Sentencia SL7047-2014 de junio 4 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 43228

Acta 19

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Hernando López Algarra

Bogotá, D.C., cuatro de junio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: « IV. El recurso de casación (parte demandante)

Interpuesto por Ernesto Trujillo Tocora, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

V. Alcance de la impugnación.

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la del a quo y, en su lugar, se condene a los demandados a la totalidad de las pretensiones de la demanda inicial.

Con tal propósito formula cuatro cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados y que, en seguida, se estudian conjuntamente, por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, dado que, a pesar de estar encaminados por vías diferentes, denuncian idéntico cuerpo normativo, tienen similar argumentación y buscan la misma finalidad.

VI. Cargo primero.

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, en la modalidad de interpretación errónea, los artículos 28 del Decreto 2331 de 1998, en relación con los artículos 215, 48, 53, 58 y 29 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985, 27 del Decreto 3135 de 1968, 1º del Decreto 092 de 2000, que se remite al artículo 29 de los estatutos de la entidad, 78 de la Ley 510 de 1999, en relación con los artículos 43, 67 y 68 del Código Sustantivo del Trabajo, 54 de la Ley 489 de 1998, 189 de la Constitución y 3º de la Ley 153 de 1887, 58 de la Carta Política, 289 de la Ley 100 de 1993, 11 de la Ley 71 de 1988, 1039 del Código de Comercio, 1º del Decreto 797 de 1949, 307 del Código de Procedimiento Civil. y 16 de la Ley 446 de 1998, 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1649, 1626 y 1608 a 1610 del C.C.

En la demostración del cargo dice la censura que el ad quem no podía concluir que el demandante había sido trabajador particular, entre el 4 de julio de 1994 y el 30 de septiembre de 1999, bajo el argumento de haber adquirido la entidad una naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta, pues ello desconoce los principios mínimos fundamentales del artículos 53 de la Constitución de 1991; que aceptar que el trabajador pierde un lapso de 5 años, 2 meses y 26 días es desconocer la jurisprudencia de esta Sala, según la cual deben respetarse las expectativas en el derecho y que la transformación de la entidad no puede afectar la situación de quienes han prestado sus servicios ante la entidad; que, en esta medida, el tribunal interpretó erróneamente el precedente jurisprudencial, de conformidad con el artículo 4º de la Ley 169 de 1896 y la Sentencia C- 836 de 2001 de la Corte Constitucional, contenido en las sentencias de 30 de enero (Rad. 19108), 17 de marzo de 2004 (Rad. 22681), 25 de junio de 2003 (Rad. 20114) y 23 de mayo de 2002 (Rad. 17388) de esta Sala sobre régimen de transición.

Manifiesta que como está llamada a prosperar la pretensión de la pensión de jubilación, debe condenarse al pago de los intereses moratorios, de conformidad con las sentencias de 27 de enero de 2001 (Rad. 15689), 13 de diciembre de 2002 (Rad. 16256), 23 de septiembre de 2002 (Rad. 18512) y 28 de noviembre de 2002 (Rad. 18273) de esta Sala, en consonancia con el fallo C- 601 de 2000 de la Corte Constitucional; que los artículos 307 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 446 de 1996, así como las sentencias de radicado 8533 de esta Sala y C- 448 de 1996, determinan expresamente el pago de perjuicios ocasionados a los ciudadanos; y que así mismo debe prosperar la sanción moratoria del Decreto 797 de 1949.

VII. Cargo segundo.

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, en la modalidad de falta de aplicación, los artículos 28 del Decreto 2331 de 1998, en relación con los artículos 215, 48, 53, 58 y 29 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985, 27 del Decreto 3135 de 1968, 1º del Decreto 92 de 2000, que se remite al artículo 29 de los estatutos de la entidad, 78 de la Ley 510 de 1999, en relación con los artículos 43, 67 y 68 del Código Sustantivo del Trabajo, 54 de la Ley 489 de 1998, 189 de la Constitución y 3º de la Ley 153 de 1887, 58 de la Carta Política, 289 de la Ley 100 de 1993, 11 de la Ley 71 de 1988, 1039 del Código de Comercio, 1º del Decreto 797 de 1949, 307 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1649, 1626 y 1608 a 1610 del C.C.

Para la sustentación del cargo, la censura se remite a los argumentos expuestos en el primer cargo.

VIII. Cargo tercero.

Acusa la sentencia recurrida de violar directamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 28 del Decreto 2331 de 1998, en relación con los artículos 215, 48, 53, 58 y 29 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985, 27 del Decreto 3135 de 1968, 1º del Decreto 092 de 2000, que se remite al artículo 29 de los estatutos de la entidad, 78 de la Ley 510 de 1999, en relación con los artículos 43, 67 y 68 del Código Sustantivo del Trabajo, 54 de la Ley 489 de 1998, 189 de la Constitución y 3º de la Ley 153 de 1887, 58 de la Carta Política, 289 de la Ley 100 de 1993, 11 de la Ley 71 de 1988, 1039 del Código de Comercio, 1º del Decreto 797 de 1949, 307 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1649, 1626 y 1608 a 1610 del C.C.

Para la sustentación del cargo, la censura se remite a las consideraciones presentadas en el primer cargo.

IX. Cargo cuarto.

Acusa la sentencia recurrida de violar indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 28 del Decreto 2331 de 1998, en relación con los artículos 215, 48, 53, 58 y 29 de la Constitución Política, 36 de la Ley 100 de 1993, 1º de la Ley 33 de 1985, 27 del Decreto 3135 de 1968, 1º del Decreto 092 de 2000, que se remite al artículo 29 de los estatutos de la entidad, 78 de la Ley 510 de 1999, en relación con los artículos 43, 67 y 68 del Código Sustantivo del Trabajo, 54 de la Ley 489 de 1998, 189 de la Constitución y 3º de la Ley 153 de 1887, 58 de la Carta Política, 289 de la Ley 100 de 1993, 11 de la Ley 71 de 1988, 1039 del Código de Comercio, 1º del Decreto 797 de 1949, 307 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 446 de 1998, 141 de la Ley 100 de 1993, en relación con los artículos 1649, 1626 y 1608 a 1610 del C.C.

Dice que la anterior violación se dio como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“A. En no dar por demostrado, estándolo:

— Que el Banco Cafetero, no dejó de ser una empresa industrial y comercial del Estado, a pesar de su aparente privatización entre el 4 de julio de 1994 y el 30 de septiembre de 1999, tal como se puede comprobar de la certificación de la Contraloría General de la República, obrante a folios 859- 866.

— Que para el 4 de julio de 1994, cuando el Banco Cafetero aparentemente fue privatizado, el actor llevaba a su servicio 15 años, 9 meses y 18 días, superiores a los 15 años exigidos en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y para el 1º de abril de 1994, cuando comenzó a regir el sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, llevaba 15 años, 6 meses y 15 días a su servicio, es decir que se ajusta al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

— Que el Banco Cafetero, a pesar de su aparente privatización nunca dejó de ser una entidad de propiedad del Estado, tal como lo definió la honorable Corte Constitucional, en su Sentencia C- 543 de 23 de mayo de 2001, folios 30 a 84.

— Que el artículo 29 de los estatutos del Banco Cafetero, fundamento de la sentencia invocada en la segunda instancia, fue declarada su nulidad por el honorable Consejo de Estado en la sentencia 2006- 0086 de 21 de agosto de 2008.

— Que el Banco Cafetero fue capitalizado por Fogafín el 28 de septiembre y el 1º de abril, en la suma de $ 600.000 millones de pesos, según escritura pública del 28 de octubre de 1999 de la Notaría 31 del Círculo de Bogotá, folios 616 a 629.

— B) En la falta de apreciación de los siguientes documentos:

— Sentencia # 19108 del 30 de enero de 2003 de la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado doctor Carlos Isaac Nader.

— Sentencia #10876 de 10 de noviembre de 1998 de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado doctor Fernando Vásquez Botero.

— Sentencia #23565 de 10 de mayo de 2005 de la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado doctor Luis Javier Osorio López.

— Sentencia #1999-0627 de 13 de marzo de 2003 del honorable Consejo de Estado, con ponencia de la Magistrada doctora Ana Margarita Olaya Forero.

— Del contrato de trabajo aportado por el Banco Cafetero en la contestación de la demanda, obrante a folios 469 a 498.

— De la carta # DRH- dal 3163 de 15 de septiembre de 2008, por medio de la cual el Banco Cafetero cancela el contrato de trabajo al actor sin justa causa.

— De la certificación # 2007- EE 34901 de 3 de agosto de 2007 de la Contraloría General de la República.

— Certificados de existencia y representación legal del Banco Cafetero expedidos por la Superbancaria y la Cámara de Comercio de Bogotá (fls. 488 a 495).

— Contrato de fideicomiso suscrito entre la Federación Nacional de Cafeteros y Fiducor S.A., contenido en los 5 cuadernos anexos al expediente.

En la demostración del cargo sostiene que debe aplicarse la ley del contrato, según la cual, en la cláusula sexta, se dispuso la aplicación de la normatividad de los trabajadores oficiales; que, de acuerdo con el artículo 1602 del C.C., aplicable por la analogía del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato es ley para las partes; que la jurisprudencia reiterada de esta corporación ha definido que las estipulaciones de las partes que mejoren las condiciones del trabajador son permitidas, pues éstas son las llamadas a establecer las cláusulas contractuales las cuales pueden mejorar las condiciones establecidas en la ley; que la cláusula sexta del contrato indica la aplicación de la normatividad de los trabajadores oficiales durante toda la vinculación laboral del asalariado; que como al 4 de julio de 1994, el Banco no realizó el corte o liquidación del contrato suscrito por el trabajador, quien venía laborando como trabajador oficial, ni originó un nuevo vínculo, es por lo que el contrato de trabajo inicial continuó rigiendo; que el contrato de trabajo no puede ser escindido en su contenido, tal como lo establece el artículo 1618 del C.C.; y que el vínculo laboral siguió generando efectos, a pesar de la disminución del capital accionario en un porcentaje inferior al 90%.

X. Réplica.

El Banco Cafetero y el señor Pablo Muñoz Gómez alegan que el recurso extraordinario de casación no es una instancia más en la cual se defina a cuál de los litigantes le asiste razón, pues la finalidad es la de confrontar la sentencia recurrida con la ley, tal como lo había sostenido de vieja data esta corporación; que resultaba imposible que el tribunal hubiese incurrido en las tres modalidades infracción establecidas para el puro derecho, máxime que cada una de ellas debía tener una argumentación propia y específica; que la privatización del Banco no fue aparente, sino real, tal como lo certificaba la comunicación de la Contraloría General de la República que descansaba a folios 859 a 866, en la cual se dejaba ver que el capital del Banco Cafetero, entre 1994 y 1999, había sido inferior al 90%, por lo que, en esa medida, no existe duda sobre el naturaleza jurídica de la entidad de sociedad de economía mixta cuyo capital estatal era inferior al 90%, motivo por el cual sus trabajadores estaban sometidos al régimen de derecho privado; y que la condición de trabajador oficial o empleado público no proviene de las disposiciones del contrato, sino de lo establecido en la ley.

El señor Jorge Castellanos Rueda no presentó escrito de oposición.

XI. Consideraciones.

Independientemente de las falencias técnicas de que adolecen los cargos, sobre el fondo de los planteamientos que trae la censura, esta Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en múltiples oportunidades, de manera reiterada y pacífica, tal como lo hizo en la sentencia de 13 de junio de 2012 (Rad. 42142), en la cual, sobre el régimen pensional aplicable a los servidores de la entidad demandada, a la luz de las diferentes transformaciones en la naturaleza jurídica de la misma, se dijo:

“Pese a las deficiencias formales que exhibe la demanda de casación interpuesta en este asunto, algunas puestas de presente por la réplica, importa anotar que el tema referido ya ha sido examinado por esta Sala de la Corte, en múltiples pronunciamientos, en los que se analizaron los efectos de los cambios de naturaleza jurídica del Banco Cafetero, especialmente el relacionado con el régimen pensional aplicable a sus servidores. En ese sentido, además de las sentencias mencionadas por el tribunal, se pueden rememorar las de 15 de febrero de 2007, radicación 28999, 19 de julio de 2007, radicación 31110, 3 de diciembre de 2007, radicación 29256, y 12 de diciembre de 2007, radicación 30452. En esta última esto dijo la Sala:

“1º) Desde el 5 de julio de 1994, el Banco Cafetero, o Bancafé, mutó su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado, de carácter oficial, que hasta el día anterior había ostentado, para convertirse en sociedad de economía mixta, sometida al régimen de las empresas privadas por tener un capital estatal inferior al 90%. Por ello, las personas vinculadas al Banco como trabajadores oficiales, a partir de esa fecha, cambiaron su estado jurídico laboral, para quedar sometidos al régimen general de los trabajadores particulares.

“2º) Esta calidad de trabajadores privados se conservó hasta el 28 de septiembre de 1999, porque desde ese momento, una variación del capital social de Bancafé, producido por la reinversión hecha por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin), ente de naturaleza pública, trasmutó nuevamente su carácter de sociedad de economía regida por el derecho privado, al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado sometidas al derecho público. Este hecho lo consideró la Corte como trascendental, para sumar el tiempo laborado con posterioridad a la citada fecha, a efectos de establecer el total de días servidos en la entidad, con miras a la pensión oficial reclamada con sustento en la Ley 33 de 1985.

“3º) Sin embargo, por Decreto 092 de 2000 se reformó la estructura de Bancafé y se dispuso expresamente que el régimen de personal será el previsto en sus estatutos. Estos, habían sido autorizados y protocolizados mediante escritura pública 3497 del 28 de octubre de 1999, en cuyo artículo 29 se estableció que el Presidente y el Contralor del Banco tenían la calidad de empleados públicos y el resto de personal vinculado se sujetaría al régimen laboral aplicable a los trabajadores particulares.

“4º) Para la Corte, la transformación de la naturaleza del vínculo laboral de los servidores de Bancafé en 1994, esto es, de trabajadores oficiales a trabajadores particulares, no puede concebirse en perjuicio de los derechos adquiridos de personas que, antes del 5 de julio de 1994, ya habían completado al menos el tiempo de servicios exigido en la Ley 33 de 1985 para obtener derecho a la pensión oficial, consagrada en tal estatuto. De suerte que al cumplir la edad requerida en dicha ley, en nada le afectaba la mutación societaria acaecida en 1994.

“5º) Con base en la más reciente sentencia de la Sala de Casación, en el que también fue objeto de pronunciamiento el tema ahora examinado, el nuevo escenario producido a partir del Decreto 092 de 2000 tampoco puede afectar los derechos de aquellos trabajadores que, hallándose cobijados por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hubieren permanecido vinculados al Banco y completado los 20 años de servicios después del 28 de septiembre de 1999, cuando reasumió el carácter de empresa industrial y comercial del Estado.

“Es decir, los empleados que el 1º de abril de 1994 ostentaban la condición de trabajadores oficiales, si reunían los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podían agregar, al tiempo completado hasta el 5 de julio de 1994 como trabajadores oficiales, el que laboraron a partir del 28 de septiembre de 1999. De modo que si, al momento de su retiro, la sumatoria de los dos períodos trabajados como servidores oficiales (el anterior a 1994 y el posterior a 1999) arroja los 20 años de servicios, es de recibo la pensión jubilatoria de la Ley 33 de 1985, al celebrar el cumpleaños 55”.

“Lo expuesto deja en evidencia que no se equivocó el tribunal al estimar que una vez descontado el tiempo comprendido entre el 5 de julio de 1994 y el 29 de septiembre de 1999, durante el cual los trabajadores del Banco Cafetero ostentaron la calidad de particulares, el actor prestó sus servicios como trabajador oficial de la entidad demandada y en la Caja Agraria en Liquidación por un total de 20 años, 10 meses y 20 días, lo que superaba ampliamente el tiempo de servicio exigido por la Ley 33 de 1985”.

Como el demandante no completó el tiempo de servicios requerido por el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, es decir, 20 años como trabajador oficial, no le asiste derecho a la pensión de jubilación regulada por ese precepto.

De esta manera, como el anterior criterio jurisprudencial fue el acogido por el tribunal, no pudo incurrir el mismo en yerro alguno, pues, en efecto el tiempo laborado por el demandante entre el 5 de julio de 1994, momento a partir del cual el Banco demandado pasó de ser sociedad industrial y comercial del Estado a sociedad de economía mixta y el 28 de septiembre de 1999, no puede contabilizarse como tiempo servido al sector oficial, pues en dicho interregno, tal como se vio con la jurisprudencia transcrita, el régimen aplicable a los servidores del Banco era el privado, motivo por el cual el tiempo total laborado por el actor desde el 16 de septiembre de 1978 hasta el 20 de septiembre de 2000, en calidad de trabajador oficial, fue de 16 años, 9 meses y 12 días, insuficiente para acreditar la exigencia establecida en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, para efectos de adquirir la pensión de jubilación.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.150.000.

XII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el treintaiuno (31) de agosto de dos mil nueve (2009) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Ernesto Trujillo Tocora contra el Banco Cafetero En Liquidación- Bancafé- y, solidariamente, a los señores Pablo Muñoz Gómez y Jorge Castellanos Rueda, en su calidad de personas naturales.

Costas en el recurso extraordinario a cargo del recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.150.000.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».