Sentencia SL7109-2015/43395 de marzo 4 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 43395

Acta 6

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., cuatro de marzo de dos mil quince.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Industria Colombiana de Logística y Transporte Ltda. —Icoltrans Ltda.— contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2009, por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso que le promovió María Francely Pérez Zapata, en su nombre y en el de su menor hija, a la que fue convocada como interviniente excluyente Omaira Elena Agudelo Lopera.

I. Antecedentes

La actora demandó para que se declarara que la muerte de Jorge Aníbal Durango Castañeda fue ocasionada por un accidente de trabajo, en el que medió culpa grave del empleador y que, en consecuencia, debe condenarse a la demandada a pagarle perjuicios materiales y morales (1000 gr. oro) a cada una de las demandantes, junto con el lucro cesante y las costas del proceso.

Para sustentar sus peticiones, expuso que su compañero permanente prestó servicios a la enjuiciada desde el 1º de agosto de 2001 hasta el 14 de agosto de 2003, cuando falleció a causa de las heridas de bala que le propinaron sujetos desconocidos, en el momento en que cuidaba un camión cargado con elementos de la empresa, en ejercicio de las funciones propias del oficio de escolta para el que había sido contratado; que se encontraba registrada como compañera permanente de Durango Castañeda, junto con su hija común, precisó que en forma irresponsable, el representante legal de la demandada optó por no reportar el suceso como accidente de trabajo, en tanto no había constancia de que se hubiera tratado de un intento de hurto del vehículo que escoltaba, o de las mercancías que trasportaba.

Expuso que en el momento del atentado, según el informe del representante legal, los únicos elementos que portaba eran la moto, el teléfono celular y un arma de fuego, por lo cual faltaron medidas elementales de seguridad industrial, y el acompañamiento de otra persona.

El apoderado de la empresa se opuso al éxito de las pretensiones y propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, culpa exclusiva de un tercero, falta de legitimación en la causa por activa, inexistencia de culpa de la demandada y buena fe.

En su defensa, adujo que el fallecimiento del trabajador tuvo origen en un hecho ajeno al servicio, pues se transportaba en un vehículo de su propiedad y no se hallaba cerca de uno de la empresa; además, dijo, el lugar en que el disparo impactó la humanidad del extinto empleado, así como el hecho de que no se presentara sustracción de elementos de la víctima ni de la sociedad, permiten concluir que el asesinato fue ocasionado por motivos personales. Advirtió que se le suministraron todas las medidas de seguridad que ameritaba la labor desempeñada, y que, según el archivo de la sociedad, el demandante estaba casado con Omaira Elena Agudelo Lopera (fls. 32 a 38).

Omaira Elena Agudelo Lopera advirtió que la sociedad conyugal que se conformó a raíz del matrimonio que contrajo con Durango Castañeda, no ha sido disuelta ni liquidada y, aunque desde el año 2000 no convivía con su esposo, por el bienestar de su hijo, mantuvieron una relación cordial. Solicitó que junto con su hijo, se les reconociera como únicos beneficiarios (fls. 105 a 108).

La empresa demandada propuso las mismas excepciones que adujo en contra de las pretensiones de la demandante inicial y también se opuso al éxito de las aspiraciones de la interviniente (folios 117 a 121).

A su vez, la demandante reiteró lo pretendido en el libelo introductorio (folios 123 a 125).

II. Sentencia de primera instancia

Por sentencia del 15 de agosto de 2008, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, absolvió a la demandada e impuso costas a la accionante.

III. Sentencia segunda instancia

Mediante la sentencia gravada, el ad quem revocó la de primera instancia y, en su lugar, condenó a la demandada a pagar a la demandante y a su hija, así como al menor hijo matrimonial, diferentes sumas de dinero por concepto de lucro cesante consolidado y futuro, así como por perjuicios morales. Dejó las costas de primera instancia a cargo de la enjuiciada, y no las impuso por la alzada.

Luego de copiar los artículos 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la definición de accidente de trabajo que traía el Decreto 1295 de 1994, y de hacer lo propio con los numerales 2º y 8º, en su orden, de los artículos 57 y 59 del mismo estatuto, el Tribunal reprodujo un pasaje de la sentencia de 10 de abril de 1974, de la que no suministró radicado, así como de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

Tras reproducir fragmentos de las versiones entregadas por algunos testigos, estimó que el eje problemático giraba en torno a definir la responsabilidad que la empleadora pudo haber tenido en la muerte de Durango Castañeda, mientras prestaba el servicio de escolta, “entendida aquella (la culpa) como cualquier negligencia, descuido imprevisión u omisión en la obligación que tiene todo empleador de preservar, en ejercicio de sus actividades empresariales, la serie de bienes jurídicos que el empleado coloca a su servicio para la consecución de estas (vida, salud y capacidad de trabajo) CST -art.57- 1, 2 y 3”. Aseveró que en materia laboral, el empleador responde hasta por la culpa leve, lo que traduce una mayor responsabilidad en cuanto a sus deberes de previsión, según el artículo 63 del Código Civil. Enseguida, disertó así:

“Debe quedar claro, entonces, que la experiencia y la destreza, la habilidad y el buen rendimiento del trabajador, amén de su eficiencia, no anulan la culpa patronal, pues la jurisprudencia ha determinado, hasta la saciedad, que la culpa profesional no es causal eximente de aquella responsabilidad; máxime en una actividad catalogada por los testimonios como peligroso (sic); cuya ejecución exigía por ende (dadas las condiciones de peligro), que la empleadora desplegara una conducta más atenta, más previsiva y, sobre todo, de una diligencia más notoria”.

Trascribió la comunicación fechada 21 de agosto de 2003, en la que la empresa pone en conocimiento de Suratep que no reportará el suceso como accidente de trabajo, debido a las circunstancias que rodearon el evento, en tanto no había constancia de que se hubiera tratado de una tentativa de hurto, la cual no incide negativamente en las aspiraciones de la parte actora, “por cuanto precisamente está demostrado que el señor Durango Castañeda en su labor de escolta el día que perdiera su vida, no le fue[ron] suministrados los elementos de seguridad, particularmente un chaleco antibalas, que hubiera servido de protección (...) frente a la agresión [de] que fue objeto cuando ejercía la función de escolta, ya que el oficio de vigilante en sus diferentes modalidades es una actividad peligrosa”. Lo anterior, permitió al ad quem colegir:

“El Despacho concluye, en consecuencia, que el evento ocurrido el día 14 de agosto de 2003, frente al derecho laboral constituye un accidente de trabajo, aún la muerte del mismo fue producto de una agresión de terceros, pero ese acontecimiento guarda relación directa con el oficio de escolta para el que fue contratado y por tal razón, existe una conducta patronal culposa en la ocurrencia del accidente que diera al traste con la vida del Sr. Durango Castañeda.

Vale la pena resaltar, que esta Sala no considera que tan solo con el chaleco antibalas se (le) hubiera salvado la vida del causante, porque es claro que el tiro propinado al mismo fue en el mentón, lejos del alcance de protección de dicho chaleco, lo que sucede es que según la Jurisprudencia de la Corte, frente al desempeño de actividades que se encuentran dentro de la categoría de ‘peligrosas’, como es la de los escoltas, se le exige al empleador que proporcione todos los medios de seguridad necesarios, con el fin de disminuir los riesgos de pérdidas de vidas humanas o lesiones irreparables de diversa índole en un mayor porcentaje, situación que en este caso no se presentó, ya que la propia accionada reconoce que no suministraba todos los elementos requeridos, para una debida aplicación de las medidas de seguridad y una correcta utilización de los mismos, argumentando que en el caso del chaleco antibalas, el mismo no era suministrado dizque con el fin de que los escoltas no fueran muy evidentes frente a los ladrones, medidas estas desacertadas en vista de la peligrosidad de la labor encomendada”.

Para terminar, transcribió un pasaje de la sentencia 11158, de 26 de mayo de 1999 de esta Sala de la Corte.

IV. El recurso de casación

Propuesto por el demandado y concedido por el Tribunal, fue admitido por la Corte, que procede a resolverlo. Por la causal primera de casación, formula un cargo, que solo fue replicado por la apoderada de la interviniente ad excludendum.

V. Alcance de la impugnación

Solicita la casación total del pronunciamiento de segundo grado, para que, actuando como Tribunal de instancia, “se absuelva a la parte recurrente de todas y cada una de las pretensiones de la demanda”.

VI. Único cargo

Acusa la sentencia “de ser violentadora de los arts. 57, 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo; 38, 39, 41, 42, 43, 249, 250 y 251 de la Ley 100 de 1993; 8º, 9º y 47 del Decreto 1295 de 1994; art. 1º de la Ley 776 del 2002; 3º y 6º del Decreto 2463 de 2001, en relación con los artículos 63, 1494, 1603, 1604, 1613, 1614, 2341 y 2357 del Código Civil y como violación de medio de los artículos 60, 61 y 145 del C.P. del T. y 177 del C. de P.C. en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, 1757 del C.C; 24 de la Ley 712 de 2001”.

Denuncia la comisión de los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, no estándolo, que el accidente sufrido por el señor Jorge Aníbal Durango Castañeda fue con causa y por ocasión del trabajo, constituyéndose en un accidente de tipo profesional.

2. Dar por demostrado no estándolo, que el accidente sufrido por el señor (...) Durango Castañeda fue generado por culpa de la empresa Icoltrans.

3. Dar por demostrado no estándolo que hubo relación de causalidad entre la muerte del señor (...) Castañeda Durango y su labor como trabajador de la empresa recurrente.

4. No dar por demostrado, estándolo, que los hechos y circunstancias que rodearon la muerte del señor (...) Durango Castañeda son constitutivos de un accidente de origen común”.

La causa de dichos desaciertos, dice, fue la errónea apreciación de los oficios respuesta emanados de Suratep (fls. 168 a 171); la comunicación de la AFP Protección sobre reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de origen común a la actora y al interviniente excluyente; y el interrogatorio de parte practicado al representante legal de la demandada (fls. 138 y ss.).

En la demostración, sostiene que ninguna de las personas que rindieron testimonio presenció el episodio en el que perdió la vida Durango Castañeda, ni contribuyó a generar claridad y, aunque reconoce que “no son prueba atacable en casación y que en este escrito no se atacan es que surge la decisión atacada que no tuvo en cuenta los documentos que ya se reseñaron”. Por ello, continúa, es que corresponde “acudir a la prueba documental y a los interrogatorios, que son las pruebas que erróneamente apreció el Tribunal y que son las pruebas mencionadas como no apreciadas o como erróneamente consideradas que en su contenido en este proceso son claras y contundentes, en contra de la conclusión del Tribunal”.

Dice que el carácter de no profesional del accidente fue definido por Suratep y Protección, lo cual consta en documentos que no fueron apreciados por el ad quem. Copia la respuesta remitida por Suratep (fls. 168 y 169), según la cual al momento del atentado, el trabajador no se encontraba en el desempeño de sus funciones, ni hubo intento de hurto de los implementos de dotación, a más que el ataque fue puntualmente dirigido contra él, lo que descarta la presencia de nexo causal entre el trabajo y la muerte, como tampoco se percató de que el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. informó que dio la pensión de sobrevivientes a María Francely Pérez y a los dos menores hijos del causante, “obviamente de origen común”. De esta suerte, asegura, existe prueba contundente de que el origen del deceso de Durango Castañeda no fue profesional, de parte de las entidades competentes para emitir tal concepto, tal cual lo disponía el Decreto 1463 de 2001, vigente para la época de los hechos.

Por ello, prosigue, no podía el colegiado de segundo grado, ignorar tales documentos como base esencial de su decisión, que de haber sido observados, lo hubieran convencido de la no profesionalidad del infortunio en que perdió la vida el trabajador, y se hubiera percatado de la ausencia de causalidad, entre otras cosas, porque la carencia de elementos que identificaran la condición profesional de aquel, y dado que en el momento del aleve ataque contra su vida no se encontraba cerca del automotor supuestamente escoltado, ratifican la ausencia de nexo causal.

Copia un pasaje de la Sentencia 17706 de 30 de mayo de 2002 de esta Sala de Casación e insiste en que está acreditado que la muerte del causante no fue por causa ni con ocasión de su trabajo, “pues no se trató de un atraco contra el carro que iba a vigilar, ni siquiera de un intento de despojarlo de su arma o su moto, (...) y lamentablemente las razones o móviles de la trágica muerte (...) no se conocen y mucho menos puede afirmarse que surjan de las pruebas (...)”.

En cuanto a la culpa que le atribuyó el Tribunal, sostiene que la errónea valoración del interrogatorio de parte que absolvió el representante legal radicó en haber olvidado que la confesión es indivisible, dado que no tuvo en cuenta la explicación ofrecida por el absolvente como complemento de la respuesta, puesto que si bien admitió que no suministró un chaleco antibalas, aclaró que sí debía portar los elementos básicos de seguridad que exigen las normas de tránsito, como el chaleco reflectivo y el casco, a más que aún si hubiera portado aquel elemento de protección, no hubiera servido, dado que el disparo fue al mentón de la víctima. Además, dice que el precedente invocado en apoyo de la decisión, trató una situación diferente; para terminar, transcribe apartes de las sentencias 35112 de 23 de septiembre de 2009 y 26126 de 10 de mayo de 2006.

VII. La réplica

La apoderada de Omaira Elena Agudelo solicita que se le tenga como beneficiaria de la condena impuesta a la sociedad enjuiciada, en la medida en que no dejó de ser la cónyuge del causante, a más que no se disolvió ni liquidó la sociedad conyugal.

VIII. Consideraciones

En punto a la naturaleza profesional del accidente que costó la vida al compañero permanente de la demandante, el ad quem leyó y analizó detenidamente las declaraciones de Juan Diego Suárez Sierra, Administrador de la empresa de transporte, Luis Fernando Arango Gómez, compañero de trabajo, Rodolfo Alconides Quintana, Jefe de Seguridad y Tráfico de la accionada y Remigio Valencia Alvarán, Conductor del vehículo escoltado por el occiso al momento del fatal acontecimiento. De allí concluyó que “el evento ocurrido el día 14 de agosto de 2003, frente al derecho laboral constituye un accidente de trabajo”, pues aunque el suceso se desencadenó por la agresión de terceros, “guarda relación directa con el oficio de escolta para el que fue contratado (...)”.

El recurrente imputa a la demandada apreciación errónea de los documentos adosados a folios 168 y 169, 170 a 174 y el interrogatorio absuelto por el representante legal de la enjuiciada.

De los anteriores elementos de juicio, el ad quem solo se refirió al interrogatorio de parte, del cual no derivó el carácter profesional del accidente, sino la falta de entrega de elementos de seguridad. Lo anterior, para significar que el juzgador de la alzada no pudo haberse equivocado en la valoración de unos documentos que ni siquiera mencionó. Es esta la primera incorrección técnica del único cargo formulado.

Sin embargo, como en la demostración del cargo se refiere a los documentos provenientes de Suratep y Protección y menciona que no fueron apreciados, en aras de la claridad conviene reproducir su contenido; el de folios 168 y 169, expresa:

“En relación con el accidente sufrido por el señor Durango que le ocasionó la muerte el 14 de agosto de 2003, como ARP a la cual estaba afiliado al momento del fallecimiento, la empresa nos contactó para informarnos de lo sucedido y determinar si este evento debido a su origen debía ser reportado o no. Es así, como al analizar las circunstancias que rodearon el hecho, el mismo por no tener un origen profesional, no debía ser reportado y según la normativa vigente se debía reportar a la AFP a la cual estuviera afiliado el señor Durango para reclamar los posibles derechos de los beneficiarios del mismo.

Es importante aclarar al despacho que en su momento se hizo un estudio juicioso del evento ocurrido al señor Durango en pro de determinar la obligatoriedad o no del empleador de reportar el mismo, estudio que llevó a la conclusión clara de que este era de origen común. Las razones de esto las exponemos de forma breve indicando que el evento no cumplía con las características determinadas por la ley y la jurisprudencia para la qué (sic) fuera determinado como de origen profesional, ya que no ocurrió con causa como tampoco con ocasión del trabajo que este desempeñaba.

Como personal de escolta del centro de trabajo de Itagüí, no se encontraba en el momento del evento en ejercicio de sus funciones, como tampoco el atentado del cual fue víctima se dio con ocasión de un robo de sus implementos de trabajo como arma de dotación o algún otro. El atentado fue puntual y directo contra su persona y no existieron circunstancias que llevaran a la conclusión de que el mismo ocurrió por un nexo causal directo con la labor para la cual fue contratada.

En virtud de lo anterior, la administradora de fondos de pensiones: Protección S.A., luego de[l] análisis del evento, determinó que sus beneficiarios, tenían derecho a la pensión determinando la cancelación de la mesada pensional por sobrevivencia. Se analizó entre otros elementos para otorgar este derecho, el origen del evento: común. Los beneficiarios de[l] señor Durango, se encuentran en la actualidad recibiendo la mesada pensional mencionada”.

El carácter testimonial de este documento salta a la vista, pues paladinamente se observa que su contenido corresponde a un relato de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos en que perdió la vida el compañero permanente de la accionante, de suerte que no se trata de una prueba apta para estructurar un yerro probatorio evidente en sede de casación, a más que el “el estudio juicioso” que dice haber elaborado la ARP, no se adjuntó a la misiva dirigida al juzgado del conocimiento.

En lo pertinente, en la respuesta de la AFP Protección al requerimiento del a quo, le informa que debido a la muerte de Durango Castañeda, le reconoció a la demandante y a sus hijos menores, en su calidad de beneficiarios, la pensión de sobrevivientes y le anexa copia de la comunicación que les remitió para conceder la prestación. En esta misiva, simplemente informa a Omaira Elena Agudelo y María Francely Pérez que le otorgó el derecho a la segunda y a los dos hijos menores del causante, dado que colman las exigencias de los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003. También anuncia que procederá a tramitar el reconocimiento, expedición y pago del Bono Pensional por Redención Anticipada a la Policía Nacional. 

Ninguna alusión hizo el Fondo de Pensiones al origen del accidente que ocasionó el deceso del causante, menos que hubiera adelantado algún trámite con el propósito de establecer dicho supuesto fáctico; y si bien, podría pensarse que el solo reconocimiento de la prestación de sobrevivencia supone la verificación del origen común del infortunio, tal inferencia deviene insuficiente para anteponerla a la que extractó el ad quem del detenido análisis que hizo a los testimonios vertidos al expediente, en tanto, en principio, tendría esa virtud una prueba de carácter científico como una valoración médica o un dictamen pericial.

En todo caso, los testimonios de marras continuarían sosteniendo la sentencia gravada, en la medida en que la censura no los incluyó dentro de las pruebas mal valoradas pues, estimó no son prueba “atacable en casación y que en este escrito no se atacan”, con lo cual ignoró que si bien, no son prueba hábil para estructurar un error de hecho manifiesto en casación, si el Tribunal construyó la resolución del proceso sobre las afirmaciones de los testigos, tenía la obligación de incluirlos como eventual fuente generadora del yerro que acusa, para que, una vez acreditado un desacierto fáctico sobre una de las probanzas calificadas, pudiera la Corte incursionar en el análisis de las no calificadas.

La confesión deducida por el sentenciador de segunda instancia no admite reproche, en tanto el deponente admitió y reiteró que a los escoltas no se les entregaba chaleco antibalas, solo que agregó que lo que sí se les daba era el chaleco reflectivo y el casco requerido por las normas de tránsito, aclaración que desde lo jurídico, ninguna incidencia tiene sobre el sentido de lo confesado, pues lo realmente importante es que desatendió la obligación de cuidado y protección que le impone el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo.

Ninguna de las pruebas sobre las que la impugnante pretende construir los desaciertos fácticos del ad quem tiene algo que ver con el tema que concita la atención de la Corte, pues como ya quedó visto, el contenido de los 4 medios de prueba denunciados tiene que ver con la génesis del accidente y la culpa de la empresa, premisas que no fueron derruidas por la censura, como se dejó explicado.

La alegación del recurrente en punto a que el Tribunal se equivocó al no reparar en que aun si el trabajador hubiera portado el chaleco antibalas, dado el lugar donde recibió el impacto de bala, el resultado hubiera sido el mismo, no encuentra asidero fáctico plausible, en la medida en que dicho juzgador no omitió considerar ese hecho, solo que lo desestimó por cuanto dicha circunstancia no enervaba la culpa del empleador.

En consecuencia, es infundado el único cargo formulado; no se imponen costas por el recurso, toda vez que el escrito presentado por la interviniente ad excludendum no constituye propiamente una oposición, sino que se trata de una petición extemporánea e inadmisible de que se le reconozca a ella el derecho.

IX. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia emitida el 30 de julio de 2009 por una Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario promovido por María Francelly Pérez Zapata contra Industria Colombiana de Logística y Transporte Ltda. —Icoltrans Ltda.—.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz, no firma por impedimento—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.