el cargo por la vía directa, pues mezcló en su desarrollo aspectos fácticos y jurídicos, que también impedirían su estudio por esa vía.

Finalmente, advierte la Sala, además de los diversos errores técnicos ya enunciados, que en verdad el escrito presentado por el recurrente, más se asemeja a un alegato de instancia, que a una demanda extraordinaria de casación, la que debe sujetarse a las formalidades específicas previstas para su estimación, pues de ningún modo constituye una tercera instancia. Al respecto, en múltiples ocasiones se ha pronunciado esta corporación, en la Sentencia CSJ SL12326-2017, adujo:

Como lo ha expresado la Sala y se reitera, el recurso extraordinario de casación, no es una tercera instancia, ni admite argumentos en forma de alegatos de instancia; en Sentencia CSJ SL4281-2017, se precisó:

Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.

Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.

Se ha dicho con profusión que en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.

Resultan suficientes las razones expuestas para determinar la imposibilidad del estudio de fondo de la acusación y, en consecuencia, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 3.750.000), que se incluirán en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el quince (15) de diciembre de dos mil diez (2010), en el proceso promovido por DOMINGO RAFAEL PAPALEO VIVES contra la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. ESP - ELECTRICARIBE S.A. ESP.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»