Sentencia SL7044-2017/52736 de mayo 3 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7044-2017

Radicación: 52736

Acta: 15

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Bogotá D.C., tres de mayo de dos mil diecisiete.

Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por José Francisco Rodríguez Ortega, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de mayo de 2011, en el proceso que el recurrente instauró contra Estaciones de Servicio Luis A. Dussán y Cía. Ltda., Estación de Servicio El Ancla Ltda., Albenis Aguilera Gaitán y Manuel Guillermo Torres Donado.

I. Antecedentes

El demandante solicitó se declarara que con los demandados existió un contrato de trabajo “en razón de la sustitución patronal en el periodo comprendido del 17 de junio de 1971 al 10 de mayo de 1989”. En consecuencia, impetró el pago de salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, cesantías, vacaciones, primas de servicios, dotaciones, indemnizaciones por despido injusto y moratoria, así como costas del proceso.

En lo que interesa al recurso extraordinario, el actor expuso que dentro de los extremos temporales mencionados, se desempeñó como engrasador, lavador de autos e islero, con un sueldo de $ 260.000 mensuales, en jornadas de turnos rotativos y no se le pagaron los derechos a cuyo reconocimiento aspira. Relató que en el orden en que están enlistados las personas que integran la parte demandada, se presentó igual número de sustituciones de empleadores y que Manuel Guillermo Torres Donado lo despidió sin justa causa, sin pagarle los derechos a cuyo reconocimiento aspira.

La Estación de Servicios El Ancla se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de inexistencia de las obligaciones y los perjuicios reclamados, cobro de lo no debido, ausencia de buena fe en el demandante, buena fe, pago de lo no debido, compensación y prescripción. Negó o dijo que no le constaban los hechos de la demanda; sin embargo, advirtió que durante la vigencia del contrato de trabajo con el accionante, cumplió debidamente con las obligaciones que le incumbían (fls. 40 a 45).

El curador ad litem designado para los demás demandados, remitió a prueba todos los hechos de la demanda y formuló la excepción de prescripción (fls. 76 y 77).

II. Sentencia de primera instancia

El juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá, mediante Sentencia de 14 de mayo de 2010, absolvió a los demandados de las pretensiones e impuso costas al actor.

III. Sentencia de segunda instancia

De la ausencia de controversia acerca de la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y Manuel Guillermo Torres Donado, propietario de la Estación de Servicio Texaco 8, partió el tribunal para arribar a la confirmación del fallo apelado por el primero, sin imposición de costas.

Luego del examen del recaudo probatorio, que calificó de precario e insuficiente, el ad quem echó de menos la precisión de si el salario de $ 260.000 que dijo el actor haber devengado, fue el último recibido o a cuál período de la relación de trabajo correspondía esa cifra, a lo que sumó la falta de demostración de que esa era en realidad la remuneración obtenida por Rodríguez Ortega.

Acotó que de todas maneras, tal determinación era irrelevante, en tanto el petitum “se encamina realmente al reconocimiento y pago de unos valores por trabajo suplementario, los cuales (…), no se encuentran probados”, lo cual también acontece con los factores de salario que, dijo el actor, se deben colacionar en la base para liquidar prestaciones sociales.

En ese orden, concluyó, dada la distribución de las cargas probatorias, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no acertó el apelante al afirmar que la parte demandada “no desvirtuó el valor salarial referido en [el] aparte de los hechos pues, como ya se dijo, era responsabilidad del actor demostrar su afirmación, mas no del demandado desvirtuarla”, y en consecuencia, por no cumplir con su obligación probatoria, la solución fue desestimar su aspiración revocatoria.

IV. Recurso de casación

Fue interpuesto por la parte actora, concedido por el tribunal y admitido por la Corte; se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación

Propone la casación total del fallo del tribunal y que en instancia, la Corte revoque el del a quo, para en su lugar:

a. Condenar por rompimiento ilegal e injusto el contrato de trabajo por parte de las sociedades Estaciones de Servicio Luis A. Dussán y Cía. Ltda. Estaciones de Servicio El Ancla Ltda. Albenis Aguilera Gaitán y Manuel Guillermo Torres Donado, como propietario de la Estación de Servicio Texaco 8.

b. Condenar al último empleador Estación de Servicio El Ancla Ltda., al pago de la indemnización de 1.085 días por rompimiento injusto del contrato de trabajo, reajustada o revaluada (indexación) conforme los índices de precio[s] al consumidor.

Formula un cargo, replicado en oportunidad por la apoderada de Estación de Servicios El Ancla Ltda.

VI. Cargo único

Asevera que la sentencia acusada violó por vía indirecta, por falta de aplicación, los artículos 53 constitucional, 5º, 9º, 10, 12, 14, 19, 20 21, 22, 23, 36, 37, 43, 55, 77, del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con el 64 del mismo estatuto, 6º de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002. También, denuncia violación de medio de los artículos 20, 39, 50, 56, 60, 61, 66, 77 78, 83 y 145 del Código Procesal del Trabajo, Ley 712 de 2001; “artículos 135, 175, 176 177, 187, 207, 244, 276, 365, por falta de aplicación de los artículos 209, 210 del Código de Procedimiento Civil”.

Sostiene que debido a la falta de apreciación de los “Extremos del contrato de trabajo: Ingreso 17 de junio de 1971 retiro 11 de mayo de 1998 (fl. 8)”, la certificación de y la “Declaración de confeso Inciso 6 del folio 89”, el juzgador de alzada no dio por demostrado, a pesar de estarlo, que el representante legal de Estación de Servicio El Ancla Ltda., debido a su inasistencia a absolver interrogatorio de parte, ni haberse excusado por ello, fue declarado confeso.

En la demostración, en síntesis, aduce que debido a la declaratoria de confeso que hizo el juez de primera instancia, por la inasistencia del representante legal de Estación de Servicio El Ancla Ltda. a rendir declaración de parte, lo que generó la aplicación de los efectos de los artículos 209 y 210 del Código de Procedimiento Civil, “declarando al representante legal confeso, con razones expuestas por el a quo que los gerentes tienen su suplente, quien puede concurrir a cumplir esta diligencia”, con lo cual quedó acreditado el despido injusto que se adujo en los hechos de la demanda inicial. Enseguida, escribió:

El honorable tribunal superior limitó su actuación a confirmar el fallo del a quo, con expresiones tan fuera de contexto como que no se especificó si el salario de $ 260.000, fue el último recibido o el mismo correspondía a un periodo determinado de la relación laboral, cuando el salario visto en el expediente al folio 6 s la suma de $ 254.629 y este mismo desconocimiento de la prueba lo llevó a confirmar el fallo.

Entonces quedó precisado con las pruebas obrantes en autos a saber los extremos del contrato de trabajo, la liquidación prestacional y la declaratoria de confeso del representante legal, lo que imponen que el despido fue ilegal e injusto, por lo que se debe casar la sentencia conforme con lo demostrado en este recurso, decretando el pago de la indemnización por despido en las condiciones antes advertidas.

Por último, copia un pasaje de un fallo de casación de julio 9 de 1992, sobre la necesidad de indexar las condenas.

VII. Réplica

Enrostra a la sustentación del recurso una serie de deficiencias técnicas, tales como pretender que como juzgador de instancia, la Corte fulmine una condena por indemnización por despido sin justa causa, siendo que al interponer el recurso de apelación, ningún reproche elaboró en procura de que se condenara a la sociedad respecto de la cual impetra la reparación tarifada de perjuicios; además, sin que se encuentra declarada la existencia de un contrato de trabajo con esta demandada.

En punto al cargo, sostiene que la falta de aplicación no es una modalidad que pueda ser aducida cuando el ataque se endereza por vía indirecta y que una gran parte de las normas incluidas en la proposición jurídica, nada tienen que ver con el caso litigado. Aduce que la declaración de certeza que hizo el juez de primer grado, no puede generar la certeza de todos los supuestos fácticos que deben concurrir para la imposición de la condena que se depreca.

Añade que, con todo, esta especie de confesión no es prueba calificada en casación y que, además, fue infirmada con la documental de folio 8, que devino útil para declarar el contrato de trabajo con Manuel Guillermo Torres Donado, propietario de la Estación de Servicio Texaco 8, declaración no impugnada por vía de apelación.

VIII. Consideraciones

La Sala se permite reiterar el carácter extraordinario del recurso de casación, que impone al recurrente la carga de destruir todos los soportes sobre los que se encuentra construido el pronunciamiento impugnado, por manera que de no lograrlo, la presunción de acierto y legalidad que lo ampara, permanecerá invariable y acarreará, como necesaria consecuencia, el fracaso de la impugnación.

Si bien, no es cierto que la confesión obtenida a partir de la declaratoria de confeso de que trataba el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil, vigente para cuando se presentó la incomparecencia del representante legal de la Estación de Servicio El Ancla Ltda., sea una prueba no calificada para estructurar un error de hecho evidente en casación, en lo demás, la oposición está asistida de razón.

En efecto, en el fallo que puso fin a la instancia inicial se declaró que entre Rodríguez Ortega y Manuel Guillermo Torres Donado, propietario del establecimiento Estación de Servicio Texaco 8, “existió un contrato de trabajo desde el 17 de junio de 1971 hasta el 11 de mayo de 1998”, empero, lo absolvió de todas las pretensiones de la demanda.

Si, como ya se anotó, el tribunal confirmó totalmente la sentencia de primer grado, dada la presunción de legalidad y acierto con que viene precedida la decisión gravada, la formulación del ataque en el estadio de la casación, se hace a partir de la certeza de que la relación de trabajo subordinada, se surtió con la persona natural que fue declarada como empleadora por el a quo, en tanto la censura ningún reproche formula a tal pronunciamiento, sino que solamente pide se imponga indemnización por despido injusto, a quien no fue declarado empleador en las instancias.

Desde luego, la pretensión del recurrente es abiertamente improcedente, en la medida en que el principio de relatividad de los contratos, impone que las obligaciones que se generan a partir de su celebración, como regla general, deben ser atendidas por los contratantes, que no por un tercero, con las excepciones legales consagradas, a guisa de ejemplo, en los artículos 34, 35 y 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, en términos de lógica, no es concebible que una persona sea el empleador y otra distinta, quien no despidió al trabajador, sea quien deba salir a responder por la indemnización.

En el mismo sentido, cumple precisar que el juzgador de la alzada no pudo haber cometido el error probatorio que le imputa el impugnante, en tanto, precisamente tuvo como uno de los elementos al margen del debate que “entre el actor y el demandado Manuel Guillermo Torres Donado —propietario del establecimiento Estación de Servicio Texaco 8—, existió un contrato de trabajo desde el 17 de junio de 1971 hasta el 11 de mayo de 1998”, deducción proveniente de haber verificado que al interponer la alzada, el demandante no cuestionó la inferencia del juez de primer grado, sino que, por el contrario, expresó que “No hay duda alguna [de] que el juzgador del conocimiento estableció la existencia del contrato de trabajo y sus extremos del 17 de junio de 1971 al 10 de mayo de 1988, desempeñándose como engrasador, lavador e isleño (sic) en las Estaciones de Servicio Texaco 8”, y solo se ocupa de censurar que no hubiera encontrado demostrado el monto de la remuneración.

Para terminar, cumple destacar que si en gracia de la discusión, se optara por atender la invitación del recurrente a examinar la declaratoria de confeso que hiciera el a quo por la inasistencia del representante legal de Estación de Servicios El Ancla Ltda., se caería en cuenta de su insuficiencia, toda vez que en la audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2007 (fl. 89), se hizo constar lo siguiente:

En aplicación del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil se declara confesa a la demandada Estación de Servicios El Ancla Ltda. del hecho según el cual el demandante laboró también al servicio de la misma. Se limita la aclaratoria (sic) a dichos términos pues en la demanda no se suministraron mayores datos sobre el particular, como el plazo durante el cual el demandante debió laborar para dicha empresa, el horario habitual del trabajo que debió regularmente cumplir, las funciones y el salario.

Así las cosas, debido a la errónea elaboración del escrito de demanda inicial, la presunción de certeza no podía cobijar supuestos fácticos a los que en forma explícita el juez no connotó de tal atributo.

En consecuencia, el único cargo no es estimable, y dado que se formuló oposición, las costas por el recurso a cargo del recurrente, con inclusión de $ 3.500.000 a título de agencias en derecho. Aplíquese el artículo 366-6 del Código General del Proceso.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia dictada el 31 de mayo de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso que José Francisco Rodríguez Ortega instauró contra Estaciones de Servicio Luis A. Dussán y Cía. Ltda., Estación de Servicio El Ancla Ltda., Albenis Aguilera Gaitán y Manuel Guillermo Torres Donado.

Costas, como se dijo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gerardo Botero Zuluaga—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Fernando Castillo Cadena—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Jorge Luis Quiroz Alemán.