Sentencia SL703-2017 de febrero 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL703-2017

Radicación: 66444

Acta 3

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil diecisiete.

Decide la Corte el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP, contra el laudo arbitral proferido el 5 de mayo de 2014, por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio convocado para dirimir el conflicto de trabajo suscitado entre la empresa recurrente y la ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, ASIEB.

I. Antecedentes

La ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, ASIEB, presentó un pliego de peticiones ante la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP - EEB, que dio origen a un proceso de negociación colectiva. Una vez agotada la etapa de arreglo directo, sin que las partes hubieran arribado a algún acuerdo, el Ministerio del Trabajo, mediante resoluciones 2596 de 2013, 5081 de 2013 y 816 de 2014, ordenó la constitución e integración de un tribunal de arbitramento para que estudiara y resolviera el conflicto colectivo.

Instalado el Tribunal de Arbitramento y prorrogado el término para fallar, previa autorización de las partes (fl. 28), el 5 de mayo de 2014 fue proferido el laudo arbitral (fls. 1 a 21).

II. Recurso de anulación

Lo interpuso la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP (fls. 22 a 25) y fue concedido por el Tribunal de Arbitramento, mediante providencia del 19 de mayo de 2014 (fl. 26).

En sustento del recurso, el recurrente transcribe el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo y un aparte del laudo impugnado, donde el Tribunal de Arbitramento afirmó que para decidir los puntos similares e idénticos del pliego de peticiones tendría como referente la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEB y Sintraelecol, «…pero sin estar obligado a los límites allí fijados». Luego, expone que de la simple comparación entre lo que dice la norma y lo que manifestaron los árbitros, se desprende que éstos «…extralimitaron sus funciones al otorgar derechos y prerrogativas por encima de las existentes…» en la aludida convención colectiva de trabajo y en el acta extraconvencional; que ello constituye una clara violación al derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, y al principio «a trabajo igual, salario igual», de que trata el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo; que los árbitros establecieron diferencias entre los ingenieros vinculados a la empresa recurrente «…por el simple hecho de pertenecer a organizaciones sindicales diferentes y con aquellos ingenieros que no se han afiliado a ninguna organización sindical dado que han hecho uso del sentido negativo del derecho fundamental a la libre asociación sindical.»

Manifiesta también que en el artículo 5º de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEB y Sintraelecol se pactó que los trabajadores que «…desempeñen funciones inherentes a los actuales cargos de gerente general, gerente, secretario general, jefe de oficina, asesor, coordinador de área, tesorero, contador y asistente…» no serían beneficiarios del acuerdo convencional, pero en el laudo arbitral impugnado no se transcribió esa limitación; que si un vicepresidente (antes gerente) es ingeniero y se afilia a la ASIEB, tendrá derecho a la aplicación de todos los beneficios del laudo arbitral, lo que constituiría una desigualdad material frente a otro vicepresidente (antes gerente) que no sea ingeniero; que lo mismo ocurre en relación con los trabajadores que han pactado salario integral, de acuerdo con el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que:

[…] no pueden recibir los beneficios de la convención colectiva de trabajo porque esos beneficios económicos hacen parte de su factor prestacional, pero en el laudo arbitral de forma expresa se determinó que los ingenieros (sic) con salario integral se le (sic) otorgan beneficios exclusivos y a (sic) los ingenieros sin salario integral recibirán otros beneficios, por lo que se materializa la desigualdad entre ingenieros afiliados a la organización sindical denominada ASIEB en razón a la modalidad salarial y con los demás ingenieros que no estén sindicalizados o que lo hayan hecho en la organización sindical denominada Sintraelecol.

Añade el impugnante que en el acta extra convencional 01 de 2011 se acordó sustituir las cláusulas sobre auxilios para educación, obsequio navideño y descuento del valor de consumo de energía por un auxilio familiar, préstamo de calidad de vida y auxilio para gastos del hogar y que, sin embargo, en el laudo arbitral se mantuvieron «…las normatividades sustituidas…», además del servicio médico a familiares en los términos del acuerdo extra convencional, «…pero con efectos retroactivos porque la condición para escoger entre la bonificación o los servicios médicos para familiares era ser beneficiario de la convención colectiva de trabajo al 11 de octubre de 2011 y para esa época, se estaba negociando el pliego de peticiones con ASIEB».

Dice, por otra parte, que el Tribunal de Arbitramento desconoció el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 89 de 2014, que prevé que «…en las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo…», al fijar la vigencia del laudo en dos años a partir de su expedición, «…sin tener en cuenta que la actual convención colectiva de trabajo vence el próximo 31 de diciembre de 2014».

Finalmente, dice:

En conclusión: El laudo arbitral es a todas luces violatorio del derecho fundamental a la no discriminación porque establece desigualdades materiales entre ingenieros con salario integral o sin él que pertenezcan a la organización sindical denominada ASIEB o porque no se han afiliado a ninguna organización sindical; así mismo, crea desigualdad entre profesionales porque la remuneración para un profesional no ingeniero es menor que para un ingeniero, dado que por tratarse de sindicato de gremio sólo pueden afiliarse los trabajadores que sean ingenieros.

Así mismo, dejó de aplicar el Decreto 89 de 2014 por medio del cual se reglamentan los numerales 2º y 3º del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo, que prescribe: …

Por auto del 16 de julio de 2014, esta corporación avocó el conocimiento del asunto y ordenó correr traslado a la ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, ASIEB, la que expuso las razones por las cuales se oponía a la prosperidad del recurso.

Posteriormente, mediante auto del 4 de noviembre de 2015, se ordenó oficiar a la secretaria del Tribunal de Arbitramento para que remitiera los actos administrativos que dispusieron su constitución e integración (fl. 47, cdno. de la Corte).

III. Oposición

Manifiesta la organización sindical opositora, en síntesis, que en el recurso de anulación no se mencionan concretamente los artículos del laudo que son materia de cuestionamiento, sino que, por el contrario, los reproches que se formulan son insuficientes y no se encuentran debidamente fundamentados; que el escrito mediante el cual se sustenta el recurso de anulación no es un ejemplo de claridad, pues se limita a señalar que la decisión arbitral afecta a quienes «…han hecho uso del sentido negativo del derecho fundamental a la libre asociación sindical…»; que si bien los artículos 141 y 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, subrogados por los artículos 193 y 195 del Decreto 1818 de 1998, no establecen unas reglas precisas sobre la forma en que debe interponerse el recurso de anulación, es claro que le corresponde al recurrente señalar, aunque sea en forma genérica, qué apartes del laudo impugna y manifestar las razones de inconformidad, pues de otra manera la Corte no podría identificar el verdadero alcance de la impugnación. En su apoyo reproduce apartes de una providencia de esta Sala de la Corte, que no identifica.

Aduce también que la manera genérica en la que está sustentado el recurso constituye un escollo, casi insalvable, para ejercer el derecho de defensa y contradicción, pues debe tenerse en cuenta que el laudo atacado consta de 42 artículos. Solicita que, en caso de que la Corte estudie de fondo el recurso, se declare exequible el laudo impugnado, por cuanto los árbitros no incurrieron en ninguno de los yerros que aduce el recurrente, pues al adoptar la decisión cuestionada analizaron la situación financiera de la empresa y no violaron el principio de igualdad.

IV. Consideraciones

En esencia, los reparos que la empresa recurrente le formula al laudo arbitral se circunscriben a los siguientes puntos: i) los árbitros concedieron derechos y prerrogativas superiores a los pactados en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEB y SINTRAELECOL, lo que viola el principio de igualdad; ii) se establecieron diferencias entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, lo que resulta discriminatorio; iii) se instituyeron beneficios convencionales para servidores que devengan salario integral, siendo que esta clase de servidores no pueden disfrutar de tales beneficios; iv) a los trabajadores con salario integral se les concedieron beneficios exclusivos que no tienen los servidores sin salario integral, lo que viola el principio de igualdad; y v) al fijarse una vigencia de 2 años para el laudo, «sin tener en cuenta que la actual convención colectiva de trabajo vence el próximo 31 de diciembre de 2014», se desconoce el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 89 de 2014.

En primer lugar, estima la Sala que le asiste parcialmente razón a la vocera judicial de la ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, ASIEB, en cuanto afirma que en el recurso de anulación no se ataca ninguna cláusula del laudo arbitral en forma concreta, de manera que se trataría de una acusación genérica.

La Corte ha considerado, en torno al tema, que:

…no basta con formular una acusación genérica, sin demostrar específicamente las situaciones concretas en las que el tribunal pudo incurrir con su laudo en tratos discriminatorios. Es decir, cuando el impugnante en la acción de anulación pretenda que se deje sin efecto alguna cláusula del laudo, por considerarla contraria al principio de igualdad y no discriminación y por tanto inequitativa, deberá demostrar que ella, efectivamente, entroniza un trato diferenciado que no se sustenta en motivos relevantes u objetivos.

El carácter extraordinario del recurso exige al impugnante demostrar fehacientemente las razones de su inconformidad, así como señalar los desaciertos del tribunal que vulneraron el sentido de justicia y equidad que deben orientar las relaciones entre empleadores y trabajadores, o la afectación de derechos o facultades reconocidos en la Constitución Política y en la ley, lo cual no se consigue con exponer un criterio personal o largas citas jurisprudenciales, como aquí ocurrió, y mucho menos trasladando la obligación de para[n]gón a la Corte (CSJ SL, dic. 4/2012, rad. 53118).

Sin embargo, de los señalamientos hechos por el recurrente contra la decisión es posible determinar, en algunos casos, a qué norma se refiere, de donde es procedente el estudio de fondo del recurso, en los siguientes términos:

1. Los árbitros concedieron derechos y prerrogativas superiores a los pactados en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEB y SINTRAELECOL.

Sobre este punto, estima la Sala que no existe ninguna razón, ni el recurrente la expone, para que el Tribunal de Arbitramento solo pudiera conceder derechos iguales o inferiores a los pactados en la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEB y Sintraelecol, máxime si se tiene en cuenta que los árbitros manifestaron que dicho acuerdo colectivo únicamente sería tomado como referente para decidir los puntos similares o idénticos del pliego, aclarando que el tribunal no estaría «…obligado a los límites allí fijados».

Si bien es cierto que esta corporación ha considerado que al adoptar la decisión arbitral, los árbitros deben tomar en consideración, cuando sea necesario, lo estipulado en otras convenciones o pactos colectivos existentes en el entorno laboral respectivo, ello no significa que necesariamente deban reproducir en forma idéntica el articulado de esos otros ordenamientos extralegales, de lo que es ejemplo la Sentencia CSJ SL, diciembre 4 de 2012, radicación 53118, donde se dijo:

De allí que, al momento de ejercer su papel, los árbitros deben tomar en consideración, cuando sea necesario, lo estatuido en otras convenciones o pactos colectivos, vigentes en el respectivo ámbito laboral. Así lo expresó esta corporación en su sentencia radicación 50995, del 28 de febrero de 2012:

“(…) los beneficios contenidos en una convención colectiva de trabajo que rigen en determinada empresa, pueden servirle de referencia o de parámetro a los árbitros en trance de solucionar un conflicto colectivo suscitado entre esa misma empresa y otro sindicato que en ella también funcione”.

Pero también, precisa la Corte, al tomar tal referencia los árbitros han de efectuar un juicio de igualdad, o sea, decidir teniendo en cuenta la prescripción fundamental contenida en el principio de igualdad y no discriminación. Ello no necesariamente significa que deban adoptar en el laudo exactamente las disposiciones de otros estatutos colectivos, sino que, luego de un examen cuidadoso de las peticiones consignadas en el respectivo pliego sometidas a su arbitrio, y de lo preceptuado sobre la materia en otros estatutos colectivos vigentes en el respectivo contexto laboral, diluciden si existe en juego un problema de igualdad —a la luz de los principios fundamentales ya señalados— y decidan —dentro de las posibilidades fácticas concretas, esto es, en forma ponderada—, de modo que en el laudo no se entronicen tratos discriminatorios, vale decir, tratamientos diferentes que no obedezcan a criterios objetivos. En otros términos, los tratos diferentes que se consagren en el laudo han de ser —se itera, mirando las características concretas— objetivos y debidamente justificados.

En estas condiciones, es claro que no existen razones para anular el laudo, por establecer derechos superiores a la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEB y Sintraelecol, máxime si se tiene en cuenta que el recurrente no indica con claridad cuáles fueron esos «…derechos y prerrogativas superiores…», de modo que, en este aspecto, el recurso de anulación resulta infundado.

2. Los árbitros establecieron diferencias entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

El reproche que en este tópico le hace el recurrente al laudo consiste en que se violó el derecho a la igualdad, en la medida en que se establecieron diferencias entre los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados.

Cumple señalar sobre el punto que precisamente la razón de ser del derecho de asociación y, por ende, de la negociación colectiva, es mejorar las condiciones de trabajo en los diferentes aspectos que la caracterizan. En efecto, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, al abordar el tema de la convención colectiva de trabajo, establece que ésta se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia, de manera que lo que contemple la ley en materia salarial y prestacional es apenas un mínimo que puede ser superado a través de la contratación colectiva.

Así las cosas, el argumento del recurrente se cae de su peso, pues la finalidad de la negociación colectiva es mejorar las condiciones de empleo que la ley prevé, sin que sea válido predicar por esa razón el trato discriminatorio que pregona la censura.

3. Beneficios convencionales para trabajadores que devengan salario integral.

En el recurso no se ataca en concreto alguna cláusula del laudo arbitral, aunque como el recurrente cuestiona, entre otras cosas, que se hubieran otorgado beneficios extralegales a los trabajadores con salario integral, podía entenderse que se refiere a los artículos 21 y 22 del laudo, que son los que reconocen tales privilegios.

En las referidas cláusulas vigésimo primera y vigésimo segunda del laudo impugnado se establecen algunos beneficios exclusivos para los ingenieros que devengaran salario integral, así:

VIGÉSIMO PRIMERO: BENEFICIOS PARA INGENIEROS CON SALARIO INTEGRAL: La empresa dará a los ingenieros con salario integral los siguientes beneficios: préstamo de vivienda, seguro de vida y accidentes, medicina familiar, vacaciones, préstamos por calamidad y pago diferencia del valor de la incapacidad (…).

VIGÉSIMO SEGUNDO: AUXILIO POR DISPONIBILIDAD: La empresa reconocerá un auxilio especial a aquellos ingenieros que deban estar disponibles el fin de semana completo para atender la operación del servicio. Este auxilio se pagará en el mes siguiente y equivaldrá a medio (1/2) salario mínimo legal mensual por cada fin de semana en esta condición. (…)

CUADRAGÉSIMO: Los beneficios consagrados en el capítulo quinto del laudo, esto es, los numerales VIGÉSIMO PRIMERO y VIGÉSIMO SEGUNDO, se aplicarán exclusivamente a los ingenieros vinculados a la Empresa con remuneración mediante salario integral.

La empresa recurrente controvierte estas disposiciones con el argumento de que los trabajadores que devengan salario integral «…no pueden recibir los beneficios de la convención colectiva de trabajo porque esos beneficios económicos hacen parte de su factor prestacional». Agrega, en ese orden, que con ello se produce un trato discriminatorio entre aquellos servidores que tienen dicha modalidad salarial frente a aquellos que no la tienen.

Pues bien, considera la Corte que el reproche que en este sentido le hace el recurrente a la decisión arbitral resulta infundado, en la medida en que los beneficios concedidos por los árbitros de forma exclusiva a los servidores cuya remuneración está pactada en la modalidad de salario integral, no tienen carácter salarial o prestacional. Ello es así, por cuanto esta sala de la Corte ha considerado que beneficios extralegales tales como como los préstamos para vivienda, calamidad, estudios y educación, salud, seguros, bonificaciones y auxilios son compatibles con el salario integral.

En efecto, esta corporación, en Sentencia CSJ SL3269-2014, en la que reiteró lo dicho en la CSJ SL718-2013, adoctrinó:

La Sala encuentra propicia la oportunidad para recordar que «…es inconcebible a la luz de nuestro ordenamiento constitucional y legal que por el sólo hecho de que unos trabajadores se beneficien del salario integral no puedan aspirar a que mediante la negociación colectiva se establezcan unas condiciones distintas de las salariales y prestacionales, que rijan sus contratos de trabajo, en aspectos que usualmente pueden ser susceptibles de modificación por las transformaciones de todo orden que se puedan dar en el sector productivo» (SL718/2013), y muy seguramente así lo entendieron los árbitros al plasmar en el artículo 20 los beneficios económicos allí establecidos, por lo que es perfectamente posible que los trabajadores con salario integral puedan ser beneficiarios de la convención colectiva o del laudo arbitral que pone fin a la controversia laboral surgida entre las partes, obviamente en aquellas garantías que son compatibles con el salario integral como son los pr[é]stamos para vivienda, calamidad, estudios y educación, salud, seguros y bonificaciones, con lo cual no se trata de un conflicto jurídico, como lo afirma la empresa, sino la solución a una controversia eminentemente económica, sobre la cual tenían toda la facultad los árbitros.

Como se observa, esta corporación es del criterio según el cual, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, no es admisible excluir a los trabajadores que se beneficien del salario integral de la posibilidad de buscar, mediante la negociación colectiva, condiciones de trabajo distintas de las salariales y prestacionales, que rijan sus contratos de trabajo y que puedan ser objeto de transformación en virtud de la evolución que pueda presentarse en el sector productivo.

Por lo visto, es infundado el reproche del recurrente en este asunto.

4. Beneficios exclusivos para trabajadores con salario integral.

Según se vio en precedencia, en la cláusula 21 del laudo impugnado se dispuso que «…la empresa dará a los ingenieros con salario integral los siguientes beneficios: préstamo de vivienda, seguro de vida y accidentes, medicina familiar, vacaciones, préstamos por calamidad y pago diferencia del valor de la incapacidad». Además, en la cláusula 22 de la referida decisión se estableció un auxilio por disponibilidad, equivalente a medio salario mínimo mensual legal por cada fin de semana en que el trabajador deba estar disponible para atender la prestación del servicio.

La empresa recurrente aduce que el hecho de que se concedan beneficios aplicables exclusivamente a los trabajadores con salario integral resulta discriminatorio.

Estima la Sala que el hecho de que los árbitros hubieran establecido unos beneficios extralegales aplicables en forma exclusiva a los ingenieros que devengan salario integral, per se, no configura un trato discriminatorio respecto de aquellos servidores que no cuentan con dicha modalidad salarial, por cuanto existe un criterio objetivo que justifica ese trato diferenciado, cual es la modalidad de remuneración.

Sobre esta precisa temática, esta sala de la Corte, en sentencia CSJ SL, diciembre 4 de 2012, radicación 53118, reflexionó:

Con otras palabras, la igualdad de trato y no discriminación en el trabajo, exige tratamiento igualitario en materias salariales y prestacionales para los trabajadores dentro de un mismo contexto laboral, cuando los trabajadores se encuentren en igualdad de condiciones.

Lo anterior quiere decir que no son admisibles tratos diferenciados (en temas salariales, prestacionales, en oportunidades de promoción, en seguridad y salud ocupacionales, en formación, etc.), cuando dichos tratos se basen en motivos irrelevantes —o sea, no objetivos—, pues en tales casos el trato será discriminatorio. Por el contrario, no se atentará contra el principio de igualdad y no discriminación, cuando a cierta persona o personas se otorgue un trato diferente, pero basado en motivos razonables y legítimos, id est, relevantes (por ejemplo, una remuneración mayor para quienes tengan más altos niveles de responsabilidad, o con mejores productividades, etc.; o beneficios o auxilios mayores para quienes tengan mayores responsabilidades familiares, etc.).

Por lo visto, no hay la pregonada violación al principio de igualdad, pues como ya se vio, el trato diferenciado entre ambos grupos de trabajadores encuentra su justificación en un criterio objetivo y atendible, cual es la modalidad de remuneración.

5. Vigencia del laudo.

En este punto, la sociedad recurrente alega que, al fijar la vigencia del laudo arbitral en dos años, a partir de su expedición, los árbitros desconocieron lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 89 de 2014, pues no tuvieron en cuenta que existe otra convención colectiva en el interior de la empresa —suscrita con la organización sindical Sintraelecol—, cuya vigencia termina el 31 de diciembre 2014, de acuerdo con el acta extraconvencional de octubre de 2011.

El Decreto 89 de 2014 fue emitido, según su fundamentación expresa, con el ánimo de mitigar «…las serias complicaciones y dificultades a empleadores y organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos de negociación colectiva…», dadas a raíz de la expedición de las sentencias de la Corte Constitucional C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008, y en búsqueda de la implantación de un mecanismo que permitiera la «...unidad de negociación o de negociación concentrada o acumulada, de racionalidad y economía en el procedimiento, para que los diferentes sindicatos y pliegos de peticiones estén expresados y representados respectivamente, en la mesa de negociación y en la comisión negociadora.»

Esto es, la mencionada norma reconoce que, en virtud de los principios fundamentales de autonomía y libertad sindical, los trabajadores tienen el derecho a crear todas las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a las mismas, dentro de un marco de respeto de la legalidad y de los principios democráticos, de manera que es perfectamente válido que en el interior de una misma empresa opere más de una organización sindical. Sin embargo, también entiende que es deseable y necesario adoptar medidas que, sin desconocer la autonomía sindical, promuevan la unidad de los trabajadores y la negociación colectiva concertada, de manera que se evite la atomización del movimiento sindical y se generen las condiciones necesarias para fomentar procesos de diálogo social más racionales y eficientes, con negociaciones colectivas armónicas y concentradas.

En esa dirección, el artículo 1º de la norma prevé la posibilidad de que las organizaciones sindicales operantes en una misma empresa decidan libremente «…comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente la comisión negociadora sindical…», además de que, para lograrlo, dispone, en su parágrafo 2º, que «En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo.»

Ahora bien, para la Corte, esta última disposición no establece, como parece sugerirlo el recurrente, una orden vinculante para que los árbitros fijen un periodo de vigencia determinado en los laudos arbitrales, sino una directriz para que busquen la articulación y conciliación razonable de los términos de vigencia de los diferentes instrumentos colectivos reinantes en el interior de una misma empresa, de manera progresiva y gradual, con el ánimo de hacer posible la negociación colectiva concertada y concentrada, con todas las organizaciones sindicales.

Por ello, en términos legales, los árbitros siguen contando con la libertad de fijar razonablemente el término de vigencia del laudo arbitral, con fundamento en la equidad, las particularidades de cada caso y con el límite máximo de dos años, que ha reivindicado la Corte en diferentes oportunidades (CSJ SL11486-2016, CSJ SL13303-2016, CSJ SL17421-2016, CSJ SL18143-2016, CSJ SL18504-2016 ), pero con el deber de tener en cuenta, con fundamento en el Decreto 89 de 2014, libremente y de buena fe, los demás instrumentos colectivos operantes en la misma empresa y de, en lo posible, ajustar los términos de vigencia para que se logre una armonización en el tiempo, que permita la negociación colectiva única.

Por lo mismo, se reitera, el parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 89 de 2014 no impone una regla fija e imperativa para que los árbitros establezcan la vigencia del laudo dentro de un lapso determinado, sino que contiene una pauta, de cumplimiento gradual y progresivo, además de dependiente de las condiciones particulares de cada empresa.

Con fundamento en lo anterior, en este caso los árbitros no quebrantaron alguna disposición imperativa o algún derecho o garantía fundamental de las partes, al fijar el término de vigencia del laudo en dos años, de manera que no existen razones para disponer la anulación de la cláusula séptima.

Vale la pena advertir también que el Tribunal de Arbitramento sí tuvo en cuenta los aumentos pactados en el acta extra convencional que regía en la empresa demandada hasta el 31 de diciembre de 2014, pues en las consideraciones de la decisión expresamente manifestó:

Mención especial merecen, verbigracia, los aumentos de salario pactados en el acta extra convencional de octubre de 2011, 2012, 2013 y 2014, en las que en las últimas tres se dispuso un incremento equivalente al IPC causado en el año inmediatamente anterior, más un punto porcentual.

En armonía con lo anteriormente dispuesto, como ya se indicó, que las cláusulas económicas solo entrarían en vigencia a partir del 1º de enero de 2015, de manera que el reparo que en este punto se le hace al laudo resulta infundado.

Por último, cumple destacar que el reproche del recurrente en cuanto a que en el laudo impugnado no se excluyó de su campo de aplicación a los trabajadores que desempeñaran los cargos mencionados en la cláusula quinta de la convención colectiva de trabajo suscrita entre la EEB y SINTRAELECOL, por lo que «…si un vicepresidente (antes gerente) es ingeniero y se afilia a la organización sindical denominada ASIB (sic) tiene derecho a la aplicación de todos los beneficios del laudo arbitral…», no pasa de ser una mera especulación sobre la cual la Corte no entrará a pronunciarse. Además, determinar cuáles trabajadores se encuentran excluidos de la aplicación del laudo constituye un ejercicio de carácter jurídico que no es del caso realizar en la presente decisión.

Conforme a lo expuesto, no hay lugar a la anulación del laudo.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

VI. RESUELVE:

No anular el laudo arbitral emitido el 5 de mayo de 2014, por el Tribunal de Arbitramento convocado para resolver el conflicto colectivo suscitado entre la ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ, ASIEB, y la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. ESP.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y envíese al Ministerio de Trabajo para lo de su competencia.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga, Presidente de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.