Sentencia SL7056-2016 de mayo 18 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7056-2016

Radicación: 47196

Acta 17

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «IX. Consideraciones

Para resolver, la Sala precisa que no son materia de discusión los siguientes supuestos fácticos, en tanto así los dio por demostrados el Tribunal: (i) que Omar Enrique Ordóñez González estuvo vinculado a la demandada del 1º de noviembre del 2002 al 10 de febrero de 2005, (ii) que desempeñó el cargo de «oficios varios» cuya función principal era la de recolección del «carbón derramado por el cucharon de la grúa durante la maniobra de cargue» (fls. 60 a 71); y (iii) que el actor padece una enfermedad profesional denominada «hiperreactividad bronquial».

En ese orden, se advierte que dos son los temas que propone el recurrente: (i) que el Tribunal no dio por probado, a pesar de estarlo, que la enfermedad profesional en cuestión fue adquirida durante la vigencia de la relación laboral, y (ii) que dicho padecimiento se dio por culpa del empleador dado que no le suministró los elementos idóneos y cualificados para prevenir tal patología.

1. Origen de la enfermedad profesional.

Al abordar el estudio de las pruebas calificadas y piezas procesales enlistadas por la censura como no apreciadas unas, y como erróneamente valoradas otras, la Sala desde ya avizora que la razón está del lado de la parte recurrente, pues resulta palmario que la «hiperreactividad bronquial» fue adquirida durante la relación laboral.

En efecto, la convocada a juicio al contestar el hecho 5º de la demanda (fl. 105, cdno. 1), confesó que al actor se le practicó un examen médico de ingreso, cuyo resultado arrojó que era «apto para laborar». A su turno, la ficha médica ocupacional de la División Médica de la empresa, registra el examen de retiro que el 10 de febrero de 2005 se le practicó a Ordóñez González, en el que se consigna que durante la relación laboral, estuvo expuesto a «MPI (sílice, Carbón, Asbesto, otros)» (fl. 38 a 39); finalmente, la valoración efectuada por el médico laboral de la EPS Salud Total de 1º de septiembre de 2005 (fl. 72), señala que existen suficientes «(…) niveles de evidencia científica que establece, fuerza de asociación, relación tempora-laboral y plausibilidad biológica que confirman la relación causa efecto positiva, para calificar en 1ª instancia el origen del (sic) patología respiratoria del señor como ENFERMEDAD PROFESIONAL», en la que además se precisa que tal valoración se realizó «INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA (sic) PACIENTE SE ENCUENTRE EN LA ACTUALIDAD DESVINCULADA LABORALMENTE» (resaltado y mayúsculas originales).

Del análisis objetivo de tales pruebas, se evidencia con claridad: (i) que Ordóñez González cuando comenzó a trabajar para la sociedad demandada no padecía patología alguna que tenga como causa la exposición al polvillo de carbón; (ii) que durante el desempeño de sus labores estuvo expuesto a factores de riesgo, entre otros, al citado polvillo de carbón y, (iii) que al retirarse de la demandada, el 10 de febrero de 2005, su salud se encontraba afectada por la enfermedad profesional denominada «hiperreactividad bronquial», originada precisamente por la exposición al polvo del carbón.

Lo anterior significa que es garrafal la equivocación que cometió el Tribunal, pues independientemente a cuánto fue el tiempo que el actor duró en el grupo de operaciones marinas o si fue reubicado o no, es incontrastable que adquirió la enfermedad cuando estaba al servicio de la demandada, tal y como lo evidencian las citadas pruebas.

2. Culpa del empleador.

Bien precisa reiterar que para el reconocimiento y pago de la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de la ocurrencia del riesgo —enfermedad o accidente—, en este caso la enfermedad laboral denominada «hiperreactividad bronquial», debe estar «suficientemente comprobada» la culpa del empleador, responsabilidad que tiene una naturaleza eminentemente subjetiva e implica que se establezca no solo el daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, sino que se demuestre también el incumplimiento, por parte del empleador, de los deberes de protección y seguridad que le exige tomar las medidas adecuadas en atención a las condiciones generales y especiales del trabajo, en este caso, la minería a cielo abierto, medidas que buscan evitar que el trabajador, como se dijo, sufra menoscabo en su salud e integridad a causa de los riesgos propios del trabajo.

Así, cuando el empleador incumple culposamente dichos deberes derivados del contrato laboral, se presenta la responsabilidad de indemnizar —por toda clase de perjuicios materiales o morales—, al trabajador que sufre la enfermedad profesional respecto de los daños que le fueran ocasionados con ese proceder. En otras palabras, la abstención en el cumplimiento de la diligencia y cuidado debido en las relaciones subordinadas de trabajo, constituye la conducta culposa que prevé la citada normativa legal.

En este orden de ideas, la demostración de la culpa del empleador, según las reglas de la carga de la prueba le corresponde asumirla al demandante, lo que significa que verificada la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, se genera para él la obligación de indemnizar los perjuicios causados al trabajador.

Ahora bien, si el empleador pretende cesar o desvirtuar su responsabilidad, debe probar la causa de su extinción, tal como lo dispone el artículo 1757 del Código Civil en armonía con el artículo 1604 ibídem que al efecto enseña que la «diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo».

Así lo reiteró esta Sala de la Corte en la Sentencia CSJ SL13653-2015 en la que se puntualizó que «(…) la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en realización del trabajo (...)».

Dicho de otro modo, al trabajador le atañe probar las circunstancias de hecho que dan cuenta de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio, pero, por excepción, con arreglo a lo previsto en los artículos 177 Código de Procedimiento Civil hoy 167 Código General del Proceso y 1604 Código Civil, cuando se denuncia el incumplimiento de las obligaciones de cuidado y protección se invierte la carga de la prueba y es «el empleador el que asume la obligación de demostrar que actuó con diligencia y precaución, a la hora de resguardar la salud y la integridad de sus servidores».

Descendiendo al tema objeto de estudio, ha de recordarse que el Tribunal descartó la culpa de la demandada en el acaecimiento de la enfermedad padecida por el demandante, porque halló demostrado que le suministró los elementos necesarios —máscaras y guantes— para la ejecución de sus labores y lo capacitó en temas referidos a la seguridad industrial.

De ello hay evidencia en el plenario, eso no lo discute el recurrente, lo que afirma, es que tales elementos, especialmente las «mascarillas» no eran las idóneas para desempeñar las labores que desarrollaba, pues no eran «TIPO HEPA» o similares; además las que utilizaba ni siquiera estaban certificadas por el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Estados Unidos «NIOHS» o por un organismo similar, pues según dice, esa certificación se obtuvo el 5 de agosto de 2005 con posterioridad a su desvinculación, hechos sobre los cuales estructura la culpa de la empleadora.

Al verificar lo expuesto, observa la Sala que la documental de folios 183 a 188, en armonía con la que obra a folios 759 a 765, demuestra que solo a partir del mes de agosto de 2005, la empresa demandada comenzó a utilizar mascarillas que contienen «FILTRO DE ÚLTIMA GENERACIÓN» (fl. 183) para minimizar en gran medida el riesgo a la salud que se puede generar por la exposición, entre otros, al polvillo de carbón; además, como bien lo sostiene la censura, tales documentales indican con claridad que las mascarillas técnicamente conocidas como «RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO NITTA N-9510», fueron certificadas por el Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional de los Estados Unidos «NIOSH» con posterioridad al retiro del demandante (fls. 187 a 188).

El solo análisis de tales pruebas, es suficiente para que la Corporación concluya que el Tribunal se equivocó al no dar por demostrada la culpa de la empleadora en la patología de origen profesional que padece el demandante, pues si bien es cierto demostró que le suministraba mascarillas o respiradores, también lo es que estas no eran idóneas, al punto que no tenían certificación nacional o internacional y, ese, constituye el motivo por el cual contrajo durante la relación laboral la enfermedad profesional denominada «hiperreactividad bronquial», causada precisamente por la exposición al polvillo de carbón, hecho que por sí solo demuestra la culpa patronal.

Entonces, al estar plenamente acreditado que el daño a la salud del demandante se generó durante el tiempo que estuvo vinculado a la sociedad convocada al juicio, y que la empresa incumplió en materia de protección y seguridad social al no suministrarle respiradores con filtros idóneos de alta tecnología debidamente certificados, debe responder por el daño causado a Ordóñez González, en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ello, en razón a que la demandada no cumplió con la carga procesal de demostrar que actuó con diligencia, precaución y cuidado, para resguardar la salud e integridad de su trabajador, de modo que incumplió con sus obligaciones generales de protección y seguridad previstas en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo y las especiales consagradas en el artículo 57 ibídem numerales 1º y 2º.

Por lo dicho los cargos prosperan.

Por sustracción de materia, la Sala se abstiene de estudiar el tercero de los ataques en tanto perseguía idéntico fin, desde otra perspectiva.

Sin costas en casación.

X. Sentencia de instancia

Además de lo dicho en precedencia y de cara a resolver el recurso de apelación que formuló la parte demandante (fls. 844 a 849), la Sala encuentra que las pruebas estudiadas en sede de casación, demuestran el yerro en que incurrió el a quo al no hallar demostrada la culpa patronal en la ocurrencia de la enfermedad profesional que padece Ordóñez González.

En efecto, el análisis de su puesto de trabajo (fl. 69) deja ver con meridiana claridad que estaba expuesto a un factor de riesgo, «M» —medio—, denominado «polvo de carbón» e «inhalación de material particulado de forma continua» y, sin embargo, no hay evidencia de un plan de contingencia o que la empresa haya adoptado medidas para minimizarlo, que eventualmente la llevara a ser eximida de responsabilidad patronal. Por el contrario, de lo que sí existe prueba es del panorama de riesgo general (fl. 409 a 410), empero este se realizó en junio de 2006, es decir, con posterioridad a la fecha en que se retiró el demandante.

Es por lo anterior que para la Sala cobra pleno vigor el dictamen pericial (fls. 759 a 765), en el que se dejó en claro que Ordóñez González durante el tiempo que duró el contrato de trabajo con la demandada «estuvo expuesto a factor de riesgo químico (polvo de carbón) usando respiradores no certificados», sin que durante tal periodo hubiese ingresado a un «programa de vigilancia epidemiológica» o haya sido «reubicado», circunstancias estas que vistas de manera individual o conjunta, permiten concluir, igualmente, que está plenamente demostrada la culpa patronal en la generación de la patología de origen laboral que padece el actor.

Lo anterior adquiere fuerza con la calificación rendida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena al resolver única y exclusivamente sobre el origen de la enfermedad padecida por el actor, —motivo de controversia de la ARP Colseguros—, en la que consideró que «existe relación causa-efecto entre la exposición al polvo de carbón y la patología que padece, por tanto se determina que la enfermedad es de origen profesional» (fl. 94 a 95 y 318 a 320), a su vez confirmada por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez según consta a folios 97 y 310 a 311.

Por lo expuesto, se revocará la decisión de primer grado y, en su lugar, se le dará prosperidad a las pretensiones referidas al pago de perjuicios materiales, para lo cual se tendrá en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que asciende al 22.35% (fls. 752 a 756), la fecha de estructuración de la enfermedad —27/10/2004— (fl. 757), la fecha de nacimiento del demandante —30/12/1969— y el último salario promedio mensual probado en el expediente que asciende a $ 1.553.258 (fls. 126 a 128).

Teniendo en cuenta lo anterior, la condena por lucro cesante consolidado y actualizado a 31 de marzo de 2016, arroja como resultado un total de CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 104.269.138.38) y el lucro cesante futuro, equivale a NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 95.993.985.51), tal y como se precisa con las operaciones que se realizan a continuación:

sent00023
 

De otra parte, no hay lugar a la condena por perjuicios morales en la medida en que el actor omitió su deber de acreditarlos.

Costas de primera y segunda instancia, a cargo de la sociedad Drumond Ltda.

X. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 8 de octubre de 2009, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario laboral que OMAR ENRIQUE ORDÓÑEZ GONZÁLEZ adelanta contra la sociedad recurrente DRUMOND LTDA.

En sede de instancia, RESUELVE:

1. REVOCAR parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ciénaga Magdalena, el 4 de junio 2009, y, en su lugar, condenar a la sociedad DRUMOND LTDA. a pagar al señor OMAR ENRIQUE ORDOÑEZ GONZÁLEZ la suma de CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 104.269.138.38) por concepto de lucro cesante consolidado, y NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 95.993.985.51) por concepto de lucro cesante futuro.

2. Costas, conforme se indicó en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»