Sentencia SL7142-2015/53692 de junio 3 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SL7142-2015

Radicación 53692

Acta 17

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., tres de junio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

(...).

IX. CONSIDERACIONES

Los cargos se analizan de manera conjunta, en la medida en que se refieren a la infracción de un conjunto similar de normas y se valen, en lo fundamental, de los mismos argumentos.

Tales acusaciones, por otra parte, adolecen de serias falencias técnicas que les restan prosperidad, como lo pone de presente la oposición. Así, por ejemplo, el censor dirige el primer cargo por la vía indirecta, pero, en su desarrollo, despliega un ejercicio argumentativo netamente jurídico, relacionado con los alcances del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para, por dicha vía, posibilitar la aplicación del régimen de pensión de sobrevivientes establecido en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. En tal sentido, salvo el primero, los errores de hecho no tienen realmente esa cualificación y no describen algún supuesto erróneo de las conclusiones fácticas del Tribunal.

A lo anterior cabe agregar que el Tribunal nunca desconoció que la afiliada fallecida había cotizado 617 semanas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, de manera que no incurrió en el primer error de hecho, ni tampoco soslayó el contenido del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues lo analizó expresamente dentro de sus consideraciones.

Por lo demás, en el segundo cargo se hace alusión a una “violación medio”, pero no se explican los términos de tal modalidad de transgresión, ni cual habría sido la norma procesal presuntamente infringida, aparte de que se sugiere la ocurrencia de un “error de derecho”, sin precisarse en qué medida el Tribunal dio por demostrado un hecho con una prueba no autorizada por ley o desconoció el alcance de una prueba solemne.

Con todo, ninguno de los raciocinios del cargo tiene la fuerza necesaria para derruir las presunciones de acierto y legalidad de la sentencia gravada, por lo que pasa a explicarse.

1. Esta Sala de la Corte tiene adoctrinado que, por regla general, la norma llamada a regular la pensión de sobrevivientes es aquella vigente para la fecha en la cual deviene el fallecimiento del pensionado o afiliado, pues no fue intención del legislador establecer regímenes de transición para esta clase de prestaciones. Por ello, en este caso, como lo dedujo el Tribunal, la norma aplicable era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

2. A pesar de que en la sentencia del 8 de mayo de 2012, Rad. 35319, la Corte justificó la posibilidad de acudir a la condición más beneficiosa en aquellos casos en los que reclama vigencia la Ley 797 de 2003, por virtud del principio de progresividad y en atención a que no existe un régimen de transición en materia de pensiones de sobrevivientes e invalidez, también ha explicado la Sala que ello implica “(...) aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada (...)” mas no “(...) escrutar indefinidamente en el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie” (Sentencia CSJ SL, 14 ago. 2012, rad. 41671).

Por ello mismo, bajo ninguna circunstancia podría acudirse a los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, para justificar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con 300 semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, como se defiende en los cargos.

3. Dicha posibilidad tampoco se justifica por la vía de lo establecido en el inciso final del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, como se arguye en los cargos. En torno a la interpretación de dicha norma, lo primero que cabe decir es que, como lo dedujo el Tribunal, no es dable asumir que haya instaurado un régimen de transición para las pensiones de sobrevivientes, cuya existencia ha sido negada reiteradamente por la Sala, con las únicas variaciones relacionadas con el principio de la condición más beneficiosa, en la forma en la que quedó explicado con anterioridad.

En tales términos, la Sala ha justificado la aplicación del régimen de pensión de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que reclama la censura, en aquellos casos en los que el fallecimiento deviene en vigencia de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, por tratarse de un tránsito próximo de legislaciones y por virtud del principio de condición más beneficiosa y de los demás principios rectores de la seguridad social, armonizados con la disposición en la que recaba el recurrente (CSJ SL, 10 abr. 2002, rad. 17121; CSJ SL, 30 abr. 2003, rad. 19092; CSL SL, 6 mayo 2004, rad. 22111; CSJ SL, 9 jul. 2008, rad. 30581; CSJ SL, 30 nov. 2010, rad. 36051; CSJ SL466-2013, entre otras).

No obstante, se repite, la realidad es diametralmente diferente cuando el fallecimiento ocurre en vigencia de la Ley 797 de 2003, pues ante la falta de un régimen de transición expresamente consagrado, únicamente tiene cabida el principio de la condición más beneficiosa, con las restricciones impuestas por la jurisprudencia mayoritaria de la Sala, esto es, entre otras, “(...) aplicar la condición más beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada (...)” mas no “(...) escrutar indefinidamente en el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie”.

Y ello es así, porque, entre otras cosas, como lo sostuvo el Tribunal, el artículo 48 de la Ley 100 de 1993 simplemente regula los montos de las pensiones de sobrevivientes, en tratándose de afiliados o pensionados, así como la posibilidad especial de optar por un monto pensional equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, más elevado que el que se pudiera obtener en condiciones normales, pero, debe entenderse, dirigida a quienes ya tienen debidamente causado ese derecho con arreglo a la normatividad vigente, pues, es necesario insistir, la disposición simplemente regula el monto de la prestación sin establecer condiciones para la causación de la misma. Esto es que, la norma contempla la posibilidad de superar el monto de la pensión en algunas condiciones en las que se cumplen simultáneamente los requisitos de la norma anterior y los de la Ley 100 de 1993, pero no una pensión de sobrevivientes diferente.

Lo contrario implicaría reconocer la existencia expresa de un régimen de transición en materia de pensiones de sobrevivientes que no puede derivarse del contexto integral y sistemático de la Ley 100 de 1993 y de sus modificaciones, así como de la jurisprudencia inveterada de esta Corporación, pues, se repite, el querer del legislador siempre se ha orientado a circunscribir la causación de tal prestación a partir y con fundamento en las normas vigentes en el momento de la muerte.

4. Como ya se había enunciado, el Tribunal tampoco desconoció el contenido del parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues lo analizó expresamente dentro de sus consideraciones y advirtió que “...revisó la Sala si la afiliada tenía derecho a la pensión de vejez antes de su fallecimiento, bajo las normas de la Ley 100 de 1993, con sus modificaciones o bajo el régimen anterior regulado por el Instituto de Seguros Sociales, concluyendo que la afiliado (sic) no cotizó el mínimo de semanas suficientes ni cumplió con los requisitos legales de la pensión de vejez para dejar causada la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios”.

Sin embargo, en este punto el censor también parte de un error en la lectura de la disposición, pues supone que por virtud de la misma es posible acudir al régimen de pensión de sobrevivientes del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, cuando la norma expresamente se refiere es a la posibilidad de que se cause la pensión de sobrevivientes en los casos en los que el afiliado hubiera completado el mínimo de semanas necesario para obtener una pensión de vejez del régimen de prima media, en tiempo anterior a su fallecimiento.

En torno a este tópico, esta Sala de la Corte ha señalado que el régimen de prima media al que se hace referencia en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, además de estar referido expresamente a las pensiones de vejez anteriores y no a las de sobrevivientes, es el contemplado en el Título II de la Ley 100 de 1993 y no el que era regulado a través del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990. Para el caso concreto, es claro que la afiliada fallecida no reunió las 1.000 semanas previstas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues es un hecho indiscutido que tan solo alcanzó 617 en toda su vida laboral.

La Sala también ha sostenido que si el asegurado era, a su vez, beneficiario del régimen de transición instituido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y afiliado a prima media, para los efectos previstos en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, es posible acudir a la densidad mínima de semanas fijada para obtener pensión de vejez en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año (ver CSJ SL, 31 ago. 2010, rad. 42628, CSJ SL, 25 en. 2011, rad. 43218, reiterada en CSJ SL, 12 abr. 2011, rad. 41762, y CSJ SL, 23 ago. 2011, rad. 41533, entre otras), pero no, como lo entiende confusamente el actor, a la densidad de semanas necesarias para obtener la pensión de sobrevivientes, esto es, 300 en cualquier tiempo o 150 dentro de los 6 años anteriores al deceso.

En este caso en particular, asumiendo que la afiliada fallecida era beneficiaria del régimen de transición de las pensiones de vejez establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues tenía más de 35 años para el momento en el que entró en vigencia dicha norma, de acuerdo con los listados de semanas obrantes a folios 17 y 57, tan solo completó 617 semanas en toda su historia laboral y 455 –menos de 500- dentro de los 20 años anteriores a su fallecimiento, de manera que, por esta vía tampoco se daba lugar a la causación de la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios.

Por último, quedan a salvo las consideraciones del Tribunal de que la pensión de sobrevivientes tampoco encontraba asidero en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, entre otras porque la afiliada fallecida no se encontraba cotizando en el momento de su deceso y no tenía semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior a su fallecimiento.

Así las cosas, los cargos son infundados.

Las costas del recurso de casación estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.250.000).

X. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de junio de 2011 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral seguido por JAIRO DE VILLA OQUENDO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Costas en casación a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 3.250.000).

Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen».