Sentencia SL7185-2015 de mayo 28 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 37743

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calderón

SL7185-2015

Acta 16

Bogotá, D. C., veintiocho de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Mediante la Sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional consideró:

En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario, pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente irracional y desproporcionada. Valga recordar que el procedimiento es vehículo impulsor y definitorio de los derechos, deberes y garantías que la Constitución Política y la ley establecen a favor de las personas.

En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1º C.P.), en la medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89 superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a este la función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la inexequibilidad de la expresión examinada.

Igualmente, los vicios que afectan a la expresión “en cualquier tiempo”, contenida en el tercer inciso del artículo 20 impugnado, dada su conexidad temática y teleológica, hacen metástasis en la misma expresión “en cualquier tiempo”, vertida en el primer inciso del mismo artículo; motivo por el cual la decisión de inexequibilidad las comprenderá por igual, según se verá en la parte resolutiva de esta sentencia.

Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo.

De ese modo se declaró inexequible la expresión “en cualquier tiempo”, de suerte que el término de prescripción para ejercer la acción o el recurso extraordinario de revisión, es el establecido en el artículo 32 de la Ley 712 de 2001, vale decir “cinco (5) años contados a partir de la sentencia laboral o de la conciliación, según el caso”.

Un número importante de demandados propuso la excepción de prescripción, por razones de método, resulta prudente y conveniente verificar si se consumó dicho fenómeno extintivo o la caducidad de la acción, para lo cual se torna indispensable tener en cuenta que la demanda fue presentada el 31 de octubre de 2008, según da cuenta el acta de reparto que obra al folio 1 del expediente (Cdno 1).

En el cuaderno No. 2, el apoderado de Amparo Del Carmen Espinosa De Peláez, Óscar Hurtado Amézquita, Ricardo María Ramírez Ibagón, Nidia Yolanda Domínguez Espitia, Elvia Arévalo Lugo, Nilsa Acosta Vallejo, Jaime Alarcón Castillo, Rosalba Inés Araque Urueña, Gelacio Ariza Ariza, Luis Eduardo Baquero Torres, María Benita Barrantes De Rodríguez, Humberto Bernal Rueda, Efraín Calderón Piñeros, Héctor Hugo Carvajal Roa, Nubia Emma Castellanos Prieto, Myrian Yazmín Corredor Linares, Dora María Cortés Ladino, Antonio Cristancho Castillo, Luz Mila Cruz Moreno, Héctor Delgado Toro, Jesús Romelson Díaz Camacho, Luis Arturo Díaz Huertas, María Marbely Domínguez Guzmán, María Gladys Enciso De Zamudio, Pablo Marquesides Escobar Useche, Concepción Espitia, Nilva Rosa Espitia Luna, Laura María Fonseca Quintero, Pedro Pablo Forero Ramírez, Ana Blanca Fuentes Arismendi, Jaime Enrique Franco Orjuela, Eudes Antonio Garzón Linares, Alba Patricia Garzón Rivera, Aurora Elvira Gamboa Velandia, Luis Felipe García Patiño, José Evaristo Guacheta Machado, Agripina Guerra Ballesteros, Germán Guerra Millán, Álvaro Guerrero Perilla, Alba Inés Guevara Triana, Luis Fernando Hernández Mahecha, Rafael Hernando Huertas Gómez, Julio Ramón Jiménez Barragán, Pedro María Manrique Estupiñán, Alejandro Martínez Ancines, Luis Alfredo Martínez Farigua, Celmira Millán De Giraldo, María Victoria Mora De Sánchez, Luís Alfonso Moreno Granados, Luz Marina Navarrete Pulido, Francisco Julián Pardo Rodríguez, Edgar Antonio Pérez Duarte, Jorge Pinilla Sánchez, Guillermo Pinto, Epaminondas Quintero Esteban, Raúl Ramírez Carrera, Blanca Flor Ramírez De Morales, Ana Cecilia Ramírez De Rubiano, Germán Ramos Ramírez, Jorge Enrique Reina Alvarado, Celio Rico Aguilar, Mario Ernesto Rico Rincón, José Antonio Ríos Santiago, Haydee Marcela Del Pilar Riveros Tabares, Iván Eduardo Rodríguez Ballesteros, Fabio Rodríguez Pinzón, Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez, Armando Alirio Rojas Rojas, Mariela Romero López, Mercedes Rubio Romero, Ruth Delly Rubio Suárez, César Henry Sanabria Mayorga, Rossana Sierra Plata, Mario Oswaldo Tibaquirá Hurtado, Rafael Triana García, Ana Isabel Villalba, Ana Joaquina Villarraga García, María Antonia Vargas Cubides, Ana Beatríz Rozo De Ramírez (cónyuge supérstite de Arnulfo Enrique Ramírez) e Israel Cárdenas Aldana (sustituto de María Concepción Mahecha de Cárdenas), propuso las excepciones de prescripción y caducidad.

En la primera pretensión de la demanda, se solicitó dejar sin efecto “las actas de conciliación del año 1996 levantadas en los juzgados segundo (2º) y quinto (5º) laborales del circuito de Bogotá, que contienen unos acuerdos conciliatorios celebrados entre la señora apoderada judicial de la Empresa de Licores de Cundinamarca y cincuenta y cuatro (54) extrabajadores de la misma, que a continuación relaciono: (…)”.

En la segunda, se elevó igual pedimento respecto de las conciliaciones celebradas durante los años 1999 y 2000 ante el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá. Al referirse a la causal invocada para soportar su pretensión, reiteró que las actas de conciliación con los convocados a juicio se llevaron a cabo en los años 1996, 1999 y 2000.

Para colegir la prosperidad de la caducidad de la acción judicial frente a los 80 demandados incluidos en el listado anterior, cabe recordar que aquella se empieza a contabilizar desde que se emitió la sentencia C-835 de 2003 que declaró inexequible el aparte “en cualquier tiempo” del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y la cual indicó que el término de 5 años empezaría a correr, o a tener “fuerza vinculante” desde la emisión de tal pronunciamiento que lo fue el 23 de septiembre de 2003, de forma que como la demandada se presentó hasta el 28 de octubre de 2008 ya se había extinguido el término.

Propusieron la misma excepción y/o la de caducidad, los demandados Gonzalo Triana Ospina y César Hernando Castrillón Triana. En consecuencia, estas personas también resultan beneficiados con la prosperidad de dicho medio exceptivo.

Tampoco se observa problemático resolver la situación de Mario Hernán Páez González, toda vez que según la Resolución 508 de 5 de febrero de 1997, a esta persona le fue reconocida pensión de jubilación por haber completado “veinte (20) años de servicio el 13 de diciembre de 1989 y los cincuenta (50) años de edad el 01 de mayo de 1996, cumpliendo así con los requisitos exigidos por las normas en materia pensional”, por lo cual dispuso que “se debe tener en cuenta los factores establecidos por la ley 33 de 1985 (…)”, aplicó la tasa de reemplazo del 75% y ordenó que se prorratearan las cuotas partes con la Policía Nacional que debía concurrir al pago (fl. 416 C. 3).

En orden a resolver la situación de los restantes convocados a juicio, es decir, Héctor Ernesto Alfonso Sánchez, Luz Nancy González Aguillón, José Antonio Grisales Rubio, Oralia Inés Martínez Gulloso, Gladys Stella Pachón Torres y Ludwign Páez Sierra, se observa que la causal denominada por el ente de control accionante “falta de competencia”, no se encuentra consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como una de las que pudieran dar lugar a la revisión de las pensiones reconocidas en un evento como el presente, toda vez que los motivos que habilitan la adopción de tal medida consisten en la obtención de la prestación con violación del debido proceso y el exceso en la cuantía respecto de lo legalmente previsto o lo convenido en pacto o convención colectiva.

Si se considerara que la falta de competencia alegada es una de las modalidades de la violación del debido proceso, revisado minuciosamente el expediente no se halló copia de los decretos departamentales que hipotéticamente eliminaron la posibilidad de que entidades como la demandada reconocieran pensiones de jubilación a sus trabajadores oficiales. Lo anterior, dado que por tratarse de una norma que no tiene alcance nacional debió ser traída al proceso, pues así lo exige el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por disposición del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo.

De otra parte, a la Sala le resulta claro que tratándose de pensiones convencionales, como la que la Empresa reconoció a los demandados, su pago corresponde a la empleadora que se obligó en virtud de lo consensuado en el Pacto o la Convención Colectiva de Trabajo, por lo cual la supuesta falta de competencia de la Empresa de Licores de Cundinamarca para reconocer las pensiones de jubilación convencionales queda descartada.

A efecto de dilucidar el supuesto exceso en el monto de las pensiones de jubilación concedidas, es necesario tener en cuenta que el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 considera como fuentes válidas para el otorgamiento de la prestación que se debate no solo la ley, sino además los convenios colectivos de trabajo, de suerte que es con respecto a este instrumento, cuya legalidad y validez no están sometidas a discusión, que debe efectuarse el análisis de rigor.

Cumple memorar que mediante los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 se abrió la posibilidad de revisar las pensiones concedidas en virtud de decreto judicial o como “resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial”, siempre que los recursos con que se paguen afecten el tesoro público “o a fondos de naturaleza pública” y en el reconocimiento hubiere mediado violación al debido proceso o su cuantía excediere “lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”. El trámite, dijo la norma, será el establecido para el recurso extraordinario de revisión.

Aparte de la inexequibilidad comentada al comienzo de estas consideraciones, ninguna otra valoración se hizo acerca de la conformidad del precepto en mención con la Carta Política, toda vez que en los cargos que se formularon, no se controvirtió nada diferente a la expresión “en cualquier tiempo”.

Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia 48410 de 25 de julio de 2012, consideró que:

Esa búsqueda de la armonía que insta la Ley, obliga a que sea el juzgador el que pondere, si lo pedido en el recurso de revisión es de veras trascendental, es decir, que en verdad exista un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil pedimento, y que además, delimite las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades individuales, siendo que lo que se debate, esto es, los principios a los que atrás se hizo referencia no son de poca monta.

En sentencia de 22 de abril de 2008, radicación 30517, reiterada en las de 15 de octubre de 2009, radicación 29775 y 16 de febrero de 2010, radicación 31802, se estimó que “(…) la utilización de estas causales por los legitimados para ello debe ejercitarse dentro de un estricto y responsable marco de autorregulación dentro del cual se armonicen plenamente los intereses públicos y los del demandado, de tal manera que este recurso extraordinario no se distorsione o hipertrofie en casos que no lo ameriten realmente, distrayendo a la Administración de Justicia de su trascendental función, sino que el uso del mismo se ha de limitar a sentencias en las cuales la violación al debido proceso y el exceso y abuso de la normatividad genitora de la prestación concedida judicialmente resulten groseramente evidentes y plenamente manifiestos, estructurando sin lugar a mayores inferencias conceptuales las dos nuevas causales”.

El artículo 60 de la Convención Colectiva de Trabajo (fl. 440) es del siguiente tenor:

Pensión por despido sin justa causa: la Empresa reconocerá y pagará al trabajador por despido sin justa causa y lleve a su servicio más de quince (15) años continuos o discontinuos, una pensión vitalicia de jubilación equivalente al noventa y dos por ciento (92%) del salario mensual promedio del último año de servicios, pensión que se reconocerá sin tener en cuenta la edad del trabajador.

A folio 449 del cuaderno de anexos Nº 3 se incorporó la Resolución 960 de 13 de noviembre de 1996, teniendo en cuenta que Héctor Ernesto Alfonso Sánchez se acogió al plan de retiro voluntario formulado por la Empresa de Licores de Cundinamarca, le fue reconocida pensión de jubilación anticipada a partir del 6 de septiembre del mismo año en cuantía de $1.027.075.oo, liquidado con base en el promedio salarial del último año de servicios de $1.264.403.oo, al que se aplicó una tasa de reemplazo del 81.23%.

Al folio 475 del mismo cuaderno, reposa la Resolución 962 de la misma fecha, por idéntica razón le fue concedida pensión de jubilación anticipada desde la misma fecha en cuantía de $728.569.oo a Luz Nancy González Aguillón, liquidada con base en el promedio salarial del último año de servicios de $837.147.oo, al se aplicó una tasa de reemplazo del 87.03%.

Al folio 687 ibídem, milita la Resolución 378 de 20 de junio de 1996, por la cual se concede pensión de jubilación anticipada a Gladys Stella Pachón Torres a partir del 1º de junio de 1996, quien celebró audiencia de conciliación, por servicios prestados del 7 de septiembre de 1979 al 31 de mayo de 1996, “con una suma equivalente al 79.22% del promedio salarial devengado durante el último año de Servicio”, que según el acta de conciliación y la respectiva liquidación (fls. 199 a 206) quedó en $762.966.oo a partir de un promedio salarial de $ 963.098.oo, en el que se colacionaron: sueldo, subsidio de transporte, salario en especie, promedios primas de servicios, vacaciones, antigüedad, costo de vida y de Navidad, así como el promedio de horas extras.

Por haber prestado servicios ininterrumpidos a la Empresa, desde el 1º de marzo de 1985 hasta el 15 de marzo de 2000 y debido a que suscribió acta de conciliación, a través de la Resolución 205 de 29 de marzo de 2000, la Empresa reconoció pensión a José Antonio Grisales Rubio (fl. 543), “equivalente al 69.19% del salario promedio devengado durante el último año de servicio, hasta el 01 de mayo del año 2020, fecha en la cual se cumplen los requisitos de ley, y de allí en adelante dicha pensión será asumida por el Instituto de Seguros Sociales, en la proporción que le corresponda acorde con los factores de Ley, y el saldo restante será asumido por la Empresa de Licores de Cundinamarca”. Al folio 371 del cuaderno anexo Nº 3 aparece el acta de conciliación que reitera el contenido de la Resolución y precisa el monto de la prestación en $748.725.oo.

Según la Resolución 207 de 29 de marzo de 2000 (fl. 564), la Empresa otorgó “pensión anticipada a favor del señor(a) Oralia Inés Martínez Gulloso, equivalente al 70.14% del salario promedio devengado durante el último año de servicio, hasta el 12 de enero del año 2018, fecha en la cual se cumplen los requisitos de ley, y de allí en adelante dicha pensión será asumida por el Instituto de Seguros Sociales, en la proporción que le corresponda acorde con los factores de Ley, y el saldo restante será asumido por la Empresa de Licores de Cundinamarca”. Consta en el acto administrativo que el salario promedio del último año de servicios ascendió a $1.737.979.oo y que esta servidora laboró en la Empresa desde el 17 de diciembre de 1984 hasta el 15 de marzo de 2000. Nada adicional que pueda resultar relevante al texto de la Resolución se observa en el acta de conciliación que corre al folio 383.

Da cuenta el acta de conciliación suscrita entre Ludwing Páez Sierra y la apoderada de la Empresa de Licores de Cundinamarca (fls. 144 a 146), que el primero trabajó para dicha Empresa entre el 15 de febrero de 1980 y el 30 de junio de 1996, para un total de 16 años, 4 meses y un día, de tiempo de servicios; que como el Gerente de la entidad fue autorizado por Acta 03 de 13 de marzo de 1996, “para reconocer pensión de jubilación anticipada de sus funcionarios en general”, se le reconocerá a partir del 1º de julio de 1996, en cuantía de $996.519.oo, sobre un salario total de $1.284.174.oo.

Efectivamente, por Resolución 504 de 15 de julio de 1996 (fl. 147) se le concedió la pensión “con una suma equivalente al 77.60% del promedio salarial devengado durante el último año de Servicio”.

Como bien lo anota el apoderado judicial de la mayoría de los convocados a juicio, la segunda causal del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se contrae a la revisión de las pensiones en los casos en que su valor excede el monto de aquello a lo que legal o extralegalmente tiene derecho el pensionado, empero no para que “Se dejen sin efecto alguno las actas de conciliación (…) que contienen unos acuerdos conciliatorios celebrado[s] entre el señor apoderado judicial de la Empresa de Licores de Cundinamarca (…)” y cada uno de los demandados, lo cual no significa que la entidad que reconozca una pensión sin el lleno de los requisitos legales o convencionales se halle en imposibilidad de procurar que cesen los efectos nocivos de su equivocado proceder, porque para lograr ese cometido cuenta con la opción prevista en el artículo 19 del mismo ordenamiento y el proceso ordinario laboral.

Con todo, a partir de los pronunciamientos de la Sala sobre la materia que concita su atención, de los que se destaca la necesidad de que la cuantía de la pensión concedida sea el fruto de una infracción evidente y grave al ordenamiento legal o extralegal que haya servido de base para su otorgamiento, con consecuencias objetivamente distantes del valor por el que realmente debió concederse la prestación.

Como quedó expuesto, se trató del ofrecimiento de un plan de retiro voluntario y compensado de la Empresa a aquellos trabajadores que contaban más de 10 años de servicios, fundado en la necesidad de reducir sustancialmente la planta de personal de la entidad por razones técnicas y financieras; para su diseño, se tomó como referente la cláusula 60 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente para el momento de las desvinculaciones que consagraba una especie de pensión sanción por despido injusto, supeditada a que, obviamente, la terminación de la relación de trabajo obedeciera a decisión unilateral e injusta de la empleadora y que se tuviera 15 años o más de servicios continuos o discontinuos; de las características de la pensión vale destacar su carácter vitalicio y el 92% del promedio salarial devengado por el trabajador en el último año de servicio.

En ese orden, las ventajas otorgadas a los accionados son meramente aparentes, toda vez que la tasa de reemplazo no fue la estipulada en el convenio colectivo de trabajo, sino que se aplicó un porcentaje proporcional al tiempo de labores que llevara el trabajador para la entidad y se le quitó la connotación de vitalicia, en tanto se dispuso su compatibilidad con la pensión de vejez o jubilación plena que les fuera reconocida al momento de completar los requisitos legales.

De otro lado, dada la imperiosa necesidad de reducir la planta de trabajadores, para efectos de lograr el nivel de competitividad exigido por la política aperturista implementada desde años atrás, la Empresa no hubiera tenido posibilidad diferente a despedir sin justa causa a los mismos servidores, reconociéndoles la pensión sanción en el 92% de los ingresos del último año de servicios y la cuantiosa indemnización por despido establecida en el literal d) del artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo (fls. 421 a 448) equivalente a 65 días de salario por el primer año de servicios, más 40 días por cada año adicional laborado.

De lo que viene de decirse, la solución final no puede ser diferente a la negativa de las pretensiones formuladas por la entidad accionante, con costas a su cargo. Inclúyase como agencias en derecho $6.500.000.oo

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve:

1: Declarar probada la caducidad de la acción frente a Amparo Del Carmen Espinosa De Peláez, Óscar Hurtado Amézquita, Ricardo María Ramírez Ibagón, Nidia Yolanda Domínguez Espitia, Elvia Arévalo Lugo, Nilsa Acosta Vallejo, Jaime Alarcón Castillo, Rosalba Inés Araque Urueña, Gelacio Ariza Ariza, Luis Eduardo Baquero Torres, María Benita Barrantes De Rodríguez, Humberto Bernal Rueda, Efráin Calderón Piñeros, Héctor Hugo Carvajal Roa, Nubia Emma Castellanos Prieto, Myrian Yazmín Corredor Linares, Dora María Cortés Ladino, Antonio Cristancho Castillo, Luz Mila Cruz Moreno, Héctor Delgado Toro, Jesús Romelson Diaz Camacho, Luís Arturo Diaz Huertas, María Marbely Domínguez Guzmán, María Gladys Enciso De Zamudio, Pablo Marquesides Escobar Useche, Concepción Espitia, Nilva Rosa Espitia Luna, Laura María Fonseca Quintero, Pedro Pablo Forero Ramírez, Ana Blanca Fuentes Arismendi, Jaime Enrique Franco Orjuela, Eudes Antonio Garzón Linares, Alba Patricia Garzón Rivera, Aurora Elvira Gamboa Velandia, Luís Felipe García Patiño, José Evaristo Guacheta Machado, Agripina Guerra Ballesteros, Germán Guerra Millán, Álvaro Guerrero Perilla, Alba Inés Guevara Triana, Luís Fernando Hernández Mahecha, Rafael Hernando Huertas Gómez, Julio Ramón Jiménez Barragán, Pedro María Manrique Estupiñán, Alejandro Martínez Ancines, Luís Alfredo Martínez Farigua, Celmira Millán De Giraldo, María Victoria Mora De Sánchez, Luís Alfonso Moreno Granados, Luz Marina Navarrete Pulido, Francisco Julián Pardo Rodríguez, Édgar Antonio Pérez Duarte, Jorge Pinilla Sánchez, Guillermo Pinto, Epaminondas Quintero Esteban, Raúl Ramírez Carrera, Blanca Flor Ramírez De Morales, Ana Cecilia Ramírez De Rubiano, Germán Ramos Ramírez, Jorge Enrique Reina Alvarado, Celio Rico Aguilar, Mario Ernesto Rico Rincón, José Antonio Ríos Santiago, Haydee Marcela Del Pilar Riveros Tabares, Iván Eduardo Rodríguez Ballesteros, Fabio Rodríguez Pinzón, Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez, Armando Alirio Rojas Rojas, Mariela Romero López, Mercedes Rubio Romero, Ruth Delly Rubio Suárez, César Henry Sanabria Mayorga, Rossana Sierra Plata, Mario Oswaldo Tibaquirá Hurtado, Rafael Triana García, Ana Isabel Villalba, Ana Joaquina Villarraga García, María Antonia Vargas Cubides, Ana Beatríz Rozo De Ramírez (cónyuge supérstite de Arnulfo Enrique Ramírez), Israel Cárdenas Aldana (sustituto de María Concepción Mahecha de Cárdenas), Gonzalo Triana Ospina y César Hernando Castrillón Triana.

2: Respecto de los demás demandados, se declara probada la excepción de carencia de fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones.

3: En consecuencia, se absuelve a los demandados de todas las pretensiones de la demanda.

Costas, como se dejó dicho

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».